La causa de la violencia en México no es la desigualdad, ni el neoliberalismo, sino la estrategia de “combate frontal” militarizado contra el narcotráfico.
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Con esto no quiero decir que no sea necesario disminuir la desigualdad o cambiar el modelo económico que ha mantenido a millones de mexicanos en la pobreza. Lo que digo es que, para reducir la violencia, se requiere de un diagnóstico correcto.
Al cimentar sus decisiones en un diagnóstico errado, el nuevo gobierno federal no sólo corre el riesgo de no lograr reducir la violencia, sino que la inseguridad incluso puede obstaculizar sus acciones para mitigar la pobreza. Esto, porque la violencia y la impunidad devoran los escasos recursos de las comunidades vulnerables, tal y como lo explica Gary Haugen en su plática “La razón oculta de la pobreza”, y en su libro “El efecto langosta”. En otras palabras, la relación causal es inversa a la que supone el diagnóstico oficial, por lo que es necesario impulsar la justicia para disminuir la desigualdad. Tan es así que, Naciones Unidas considera al acceso a la justicia, al empoderamiento jurídico de las personas, y a la consolidación del Estado de derecho, como factores esenciales para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
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¿De dónde viene el diagnóstico equivocado? El Banco Mundial publicó varios estudios donde, según ellos, demuestran que la desigualdad es la causa de la violencia, incluyendo un estudio específico para México. Pero no hay que creer los encabezados triunfalistas del Banco Mundial. El resumen del estudio para México lo deja muy claro: no hay efectos significativos de la desigualdad antes de 2005; es después de iniciada la “guerra contra las drogas” que la desigualdad tiene algún efecto. Hernan Winkler, uno de los autores del estudio, lo explica así:
• Por principio, la ofensiva militar lanzada por el Gobierno mexicano contra las organizaciones de tráfico de drogas en 2006 parece haber estimulado la diseminación geográfica y el aumento de la actividad delictiva.
• De hecho, el efecto de la desigualdad sobre el delito es impulsado por delitos vinculados con drogas.
• No se encontraron efectos de la desigualdad sobre los homicidios no relacionados con drogas, y ningún efecto en las tasas de delincuencia antes de 2005.
Quien haya visto los datos de homicidios y desigualdad lo tiene claro: esta última no puede ser la causa de los primeros (ver gráficas 1 y 2). Pero es importante señalar los errores del Banco Mundial para remarcar el riesgo de basar las decisiones gubernamentales en un diagnóstico tan equivocado. Este estudio:
• Ignora la literatura académica que ya ha demostrado que la causa de la violencia en México es la estrategia militarizada contra el narcotráfico;
• utiliza una fuente de datos que no contabiliza víctimas de homicidio, que no cubre todos los municipios y que fue tan cuestionada que debió cambiar su metodología, la serie de averiguaciones previas por “homicidio doloso” (en esta nota y en este reporteexplicamos los problemas de esta fuente);
• como el efecto encontrado con la fuente original tiene baja significancia estadística (p<0.1), el estudio recurre a otra fuente tan controversial –por carecer de rigor metodológico y por ser violatoria de la presunción de inocencia–, que incluso fue borrada de los sitios oficiales, los “homicidios relacionados con drogas”, también llamados “homicidios por rivalidad delincuencial”;
• con todo y sus malabares estadísticos, sólo muestra que la desigualdad opera como factor causal dentro de la “guerra contra las drogas”; fuera de ésta “guerra”, la relación que encuentran es, de hecho, inversa.
Antes de creerles media palabra a los economistas, hay que leer con cuidado sus estudios. Especialmente los nuevos funcionarios, deben cuidarse de no caer en el error que tanto criticaron a gobiernos anteriores: creer a pie de juntillas las pifias de la tecnocracia del Banco Mundial.
