Como catalán entiendo perfectamente el deseo de los estados industrializados del Norte de lograr mejores condiciones en el Pacto Fiscal con la Federación, aunque la impugnación no prospere si se atacan actos procedentes de actos consentidos, por lo que no le veo mucho futuro a la impugnación de la Ley de Coordinación Fiscal —que fue asumida voluntariamente por cada uno de estos estados—.
Soy partidario del derecho de autodeterminación de los pueblos, por lo que aunque la Constitución y la jurisprudencia de la Corte de Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas no concedan la razón al caso, y que tales estados no gocen de una historia, idioma y cultura propia que las empuje hacia la búsqueda de un gran proyecto nacional, como diría el sabio Ortega, que justifique su autonomía, de todos modos tendrían el derecho de abandonar la república mexicana si esa fuera su decisión, manifestada en un referéndum, quizá con la necesidad de contar con una mayoría cualificada.
Mi intención tras estas líneas no es ni siquiera hacer estudios económicos para ver si les convendría a estos estados salirse del pacto federal, ya que son razones accesorias al derecho de secesión de que gozamos los pueblos —aunque luego los ejércitos y el establishment internacional, lo impidan.
Ahora bien, parece en primer lugar que tal idea no es el auténtico proyecto de los estados del norte. Alguno de sus gobernadores han dicho que se conformarían con una mejora del reparto de un 80/20 a un 75/25 de sus ingresos.
Una de las principales razones de salida de un país empieza por cuestiones fiscales, aunque también influye la falta de respeto a la soberanía interna, como el caso del Estado español hacia el gobierno catalán. Hay momentos en que después de tenderse demasiado la cuerda, la más débil diga ¡Ya no! ¡Rey de las promesas, pero princesa de las mentiras!
Estuve estudiando a detalle las características de estos tres estados, y llama la atención la enorme desigualdad de estos tres estados.
En Nuevo León, el 42 % de la población vive con sueldos de pobreza, cantidad que superan al 30 o 35 en Coahuila y Tamaulipas, con cifras del Coneval. El índice de movilidad social es en estos estados de alrededor de un 38 %, contra un 25 % de los estados pobres como los del sureste.
El estado más conectado con Estados Unidos es Tamaulipas, pero posee industrias en declive, ha disminuido en varios de los lugares de competitividad del IMCO, al igual que Coahuila, aunque ésta posee una economía más diversificada, mantiene niveles de más del 30 % de informalidad, altos índices de desigualdad y se trata de una economía como la de las otras dos que más sufrirán los efectos económicos del covid-19 —pese a los dos millones de dólares que malgastaron para pedir la asesoría de McKinsey para enfrentar la emergencia sanitaria; un insulto en tiempos de austeridad.
Me parecen bien sus planes de armar “gobiernos estatales de coalición” para hacer contrapeso a AMLO, pero esto no pasa de ser una situación ceremoniosa, porque además la Constitución prohíbe los pactos entre estados.
Los estados gozan —a pesar del pacto— de la capacidad de imponer impuestos, como un IVA de hasta cinco puntos y un impuesto al patrimonio que podría recaudar hasta seis puntos del PIB según estimaciones nuestras, siguiendo al economista Piketty. Pero su “ideal” no responde a su modelo social de un estado de bienestar a cambio de tipo europeo. Tal parece que más bien se conforman con una mala copia del modelo del capitalismo americano, marcadamente individualista.
Las grandes fortunas —especialmente regias— vendieron muchas de sus empresas locales a empresas extranjeras, con lo que perdieron uno de los factores esenciales para lograr una mejora competitiva nacional, según Michael Porter en su libro La ventaja competitiva de las naciones (Vergara, 1991), que es la existencia de una fuerte rivalidad entre empresas nacionales dentro del diamante de la competitividad del sector. Muchas de las empresas importantes de esos tres estados son extranjeras, y muchas “mexicanas” no pasan de ser maquiladoras de éstas, sobre todo en estados como Tamaulipas, que serán especialmente golpeadas por la crisis, a excepción de unas cuantas empresas de autopartes de Nuevo León y de Grupo FEMSA.
