Valentina Rosendo ha pasado la mitad de su vida luchando por repararla, después del ataque sexual de dos militares que estaban en su pueblo para reforzar la seguridad de sus habitantes.
En 2002, entonces con 17 años de edad, fue abusada y torturada sexualmente por miembros del Ejército y desde entonces ha luchado en instancias mexicanas e internacionales por que se castigue a sus agresores. Dieciséis años después, cuando ella ya cuenta con 33, México da el primer paso para hacerle justicia y repararle el daño: un juzgado local emitió una histórica sentencia de 19 años de cárcel para los culpables, que cumple con la emitida desde 2010 por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El 16 de febrero de 2002, Valentina salió de su casa en el municipio de Acatepec, del sureño estado de Guerrero. Pasaba el mediodía y ella fue hacia un río a lavar su ropa, cuando llegó un grupo de ocho hombres, algunos vestidos con prendas militares, otros civiles y uno de ellos estaba amarrado. Dos elementos del Ejército le pidieron información sobre unos “encapuchados” a los que pretendían que ella identificara. Al no conseguirlo, la golpearon y la violaron.
Días después, Valentina acudió al centro de salud de Caxitepec para recibir atención por el ataque, pero el médico se la negó “porque no quería problemas con los militares”, según consta en la demanda de la Comisión Interamericana. Durante su largo proceso judicial, las autoridades no le creyeron, la secretaría de la Defensa negó que siquiera hubiera un operativo en esa zona y, en primera instancia, un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos declaró que no había pruebas del ataque.
La CIDH los encontró culpables desde hace ocho años pero el sistema penal mexicano no había hecho eco de este fallo, a pesar de tratarse de una instancia internacional. La sentencia emitida el pasado 1 de junio y notificada la semana pasada no sienta jurisprudencia por ser de primera instancia, y ya fue apelada por uno de los imputados, sin embargo, las organizaciones defensoras de Derechos Humanos aplaudieron este lunes ese paso histórico hacia la justicia en favor de las víctimas y especialmente de las mujeres.
“Se tiene que creer a la víctima, no tienen por qué creer que está mintiendo como me pasó a mí”, exigió Valentina Rosendo en una conferencia en la que relató cómo las autoridades mexicanas desacreditaron su testimonio, se burlaron de ella y le negaron el acceso a servicios de salud tras el ataque. “Nunca me imaginé tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Yo hoy puedo demostrar que siempre dije la verdad, los funcionarios siempre se burlaban de mí y nunca me pusieron un traductor”, denunció la indígena me’phaa.
El representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab aplaudió la sentencia como un ejemplo de que el poder judicial puede contribuir a cambiar las realidades en México, al reconocer las múltiples dimensiones de la discriminación en estos casos: hacia las mujeres, hacia los pueblos indígenas y hacia los pobres.
El funcionario recordó que se trata de la primera sentencia emitida en México en la que se determina responsabilidad penal sobre la base de un fallo previo de la Comisión Interamericana, ya que hasta ahora los fallos emitidos por la esa instancia no han tenido seguimiento en el país.
Tanto Jarab como el resto de los activistas y abogados presentes en la conferencia destacaron la relevancia que esta sentencia otorga al testimonio de las víctimas, que suele desestimarse como prueba del delito pero que en este tipo de delitos debe recibir otra consideración.
“Anteriormente se consideraba que el sólo testimonio de la víctima no era suficiente para acreditar la violación, sin embargo, la sentencia de la CIDH señaló desde 2010 que debía darse valor preponderante a los dichos de Valentina, y que en este tipo de delitos al ser de comisión oculta han de tener relevancia los testimonios”, puntualizó el abogado Vidulfo Rosales, quien también ha sido defensor de los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014.
El activista, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –que ha llevado la defensa de Rosendo Cantú junto con otras organizaciones- precisó que el testimonio de la víctima debe ser considerado por sus particularidades, en su carácter de persona indígena y en su carácter de niña, pues al momento de la violación era menor de edad. “Esto aumenta el valor de su testimonio, sumado a los dictámenes psicovictimales y médicos como elementos de prueba”.
Respecto a esto, el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas apuntó que este tipo de agresiones suelen ocurrir en entornos “cerrados” donde hay una disputa de narrativas, es decir, que queda la palabra de la víctima contra la del victimario ante la dificultad de probarlo. De acuerdo con la declaración ministerial de Valentina, asentada en la demanda de la CIDH, el poblado donde ocurrió la violación es de difícil acceso y poca comunicación con otros pueblos.
Esta sentencia da credibilidad al testimonio de las víctimas y coloca de nuevo a Rosendo como sujeto de derechos, subrayó por su parte Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, otra de las organizaciones que han denunciado estos hechos a lo largo de 16 años.
“Estoy demostrándole al gobierno que él nunca investigó, tuve que salir de México para buscar justicia en otro país donde fui escuchada, donde sí me creyeron porque yo siempre he dicho la verdad, no como los militares que, después que puse mi denuncia, fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de señalar que ellos me agredieron. Y yo nunca quise dinero, siempre quise que castigaran a los responsables”, expresó Rosendo Cantú durante el evento.
Largo camino
La sentencia de la Corte Interamericana halló culpable al Estado mexicano por la violación de Valentina Rosendo, así como por el ataque a Inés Fernández, otra mujer indígena que también sufrió violencia sexual por parte de militares. En su demanda, la CIDH señala las omisiones del Estado mexicano que derivaron en esta agresión, y le demanda, entre otras cosas, una investigación imparcial sobre el caso y reparación de los daños para Valentina y su hija.
Año y medio después, a finales de 2011, el gobierno mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en el caso y pidió disculpas a Valentina. Ese fue el único avance hasta ese momento en la reparación del daño a la víctima y el castigo a los responsables.
A finales de 2013, la Procuraduría General de la República capturó y presentó ante un juez federal a cuatro integrantes del Ejército por su presunta participación en estos ataques sexuales: el cabo de Infantería Armando Pérez Abarca y el cabo jardinero Nemesio Sierra –agresores de Valentina-, así como el sargento segundo Hugo Humberto García de León y el cabo de transmisiones Salvador Aguilar Otáñez -implicados en la violación sufrida por Inés-. Todos estaban asignados al 41 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano cuando, en 2002, este contingente fue desplegado en la sierra de Guerrero, como parte de la estrategia federal de combate al narcotráfico.
Este 18 de junio, cuando se cumplen dos años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los defensores de derechos humanos anunciaron la sentencia emitida recientemente por la jueza séptima de Distrito con sede en Chilpancingo, capital de Guerrero, en la que finalmente se condena a los responsables a 20 años de prisión por el ataque a Valentina. El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro –otra de las organizaciones involucradas en el caso-, Santiago Aguirre, llamó a que el poder judicial confirme y ejecute esta sentencia para que la justicia realmente tenga efecto, además de reparar los daños que Valentina ha sufrido durante los 16 años de lucha.
“Los militares que agreden a las mujeres nunca se han castigado, yo pienso que esta sentencia va a favorecer que cambiemos, voy a regresar a mi comunidad con mi gente que un día me rechazaron, que un día se burlaron de mí. Aquí está mi verdad, casi media vida llevo con esta lucha de buscar justicia y ahora me siento con muchos ánimos para seguir y acompañar a otras mujeres que han sufrido violación”, dijo Valentina Rosendo.
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