«GOBIERNO al MINIMO y NARCO al MAXIMO»: «PARTE de GUERRA 2025 PRESUME NUMEROS a la BAJA en MEDIO de MONTAÑA de CADAVERES y MAYOR CONTROL del NARCO»…el crimen organiza, administra y castiga.

El parte de guerra oficial de 2025 dice que México “está más en paz” porque bajaron los homicidios, pero el país huele más a fosa, a extorsión y a territorio administrado por cárteles que a Estado de derecho.

Parte de guerra maquillado

• El gobierno presume una reducción cercana al 40% en homicidios: de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 54.5 en octubre de 2025, como si la sangre cotizara a la baja en la mañanera.
• Mientras celebran la gráfica, el año cierra con casi 14 mil personas que siguen desaparecidas y 33 mil 814 denuncias por desaparición hasta el 26 de diciembre de 2025.

País de desaparecidos, no de muertos

• Las denuncias se parecen a las de 2024, pero las personas que siguen desaparecidas aumentaron casi 11%, porque la desaparición ya es una estrategia: borra el cuerpo, desaparece el delito y condena de por vida a las familias.
• Hasta buscar se volvió deporte de alto riesgo: desde 2014 han asesinado al menos a 16 personas buscadoras, 11 de ellas madres, por atreverse a hacer el trabajo que el Estado abandona.

Territorios administrados por el narco

• Jalisco ofrece la postal perfecta del horror normalizado: el rancho Izaguirre como sitio de desaparición, exterminio y posible adiestramiento criminal, y fosas cerca del estadio Akron, al lado de donde se jugará el Mundial, para que el turismo tenga su “experiencia inmersiva”.
• En Culiacán, la guerra interna entre mayitos y chapitos convierte la ciudad en un tablero donde la vida cotidiana depende de disputas que nadie controla: balaceras, bloqueos, hospitales atacados y escuelas llenas de niños con ansiedad como parte del paisaje.

Economía narca y política desechable

• En Uruapan la ley es simple: emprender significa pagar cuota, cerrar o huir; la extorsión es sistema de control territorial, no excepción.
• El asesinato del alcalde Carlos Manzo, tras pedir ayuda hasta diez veces al gobierno, y el homicidio del líder limonero Leonardo Bravo dejan claro el mensaje: ni el poder político ni el motor económico local están fuera del tiro de gracia.

Guerra de laboratorio: drones, minas y agua robada

• En Michoacán, el crimen ya juega guerra moderna: drones con explosivos, minas antipersona y coches bomba; al menos 26 eventos de violencia explosiva en la región de Apatzingán desde 2022 dejaron 33 personas muertas y 46 lesionadas, incluido un niño de dos años.
• Diez víctimas de minas explosivas hasta mayo, una cada 14 días, y comunidades enteras desplazadas porque sus pueblos se volvieron campos minados en disputa por tierra y aire.

El narco 4.0 y el huachicol de agua

• El reclutamiento ya no es en la esquina sino en TikTok, videojuegos y mensajería: adolescentes enganchados por algoritmos, precariedad y ausencia del Estado, y un aumento notable de desapariciones como costo colateral.
• Y cuando parecía que ya se había saqueado todo, llega el huachicol de agua: redes criminales, algunas ligadas a cárteles, toman pozos, acueductos y sistemas de distribución en zonas con sequía, y revenden el agua bajo esquemas de extorsión, con autoridades coludidas mirando hacia otro lado.

Estado mínimo, crimen máximo

• El mapa de la violencia ya no se dibuja solo con homicidios y balaceras, sino con pueblos desplazados, ciudades sitiadas, economías completas bajo extorsión y un recurso vital como el agua administrado por grupos armados.
• En este parte de guerra, el Estado presume número bonito mientras el crimen organiza, administra y castiga; la verdadera normalización no está en las cifras, sino en que el país se acostumbre a vivir en una guerra que oficialmente, claro, va “a la baja”.

Con informacion: ANIMAL POLITICO/

LA «MEDALLA NEGRA de TAMAULIPAS»: «CAMPEON NACIONAL 2025 de la GUERRA LEGAL donde el ESTADO MATA TANTO,TAN CONCENTRADO y TAN SEGUIDO»…y Reynosa año tras año, como si fuera política pública y no anomalía.

