La Procuraduría General de la República (PGR) deberá dar a conocer el número de personas sentenciadas y con condena irrevocable por delincuencia organizada, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
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Una particular solicitó a la PGR conocer el total de personas detenidas, consignadas, sentenciadas y con sentencia condenatoria irrevocable por ese delito, en cualquiera de sus modalidades, entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2017.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable, por lo que la peticionaria interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información estaba incompleta.
En etapa de alegatos, la PGR proporcionó cifras sobre sentencias condenatorias irrevocables y personas sentenciadas, y expuso que la información puede consultarse en los informes de rendición de cuentas de la PGR, de los cuales proporcionó vínculos electrónicos.
En el análisis del caso, el INAI encontró que en su respuesta complementaria, la PGR no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la información sobre el número de personas sentenciadas por delincuencia organizada.
Además, dos de los vínculos electrónicos que proporcionó la dependencia federal no dirigen a ningún documento y parte de la información remitida no corresponde a lo que requirió el particular.
La PGR también omitió turnar el requerimiento a la totalidad de unidades administrativas competentes, incumpliendo el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
Con base en los argumentos presentados, el Pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada.
Deberá entregar los datos referentes al total de personas sentenciadas por delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades, y el total de personas con sentencia condenatoria irrevocable por el mismo ilícito, precisando la modalidad del delito.
El comisionado Joel Salas Suárez afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el combate a la delincuencia organizada, es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables.
"Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso", enfatizó.
Salas afirmó que desde hace 12 años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa. Sin embargo, desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.
"En nuestro último periodo electoral, la seguridad fue una de las prioridades y será uno de los principales retos para los nuevos gobiernos, federal y estatales. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña renovar por completo las estrategias. Se esperaría que cualquier propuesta tome en cuenta los señalamientos, la evidencia y las propuestas hechas hasta ahora", destacó.
La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), proporcionó el total de personas detenidas y consignadas por el delito de delincuencia organizada.
Sin embargo, omitió en su respuesta el número de sentenciados y que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable, por lo que la peticionaria interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó que la información estaba incompleta.
En etapa de alegatos, la PGR proporcionó cifras sobre sentencias condenatorias irrevocables y personas sentenciadas, y expuso que la información puede consultarse en los informes de rendición de cuentas de la PGR, de los cuales proporcionó vínculos electrónicos.
En el análisis del caso, el INAI encontró que en su respuesta complementaria, la PGR no comunicó de manera puntual la forma de acceder a la información sobre el número de personas sentenciadas por delincuencia organizada.
Además, dos de los vínculos electrónicos que proporcionó la dependencia federal no dirigen a ningún documento y parte de la información remitida no corresponde a lo que requirió el particular.
La PGR también omitió turnar el requerimiento a la totalidad de unidades administrativas competentes, incumpliendo el procedimiento previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP).
Con base en los argumentos presentados, el Pleno del INAI, por unanimidad, determinó modificar la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada.
Deberá entregar los datos referentes al total de personas sentenciadas por delincuencia organizada en cualquiera de sus modalidades, y el total de personas con sentencia condenatoria irrevocable por el mismo ilícito, precisando la modalidad del delito.
El comisionado Joel Salas Suárez afirmó que aumentar la cantidad y la calidad de la información pública sobre el combate a la delincuencia organizada, es fundamental para conocer y evaluar las acciones de las autoridades responsables.
"Necesitamos conocer con exactitud cuál es la situación del país para identificar los aciertos y fracasos de las estrategias pasadas y escoger el nuevo camino hacia un México más seguro. Al hacer públicos datos como los referidos en este recurso de revisión, las autoridades responsables contribuyen a este proceso", enfatizó.
Salas afirmó que desde hace 12 años el Estado ha adoptado diferentes estrategias de confrontación directa. Sin embargo, desde el 2006 la violencia no se ha reducido, los grupos se han multiplicado y la percepción ciudadana ha empeorado.
"En nuestro último periodo electoral, la seguridad fue una de las prioridades y será uno de los principales retos para los nuevos gobiernos, federal y estatales. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, prometió en campaña renovar por completo las estrategias. Se esperaría que cualquier propuesta tome en cuenta los señalamientos, la evidencia y las propuestas hechas hasta ahora", destacó.
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