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En contraste, se tienen estudios rigurosos que ya han demostrado que la estrategia de “combate frontal” militarizado contra el narcotráfico es la causa principal de la violencia en México (ver gráfica 3). Por ejemplo, los trabajos de Fernando Escalante, José Merino, Eduardo Rodríguez-Oreggia y Miguel Flores, Melissa Dell, Gabriela Calderón et al., y Valeria Espinosa y Donald Rubin.
Al ignorar la evidencia empírica sobre el origen de la violencia, el nuevo gobierno considera que debe endurecer aún más la estrategia de “mano dura” de sexenios anteriores. Con esta idea se propuso establecer una Guardia Nacional con mando militar, aumentar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y extender indefinidamente la flagrancia. Pero estas medidas sólo afectarán aún más a las comunidades vulnerables, metiendo a más personas inocentes a prisión, dando carta blanca a violaciones de derechos humanos, y aumentando la violencia en el país (ver gráficas 4 y 5).
Con base en el errado diagnóstico sobre desigualdad y violencia, en el nuevo gobierno se cree que repartir becas y apoyos económicos bastará para pacificar el país y evitar los efectos negativos de sus medidas de “mano dura”. Así lo explican algunos funcionarios: 80% medidas contra la pobreza, y “sólo” 20% militarización. Sin embargo, basta contrastar la primera y la última gráfica que aquí he mostrado, para impugnar esta creencia. De hecho, y sin ánimo de ofender, su postura es incoherente, pues consideran necesario dar apoyos para que las personas gocen de sus derechos laborales y económicos, pero al mismo tiempo, suponen que hay que restringirles sus derechos civiles, tales como el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso (con prisión automática y flagrancia indefinida).
La iniciativa de Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho lo deja muy claro, debemos ser congruentes. Para empoderar económicamente a las personas, hay que empoderarlas jurídicamente, y esto se logra construyendo sistemas de seguridad y justicia respetuosos de los derechos humanos. No sobra remarcarlo, esto no es una postura ideológica, es la conclusión a la que se llega después de analizar la evidencia empírica de varios países, incluido México.
¿Qué nos indica la evidencia? Que la militarización de la seguridad pública, y otras medidas de “mano dura”, no han reducido la violencia, todo lo contrario, la han exacerbado. Proponer más militarización, con una Guardia Nacional bajo el mando del Ejército, y más prisión automática, es contrario a toda la evidencia recopilada durante los últimos 20 años.
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¿Qué hacemos entonces? Podemos impulsar propuestas, con sólido sustento empírico, que ayuden a construir una verdadera paz con justicia y dignidad. Por ejemplo:
1. Atender la verdadera causa de la violencia, finalizando la “guerra contra el narco” dentro del marco del Estado de Derecho, es decir, regulando el mercado de drogas.
2. Establecer una Comisión Nacional de la Verdad, un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, y una Unidad Internacional de Investigación Forense.
3. Instaurar mecanismos de control externo sobre las Fuerzas Armadas y las policías.
4. Reglamentar los artículos 29 y 119 constitucionales para contar con marco legal que acote y guíe la actuación de las Fuerzas Armadas ante la crisis de violencia.
5. Realizar una reforma policial integral.
6. Reformar los servicios periciales y forenses.
7. Reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
8. Consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
9. Eliminar el régimen de excepción de derechos embebido en la Constitución (arraigo, prisión preventiva oficiosa, etcétera).
10. Recopilar más y mejor evidencia, a fin de generar diagnósticos más precisos que alimenten procesos de mejora continua en materia de seguridad y justicia.
Para lograr la pacificación del país y el bienestar de la población, será necesario tomar decisiones basadas en evidencia empírica. Para eso escribí este texto, para invitar al nuevo gobierno a tomar en cuenta los datos disponibles, a fin de que tengan éxito en estas tareas. No lo duden, muchos investigadores, académicos y activistas esperamos que la información que les podamos aportar, les ayude a construir la paz. Por favor, escuchen.
Carlos Galindo
Doctor en filosofía de la ciencia, y actualmente se desempeña como investigador en derechos humanos, seguridad y justicia, en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
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