Si alguien tiene motivos de sobra para descorchar champaña, armar fiesta patronal y gritar a los cuatro huesos «¡Adoro la 4T!» en este Día de Muertos, esa es, sin duda alguna, la mismísima Parca.
El cartón de Kemchs para El Universal no anda con rodeos ni eufemismos diplomáticos: nos presenta a una Muerte eufórica, casi extasiada, presumiendo un pergamino que parece recibo de supermercado en quincena.
¿El inventario de su cosecha VIP ?
Una fina selección de calamidades nacionales que incluye inseguridad, complicidad con el narco, asaltos, secuestros, falta de medicamentos, falta de tratamientos, negligencia en el COVID y un macabro «ETC» final por si se le acababa el papel antes de terminar la lista. Es la burocracia del más allá operando con una eficiencia que ya quisiera cualquier dependencia gubernamental.
Y por si a alguien le quedaba la duda de si la Flaca exagera en su entusiasmo, ahí entra la cruda aritmética de TResearch Internationalbajo el título «La guerra en números» para ponerle sello contable a la tragedia.
El corte de caja al viernes 30 de octubre de 2026 —justo a tiempo para prender las veladoras de la ofrenda— arroja 36 víctimas de homicidio doloso en una sola jornada y un promedio de 38 en los últimos siete días.
Pero el verdadero premio gordo para el inframundo está en el acumulado del sexenio: nada menos que 50,345 homicidios dolosos registrados, a un ritmo implacable de 1 cada 22 minutos. Es decir, en lo que te tomas un café y lees las noticias de la mañana, la lista de la Catrina ya sumó un par de renglones nuevos.
Al final, la mordacidad del trazo de Kemchs choca de frente con la frialdad de la estadística: en un país donde el pan de muerto nunca pasa de temporada, la única que realmente puede presumir que el sistema le funciona a la perfección es la que viste de túnica negra.
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Gobierno de Tamaulipas promueven el Puerto de Matamoros como “la nueva alternativa logística” del Golfo de México. Y en el escaparate oficial aparecen agentes aduanales señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) en expedientes de huachicol fiscal. Una cosa es perseguir el contrabando y otra, al parecer, dejar que estorbe a la promoción.
Al menos tres nombres figuran en la lista oficial de octubre del también llamado Puerto Norte: Hantulio Ordóñez Juárez, Víctor Carretero Zardeneta y María Cristina Cházaro Mabarak. El documento los presenta como opciones autorizadas para realizar trámites de comercio exterior, mientras la Fiscalía los señala, con distintas situaciones jurídicas, por su presunta participación en operaciones irregulares con combustibles.
El mensaje comercial presume una terminal en desarrollo, ubicada a unos kilómetros de Estados Unidos. El detalle incómodo es que algunos de los agentes incluidos en su directorio aparecen en investigaciones sobre redes de tráfico masivo de hidrocarburos y empresas vinculadas con personajes como Jorge Amílcar Olán, amigo de “Andy” López Beltrán. La cercanía con la frontera se anuncia; la cercanía con los expedientes penales, no tanto.
Patentes en la presentación; acusaciones en la Fiscalía
La presentación destaca que Carretero y Cházaro cuentan con patente para operar en el Puerto de Altamira, el más importante de Tamaulipas. Sí, el mismo donde en marzo de 2025 se decomisó un buque con al menos 10 millones de litros de combustible de contrabando.
Aquel decomiso destapó una red de huachicol fiscal vinculada con mandos de la Marina y sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Eso no convierte automáticamente a todos los agentes del directorio en participantes de aquel caso, pero sí vuelve bastante menos reluciente el folleto de negocios.
En el caso de Hantulio Ordóñez Juárez, las acusaciones penales se remontan a julio de 2024: se le señala por presuntamente omitir información para el pago de impuestos en la importación de hidrocarburos. Dicho sin el barniz burocrático: por supuestamente facilitar el huachicol fiscal.
Agente aduanal desde 1996, con patente indefinida para operar en la Aduana de Matamoros y al frente de Strategia Trade & Global Logistics, Ordóñez aparece señalado en la importación irregular de combustibles de Portacelis, empresa vinculada con presuntos prestanombres de Olán.
El pasado 29 de agosto, Grupo REFORMA reveló que la Secretaría de Hacienda solicitó a la FGR ejercer acción penal contra los dueños de Portacelis. En ese expediente también se acusa a Ordóñez. Pero en la promoción portuaria su nombre sigue haciendo lo suyo: ofrecer confianza para los trámites.