Tamaulipas es el campeón nacional de la “guerra legal”: donde el Estado mata tanto, tan seguido y tan concentrado, que ya ni cabe en las categorías oficiales de la tragedia.

Tamaulipas, laboratorio de la letalidad

• Las muertes clasificadas como “operaciones legales y de guerra” —es decir, cuando quien dispara o agrede es el propio Estado— tuvieron en 2024 el mayor brinco de todo el país, al pasar de 29 a 82 víctimas en un año.
• En ese mapa torcido de la violencia, Tamaulipas se lleva la medalla negra: concentra el 74% de todas esas operaciones legales y de guerra registradas a nivel nacional en el periodo 2018-2024.

Un país, tres estados, y el resto mirando

• Entre 2018 y 2024, casi tres cuartas partes de estas muertes están en solo tres entidades: Tamaulipas (259 víctimas), Zacatecas (31) y Coahuila (16); el resto del país es casi decorado estadístico.
• Diez estados no registraron ni una sola víctima en esta categoría y nueve tuvieron menos de cinco, lo que vuelve a Tamaulipas un caso extremo incluso dentro de la normalización mexicana de la violencia.

Reynosa: muerte oficial en dosis constantes

• Dentro de Tamaulipas, Reynosa aparece una y otra vez con víctimas de “operaciones legales”, año tras año, como si fuera política pública y no anomalía.
• Lo inquietante es que Reynosa ni siquiera es el municipio con más homicidios de la entidad, lo que sugiere un problema específico de cómo y cuándo pega la fuerza del Estado, no solo del crimen.

El Estado que mata y no explica

• En los registros de estas muertes apenas se sabe si fue arma de fuego, fuerza corporal u objeto punzocortante, pero no qué demonios de “operación legal” se hizo, ni por qué terminó en cadáver.
• Para rematar, hay casos en otros estados clasificados como “ejecución legal”, una figura que no existe en la ley mexicana pero sí en las estadísticas, como si alguien hubiera decidido normalizar por teclado lo que no puede justificar en tribunales.

Tamaulipas como síntoma, no excepción

• El repunte de estas muertes en 2024 y su concentración crónica en Tamaulipas vuelven urgente exigir transparencia, controles civiles y supervisión real sobre el uso de la fuerza estatal.
• Mirar solo el homicidio común deja fuera este otro frente: un país donde la “guerra” no solo se libra contra el narco, sino también contra la ciudadanía, y Tamaulipas es el espejo más incómodo de esa deriva.

Con informacion: ANIMAL POLITICO/

"GOBIERNOS SATRAPAS se QUITARON la MASCARA contra la PRENSA y el 2025 TERMINÁRA como SI VIVIERAMOS en la REPUBLICA BOLIVARIANA de VENEZUELA"...presumen democracia, pero necesitan de tribunales para hacer callar.

La censura que el gobierno jura que no existe ya no llega con soldados cerrando redacciones, sino con jueces, fiscalías y códigos penales convertidos en garrote “legal” contra quien se atreva a hablar de sus desvíos de conducta, que por cierto son muchos y muy frecuentes.

La semana en que la censura se quitó la máscara

• En Puebla, al periodista Rodolfo Ruiz, director de e-Consulta, lo sientan en el banquillo por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un expediente viejo que casualmente se reactivó después de que su medio publicara investigaciones sobre corrupción en el gobierno estatal. No lo encarcelan, pero lo ahogan con medidas cautelares, comparecencias periódicas y desgaste judicial: censura por asfixia burocrática. 
• En Veracruz, al reportero de nota roja Rafael León Segovia, Lafita, lo detienen agentes ministeriales y militares, y la Fiscalía le cuelga delitos de terrorismo y ataques a la seguridad pública sin explicar en qué demonios se sostiene la imputación, mientras un juez obedece y le impone prisión preventiva oficiosa. El mensaje es brutalmente claro: informar sobre crimen organizado en Coatzacoalcos te puede costar la libertad. 
• En Michoacán, por primera vez, una ciudadana es detenida por publicaciones en redes sociales, acusada de “ataques al honor” de un funcionario municipal en Facebook, tras una investigación que incluyó rastreo de perfiles, orden de aprehensión y ejecución puntual. El precedente es tóxico: criticar a un servidor público en internet ya es tratado como delito, no como derecho. 

