La controversia en curso sobre el Mando Policial Único –a partir de las diferencias públicas entre el gobernador de Morelos Graco Ramírez y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco-, reflejan el fracaso de este modelo de seguridad y la ausencia de una estrategia nacional, estatal y municipal en la materia.
Lamentablemente, la situación también es un augurio del fracaso inminente del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual está ideado para condiciones que están lejos de cumplirse en nuestro país.
Es decir, el sistema acusatorio debe tener como base, policías investigadores profesionales, que cuenten con el equipo tecnológico apropiado para investigar los delitos y con laboratorios adecuados que den certidumbre a las investigaciones y confianza en las sentencias.
Tampoco se cuenta con el número suficiente de ministerios públicos capaces de encabezar las investigaciones.
Así las cosas, de poco servirá contar con jueces preparados para el nuevo sistema, porque si actúa conforme a derecho, tendrán que liberar a la gran mayoría de los acusados por la falta de investigaciones científicas y pruebas irrefutables; o bien, tendrán que hacerse de la vista gorda para no dejar libres a los presuntos delincuentes.
A unos meses de que entre en vigor el nuevo sistema oral, no se tienen las condiciones humanas, profesionales, técnicas, de capacitación que permitan albergar esperanzas de que termine la impunidad que prevalece en más del 97 por ciento de los delitos que se cometen en el país, según cifras oficiales.
En Morelos, como en prácticamente todo el país, el problema no es el Mando Único Estatal o si las policías municipales deben mantenerse o no. La cuestión que no hay una estrategia definida sobre cuáles debe ser las atribuciones y facultades de las policías estatales y municipales.
El comentario que hizo ayer el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, en el sentido de que es mejor tener “32 policías sólidas que mil 800 (municipales) policías frágiles”, es, por decir lo menos, poco serio.
La capacitación, profesionalización, la capacidad para prevenir el delito y/o llevar a los responsables ante la justicia, son ni deben ser privativas de las policías estatales, es un asunto que debe atenderse de forma coordinada.
Quizá debería empezarse por correr a los policías estatales corruptos, coludidos con los presidentes municipales, para evitar que los policías sigan pagando a sus superiores cuando les asignan patrulla, o que paguen cuota por portar armas y balas, o que dejen de dar cantidades diarias –producto de mordidas- a sus comandantes para justificar su permanencia.
El Modelo de Mando Único Policial no garantiza, ni ha probado su eficacia para desterrar las prácticas corruptas de las policías estatales; como tampoco hay una regla de que todas las policías municipales son necesariamente corruptas.
Se debe encontrar el justo medio, pero con opiniones serias e informadas, no con ocurrencias sexenales sobre el tema, como ha ocurrido hasta la fecha.
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