La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora (PGJE) consignó a 16 personas por presunto tráfico de menores, entre ellas, un ex funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Sonora.
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El titular de la PGJE en Sonora, Carlos Navarro Sugich, indicó en conferencia de prensa que el 18 de marzo pasado se inició la investigación derivada de una denuncia anónima.
Reveló que se solicitó detener a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, quien se desempeñaba como subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF, quien también fungía como encargado de la línea PROTEGE de la misma institución.
Asimismo, anotó, se pidió girar orden de aprehensión en contra de José Manuel Hernández López, quien laboraba en el área jurídica de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS) y sostenía una relación de amistad con Arzate Carvajal.
Las 16 personas consignadas, entre las que se encuentran los mencionados y también aquellas que pagaron entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores, son presuntos responsables de delitos como incumplimiento de un deber legal.
Además, de los ilícitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infantes, así como sustracción y tráfico de menores e incapaces.
Mencionó que se ha logrado identificar a nueve menores involucrados que fueron registrados ante el Registro Civil como hijos biológicos en forma irregular, de los cuales se conoce su paradero, pero aún no se han recuperado.
El ex funcionario del DIF tenía acceso a la información de personas en proceso de adopción, además identificaba a mujeres vulnerables por problemas de drogadicción que daban a luz en el Hospital Integral de la Mujer del Estado de Sonora (HIMES), explicó.
Vladimir Arzate Carbajal, de 30 años, tiene cargos por incumplimiento de un deber legal con una condena que puede alcanzar de uno a seis años de prisión e inhabilitación, por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres puede alcanzar una pena de seis meses a seis años de cárcel y por sustracción y tráfico de menores de 15 a 40 años de prisión.
Historia de terror
Refirió que desde el 2012, Arzate Carbajal y Hernández López encontraron la manera de obtener beneficio económico a cambio de entregar menores a personas que los registraron como sus hijos biológicos.
Precisó que se cubrieron sumas que oscilan entre 80 mil y 150 mil pesos por los menores, mientras que por el aviso de nacimiento, en el que se establecen los datos del menor y los supuestos padres, se pagaron hasta 15 mil pesos.
Anotó que se realizan operativos para ejecutar las órdenes de aprehensión, además de llevar a cabo algunos cateos en relación con este caso, cuya indagatoria continúa abierta, puesto que –subrayó- se desconoce si hay más personas y menores involucrados.
Hizo un llamado a las madres que “en un momento de transitoria vulnerabilidad” permitieron que les arrebataran a los niños de sus brazos a que se acerquen a la fiscalía estatal para reparar el vínculo consanguíneo que fue desbaratado por esta situación.
El fiscal estatal refirió que entre los consignados están personas que pagaron por los menores y se asumieron como sus padres biológicos, pero rechazó revelar su identidad para proteger a las verdaderas víctimas de este caso que son las niñas y niños.
Vladimir Alfredo Arzate Carbajal
Subdirector de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del DIF
Encargado de la línea PROTEGE del DIF
Confesó en su declaración ministerial que había “intercedido” en la adopción irregular de 13 menores, a quienes las autoridades hasta el momento no han podido localizar.
Promovió un amparo el 15 de mayo, el cual fue concedido
José Manuel Hernández López
Director jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora
Gestionaba ante el DIF de Sonora los procesos de adopción para parejas con residencia nacional o en el extranjero
Amigo de Vladimir Alfredo Arzate Carvajal
Promovió un amparo, el cual fue concedido, por lo que está en libertad
fuente.-
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