Destacados defensores de derechos
humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados
por un avanzado programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano que,
en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
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Entre los blancos del programa se
encuentran abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley
anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una
estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la
Policía. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de
los activistas y periodistas, incluido un adolescente.
Desde 2011, al menos tres
agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en
programas de espionaje de una empresa de origen israelí.
El software conocido como Pegasus
se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear
cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular:
llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios.
Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar
vigilancia; el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono
oculto.
La empresa que fabrica el
software, NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los
gobiernos con la condición de que sólo sea utilizada para combatir a
terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han
violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, según decenas de
mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses independientes,
el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han
sido más críticas del Gobierno, así como a sus familiares, lo que muchos ven
como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que
intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
"Somos los nuevos enemigos
del Estado", señaló Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano
para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción
apodada Ley 3de3. Su iPhone y el de su esposa fueron blanco en varias ocasiones
del programa espía, según un análisis forense independiente. "La nuestra
es una sociedad en la que la democracia se ha deteriorado", afirmó
Pardinas.
Los ciberataques sofisticados en
contra de ciudadanos son indicativos de las luchas internas que se libran en
México y despiertan cuestionamientos legales y éticos sobre un Gobierno que
enfrenta fuertes críticas por sus antecedentes en temas de derechos humanos.
Según la ley mexicana, un juez
federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones
privadas y sólo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien
armado para realizar esa solicitud. Es muy poco probable que el Gobierno haya
recibido esa aprobación judicial para hackear los teléfonos de los activistas y
periodistas, comentaron varios ex funcionarios de los servicios mexicanos de
inteligencia.
"Las agencias mexicanas de
seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la
obtendrían", dijo Eduardo Guerrero, un ex miembro del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional de México, una de las agencias
gubernamentales que utilizan el programa espía Pegasus. "¿Cómo sería
posible que un juez autorizara vigilar a alguien que se dedica a la protección
de los derechos humanos?".
"Por supuesto que no se
puede justificar esa intervención", agregó Guerrero. "Pero eso es
irrelevante. En México nadie pide permiso para hacerlo".
Los intentos para realizar
hackeos fueron muy personalizados: llegaron a los objetivos por medio de
mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir un acceso rápido a los
teléfonos celulares. En el caso de Carmen Aristegui, una de las periodistas más
famosas de México, un operador se hizo pasar por empleado de la Embajada de
Estados Unidos en México y le imploró darle clic en un enlace para resolver un
supuesto problema con su visa. La esposa de Pardinas, el activista anticorrupción,
recibió un mensaje en el que le ofrecían pruebas de que su marido tenía un
amorío.
El Gobierno mexicano reconoce
haber recabado información de sospechosos legítimos de un modo apegado a
derecho. "Como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al
crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el Gobierno
mexicano realiza actividades de inteligencia", señaló un funcionario. No
obstante, el Gobierno "rechaza categóricamente que alguna de sus
dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones de
defensores de derechos humanos, periodistas, activistas anticorrupción o de
cualquier otra persona sin previa autorización judicial".
Ya se sospechaba del uso de
programas espías por parte del Gobierno mexicano, incluidos los intentos de
hackeo a opositores políticos y activistas cuyo trabajo ha afectado intereses
corporativos en México.
Sin embargo, no hay
pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. El software Pegasus no
deja rastros del hacker que lo utilizó. Incluso el fabricante, NSO Group,
señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos
específicos de hackeo.
Pero los ciberexpertos pueden
verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un
objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún
grupo corrupto interno están involucrados.
"Básicamente, es lo mejor
que hay", dijo sobre el análisis Bill Marczak, el investigador senior en
Citizen Lab que confirmó que los teléfonos de activistas y periodistas
mexicanos tenían rastros del software.
Además, NSO Group asegura que es
muy poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de
algún modo, porque el programa sólo puede ser utilizado por las agencias
gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología.
NSO Group afirma que investiga el
historial de los gobiernos en temas de derechos humanos antes de venderles el
software. No obstante, una vez que otorgan la licencia e instalan el hardware
dentro de las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad, la empresa
dice que no hay manera de saber cómo se utilizan las herramientas espías o
contra quién están siendo usadas.
La compañía simplemente le cobra
a sus clientes gubernamentales según el número total de objetivos a vigilar.
Para espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil
dólares, además de la cuota de instalación de 500 mil dólares, según las
propuestas de comercialización de NSO Group que revisó The New York Times.