2025: el año de la mordaza con sello oficial

• Lo de esta semana no es un accidente, es la continuidad de un patrón de 2025 donde la censura dejó de disparar balas y empezó a tramitar expedientes, apoyada en juzgados, fiscalías y leyes ambiguas que simulan legalidad mientras rompen la libertad de expresión. 
• La presidenta Claudia Sheinbaum copia el guion de López Obrador y repite que en México ya no hay censura ni persecución, justo cuando crece el uso del aparato del Estado para perseguir periodistas y ciudadanos incómodos; el discurso de “ya no pasa” convive con casos que lo desmienten día tras día.

Gobernadores, jueces y fiscales: el nuevo escuadrón de silencio

• En Campeche, la gobernadora Layda Sansores lleva la censura a niveles nicaragüenses: un tribunal ordena censura previa contra el periodista Jorge Luis González y el diario Tribuna, obligándolos a mandar cualquier texto que la mencione a revisión judicial antes de publicar, mientras la Fiscalía exige a un medio los nombres de reporteros y editores de notas críticas bajo amenaza de sanciones. Eso no es una opinión del poder, es una orden oficial para controlar la pluma. 
• En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta impulsa la llamada “Ley Censura”, reformas penales con figuras elásticas como “ciberasedio” que permiten castigar publicaciones en redes sociales, mientras, en paralelo, se abre proceso penal contra Rodolfo Ruiz tras exhibir corrupción estatal; ley y expediente se vuelven piezas del mismo mecanismo de intimidación. [1]
• En Tamaulipas, Tania Contreras, hoy presidenta del Poder Judicial, denuncia al periodista Héctor de Mauleón por violencia política de género a raíz de una columna que menciona posibles vínculos familiares con redes de huachicol, y la autoridad electoral responde ordenando bajar la columna y después imponiendo censura previa: De Mauleón no puede volver a escribir sobre ella sin permiso judicial. 
• En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, va contra el portal Acapulco Trends, y el tribunal ordena disculpas públicas diarias durante 15 días, cursos obligatorios, multas y registro del periodista como agresor de género, todo por publicaciones críticas de su gestión; la sanción no repara nada, solo busca humillar y mandar un escarmiento a cualquiera que piense escribir algo similar. [1]
• En el caso “Dato Protegido”, una ciudadana, Karla Estrella, es castigada por un tuit donde cuestiona nepotismo político, obligada a publicar disculpas durante 30 días con texto dictado por la autoridad y a inscribirse en un registro de sancionados, pese a no ser periodista ni candi era solo una ciudadana opinando, y el sistema decidió convertirla en ejemplo disciplinario. 

La ley como arma, no como escudo

• La censura en México ya no necesita cerrar medios ni desaparecer reporteros para imponer miedo: usa demandas, medidas cautelares, registros de sancionados y tipos penales mal definidos para convertir la libertad de expresión en un campo minado donde cualquier paso puede ser delito.
• Según Artículo 19, el acoso judicial contra periodistas alcanza en 2025 su máximo histórico, y casi la mitad de los casos se sostienen en acusaciones de violencia política de género, una figura creada para proteger derechos que el poder retuerce para silenciar críticas y blindar a funcionarios de la incomodidad del escrutinio. 

Lo que viene si nadie frena esto

• Pensar que esto solo le pasa a periodistas es una trampa: la censura ya alcanzó a una tuitera, a una usuaria de Facebook y seguirá con quien marche por vivienda, por trabajo digno o por seguridad, porque si el poder se acostumbra a castigar con la ley a quien habla, nadie está realmente fuera de peligro. 
• México no es Nicaragua ni Venezuela, pero se desliza por una pendiente donde ya no se prohíbe hablar, se castiga por hablar, y la censura legal de 2025 se está normalizando como práctica en expansión que, una vez instalada, es muy difícil revertir; el gobierno que presume democracia empieza a parecerse demasiado al régimen que necesita tribunales para callar a su propia gente. 

Con informacion: EMEEQUIS/

A «POLICIAS se les MURIO EX-POLICIA»: «INDAGAN a FUERZA CIVIL por PUNIBLE INTERROGATORIO que TERMINÓ en ACTA de DEFUNCION de DETENIDO»…presuntamente ligado a criminales Zacatecanos.

