El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está jugando con fuego con el Ejército. No parece que haya escuchado el reclamo y las amenazas del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa, cuando este lunes recriminó al Ejecutivo que tenga abandonado al Ejército y que no busque las herramientas jurídicas con las cuales enfrentar el flagelo de organizaciones, medios y sociedad que los acusa de asesinos.
- De otra forma, ¿cómo se explica la insistencia en la Secretaría de Gobernación de confrontar a los militares y tomar el lado de quienes acusan al Ejército de complicidad con criminales y violadores de derechos humanos?
Cuando el general Cienfuegos exteriorizó la molestia del Ejército por usarlo indebidamente ante las deficiencias de los órganos de seguridad civiles y dejarlo sin defensa por razones políticas, el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa, anunció que evalúan la posibilidad de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que coadyuva en la investigación de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pueda visitar el 27° Batallón de Infantería asentado en Iguala, donde sucedió el crimen.
Ese mismo ofrecimiento lo hizo el año pasado el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, a los familiares de los normalistas y a las organizaciones sociales que los respaldan, lo que provocó una fuerte reacción del Ejército, que se opuso a abrir los cuarteles. Permitir ese ingreso era dejar que su enemigo histórico -la guerrilla-, que está cerca de organizaciones que apoyan a los padres de los normalistas, entrara a las instalaciones estratégicas de la zona.
La petición de ingreso parte de las acusadores al 27° Batallón de haber colaborado con la banda criminal la noche en que desaparecieron los jóvenes. Hay testimonios en la prensa de Guerrero que refieren cómo los soldados sí salieron a las calles de Iguala y sí sabían lo que estaba sucediendo, pero no hicieron nada por evitarlo.
La declaración de Campa es una renovación de aquel ofrecimiento, que llega en uno de los momentos más álgidos de la relación entre civiles y militares en el gobierno peñista. Desde el 13 de febrero, en el 100 aniversario de la Marcha de la Lealtad, el secretario Cienfuegos comenzó a exteriorizar la molestia militar con el poder civil.
"La lealtad es de todos y para todos", dijo el general con las acusaciones de asesinato en Tlatlaya y Ayotzinapa en el imaginario. "Civiles y militares debemos capitalizar y potenciar sus enormes frutos". El 5 de mayo, en el aniversario de la Batalla de Puebla, habló de romper con la desunión y la ilegalidad, con un tono más enérgico al que anteriormente había utilizado.
En entrevista, ya fue directo en el reclamo al gobierno.
Las palabras de Campa no deben haber sentado nada bien al secretario de la Defensa, porque tiene agravios recientes con él. Desde que asumió la Subsecretaría de Gobernación para Derechos Humanos en la tercera semana de abril, Campa buscó cambiar la dinámica en el tema.
Lo primero que hizo fue solicitar una reunión urgente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, y con el cual se habían dado fricciones. Varios fueron los temas vistos en ese encuentro, incluidos los casos paradigmáticos en materia de derechos humanos, Tlatlaya y Ayotzinapa, tras lo cual hubo críticas públicas sobre el abuso del uso de la fuerza.
Campa fue el artífice dentro del gobierno federal de reactivar el caso de Tlatlaya, donde reconoce implícitamnte que ocho militares participaron en una ejecución extrajudicial, con dos propósitos, de acuerdo con funcionarios federales.
El primero fue ofrecer una compensación de 18 millones de pesos a los familiares de las 22 víctimas -entre ellos un grupo importante de secuestradores-; el segundo, trasladar el costo político a los militares y blindar al Ejecutivo. El general Cienfuegos protestó, y expresó su molestia al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
No pasó nada. Campa continuó con su tarea, pero en el plano internacional, donde el gobierno mexicano se encuentra en el banquillo de los acusados, no ha funcionado la estrategia. De acuerdo con un documento confidencial del gobierno de Estados Unidos, se suspendió toda la ayuda militar al 102° Batallón de Infantería, pendiente a que se den a conocer los resultados de la investigación de Tlatlaya.
Otro documento desclasificado del Comando Norte estadounidense, menciona la sospecha que los militares tienen nexos con los cárteles de la droga en Guerrero. Las acusaciones contra el Ejército no dejan de crecer, como se aprecia en el último informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos, uno de los más críticos de los últimos años.
Las molestias del general Cienfuegos contra Campa buscaron ser apaciguadas en Los Pinos. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, pidió una reunión entre los mandos militares y funcionarios de la Secretaría de Gobernación para reducir las tensiones.
Por las declaraciones del secretario de la Defensa a la prensa, aquello fue efímero. Lo que el general Cienfuegos quizás ya sabe, es que Campa no está mal dentro de la lógica de Los Pinos, donde el control de daños para el presidente Peña Nieto pasa por el sacrificio del Ejército.
Fuente.-
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