Prófugo para la FGR, opción para hacer negocios
Otro señalado en el expediente de Portacelis es Víctor Carretero Zardeneta, titular de Servicios Aduanales JR y también incluido entre las opciones para operar en Matamoros.
La FGR lo considera prófugo por su presunta participación en la importación irregular de 144 millones de litros de hidrocarburos, un expediente descrito como uno de los mayores casos de huachicol fiscal y en el que la Fiscalía también involucra a Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
El contraste no necesita demasiada publicidad: para la Fiscalía, un prófugo; para el directorio oficial, un contacto de negocios.
La lista incluye además a María Cristina Cházaro Mabarak, investigada por la FGR por presunto huachicol fiscal tanto en Matamoros como en Altamira.
Las acusaciones e investigaciones no equivalen a sentencias condenatorias. Pero tampoco son un detalle menor que pueda esconderse entre las ventajas competitivas de una terminal portuaria.
La ANAM y el Gobierno de Tamaulipas venden una “nueva alternativa logística”. Lo que su promoción deja sin explicar es por qué, entre las puertas de entrada al comercio exterior, figuran nombres que la Fiscalía tiene bajo la lupa. El puerto será nuevo; la falta de explicaciones viene de lejos, aunque se entiende, nada es casual, todo es causal.
A José Alfredo Hernández Casillas la suerte no le toca la puerta:le levanta el bloqueo bancario y después le llega en forma de contrato millonario. El empresario señalado por Proceso como contratista favorito de Guadalupe Taddei consiguió, junto con su hermano Raymundo Francisco y la empresa Cajas Graf, amparos contra el congelamiento de sus cuentas promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Las resoluciones quedaron firmes en 2024. En 2025, Cajas Graf recibió un contrato por 198.7 millones de pesos para suministrar material para la elección judicial, según Latinus, citado por el semanario. Una secuencia de ésas que hacen parecer al calendario una cartera de oportunidades.
La UIF había ordenado el bloqueo mediante el acuerdo 401/2023, tras detectar movimientos que, según sus señalamientos recogidos en los expedientes consultados por Proceso, podían estar relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Para sostener la medida invocó acuerdos internacionales contra el terrorismo y su financiamiento. Pero los tribunales encontraron el agujero: no se acreditaba una solicitud internacional que respaldara ese bloqueo. Mucha invocación internacional; la solicitud concreta, ausente.
Ahí está el detalle que conviene no esconder entre las carcajadas: desbloqueo no significa absolución. El argumento judicial citado por Proceso cuestionó el fundamento de la medida; no estableció que todos los movimientos financieros fueran lícitos. Tampoco los señalamientos de la UIF equivalen a una condena. Lo documentado es que el bloqueo de la «eficiente» UIF no se sostuvo ante los tribunales. La sospecha y la prueba no son lo mismo, aunque en el debate público suelan mandarlas a dormir en la misma cama.
Y mientras el expediente bancario encontraba salida, el negocio encontró contrato: 198.7 millones de pesos para Cajas Graf, representada por Hernández Casillas.
A esa historia se sumaron videos del empresario con Taddei y señalamientos sobre una supuesta relación sentimental, reportados por Proceso.
En Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, un facultativo de la salud señalado multiplicidad de veces por sus reiterados vínculos con el crimen organizado desde su candidaturaa la gubernatura , —de acuerdo con informes del Ejército—, prometió, ya como virtual gobernador electo en junio de 2022, cambiar la Policía Estatal para tratar mejor al ciudadano.
Y todo indica que ha cumplido, aunque con destinatarios muy particulares: según la mas reciente denuncia de elementos de la Guardia Estatatal, tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en Reynosa habrían recibido un trato bastante favorable por parte de los efectivos que aún dirige el general del Ejército Carlos Arturo Pancardo Escudero.
De acuerdo con el trascendido, respaldado por documentación oficial sobre la liberación, efectivos de la propia Guardia Estatal denuncian que algunos mandos habrían encontrado otra manera de “mejorar el servicio”: cobrar para sustituir lo que ocurrió por lo que convenía escribir en los informes y así facilitar la liberación de los detenidos, quienes ya estan nuevamente en la calle.
La acusación es concreta: un pago de 280 mil pesos para modificar un Informe Policial Homologado (IPH), dejar únicamente a una persona a disposición del Ministerio Público y enviar a otras tres por la puerta administrativa. No sería combatir la impunidad, sino ofrecerle servicio de escritorio, algo que es mas común que corriente.