La Fiscalía General de Justicia investiga la muerte de un supuesto ex policía de Fuerza Civil que con otros dos hombres que eran buscados por asesinatos en Zacatecas, fueron detenidos precisamente por policías de dicha corporación, en el Centro de la Ciudad.

Detectives del Grupo de Homicidios indagan la muerte de Jesús, de 36 años, de quien su familia afirmó fue elemento de la Policía Estatal, hecho que la corporación no confirmó y tampoco desmintió.

Los hechos incómodos

La Fiscalía dice que investiga la muerte de Jesús, 36 años, supuesto ex elemento estatal, detenido junto con Miguel y Emilio por Fuerza Civil en pleno Centro, a bordo de una GMC Denali blanca. A los tres les colgaron 65 dosis de mariguana y 58 de cristal, pero sólo dos llegaron vivos a la Fiscalía de Narcomenudeo; el tercero terminó en el Hospital Universitario, donde lo declararon muerto tras “sentirse mal” en el traslado.

Detectives de Homicidios ahora indagan si el ex policía murió por asfixia, mientras la corporación se hace bolas para confirmar o desmentir si alguna vez fue suyo. La versión extraoficial: se les pasó la mano “exprimiéndolo” y el interrogatorio terminó en acta de defunción, mientras la investigación oficial sigue en “espera de estudios patológicos”.

Hermetismo de manual

El caso se manejó con el clásico hermetismo de ventanilla: silencio hasta que se filtra y sólo entonces sueltan migajas de información. Fuerza Civil anunció la suspensión de los policías involucrados, sin atreverse a decir cuántos son, ni qué hicieron exactamente, porque la transparencia, ya se sabe, es opcional.

La Fiscalía Especializada en Homicidios tomó el expediente de Jesús, mientras que Narcomenudeo se quedó con Miguel y Emilio, presuntos integrantes de un grupo criminal zacatecano ligado a ejecuciones de funcionarios y civiles. Sobre quién mató a quién y cómo, todos se lavan las manos con comunicados y “fuentes” que hablan en susurros.

El ex policía y su sombra

Una fuente policial filtra que Jesús no era un ex cualquiera: lo señalan como presunto escolta de Miguel, señalado a su vez como líder criminal que opera desde Zacatecas. Así, el relato oficial queda perfecto: él ya venía podrido de fábrica y si se murió en el camino, casi casi fue accidente administrativo.

Mientras la causa de muerte queda congelada a la espera de dictámenes, la etiqueta de “malandro” se coloca en automático para justificar todo lo que pasó entre la patrulla, la Agencia Estatal de Investigaciones y la cama del hospital. En esa ruta, lo único que se diluye es la línea entre investigación y castigo extrajudicial.

Foro público, conciencia en saldo

Los comentarios ciudadanos completan la escena: “Háganle un corrido, y a lo que sigue”, “una lacra menos”, “nadie lo va a echar de menos”, como si la vida fuera un like más en la nota roja. Entre la burla y el aplauso, se normaliza que a alguien se le “muera” un detenido en el traslado, porque al fin que “uno menos, debieron ser todos”.

Otros preguntan lo obvio: “¿Se les muere o lo mataron?” y recuerdan que “todos sabemos qué pasó: se les pasó la mano a los polis tratando de exprimirlo”. En el nuevo Nuevo León, el ranking de homicidios convive con el espectáculo de una Fuerza Civil que presume suspensión de elementos mientras esconde sus patrullas detrás del hermetismo oficial.

Con informacion: ELNORTE/

«OTRA VEZ los CHINGADAZOS de RUTINA»:»BARBARIE UNIFORMADA EXHIBE POLICIAS de NUEVO LEON en PLENA FAENA con la MACANA»…el tolete no piensa,ellos tampoco.

Otra vez la misma realidad lastimosa de siempre volvio a exhibir a la policía primitiva de Escobedo,en Nuevo León,donde un par de gendarmes hicierono gala de lo que parece un infinito talento para avergonzar el uniforme a golpe de macanazos a ciudadanos.

