La falta de instituciones que se ocupen de proteger, promover y hacer cumplir los derechos de la infancia tiene estrecha relación con los vacíos de poder y de gobernabilidad que se presentan en las zonas más violentas de México, exhibe la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En un informe alternativo dirigido al Comité de los Derechos del Niño (CRC, por su sigla en inglés) —a propósito de la revisión a la que será sometido el Estado mexicano ante este organismo de las Naciones Unidas el 19 y 20 de mayo— la Redim exhibe que la corrupción y la cooptación de instancias de la administración pública por parte de los grupos del crimen organizado tienen efecto directo sobre la situación de niños y adolescentes en estos territorios.
México es uno de los 195 estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que es revisado periódicamente por el comité, el cual es integrado por 18 expertos independientes.
Como parte de la evaluación periódica, y luego de que México retirara la declaración interpretativa del Estado, parte sobre el artículo cuatro del Protocolo Facultativo de la Convención Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados (PFCA), el CRC preguntó a las autoridades nacionales sobre información de las medidas adoptadas para castigar el reclutamiento por parte de grupos no estatales, así como las acciones para rehabilitar y compensar a las víctimas.
Asimismo, el CRC solicitó datos desglosados sobre el número de menores víctimas de abuso y violencia.
En el informe presentado por México, el gobierno argumenta que trabaja en la elaboración de una iniciativa a la legislación penal de crímenes internacionales para legislar, entre otros, el crimen de reclutamiento de menores.
En lo relativo a los niños en conflictos armados, incluidas su recuperación y reintegración social. El gobierno nacional declaró que “si bien México no se encuentra en una situación de conflicto armado (…) realiza diversas acciones para dar cumplimiento puntual a las obligaciones preventivas” contenidas en la convención y el PFCA.
Expuso asimismo que se ha capacitado a las instituciones del orden público para disminuir el nivel de estrés de los menores presentes en operativos. Por otro lado, a través del Protocolo de Tercer Momento en el Seguimiento y Articulación para la Restitución de Derechos busca articular una red de actores sociales que elaboren un diagnóstico.
En entrevista, Juan Martín Pérez aseveró que México llegará a la revisión con un déficit en materia de atención de menores en situación de violencia armada: “Sería muy importante que se vaya con una actitud de reconocimiento de los fallos (…) y no omitir el tema de la violencia armada”.
Juan Martín Pérez apunta que de acuerdo con datos oficiales de las 23,000 desapariciones registradas; 7,016 son de niños y adolescentes. Además, la Redim exhibe que la población adolescente de 15 a 17 años es la más afectada por el recrudecimiento de la violencia. Del 2007 al 2012, la tasa de mortalidad por homicidios en este grupo de edad ha incrementado de 5.3 por cada 100,000 habitantes a 16.3, “este considerable aumento no se observa en los otros grupos de edad de niños, niñas y adolescentes”.
Fuente.-ana.langner@eleconomista.mx
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