El señalamiento apunta a la corporación que encabeza el general Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Américo Villarreal Anaya,responsable de la corporación policial a nivel estatal.
La denuncia: el operativo habría terminado en negociación
De acuerdo con la informacion , elementos de la Guardia Estatal en Reynosa, sede de la matriz de la facción de los «Metros» del Cartel del Golfo, Ómar Zúñiga Honorato, señalado como encargado de la Guardia, habría recibido 280 mil pesos para modificar el procedimiento y el IPH.
Los denunciantes identifican a las tres personas favorecidas como José Manuel Franco Cervantes, José Mauricio Cerecedo Ibarra y Rafael Vázquez Zúñiga. Sostienen que para ser liberados fueron dolosamente registradas por una supuesta «falta administrativa», mientras una cuarta persona quedó ante el Ministerio Público.
Aquí no estamos frente a una errata ni a un policía que se equivocó de ventanilla, sino ante la presunta utilización de documentos públicos para fabricar una versión conveniente de una intervención policial: cambiar los hechos por encargo del Cartel a cuyos lugartenientes abraza el Gobernador y convertir el informe en mercancía.
El IPH no es un menú para que el mando quite ingredientes incómodos. El Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a la policía a informar al Ministerio Público sobre hechos posiblemente delictivos y detenciones, además de emitir sus informes conforme a las disposiciones aplicables. Una instrucción superior no convierte una falsedad en actuación legal.
La boleta de libertad al Cartel del Golfo
Entre las filtraciones aparece la fotografía de documento con membrete de Seguridad Pública Municipal de Reynosa y del Juzgado Calificador, fechado el 31 de octubre de 2026, cuyo asunto es “Boleta de libertad”. El texto ordena dejar en libertad a Rafael Vázquez Zúñiga, José Mauricio Cerecero —así parece leerse en la imagen— y José Manuel Franco Cervantes, y menciona el IPH número 5974490.
El oficio sostiene —de manera presuntamente dolosa y “mañosa”— que no existe señalamiento de una parte afectada que los reclame y deja a salvo la posibilidad de que permanezcan detenidos por otra autoridad o causa, aunque correspondía ponerlos a todos y sin distingo,a disposición del Ministerio Público competente, local o federal.
PLANCHAR el IPH, No es TRAVESURA ADMINISTRATIVA
La conducta denunciada abre varias líneas de investigación penal, cuya clasificación definitiva dependerá de los hechos acreditados y de la legislación vigente al momento de su comisión:
Cohecho: sería una hipótesis central al demostrarse que Ómar Zúñiga Honorato ,jefe de guardia recibió dinero para realizar u omitir actos relacionados con sus funciones.
Falsedad en informes dados a una autoridad: el artículo 255 del Código Penal de Tamaulipas, contempla rendir informes afirmando una falsedad o negando total o parcialmente la verdad. Un IPH deliberadamente mendaz tendría que examinarse bajo esta figura.
Falsificación o uso de documentos falsos: alterar un documento público o utilizarlo a sabiendas de su falsedad puede abrir otra línea en su contra.Aunque no toda mentira documental se clasifica automáticamente de la misma manera.
Posible responsabilidad por omisión: puede ser imputada a un superior ,aunque no basta con señalar su rango. Debe establecerse qué obligación concreta tenía, qué sabía, cuándo lo supo y qué podía hacer para impedir o atender la conducta. El Código Penal estatal contempla condiciones específicas para atribuir resultados por omisión.
En lenguaje menos acartonado: si cobraron para borrar hechos, no “arreglaron el papeleo”; habrían vendido una función pública. Y si alguien ordenó hacerlo, la investigación no puede terminar en la mano que sostuvo la pluma: debe alcanzar a quien dio la orden y esclarecer la responsabilidad del general Arturo Pancardo, cuya actuación debia medirse frente a los principios de honor, valor, lealtad y sacrificio que está obligado a representar.
Una falta administrativa no debe inventarse para esconder un delito; el problema no es que una persona recupere su libertad: el problema sería que alguien hubiera cobrado para falsear las razones de su detención y de su salida.
La acusación alcanza a mandos y a Asuntos Internos
El escrito atribuido a los policías no se limita al presunto receptor del dinero. Solicita investigar a una cadena de funcionarios y les atribuye conductas distintas:
Carlos Arturo Pancardo Escudero: presunta omisión frente a señalamientos difundidos públicamente.
