Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron en el pleno del Senado de la República un proyecto que crea una especie de testigos protegidos que denuncien presuntos funcionarios corruptos.
La iniciativa de Ley Federal de Protección de los Denunciantes e Informantes de Actos de Corrupción tiene por objeto otorgar resguardo a los servidores públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre actos de corrupción, señala el proyecto.
A través de un programa de protección, las autoridades responsables protegerán la identidad, los bienes y la integridad de los denunciantes o testigos, quienes, en caso de ser servidores públicos, contarán con licencia de goce de sueldo y traslado al centro de trabajo.
“Si el denunciante no es servidor público, se dará vista a las autoridades correspondientes para que resuelva lo conducente”, indica el documento.
Mientras, las acciones de seguridad personal serán: atención policial, cambio de residencia u ocultación del paradero del denunciante. Además, todos los denunciantes o testigos contarán con asistencia legal para los hechos relacionados con su denuncia.
Otra medida de protección es la reserva de identidad en las diligencias en que intervenga, con el fin de que en las actas no se haga mención expresa de nombres, apellidos, domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que ponga en evidencia al testigo.
Además, las autoridades utilizarán “métodos” que imposibiliten la identificación visual o auditiva del testigo, señala el proyecto en su página 12.
También se menciona que se darán “recompensas económicas” cuando el “denunciante proporcione información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión del acto de corrupción por el servidor público implicado”.
Según la iniciativa, que fue turnada a comisiones, la protección se brindará por un periodo mínimo de tres meses, pero cada mes se revisarán los hechos que motivaron dar el resguardo.
“En caso de que se considere que la medida ya no es necesaria, se dictará el levantamiento de la medida de protección”, añade.
El senador Zoé Robledo, quien presentó el proyecto, que fue firmado por los también perredistas Armando Ríos Piter, Benjamín Robles y Raúl Morón, así como la panista Luisa María Calderón (hermana del ex presidente Felipe Calderón), señaló que la intención de ésta es proteger a aquellas personas que denuncian actos de corrupción ante las autoridades, pero también “proteger a los informantes que no quieren o que no pueden ampararse en el gobierno”.
Agregó que se pretende garantizar que no sean sancionados ni perseguidos “los informantes”, quienes pueden ser servidores públicos, miembros de fideicomisos, de sindicatos, de partidos políticos o simplemente personas físicas o molares “responsables que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o de manera indebida”.
“No podemos dejar fuera de la ley a estos ciudadanos que buscan exhibir la corrupción, necesitan protección especial, necesitan ser escuchados y necesitan ser respaldados por el Estado mexicano”, finalizó.
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: