n el paraíso turístico de Los Cabos, donde la narrativa oficial vende tranquilidad con vista al mar, la realidad volvió a irrumpir a balazos. Un ciudadano estadounidense muerto, siete personas heridas —incluidos dos militares— y una escena que desmonta, otra vez, el discurso de “control” que repiten las mesas de seguridad como mantra burocrático.
El guion es ya conocido: fuerzas federales detectan “hombres armados” en movimiento, se despliega un operativo, hay una agresión —según la versión oficial— y los elementos castrenses “repelen”.
Traducción operativa: se desata una balacera en zona civil. Resultado tangible: civiles heridos y un extranjero muerto mientras recibía atención médica. Daño colateral, le llaman. Fatalidad, dirán otros. Pero el patrón empieza a parecer menos accidente y más consecuencia.
Porque aquí la pregunta incómoda no es si los presuntos delincuentes dispararon primero —esa será siempre la coartada institucional—, sino por qué el enfrentamiento ocurrió en condiciones donde había población civil expuesta. ¿Falló la inteligencia? ¿Se privilegió la intervención inmediata sobre la contención? ¿O simplemente la consigna es detener —o abatir— sin importar el entorno?
El decomiso posterior —cuatro armas largas, chalecos tácticos, ponchallantas— sirve como trofeo narrativo para justificar el operativo. Pero ningún arsenal incautado compensa el costo político y humano de un civil muerto y varios heridos. La aritmética de la seguridad sigue sin cuadrar: se presume eficacia mientras se acumulan víctimas que no estaban en la ecuación criminal.
Y entonces aparece el segundo acto: el ritual político. Reunión de la Mesa Regional de Seguridad, despliegue reforzado, coordinación interinstitucional. Más uniformes, más patrullajes, más presencia. La respuesta estándar ante un problema que, paradójicamente, muchas veces se agrava con esa misma lógica de reacción inmediata y fuerza expansiva.
El gobernador Víctor Manuel Castro,por cierto férreo defensor del narcogobernador de Sinaloa,Ruben Rocha Moya, asegura que “no bajarán la guardia” y que la seguridad es prioridad. Pero la frase, repetida hasta el desgaste en todo el país, se estrella contra los hechos: un destino turístico que vende exclusividad internacional, pero donde un ciudadano de California puede terminar muerto en medio de un operativo militar.
La constante es inquietante: operativos diseñados para neutralizar amenazas que terminan trasladando el riesgo a los ciudadanos. No es solo un problema de ejecución, sino de enfoque. Cuando la captura o el enfrentamiento se vuelven el objetivo central, la protección del entorno pasa a segundo plano. Y ahí es donde la seguridad deja de ser garantía para convertirse en ruleta.
En Baja California Sur —como en buena parte del país— la narrativa oficial insiste en que todo está bajo control. Pero cada bala perdida, cada civil herido, cada víctima “colateral” desmiente esa versión con una claridad brutal.
Porque al final, más allá de los comunicados y los decomisos, hay una realidad imposible de maquillar: en este operativo, a los inocentes también los alcanzaron.
«Asi pasa cuando se privilegian las capturas por encima de la obligación legal de dar seguridad»
Con informacion: ELNORTE/