Aunque NSO Group supiera que se
está haciendo un mal uso de su software, la empresa dice que no podría hacer
mucho al respecto: no puede entrar en las agencias de inteligencia, quitar el
software y llevarse el hardware. Más bien, NSO Group confía en que sus clientes
cooperarán con una inspección interna que realizaría la empresa, la cual
entregaría los resultados a la autoridad legal competente por lo que los
gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a ellos mismos.
Normalmente, el único recurso de
la empresa es ir reduciendo poco a poco el acceso del Gobierno a las
herramientas en el transcurso de varios meses, o incluso años, al dejar de
proporcionar nuevos parches o actualizaciones del software.
Sin embargo, en el caso de
México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su
software, a pesar de que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones
que demuestran que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos
comunes y sus familias.
El paso de la esperanza a la
intimidación
Desde hace mucho tiempo, los
periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas anticorrupción en
México han enfrentado peligros enormes. Durante décadas los han seguido,
acosado, amenazado e, incluso, asesinado por realizar su trabajo; riesgos
laborales más comunes en Estados autoritarios que en los que forman parte de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, como es el caso de
México.
El Presidente Enrique Peña Nieto
comenzó su mandato en 2012 con la promesa de dejar atrás la historia atribulada
del país y poner a México en el lugar que se merece dentro del escenario
mundial por medio de reformas a la educación, a las telecomunicaciones o al
sector energético.
No obstante, para 2014 se habían
desvanecido gran parte de esas promesas tempranas por escándalos y crisis,
entre ellos la desaparición de 43 estudiantes normalistas después de un
enfrentamiento con la policía y las acusaciones de que el mandatario y su
esposa adquirieron una casa lujosa de un constructor que después recibió varios
contratos públicos.
Son escándalos que han derrumbado
la imagen perfectamente cuidada que Peña Nieto tuvo como candidato -un político
enérgico dispuesto a trabajar en conjunto con otros partidos para modernizar y
mover a México- y lo han pintado como un funcionario corrupto que desconoce la
realidad que viven los mexicanos. Ese cambio es el resultado, en buena medida,
del trabajo de los periodistas mexicanos que develaron los casos y de los
activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.
"Este era un Gobierno que
pasó de establecer la agenda a ser reactivo", dijo Carlos Loret de Mola,
un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto que
contenían código para infectar su teléfono con el programa Pegasus.
"Entonces vieron a los periodistas y pensaron: 'Estos están sacando estas
cosas y nos hacen quedar mal, mejor los espiamos'".
México todavía está muy lejos de
ser como Turquía, la nación que encarcela a más periodistas en todo el mundo.
No es como China, un Estado autoritario en donde se silencian las críticas y el
gobierno considera que la prensa libre es un peligro político. Pero, de igual
manera, México vive una crisis con respecto a esos temas.
El año pasado, fueron asesinados
más periodistas que durante cualquier otro año de este siglo; el 2017 ya va
encaminado a romper ese récord.
"El hecho de que el Gobierno
esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos
humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de contra los
responsables de estos abusos, dice mucho de para quién trabaja el
gobierno", dijo Luis Fernando García, director de R3D, un grupo de
derechos digitales en México que ha ayudado a identificar varios casos de abuso
del programa Pegasus. "Definitivamente no es a favor del pueblo".
Un caso cercano al Presidente
Quizá ningún otro periodista en
México ha dañado más la reputación del Presidente Peña Nieto que Carmen
Aristegui. Y pocos han pagado tan caro por haberlo hecho.
Ella y su equipo sacaron a la luz
en 2014 el escándalo de la "Casa blanca", una historia de intrigas de
bienes raíces que involucraba un arreglo especial para la primera dama por
parte de un contratista del Gobierno que tiene una relación de vieja data con
el Mandatario.
La historia alcanzó una audiencia
mundial y obligó a la esposa del presidente a entregar la casa, lo cual
representó una especie de dilema ético para el Gobierno mexicano; en otro país
quizá habría resultado en el nombramiento de un fiscal independiente o en una
pesquisa legislativa. Al final el Presidente fue exculpado por la Secretaría de
la Función Pública, mientras que Aristegui perdió su trabajo. Su despido marcó
el inicio de una campaña prolongada de acoso y difamación en su contra:
demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y el
monitoreo de todos sus movimientos.
"Se trata de un acto de
venganza por el reportaje", dijo Aristegui en una entrevista reciente.
"No se puede ver de otra manera".
Así que le pareció sospechoso
cuando en 2015 empezó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, en
los cuales le urgían a que diera clic a un enlace. Uno contenía un llamado de
ayuda para encontrar a un menor desaparecido; otro tenía una alerta por
supuestos cargos desconocidos a su tarjeta de crédito, y otro tenía la presunta
nota de la embajada estadounidense sobre su visa.