La escena transcurrio en la Carretera a Laredo, colonia Puerta de Anáhuac. Un ciudadano ya está en el suelo, sometido, inmóvil. Pero eso no detuvo a uno de los “guardianes del orden”, quien, armado con su macana (porque pistola ya hubiera sido demasiado), le suelta una golpiza en las piernas como si se tratara de una piñata rebelde antes del 15 de septiembre. Todo frente a la unidad Proxpol 991, por si hacía falta dejar constancia del nivel institucional de la estupidez.

El Municipio, en su clásico reflejo burocrático, reaccionó con la misma velocidad con la que uno actualiza su estado de Facebook: emitieron un comunicado a las 22:15 horas, separando “temporalmente” al agresor mientras la Unidad de Asuntos Internos “investiga”. Qué conmovedor que aún crean que eso transmite confianza. Por si fuera poco, el mismísimo secretario de Seguridad, Marco Antonio Zavala Solís, grabó su propio videíto en Facebook, confirmando lo que ya todos sabíamos: que sus subordinados necesitan más neuronas que macanas.

La versión oficial —porque siempre hay una— dice que el ciudadano estaba causando daños a un poste y que, al parecer, lo iba a quemar. Qué conveniente. Y aunque el hombre quizá sí merecía una detención, lo que no merecía era convertirse en saco de boxeo municipal.

Y todo esto solo unas semanas después de otro episodio similar en Juárez, donde policías de Fuerza Civil se lucieron con patadas y puñetazos contra un joven intoxicado. Parece que la verdadera coordinación policial consiste en sincronizar sus abusos.

Tal vez lo que debería investigarse no es solo un “caso aislado”, sino un patrón perfectamente estructurado de brutalidad institucional. Porque cuando la fuerza pública olvida el adjetivo “pública” y se queda solo con la “fuerza”, lo que queda no es seguridad: es barbarie uniformada.

Con informacion: ELNORTE/

«DESGLOSE de TRANSAS sobre RIELES»: LA «MARINA PAGÓ MAS de 20 MILLONES de PESOS por OBRAS NO REALIZADAS en el TREN de la MUERTE»…pero esperen el castigo sentados, el Secretario de Marina es el enlodado.

La Secretaría de Marina pagó más de 20 millones de pesos por trabajos no llevados a cabo y obras que no cumplían con las condiciones establecidas en los contratos, de acuerdo con la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 2022-0-13100-22-0344-2023, que practicó la Auditoría Superior de la Federación.

La Silla Rota consultó a la revisión a la manera en que la Marina ejerció el gasto para construir y equipar instalaciones navales en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en los estados de Veracruz y Oaxaca, y encontró que las observaciones por más de 20 millones de pesos equivalen al 12% de los 160 millones ejercidos en esas obras.

Tras el descarrilamiento del tren Interoceánico ocurrido el domingo 28 de diciembre, que provocó la muerte de 13 personas y heridas a 98 más, La Silla Rota dio a conocer que la propia ASF encontró fallas de diseño en la ruta del tren, que presenta curvas pronunciadas, pendientes considerables y condiciones que dificultan la operación ferroviaria, además de que necesita protocolos de operación estrictos.

La auditoría encontró pagos duplicados por 373 mil de pesos por pintura en la estación naval en Texistepec, Veracruz, además de deficiencias de calidad en su ejecución; también pagos en exceso por 453 mil pesos porque no se acreditó ni justificó el uso de equipos y materiales considerados en diversas obras.

La Marina también pagó 977 mil 300 pesos por colocación de muro de block, firme de concreto, reflector led, piso de loseta, banqueta, estuco y pintura en los destacamentos de Patio Pearson en Tehuantepec, Ixtepec, Matías Romero, Oaxaca, y en Texistepec.

También se pagó un millón 778 mil pesos por un proyecto ejecutivo de las estaciones, así como derechos, estudios, permisos y licencias, pero se entregaron los recursos a los contratistas sin que existieran documentos que comprueben su elaboración.

Pagos fantasmas, obras deficientes

Los investigadores de la ASF acudieron a los sitios en los que presuntamente se llevaron a cabo los trabajos y ahí encontró que no había evidencia de haber hecho formación y compactación de terraplenes por los que se gastaron 4 millones 218 mil pesos.

