El cuatro de enero, el general y sus abogados comparecerán ante la Justicia Militar para saber si les admiten las pruebas que determinarían el Reconocimiento de Inocencia en su favor.
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La pesadilla de haber purgado una condena de 15 años en prisión de manera injusta por supuestos delitos contra la salud no termina aun para el general Ricardo Martínez Perea.
Ahora, tras negarle todos los recursos jurídicos con los que pudo haber demostrado su inocencia, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mediante su aparato de Justicia Militar, insiste en bloquear los intentos de los abogados del general para que prospere el incidente de Reconocimiento de Inocencia promovido hace tres años en su favor.
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Con dicho recurso jurídico el general Martínez Perea no solo conseguiría que la dependencia acepte que nunca hubo elementos para acusarlo de colaborar con el crimen organizado, sino también que la secretaría estaría obligada a restituirle el salario íntegro no recibido durante el tiempo que estuvo en prisión y durante los dos años que duró su proceso penal.
Además, de proceder el Reconocimiento de Inocencia (expedientes 03/2013 y 01/2015) promovido por los abogados del general, la Sedena tendría que restituirle su grado y permitirle acceder a él y a su familia a todos los beneficios de los que fueron privados por haber purgado una condena injusta.
El próximo cuatro de enero de 2017 el general Martínez Perea y sus abogados comparecerán en la sala de plenos “Benito Juárez” del Tribunal Superior Militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México, para saber si les son admitidas las pruebas que sustentan el instrumento de Reconocimiento de Inocencia interpuesto en 2013.
Esta comparecencia se da luego de que otros tribunales que ha conocido el caso se han declarado incompetentes y han turnado el expediente a otros estados del país alargando la audiencia de Reconocimiento de Inocencia.
El general ya está en la capital del país, pero aun así fue apercibido de que si no se presenta a la audiencia sufriría un arresto de 15 días por faltas al reglamento militar.
Acusado vía fax
El general Ricardo Martínez Perea era comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizada que operaba en Nuevo Laredo, Tamaulipas, entre 1996 y 2001.
En ese lapso, el grupo bajo el mando del general operaba en la Guarnición de Nuevo Laredo con la orden de vigilar carreteras, brechas, caminos de terracería y varios puntos fronterizos para evitar el tráfico de drogas, armas, dinero y personas ligadas al narcotráfico en Tamaulipas.
En esos años el Cártel del Golfo dominaba ampliamente la actividad criminal en el norte del estado y controlaba el paso de droga en la frontera con Texas. Una de las misiones del general era la de asestarle golpes fuertes a los operadores que encabezaba Osiel Cárdenas Guillén.
El general Martínez Perea estaba al frente del regimiento cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de la república echando al PRI de Los Pinos. Fox llevó adelante una campaña de limpieza y lucha contra la corrupción en la que involucró también a las fuerzas armadas.
El presidente estaba fuera del país cuando anunció que su gobierno estaba librando una batalla contra la corrupción y que en unas horas informaría sobre la captura de un militar de alto rango involucrado en actividades criminales. Fox anunciaba lo anterior cuando el general Martínez Perea aun no era detenido.
El general fue aprehendido junto con otros dos oficiales: el Capitán Pedro Maya Díaz y el Teniente Antonio Quevedo Guerrero, en quienes se apoyó para alcanzar un récord de aseguramientos de droga y dinero que le fue reconocido por el entonces comandante de la IV Región Militar, el general José Domingo Garrido Abreu.
Durante el tiempo de su reclusión en diversos penales militares y civiles, el general y sus abogados aportaron datos y exigieron el desahogo y la aceptación de numerosas pruebas documentales y periciales que fueron negadas o desechadas una a una por jueces castrenses y civiles.
En 2013 y 2014, el general y sus defensores promovieron el incidente de Reconocimiento de Inocencia y al mismo tiempo apoyaron la decisión en un peritaje externo hecho por un militar en retiro.
El especialista demostró, a partir de declaraciones y elementos acusatorios ofrecidos en los momentos iniciales por la Procuraduría de Justicia Militar, que la investigación fue deficiente, basada en suposiciones y dichos de terceros –no con testigos presenciales–, apuntalada con datos, testimonios y pruebas falsas o sin corroboración.
Pese a esta pericial ofrecida, los jueces que llevaban el caso la rechazaron y dejaron transcurrir los últimos años de la sentencia para que coincidieran con la liberación del general por haber cumplido con el término de ley.
Aun así, los jueces difirieron una y otra vez las audiencias solicitadas para el desahogo de pruebas en el incidente de Reconocimiento de Inocencia, en el que la defensa del general ha citado una y otra vez como testigos de descargo al ex presidente Vicente Fox, al ex secretario de la Defensa Nacional Clemente Vega García, así como al general Garrido Abreu, así como a los generales Urbano Pérez Bañuelos (era comandante de la Guarnición Militar de Matamoros, Tamaulipas), David Enrique Velarde Zigüenza (era jefe de agentes de la Policía Judicial Federal Militar cuando el general fue detenido; era comandante del destacamento blindado que resguardaba el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, cuando se fugó el Chapo Guzmán), Jaime Antonio López Portillo Robles Gil (procurador de Justicia Militar cuando Martínez Perea fue detenido), Rolando Eugenio Hidalgo Eddy (era Director General de Caballería cuando autorizó y canceló varios movimientos de militares en la Guarnición de Nuevo Laredo de los cuales responsabilizaron al general Martínez Perea), Francisco de la O González (era comandante de la Octava Zona Militar en la que estaba encuadrado el 21 Regimiento de Caballería Motorizada que encabezaba el general Martínez Perea), Ramón Rubén Arrieta Hurtado (era comandante de la IV Región Militar que comprende a la Octava Zona Militar y al 21 Regimiento de Caballería Motorizada), Juan Manuel de la O González (era comandante de la Guarnición Militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y tenía a su cargo la supervisión de las Operaciones Militares del regimiento que encabezaba Martínez Perea), Jaime Juárez González (era Juez Instructor y Asesor Jurídico del Segundo Consejo de Guerra Ordinario Permanente en la Plaza de México, Distrito Federal, y conoció la causa penal militar contra el general Martínez Perea), así como al Agente del Ministerio Público Militar Gerardo Salazar Bolaños, quien fue el encargado de acusar y aportar pruebas contra el general Perea.
En el incidente de Reconocimiento de Inocencia aparecen al menos 25 militares más, de armas y servicios que estuvieron relacionados con el caso.
La nueva cita fijada por el juez es este cuatro de enero en la sala de plenos “Benito Juárez” del Tribunal Superior Militar ubicada en el Campo Militar Número Uno, en la Ciudad de México.
Fuente.-Jorge MedellÍn
@JorgeMedellin95
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