Cuando estos mensajes no fueron
suficiente para que le diera clic al hipervínculo y descargara el software de
manera inadvertida, los siguientes fueron más estridentes; incluso recibió uno
que decía que la iban a arrestar. Varios de los mensajes llegaron del mismo
número telefónico, dando muestra de los descuidos del operador.
Y siguieron intentándolo. En
marzo, los mensajes de texto también comenzaron a llegar al teléfono del hijo
de 16 años de Aristegui, Emilio. "La única razón por la que irían tras mi
hijo es para intentar encontrar algo en contra de mí, para causarme daño",
dijo Aristegui.
Después de su despido, por
supuestos desacuerdos dentro de la radiodifusora MVS Noticias, mantuvo su
carrera publicando noticias en su sitio web. Pero la situación le ha cobrado
factura, en especial las demandas. En una querella presentada por el presidente
de MVS, un juez dijo que Aristegui "excedió su libertad de expresión y de
información" por la publicación de un libro de su equipo de reporteros
sobre el caso de la Casa Blanca.
En varias ocasiones han hackeado
su sitio web y en noviembre irrumpieron en sus oficinas. Los agresores fueron
tan descarados que ni siquiera se molestaron en usar máscaras y no han sido
detenidos. Ella ha decidido canalizar las amenazas, el acoso e incluso el
espionaje en su trabajo.
"He optado por creer que mi
trabajo público es lo que me protegerá", dijo Aristegui. "El gran
reto para los periodistas y los ciudadanos es que el miedo nos sirva y no nos
conquiste".
Amenazas vía mensajes de texto
Era el 21 de diciembre de 2015 y
Pardinas estaba en la playa con su familia, pero su teléfono no dejaba de
sonar: al principio eran llamadas de abogados con los que coordinaba la
redacción de una propuesta legislativa y después un extraño mensaje de texto.
Habían pasado largos meses de una
campaña para que se aprobara una ley sin precedentes que obligaría a los
servidores públicos de México a divulgar sus declaraciones patrimoniales por
posibles conflictos de intereses financieros.
En noviembre, Pardinas también
había presentado un estudio sobre los costos políticos y económicos de la
corrupción en México, que confirmaba con hechos y cifras lo que casi todos los
mexicanos saben: que la corrupción está incapacitando al país. Después le dio seguimiento
con entrevistas en medios en los que llegó a burlarse de que el Gobierno
gastaba más en comprar café que en el presupuesto de la oficina para combatir
la corrupción.
El estudio, las entrevistas y un
sinnúmero de reuniones con políticos abrieron el camino para la llamada Ley
3de3, que Pardinas -director general del Instituto Mexicano para la
Competitividad- ayudó a redactar.
Entonces, en sus vacaciones
navideñas, recibió el mensaje: "En la madrugada falleció mi padre, estamos
devastados, te envío los datos del velatorio, espero puedas venir". Venía
con un enlace adjunto. Pardinas pensó que era raro que quien le envió un
mensaje tan personal no estuviera entre los contactos de su teléfono. Se lo
mostró a su esposa y decidió hacer caso omiso.
Hacia mayo de 2016, el proyecto
de 3de3 había conseguido más de 630 mil firmas ciudadanas a favor, con lo que
el congreso tuvo que discutirla. Y entonces llegó otro mensaje. Este parecía
venir del medio informativo Uno TV, el cual envía boletines diarios a los
usuarios de teléfono celular de todo el país. Pero lo que le llamó la atención
fue el titular: "La historia de corrupción dentro del Instituto Mexicano
para la Competitividad". Se alarmó porque era su organización, pero
decidió no darle clic porque sospechó que era un acto delictivo. Al día
siguiente le llegaron más mensajes.
Lo que sucedió fue que, después
de no tener éxito con él, los responsables lo intentaron con su esposa. El
mensaje, que también parecía ser de Uno TV, decía que se habían filtrado videos
que mostraban a Pardinas mientras tenía relaciones sexuales con una colega.
Pardinas llamó a su esposa y le explicó que era un intento de acoso. "Esta
gente otra vez", respondió ella.
Al final la propuesta de ley fue
aprobada, relativamente intacta, por el congreso mexicano, excepto que el
senado agregó una provisión para que no solo los funcionarios sino ciudadanos
que trabajaran en empresas con contratos públicos -en total se verían afectados
alrededor de 30 millones de mexicanos- tuvieran que divulgar sus declaraciones
patrimoniales. El Presidente Peña Nieto vetó la 3de3 con el argumento de que
necesitaba ser discutida con mayor profundidad.
