En Michoacán ya ni se molestan en disimular: el narco montó su propio Amazon de armas en WhatsApp y las autoridades van persiguiendo stickers mientras en los chats se venden cuernos de chivo como si fueran ollas Tupperware.
El tianguis de la muerte… por WhatsApp
Catálogo completo: R-15, “cuerno de chivo”, fusiles y “serpientes de fuego”, nuevas, usadas, automáticas, lo que el cliente pida.
Ofertas de temporada: caja a granel para R-15 en 1,300 pesos, combos de munición en 550 pesos, porque hasta el tráfico de armas entiende de promociones.
Todo en un grupo de 138 miembros, creado por administradores con lada de Uruapan y Zitácuaro, como si armar a medio estado fuera una tanda de Navidad.
No solo balas: el zoológico criminal
Entre rifle y rifle, alguien ofrece un cachorro de tigre blanco en Morelia, como si fuera perrito para la casa de campo.
También circulan vehículos robados: un SEAT Arona robado de una madrina lo rematan en 50 mil pesos, ganga para quien no pregunte de dónde salió.
El mapa del “servicio a domicilio” incluye Lázaro Cárdenas, Parácuaro, Apatzingán, Paracho, Uruapan y Morelia, zonas donde mandan CJNG, Los Viagras, los casi extintos Blancos de Troya y los Caballeros Templarios que en el pasado han sido aliados de la estrategia federal que fue parte del problema y otra vez «dice»e los combate.
Cifrado, pretexto perfecto
WhatsApp presume su cifrado de extremo a extremo: solo emisor y receptor pueden leer, ni Meta ni terceros, y el narco agradece el servicio premium de discreción.
Las autoridades dicen que solo pueden entrar si hay denuncia, mientras los grupos criminales aprovechan para traficar armas y otros delitos “de igual o mayor gravedad”.
Policía cibernética: patrullaje a ciegas
La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Michoacán aseguran que detectan y desmantelan grupos “desde adentro” con ciberpatrullaje y usuarios simulados.
La Policía Cibernética explica que canaliza denuncias, coordina con la fiscalía y luego con la FGR cuando el delito no es de su competencia, un pase de balón burocrático digno de final de liguilla.
No dan datos de cuántos grupos han tumbado ni qué vínculos tienen con el crimen organizado, pero sí admiten que crecieron fraudes, amenazas y violencia digital en la intimidad sexual.
Mientras tanto, los jóvenes
Dicen que no han detectado reclutamiento por WhatsApp en Michoacán y que ni siquiera está tipificado en el Código Penal del estado, así que si pasa, jurídicamente casi que no existe.
La apuesta oficial son foros “Desconéctate y Reconéctate” para que los jóvenes no caigan como blanco fácil de la delincuencia organizada, mientras en los chats se siguen ofreciendo rifles en combo con cargadores.
México se quedó fuera de la fiesta antinarco de Trump celebrada en Florida y en Palacio Nacional nadie trae ni el memo ni la dignidad para discutirlo.
Florida arma el “club antinarco”
En Doral, en el Comando Sur, se armó la primera “Conferencia de las Américas contra los cárteles” con casi 20 países firmando que se alinean con Washington para irse “a la ofensiva” contra el narco.
En la foto salen Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Honduras y compañía; México, Colombia y Brasil brillan por su ausencia como si fueran los tíos incómodos a los que ya no invitan a las reuniones familiares.
El “Escudo de las Américas”
Esto fue apenas el aperitivo: el plato fuerte es en Florida, con Trump coronándose como jefe del bloque “Shield of the Americas”.
A esa cita sí fueron Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa, entre otros mandatarios .
Sheinbaum, fuera de cuadro
En la lista de jefes de Estado invitados no aparece Claudia Sheinbaum; la presidenta de México está tan fuera del círculo de confianza de Trump que parece que a Washington ya le dio por hablar de narco… sin hablar con el país del narco.
Cuando le preguntan en la mañanera, Sheinbaum balbucea que “hay que ver cuál es el objetivo de la reunión”, como quien opina de una serie que no ha visto pero no se quiere ver tan perdida.
El tono: ya no son “cárteles”, son ISIS
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, advierte que si los países no se alinean, Estados Unidos está listo para irse solo a la ofensiva, como sheriff de hemisferio harto de alcaldes locales corruptos.
Stephen Miller remata comparando a los cárteles con ISIS y Al Qaeda y sentencia que estas organizaciones “solo pueden ser derrotadas con poder militar”, infiriendo que el derecho penal ya es como pistola de agua contra lanzacohetes.
México: ni aliado, ni contraparte, ni invitado
Mientras Trump arma una coalición militarizada, firma declaraciones conjuntas e insiste la “paz a través de la fuerza”, México está fuera del cuarto donde se reparte el futuro del combate al narco en el continente.
Entre los que se suben al tren y los que se bajan por ideología, México hace lo más triste: ni se sube, ni se baja, simplemente no está; y en la narrativa regional contra el narco, eso equivale a no existir.