Enrique Dena Salgado, identificado en la denuncia como subsecretario de Operación: supuestos beneficios económicos y omisión ante irregularidades.
José Facundo Pacheco Chablé, mencionado como director de Operaciones: presunta falta de respaldo y protección a los denunciantes.
José Luis Martínez Mata y Joel Mosqueda Martínez, identificados como delegado regional y coordinador municipal en Reynosa: supuesto amparo a la facción Los Metros del Cártel del Golfo y colocación de mandos presuntamente vinculados con esa organización.
Ómar Zúñiga Honorato: el supuesto cobro para alterar el procedimiento.
Nora Ramírez Garza, señalada como titular de Asuntos Internos: cuestionamientos sobre la actuación de esa área.
Son imputaciones que deben clarificarse en vez de darse por indignados
El señalamiento más delicado sobre Asuntos Internos es que Martínez Mata habría asegurado que ya tenía “arreglado” el asunto con Nora y que “no iba a pasar nada”. Los denunciantes también le atribuyen una instrucción para modificar el IPH y excluir su presencia en el lugar.
Esa frase atribuida no demuestra que existiera un acuerdo con la funcionaria. Puede describir un pacto real, una mentira para intimidar o una presunción de impunidad. Precisamente por eso debe investigarse, no repetirse como sentencia.
Si se comprobara, el órgano encargado de limpiar la corporación habría terminado señalado como parte de la lavandería y solo resta indagarlos para exhibir, otra vez, que el Cartel del Golfo tiene comprada la escoba.
Del “trato digno” al presunto informe a la carta
El periódico El Horizonte nos recuerda que, el 9 de junio de 2022, Américo Villarreal anunció una Guardia Estatal que sustituiría a la Policía Estatal, con mayor capacidad de respuesta, capacitación, mejores condiciones laborales y trato digno a la ciudadanía.
El contraste es políticamente demoledor: el medico que iba sanar Tamaulipas prometio dignificar la seguridad y hoy policías de la propia corporación ligados a la compraventa de procedimientos.
La enésima conducta delictiva de la policia exhibe de “puerco completo” a la Guardia Estatal y que no estamos ante un uniforme sucio, sino en una cadena de decisiones: quien presuntamente cobra, quien ordena, quien falsea y quien, teniendo un deber concreto de actuar, protege la maniobra como recien ocurrió en Matamoros.
Que abran el expediente, no otra mesa para esconderlo
La investigación debe preservar el IPH 5974490 y sus antecedentes, identificar quién lo elaboró y firmó, recuperar versiones y registros de modificación si existen, y contrastarlo con las bitácoras de radio, registros de detención, videos de vigilancia oficial, aseguramientos, remisiones y documentos del juzgado calificador. El número visible en la boleta ofrece un punto de partida verificable
También debe esclarecer qué ocurrió con la cuarta persona mencionada y qué hechos se atribuyeron al detenido que suele ser el sujeto de mas poca monta que responde por el resto no como acto de voluntad, sino como una orden mas del Cartel del Golfo a sus vasallos con calidad de «gatos».
Asi se presume que lo hizo el actual fiscal de Justicia de Tamaulipas,Jesus Eduardo Govea Orozco,quien se vio involucrado con el cambio de un detenido de alto rango por otro de baja estofa, cuando fungía como Ministerio Publico en Matamoros para favorecer al Cartel del Golfo y termino en una prision de alta seguridad donde permaneció solo 7 meses, al fin abogado.
Los reiterados señalamientos de protección al Cártel del Golfo, que involucran al gobernador y ahora también al general Pancardo, requieren una investigación profunda por parte de las autoridades federales y militares, sin excluir el escrutinio de sus propias filas ante evidentes complicidades.
Deben probarse los vínculos, los actos de protección y la participación de cada servidor público.
Pancardo y el gobernador Americo Villarreal,también profusamente señalados, deben responder institucionalmente sobre lo ocurrido y sobre la protección a quienes denuncian.
Porque una cosa es que el Estado no pueda sostener legalmente una detención y otra, mucho más grave, que alguien cobre para impedir que pueda sostenerla.
La primera exige revisar el procedimiento. La segunda exige investigar a quienes, un día sí y otro también, convierten la seguridad pública en caja registradora en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y todo Tamaulipas,con tan solo seguir el ejemplo que les da su gobernador.
