En los enfrentamientos contra miembros del crimen organizado en los que ha participado la Policía Federal se mata a más presuntos delincuentes de los que son detenidos.
Mexico,D.F 01/Ago/2015 En lo que va de la Administración de Enrique Peña Nieto, la corporación se ha enfrentado en 290 ocasiones con la delincuencia organizada, con un saldo de 278 criminales muertos y 269 detenidos.
Tan sólo el 22 de mayo pasado en Tanhuato, Michoacán, policías federales mataron a 42 presuntos criminales y sólo detuvieron a 3.
En cambio, durante los seis años del Gobierno de Felipe Calderón, cuando la violencia alcanzó sus índices más altos, la Policía Federal detuvo a dos personas por cada uno de los que abatió.
Ante estas cifras, Juan Salgado, especialista del CIDE, consideró que si los controles de confianza no han cambiado, entonces México tiene policías más matones o hay responsabilidad de los mandos.
"Detrás de todo esto hay un problema, o de supervisión policial, que hubo omisión y los mandos no se dieron cuenta de qué pasó, o, lo que es igualmente grave, el mando les dijo mátenlos a todos", comentó el especialista, quien es maestro en derechos humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra.
También consideró que ante el incremento de prácticamente el doble de muertos por cada detenido hay elementos suficientes para que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"La verdad es que no hay manera en la que la CNDH no haga, por lo menos, un informe especial. Dentro de sus facultades está que cuando hay una violación, que yo diría que si ya van tres años (de Gobierno) y estamos a este nivel, es grave y sistemática, tienen que actuar de oficio", dijo.
Para Pablo Monsalvo, especialista en seguridad nacional y pública, estas cifras reflejan que en los hechos México se encuentra sumido en una guerra contra la delincuencia organizada.
"Si nos vamos al fondo de las cosas y no a la ficción, pues es una guerra contra la delincuencia (...) y en la guerra se premia a quien mata a más", comentó el académico, quien ha sido funcionario en áreas de seguridad en el Gobierno federal.
"Ahora, si hablamos de lo jurídico, pues sí tenemos problemas con los derechos humanos, por ejemplo, porque se toman determinaciones, en lugar de llevarlos (a los criminales) a proceso".
Sobre la letalidad consideró importante que la PF demuestre que actuaron en legítima defensa, aunque reconoció que hasta ahora este proceso no ha sido claro.
Catalina Pérez Correa, también investigadora del CIDE, señaló que el problema es que en México no existe una política clara que regule el uso de la fuerza.
"Si buscas datos de qué pasa después de un enfrentamiento pues no hay nada, no se hacen investigaciones, no se hacen públicos los datos, no sabemos qué pasa cuando hay un enfrentamiento", lamentó.
Restringe Sedena datos de abatidos
La Secretaría de la Defensa Nacional cambió su política y ya no hace públicos los datos de personas abatidas por sus elementos en enfrentamientos.
La dependencia expuso en marzo de 2015 que desde el 6 de abril de 2014, los soldados después de repeler una agresión se limitan únicamente a preservar el lugar de los hechos en espera de las autoridades ministeriales y que dejó de dar continuidad sobre las personas abatidas, por lo que su Estado Mayor ya no cuenta con la información solicitada.
El tema es motivo de litigio en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) .
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