O sea que, a grandes rasgos, una separación de los estados del norte sería plenamente entendible, sobre todo por sus diferencias irreversibles con López Obrador. Los estados que la constituirían tienen cierta fuerza industrial, aunque en sectores muy tradicionales de la industria y en la que no son más que meros maquiladores, con un importante nivel de pobreza y de desigualdad social; de igual importancia es reconocer la inexistencia de una política social redistributiva que les permitiera evolucionar hacia un estado de bienestar y, sobre todo, el deseo de realizar juntos un gran proyecto nacional. Algunos de estos estados poseen cierta permeabilidad social (lacra del país), y sus estados tienen muy marcada la “herejía” del austericidio, lo que puede transformar una recesión que, de otro modo hubiera durado dos años, en una profunda recesión de un ciclo de hasta diez años, que disminuirá su “PIB potencial” en un alto grado, manteniéndolos en el “estancamiento estabilizador” o en estados de nivel medio, en términos de la OCDE.
Solamente me gustaría añadir algunas preguntas, siguiendo al filósofo Ortega y Gasset, antes de pensar en un proceso de secesión, que no va a pasar de un intento fracasado de mejorar su situación fiscal (AMLO es el comandante de las Fuerzas Armadas y, de hecho, de la Guardia Nacional, para que no se hagan ilusiones). Si te juntas, ¿no es para hacer proyectos más ambiciosos? ¿Después de la constitución del país, hay un auténtico proyecto nacional? Parece que no pasa de la lucha por unos pesos y centavos. Con esta cortedad de miras, aunada a cierta ausencia de solidaridad social con los que menos tienen (cristalizada en la falta de una política fiscal progresista) y un menor empuje industrial (aunque con instituciones educativas de admiración nacional como el ITESM, fundado por don Eugenio Garza Sada, cuyo liderazgo se extraña, sustituido por unos pequeños mánagers preocupados sólo por su “huertita”). Brilla a la ausencia de sólidas instituciones culturales e intelectuales y la falta de auténticos estadistas ya que, en momentos de un auténtico proceso de secesión —como el catalán—, son necesarios fuertes liderazgos políticos, condición necesaria pero no suficiente, que en esos estados del norte brillan por su ausencia.
¿Derecho a la autodeterminación? La considero un derecho sagrado de los pueblos. ¿Tienen realmente estos tres estados auténtico interés en ella? Parece que no. No parece pasar de un pequeño golpe de presión y de muestra de enojo hacia López Obrador, que puede estar plenamente justificado. Recientemente, el regiomontano Gabriel Zaid ha sostenido que no era bueno para el interés nacional optar por la revocación de mandato de AMLO antes de 2024, debido a la inestabilidad nacional que se podría ocasionar debido a la juventud de nuestras instituciones democráticas. ¿Apuesta por un modelo de país? No parece superar a una mala copia del capitalismo individualista norteamericano, sin sus fuertes instituciones democráticas y sus checks and balances, además de no contar con su fuerte sociedad civil. Empresarios maquiladores con altos niveles de inseguridad y un gobierno partidario del austericidio (con el Bronco aumentó dos puntos la pobreza moderada ante la falta de construcción de suficientes obras de infraestructura) no pensamos que dé para un Estado Social y de Derecho como los que constituyen la mayoría de los países europeos y desarrollados. El mismo tiempo que tardaron en industrializarse lo ocuparán en alcanzar un estado del bienestar, si es eso a lo que aspiran. De otro modo, constituir un país maquilador de invenciones de bajo alcance, de empresas extranjeras, según el gurú de la innovación Christensen, parece que no son requisitos suficientes para la aventura de fundar un nuevo país —deseo al que aspiramos los catalanes pero que seguramente no viviré para verlo hecho realidad. Siguiendo a Ortega, si te juntas, es para lograr grandes proyectos colectivos. De otro modo, ¿valdrá la pena el esfuerzo, sabiendo además que las Fuerzas Armadas esperan ante cualquier manifestación de autonomía? Por la experiencia catalana puedo decir ampliamente que no.
fuente.-Xavier Ginebra Serrabou
Máster y doctor en Derecho Económico. Profesor investigador de la Facultad de negocios de la Universidad De La Salle Bajío y profesor de la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad Panamericana. Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores.
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