“Los generadores no contienen la ubicación de los trabajos ejecutados, cadenamientos, secciones, cortes transversales ni fotografías, que acrediten la ejecución, dimensiones y volúmenes pagados; asimismo, las pruebas de laboratorio no justifican el volumen colocado; además, algunas no cuentan con firmas y no corresponden a la empresa que ejecutó la obra, y el reporte fotográfico y los videos no coinciden con el área pagada”.

Marina entregó reportes topográficos ilegibles que no pudieron consultarse para determinar espesores, anchos y áreas, además los generadores no fueron los mismos que se presentaron en las estimaciones que se autorizaron para pago, y los reportes no llevaban firmas de quien elaboró y autorizó.

Se visitaron las estaciones navales de Patio Pearson, en Tehuantepec, Ixtepec, Matías Romero, Oaxaca; y Medias Aguas y Texistepec, Veracruz, para comprobar si se colocaron canalón de lámina galvanizada, guarnición, pintura en guarnición, sistema de pararrayos, planta de emergencia y otras instalaciones, por las que se pagaron 4 millones 529 mil pesos.

El dictamen del organismo fiscalizador del Congreso señala que los trabajos “no cumplieron con la calidad conforme al contrato, especificaciones, proyecto, matrices de precios y convenio en términos y condiciones. De manera general los destacamentos y estaciones navales presentan deficiencias en su ejecución”.

Comprobaciones alteradas

Como establece la ley, la Secretaría de Marina dispuso de un periodo para aclarar las observaciones del hizo la ASF, no obstante, las objeciones a los pagos por más de 20 millones se sostuvieron porque los documentos e informes entregados mostraban inconsistencias.

Por ejemplo, en la observación a los pagos duplicados por pintura, no se proporcionó documentación que muestre que se descontó al contratista el monto erogado. “Únicamente se modificaron los conceptos, volúmenes y precios unitarios para que resultara en cero, además de que se detectaron inconsistencias en dicho documento, como conceptos que no se encuentran en el catálogo original”.

Esa misma práctica se presentó en los defectos de construcción en las estaciones navales de Patio Pearson, Ixtepec, Matías Romero y Texistepec.

El mayor monto observado fue de 7 millones 829 mil pesos por trabajos que no se ejecutaron en baños, dormitorios e instalaciones en general en las estaciones navales de Oaxaca y Veracruz. Para justificar los gastos, la institución recurrió a la misma mecánica que rechazaron los auditores.

“Únicamente se modificaron los conceptos, volúmenes y precios unitarios para que resultara en cero, además que se detectaron inconsistencias en dicho documento, como conceptos que no se encuentran en el catálogo original, es decir, no autorizados, modificaciones a los precios unitarios que fueron considerados como no previstos en el catálogo original, y errores aritméticos”.

El reporte concluye que la Secretaría de Marina avaló y autorizó trabajos que no cumplieron con la calidad conforme al contrato, especificaciones, proyecto, matrices de precios y convenio en términos y condiciones.

“En términos generales, los destacamentos y estaciones navales presentan deficiencias en su ejecución y (…) no se acreditó que la entidad fiscalizada llevara a cabo las acciones necesarias para que la contratista cumpliera con la calidad requerida conforme al contrato”.

Contexto: de acuerdo con documentos de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que depende de la Secretaría de Marina, el gobierno federal gastó al menos 65 mil millones de pesos en la construcción del tren Interoceánico, así como en la compra de equipos ferroviarios, como locomotoras y vagones de pasajeros.

El gobierno adquirió equipos con hasta 50 años de antigüedad que ya habían salido de circulación en Inglaterra para utilizarlos en el ferrocarril que une localidades del Golfo de México, como Coatzacoalcos, Veracruz, con las del Pacífico, como Tehuantepec.

El recorrido de 220 kilómetros la Línea Z del Interoceánico, que va de Coatzacoalcos a Salina Cruz, Oaxaca, se recorre en unas siete horas, de acuerdo con los directivos del FIT.

Con informacion: LASILLA ROTA/

«NO le ECHÓ la MANO al PAISANO…lo ASALTÓ»: LA «POLICIA de la FGR de ERNESTINA y HARFUCH lo ROBÓ en RETEN USANDO la CREDENCIAL de la REPUBLICA como LICENCIA para ATRACAR»…y se repite con todos los uniformes, de manera uniforme.