En 2024, Andrés Manuel López Obrador escribió una carta a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. En ella, el ex presidente hizo una revelación escandalosa: “A cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido”. La afirmación representa la confirmación de que el gobierno de la Cuarta Transformación negoció la impunidad de un líder de “Los Cuinis”, el cártel de una de las familias criminales más antiguas de Michoacán, el cerebro financiero y proveedor paramilitar detrás del CJNG.
El ascenso y caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no podría entenderse sin “Los Cuinis”. El fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser el escolta del capo Ignacio Coronel, en calidad de jefe del brazo armado conocido como “Los Matazetas”, a dirigir el grupo criminal más poderoso de México. “Aliados cercanos, ‘Los Cuinis’ y el CJNG forman una de las organizaciones criminales transnacionales más violentas y prolíficas del mundo”, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una de sus múltiples acusaciones contra los González Valencia. “‘Los Cuinis’ financiaron la consolidación y el crecimiento del CJNG, que trafica cientos de toneladas de cocaína metanfetamina y fentanilo hacia los Estados Unidos, y es conocido por su extrema violencia, asesinatos, tortura y corrupción”, dice textualmente el relato de los fiscales estadounidenses.
La alianza entre Jalisco Nueva Generación y “Los Cuinis” fue sellada con el matrimonio entre Oseguera Cervantes y la hermana mayor de los González Valencia, Rosalinda, alias “La Jefa”. Desde 2014, el propio Abigael González Valencia y “El Mencho” aparecen como coacusados en una causa federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese momento, “El Cuini” era el representante de más alto rango de una organización criminal con décadas de experiencia en la cadena global de tráfico de cocaína. Las herramientas de “Los Cuinis” en este negocio incluían vehículos semi sumergibles y empresas fachada registradas en Panamá bajo el despacho Mossack Fonseca. “El Mencho”, en cambio, apenas estaba empezando su ascenso en la escalera criminal, un crecimiento que sólo fue posible gracias a la tolerancia o complicidad de Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación del sexenio de Enrique Peña Nieto. El aparato de seguridad federal estaba a su cargo.
Esto pone de relieve preguntas importantes sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación: ¿“El Mencho” era el líder indiscutible de la organización o sólo era el rostro más visible? ¿El manejo financiero del cártel fue operado directamente por Oseguera Cervantes o fue cedido a “Los Cuinis”? ¿Quién negoció la protección política del cártel en los sexenios de Peña Nieto y de López Obrador? ¿Quiénes son los verdaderos dueños del CJNG?
Dos días después del ataque de junio de 2020, en Paseo de la Reforma en contra de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, un miembro de la comunidad de inteligencia comentó lo siguiente: “Si cae o no ‘El Mencho’ es lo de menos, ya tiene sus herederos y no son los Valencia, ya hay otros ‘quemados’, ‘Los Cuinis’ nunca aparecerán como los jefes”.
Para el aparato de inteligencia de Estados Unidos, los González Valencia son el poder detrás del trono en el Cártel Jalisco Nueva Generación. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por Guacamaya Leaks refieren que la lista de objetivos prioritarios de extradición incluían a Omar y Miguel Treviño Morales, “El Z-40” y el “Z-43”; a Rafael Caro Quintero y a Abigael González, “El Cuini”. La lista no incluía a “Los Chapitos”, a Ismael “El Mayo” Zambada ni al propio Nemesio Oseguera Cervantes.
En 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó un operativo en Villa Purificación, Jalisco para capturar a “El Mencho”. Las fuerzas del CJNG respondieron derribando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana con un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa. Esta fue la primera ocasión en que el Estado mexicano se enfrentó a un grupo paramilitar entrenado para manejar armas de este calibre. El año pasado, una agencia de inteligencia norteamericana documentó que miembros de los cárteles fueron enviados a pelear en la guerra de Ucrania con la Legión Internacional para ser capacitados en el uso de drones artillados de última generación. La tecnología ha sido detectada en Michoacán y Nayarit, dos centros de poder del CJNG. “El Mencho” no fue el único responsable de que el cártel hubiera alcanzado este grado de sofisticación.
La institucionalización del Cártel Jalisco Nueva Generación, su expansión a más de 60 países, fue producto de su relación con “Los Cuinis”. Los González Valencia, una familia de 18 hermanos basada en Apatzingán, Michoacán, desarrolló la ingeniería financiera, los fondos en paraísos fiscales, que le permitieron a “El Mencho” adquirir drones, lanzagranadas y equipo militar del más alto nivel para apoderarse de la economía criminal de 27 estados del territorio nacional.
Sin embargo, el mayor activo de “Los Cuinis” en su sociedad con Jalisco Nueva Generación ha sido la protección política. Actualmente, hay tres miembros de la familia González Valencia bajo custodia del aparato de justicia de Estados Unidos. Sólo uno de ellos fue detenido en México.