Pardinas siguió con sus denuncias
en las entrevistas, donde nombraba a los legisladores que obstruían la ley y
las empresas bien conectadas que se beneficiaban con el dinero del Gobierno. La
iniciativa estaba atorada, pero aun así llegó otro mensaje el 1 de agosto. Este
tenía una amenaza: "Oiga afuera de tu casa anda una camioneta con dos
vatos armados, let tome fotos vealos y cuídese (sic)".
Pardinas, quien estaba en su
oficina cuando llegó el mensaje, se negó a caer una vez más. Pero llamó a su
esposa para pedirle que se asomara por la ventana para ver si afuera había una
camioneta estacionada. No había nada.
"Al final, mi esposa ya
tenía un entrenamiento casi olímpico en este asunto del hackeo", bromeó
Pardinas.
Gajes del oficio
A fines de abril de 2016, Mario
Patrón estaba inquieto. La mesa de la conferencia estaba llena de compañeros
defensores de derechos humanos, entre ellos el representante en México de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Todos fueron a discutir la bomba
que estaba por caer el día siguiente: un panel internacional que fue a México
para investigar la desaparición de los 43 estudiantes normalistas divulgaría su
informe final. Patrón sabía que los hallazgos iban a ser brutales para las
autoridades.
Se acusaría al gobierno de
negligencia e incompetencia, incluso de actividades ilícitas en el manejo del
caso. Como el resto de las personas en el lugar, Patrón, cuya organización
representa a los padres de los estudiantes desaparecidos, se preguntaba cómo
respondería el Gobierno.
Sonó su teléfono y vio la
pantalla. La noticia que había estado esperando: "El Gobierno de México
sale al frente del GIEI", decía el texto, con el acrónimo del grupo
interdisciplinario que publicaría el informe. Parecía ser la noticia que estaba
esperando.
Le mostró el mensaje a su colega
y dio clic al enlace. Pero en vez de un artículo o un comunicado de prensa, el
vínculo simplemente lo redirigió a una página en blanco. Confundido, dejó la
reunión y se fue de prisa a su oficina para hacer llamadas e informarse de lo
que estaba planeando el gobierno. Y eso bastó para que cayera en la trampa.
Patrón es el director ejecutivo
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Prodh,
posiblemente el grupo de defensa de derechos humanos más respetado en todo
México. Está involucrado en varios de los casos más graves de abusos a los
derechos humanos del país y ha sido un gran crítico del Gobierno.
Además de Patrón, otros dos
abogados del grupo fueron atacados con el software: Santiago Aguirre, el
abogado principal de las familias de los estudiantes desaparecidos, y Stephanie
Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007.
"Siempre hemos sospechado
que nos espían y nos escuchan", dijo Patrón, quien se percató de que la
situación había empeorado considerablemente desde que desaparecieron los
normalistas. "Pero tener evidencia de que somos víctimas de verdadera
vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a
utilizar medidas ilegales para intentar detenernos".
Además de los estudiantes
desaparecidos, el Centro Prodh representa a una de las sobrevivientes de un
ataque militar en el municipio de Tlatlaya en 2014, donde el ejército arrasó
con un supuesto escondite de un cartel y asesinó a 22 personas; el Centro Prodh
ha encontrado evidencias de que los sucesos de aquella noche no se
desarrollaron como una balacera, como argumenta el Ejército, sino que fueron
ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados.
Entre los clientes de la
organización también se encuentran las mujeres de Atenco, un grupo de once
estudiantes universitarias, activistas y vendedoras de mercado que la policía
arrestó hace casi diez años, durante las protestas sucedidas en el pueblo de
San Salvador Atenco, y que fueron sometidas a brutales abusos sexuales mientras
las trasladaban a la cárcel.
Además del grave abuso de poder y
la violación de las mujeres, el caso es especialmente sensible porque el
gobernador que ordenó la represión en contra de los manifestantes fue Enrique
Peña Nieto, el actual Presidente.
Brewer y otros abogados llevaron
el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esperaron casi
siete años. La comisión envío el caso ante la Corte Interamericana y en
septiembre de 2016 falló a favor de las mujeres; ordenó al gobierno que les
diera reparaciones y que investigara con la debida diligencia las
responsabilidades de las autoridades hasta lo más alto de la cadena de mando,
una directriz que podía incluir a Peña Nieto.
Fue entonces, poco después del
décimo aniversario de los ataques contra las mujeres, que Brewer recibió un
mensaje de texto sospechoso que cuestionaba por qué el Centro Prodh no defendía
también a los soldados y policías víctimas de abusos. La abogada, intrigada,
abrió el enlace y este la dirigió a una página web corrupta, un indicio del
software Pegasus.
"Es parte de defender los
derechos humanos en México", aseguró Brewer. "Son los gajes del
oficio".
fuente.-
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