Un agente de la Policía Federal Ministerial convertido en asaltante con gafete oficial, cazando paisanos en la carretera como si la ley fuera su cajero automático personal. Ese “te voy a echar la mano… ¿me quedo con los dólares?” es prácticamente una confesión grabada en HD.

Qué se ve en el video

• Retén en carretera del norte, con carpas y pick up rotulada “policía federal ministerial / FGR”, donde paran vehículos con placas extranjeras y revisan a paisanos que regresan de Estados Unidos con dólares en efectivo.
• El agente interroga al conductor sobre origen, destino, residencia y hasta quién le llenó el pedimento, rebasa por completo una simple revisión y se mete directo a la vida patrimonial del viajero.
• Luego revisa el interior de la camioneta, cuenta billetes y suelta la frase estrella: “Te voy a echar la mano, pero quiero saber cuánto llevas… ¿me quedo con los dólares? Son 100… dale pues, ponte tus cosas”, dejando claro que no es apoyo, es cobro por dejarlo ir.

El rosario de delitos

• Cohecho: el servidor público que solicite o reciba dinero para hacer u omitir un acto propio de su cargo comete delito de cohecho, según el artículo 222 del Código Penal Federal. Aquí el agente condiciona permitir el paso (“te dejo ir”) a cambio de quedarse con los dólares, cohecho textual.
• Extorsión: exigir dinero mediante presión aprovechando una situación de poder sobre la víctima encaja en la figura de extorsión prevista en los códigos penales aplicables, cuando se obliga a entregar efectivo para evitar un “mal mayor” como la detención o el aseguramiento del vehículo.
• Abuso de autoridad: comete abuso de autoridad el servidor que, sin necesidad ni fundamento legal, ejerce sus funciones de forma arbitraria contra un particular, por ejemplo usando un retén para intimidar y obtener un beneficio económico.

Violaciones a facultades y derechos

Los retenes deben estar debidamente fundados, con personal identificado, motivo claro y sin revisión invasiva de pertenencias ni exigencia de efectivo; los testimonios en Chihuahua o Tamaulipas describen retenes donde lo único sistemático es la cuota de 100 a 200 dólares para “dejar seguir”.

El paisano tiene derecho a circular libremente, a no ser obligado a declarar sobre su patrimonio sin procedimiento formal, y a no ser despojado de su dinero sin orden escrita, todo ello violentado cuando el agente lo acorrala en la orilla de la carretera para negociar su libertad a billetes limpios.

No se necesita abogado para ver el nivel de rata del agente

Cualquier abogado aun sin traje italiano lo pondría así: el agente, en su calidad de servidor público federal, solicitó y recibióuna dádiva en efectivo para abstenerse de detener el vehículo, lo que actualiza cohecho, extorsión y abuso de autoridad, con destitución, inhabilitación y prisión en el menú de sanciones.

Traducido al castellano de carretera: el tipo no “echó la mano”, se robó los dólares con la pistola institucional detrás de la espalda, usando la credencial de la República como si fuera licencia para asaltar paisanos en plena temporada decembrina.

No se debe de perder de vista, que los agentes de la Policia Ministerial ahora operan bajo ordenes de manos colocados por Omar García Harfuch en la FGR a cargo de Ernestina Godoy.

Con informacion: @Redes/

EL «SI SABE de BIENESTAR»:» EDIL del PT ALIADO de MORENA DESCARGÓ 24 MIL CERVEZAS para el BIENESTAR del PUEBLO y las EXHIBE con ORGULLO»…fue acusado en narcomantas y sobrevivió ataque a plomazos.

En Amacuzac, Morelos, acaba de inventarse un nuevo modelo de política social: el Programa de Hidratación Popular con Alcohol Etílico al 4.5%. Su principal impulsor, el recién reestrenado alcalde Noé Reynoso Nava del Partido del Trabajo aliado de Morena.

El edil amaneció enfundado en el traje de benefactor del pueblo, mostrando con orgullo mil charolas de cerveza que, según él, asegurarán “el bienestar» durante la fiesta patronal. Mil charolas, léase bien: unas 24 mil latas. Si eso no es previsión, que venga el mismísimo Gambrinus (rey mitológico de la cerveza) a corregirlo.

