Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán denunciaron que las autoridades no les dejan entregarle ni pantuflas ni calzoncillos en el penal en que está recluido y reiteraron que el narcotraficante está “incomunicado”, por lo que interpondrán una denuncia formal.
Juan Pablo Badillo y José Luis González Meza, dos de los defensores del narcotraficante, fueron hoy a la prisión del Altiplano, en el central Estado de México para ver a su cliente, pero según ellos les denegaron su acceso sin que hubiera explicación alguna.
“Lo que procede es un denuncia incidental de violentación a la suspensión” que concedió el juez de amparo para que cesara la incomunicación, contra el director y el director jurídico del penal, aseguró Badillo.
Los juristas se dirigieron a los medios de comunicación en una improvisada rueda de prensa a su salida de la prisión de la que Guzmán se fugó por un túnel de 1.5 kilómetros el 11 de julio pasado y en la que fue nuevamente internado hace una semana tras ser recapturado en su estado natal de Sinaloa, oeste de México.
González Meza calificó de falsa la información que esta semana ofreció el secretario de Gobernación (ministro de Interior), Miguel Ángel Osorio Chong, de que las autoridades guardan un registro de la visita de uno de los abogados y pidió “demostrarlo”.
“¿Por qué no sacan fotografías, por qué no sacan vídeos?”, preguntó.
También se quejó de que ni siquiera les dejaron pasar ropa y abrigo a Guzmán, “que viene de un clima cálido y padece de las vías respiratorias”, manifestó.
El representante legal de El Chapo cargaba una bolsa deportiva que abrió para mostrar su contenido a los reporteros.
Pantuflas de piel de borrego, varios calzoncillos en tonos azules, unos pantalones de color caquí, otros claros y otros de deporte oscuros, toallas blancas y varias bufandas, una de ellas “de Perú” (según dijo) con cenefas con llamas andinas, componían el vestuario de emergencia que querían darle a Guzmán, según pudo constatar Efe.
El abogado consideró además que la extradición a Estados Unidos del capo, analizada por las autoridades del país, sería “un atentado contra la soberanía del Estado y el pueblo de México”.
Cuestionó el hecho de que por el tratado de extradición bilateral el futuro de Guzmán quede en última instancia en manos de autoridades administrativas y no judiciales.
“Pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso para que los amparos que se han promovido para la no extradición se discutan en el pleno” del organismo, concluyó González Meza.
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