Los constituyentes de 1917 querían que la sociedad mexicana no volviera a padecer un régimen policiaco como el de Santa Anna o Porfirio Díaz. Lejos se quedaron de realmente evitarlo (como lejos se quedaron en muchos otros de sus ideales).
Con todo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí recogió varias de las demandas de justicia social. Y desde Manuel Ávila Camacho hasta Peña Nieto los sucesivos gobiernos sexenales han venido desmontando todo ese entramado jurídico que, al menos en el papel, promovía las garantías individuales, las propiedades colectivas y nacionales y el acceso universal a los derechos básicos: salud, educación, vivienda y trabajo. Hoy todo se ha dejado al mercado y libre comercio. Ahora no son derechos sino, simple y cínicamente, negocios. Y pues que cada quien tenga la salud, por ejemplo, que se pueda comprar.
En materia de seguridad, el esquema vigente –en el papel– es el que pensaron los constituyentes que no querían las botas de los uniformados en las calles con zafios pretextos. Pero flagrantemente no se cumple. Desde su promulgación fue letra muerta. Incluso, a casi 100 años, todavía no se han publicado algunas de las leyes que deberían reglamentar la aplicación de varios artículos constitucionales al respecto. ¿Y dónde están aquellos funcionarios, con sus coros en los medios, que se llenan la boca con “que el imperio de la ley” y “que se aplique el Estado de derecho”?
Desde el sexenio pasado se busca concentrar más aún el poder en los gobernadores de los estados y en la Federación, en detrimento de los municipios que formalmente están dotados de soberanía. Por ello, Felipe Calderón inició la instauración del “mando único policial”. Enrique Peña Nieto ha secundado el fracasado proyecto y próximamente podría convertirse en reforma constitucional y ley. Mientras tanto, se sigue manteniendo un esquema con corporaciones policiacas que no reconoce la Constitución.
Así es: la única policía reconocida por la Ley Suprema de este país es la policía municipal. Sí, la que de facto están desapareciendo. La información y el análisis es del doctor Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y especialista en seguridad pública.
La Constitución determina la existencia de las Fuerzas Armadas Permanentes (el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México); la Guardia Nacional, y la Policía Municipal. Nada hay en la Carta Magna sobre una policía federal ni policías estatales (ni gendarmería). Sin entrar a la discusión sobre si son necesarias o no, ¿no debieron primero basar su existencia en la ley?
Las atribuciones que la Constitución otorga a las Fuerzas Armadas –explica el experto Barrón Cruz– son del orden de la seguridad nacional y están a cargo del titular del Poder Ejecutivo federal, el presidente de la República. Las de la Guardia Nacional son del orden de la seguridad interior, la cual debería estar cargo de los gobernadores de los estados. Se trata de un cuerpo que en la realidad no existe porque el Congreso, en casi 100 años, no ha promulgado la Ley Orgánica de la Guardia Nacional (a ver si se espabilan nuestros legisladores y, antes que levantar la mano para aprobar los engendros de lasreformas estructurales, cumplen con un mandato constitucional que les ha demorado ya varias décadas). Finalmente están las policías municipales, cuyo ámbito es el de la seguridad pública, y están a cargo de los presidentes municipales.
El desorden en materia policiaca que se padece actualmente es precisamente por no haber seguido los claros principios en la materia que estableció la Constitución desde 1917. Hoy todas las corporaciones están metidas en la seguridad nacional, interior y pública… y en nada. Eso sí, el corte de todas las policías es autoritario, represivo.
Sí, las policías municipales son corruptas; ¿pero las estatales no? ¿Y la Federal? La imposición del mando único no acaba con la corrupción. Lejos de combatirse, las complicidades se trasladarían a otros niveles de gobierno. El crimen de Iguala cometido contra los normalistas de Ayotzinapa ocurrió bajo el esquema del mando único. Y ya vimos para lo que sirvieron militares y policías federales, estatales y municipales en el lugar de los hechos.
A la preservación de la seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública les corresponden cuerpos bien definidos en la ley. Todas los demás ocurrencias que existen rayan en la legalidad o son abiertamente ilegales. Y aquí no tenemos gritones en los medios que condenen la evidente falta de aplicación de la ley. Antes, justifican esos esquemas y a sus patrocinadores.
La corrupción no se acaba y sólo se concentra poder en comisionados policiacos que, de la noche a la mañana, y sin proceso electoral de por medio, se convierten en funcionarios estatales con mayor jerarquía que los presidentes municipales, quienes sí son emanados de elecciones.
Al final, la seguridad es un asunto de justicia social y de combate a la corrupción. Por ello, las policías comunitarias y guardias comunales (que existen en varias regiones basadas en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo signado por México) han sido las instituciones que mejores resultados han obtenido. Como dice la consigna, sólo el pueblo puede proteger al pueblo.
Fuente.- Zósimo Camacho, @zosimo_contra
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