El edil, con tono de influencer en campaña, grabó un video desde las oficinas del partido —como quien presume las compras del fin de semana—, mientras detrás se ve a su equipo “bajando los refrigerios” de una camioneta roja. No cualquier refrigerio, claro: de esos que en exceso hacen que el bienestar se tropiece y se acueste temprano. “Ya ven que con la calorcita hace mucha sed”, dijo Reynoso, y en eso, nadie miente: Morelos puede arder en enero, aunque no tanto como Twitter cuando el pueblo vio al alcalde usar transporte municipal para repartir chelas a la sede partidista.

La inversión, según números fríos (porque las cervezas no), ronda los 490 mil pesos. Nada mal para un municipio que lleva años considerado “foco rojo” de inseguridad. 

Pero Reynoso es un hombre que conoce el peligro: sobrevivió a un atentado en 2019, ha sido acusado, amenazado y hasta destituido. Así que, después de tanto plomo y política, tal vez encontró alivio en el lúpulo.

Noé Reynoso Nava regresó a la Alcaldía este 1 de enero de 2025 para un segundo periodo (2025-2027), bajo la promesa de devolver la seguridad a un municipio que ha sido calificado históricamente como «foco rojo».

En su trayectoria política figuran incidentes violentos y controversias judiciales. El 17 de septiembre de 2019, Reynoso fue atacado a balazos en el centro de Amacuzac. Recibió impactos en la cabeza y el hombro, lo que lo dejó en estado grave.

Por este hecho fueron vinculados a proceso Alexis Oswaldo «N», hijo de Santiago Mazari «El Carrete» (líder del grupo criminal Los Rojos), y el entonces secretario municipal, Gabriel «N».

Durante su primera gestión (2012-2015), Reynoso fue vinculado mediante mantas con el grupo Guerreros Unidos, aunque posteriormente fue blanco de amenazas de muerte por parte de la misma organización.

En septiembre de 2015, poco antes de concluir su primer mandato, fue destituido por orden de un Tribunal tras negarse a pagar un laudo laboral de más de 1.1 millones de pesos que arrastraba el municipio desde 2004.

De los refrigerios al refrigerio mental

El alcalde promete devolver la seguridad, pero empezó devolviendo la alegría enlatada. Tal vez la seguridad moral y la presupuestaria puedan esperar a que pase la fiesta patronal del día 12, cuando, si todo sale como él dice, “nadie se quedará sin tomar un buen refrigerio”. La frase tiene algo de programa social y algo de brindis de boda.

Pero aquí vale la pena detener la carcajada y abrir el análisis: ¿de verdad la cerveza puede considerarse un refrigerio más saludable que un refresco? Pues, aunque parezca broma, depende de a quién le preguntes y cuántas te tomes.

Ciencia, sin espuma

Desde el punto de vista médico, una lata de cerveza (330 ml) contiene menos azúcar que una lata de refresco: aproximadamente 1.5 gramos de carbohidratos por cada 100 ml, frente a 10 gramoso más en un refresco común. En calorías, la diferencia también favorece a la cerveza ligera. Además, contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B y antioxidantes naturales derivados del lúpulo y la malta.

Pero (y aquí viene la parte amarga), la cerveza tiene alcohol etílico, y eso cambia todo. Su consumo excesivo daña el hígado, compromete la coordinación y, en zonas con altos índices de violencia, suele ser un acelerante del conflicto más que un bálsamo. En cambio, los refrescos son puro azúcar líquida, responsables de obesidad, diabetes tipo 2 y problemas metabólicos a largo plazo.

Así que, si uno quisiera discutir científicamente qué es “menos malo”, la cerveza ganaría… pero solo por puntos técnicos y bajo supervisión médica. En términos sociales, ninguno es símbolo de bienestar: uno dispara el índice glucémico, y el otro puede disparar el índice de riñas.

Conclusión del especialista: ni chesco ni chela son política pública. El bienestar del pueblo no se tapa con espuma ni se endulza con jarabe de maíz. Lo que hace falta en Amacuzac no son mil charolas, sino mil razones para creer que la fiesta algún día se organizará por seguridad y no por olvido.

Con informacion: ELNORTE/e-consulta