Gerardo González Valencia fue arrestado en Uruguay en 2016, luego de que amenazó al ministro del Interior de ese país de “colgarlo del puente más alto”. Cuando fue detenido, lo primero que hizo fue estrellar su teléfono celular para que no fuera tomado por los agentes uruguayos, de acuerdo a un reporte del periódico El País. Cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que “Los Cuinis” son el “el cártel más rico de México”, esto obedece en gran medida a las transacciones que hizo Gerardo González Valencia a través del despacho Mossack Fonseca en Panamá. A través de firmas fantasma como Montella Global SA y Deltodo Enterprises, “Los Cuinis” colocaron inversiones inmobiliarias en Punta del Este y amasaron propiedades industriales en China y en Rusia, de acuerdo a registros del Departamento del Tesoro. “El CJNG y ‘Los Cuinis’ despliegan una extensa influencia corrupta sobre múltiples estados y municipalidades en México, lo que potencialmente podría derivar en su liberación si regresa a México”, señalan fiscales de Estados Unidos.
José González Valencia, alias “La Chepa”, otro de los líderes de “Los Cuinis”, fue arrestado en Brasil en 2017. Estaba de vacaciones, pero su lugar oficial de residencia era Bolivia, un país que durante los gobiernos de Movimiento al Socialismo interrumpió el tratado de extradición con Estados Unidos. José González Valencia fue detenido junto a Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno de “El Mencho”.
No obstante, la extradición a Estados Unidos más significativa es la de Abigael González Valencia. “El Cuini” fue detenido en febrero de 2015 por fuerzas especiales de la Marina, un órgano a cargo del almirante Marco Antonio Ortega Siu, un enlace de máxima confianza para Washington que fue removido de su cargo por orden expresa de López Obrador. En junio de 2015, el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de González Valencia. En un caso similar al del “Z-40” y el “Z-43”, “El Cuini” logró evitar su extradición durante casi una década. El presidente López Obrador era consciente de ello cuando ordenó el traslado de González Valencia del Penal de Máxima Seguridad de Almoloya al Módulo Diamante de Santa Marta Acatitla. ¿La razón? “El Cuini” se volvió testigo protegido del caso Ayotzinapa. Su aportación al caso fue nula. De acuerdo al testimonio de un ex funcionario de seguridad recogido por el periodista Ioan Grillo, la decisión de involucrar a González Valencia fue del agente federal Carlos Alberto Cedano Filippini.
Actualmente, “El Cuini” está bajo custodia del gobierno norteamericano, negociando un acuerdo de cooperación y culpabilidad que será resuelto en los próximos meses. La audiencia decisiva se ha aplazado por lo menos en dos ocasiones. ¿Abigael González Valencia ofreció información clave que llevó a la operación de asesinato de “El Mencho”? La pregunta es esencial para definir la sucesión dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. El hijo de Rosalinda González Valencia, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, líder del Grupo Élite, podría ocupar muy pronto la silla vacía que ha dejado Nemesio Oseguera Cervantes.
En el Palacio Nacional ,el de la Presidenta Claudia Sheinbaum, presumen que ya no son diez sino “menos de dos” las mujeres asesinadas al día, como si el país hubiera pasado mágicamente de matadero a spa feminista por decreto presidencial. Mientras tanto, Kimberly y Ana Karen no alcanzaron a leer el informe de éxito: una salió de la universidad y no volvió; la otra se subió a un mototaxi y terminó tirada en un baldío de Ecatepec.
Morelos y Estado de México vuelven a su papel habitual de laboratorio del horror, reventando el optimismo oficial que se alimenta de gráficas bonitas y conferencias matutinas con tono de autoayuda. Sí, hay detenciones rápidas, sí, las fichas de búsqueda se viralizan, sí, los casos salen en portada, pero ninguna de esas medallas sirve de chaleco antibalas cuando la estrategia para proteger a mujeres en apps de transporte y protocolos de búsqueda sigue “muy rezagada”, como admite el propio activismo.
La presidenta puede sacar la cartulina de logros: Secretaría de las Mujeres, igualdad sustantiva en la Constitución, línea 24/7, centros “libres” de violencia, oficinas de género en fiscalías y abogadas con perspectiva de género atendiendo denuncias. Suena precioso, casi nórdico, hasta que las organizaciones recuerdan que sin presupuesto todo ese catálogo se queda en lo de siempre: políticas públicas de powerpoint, donde el papel aguanta más que el cuerpo de una joven en una brecha.
Nos venden como gran victoria haber bajado de más de diez feminicidios diarios en 2021 a “menos de dos” al cierre del año pasado, como si el listón fuera competir con la pandemia y no con la decencia. Las propias especialistas matizan el festejo: era casi inevitable que bajaran después del pico pandémico, los avances son desiguales, y los centros para mujeres en zonas olvidadas apenas tienen personal para funcionar.
El Gobierno se cuelga el discurso feminista, incorpora demandas de colectivas y habla de un nuevo paradigma que por fin mira la violencia antes de que nos llegue al cuello, pero la calle sigue contando otra versión. Mientras el Estado celebra indicadores, las familias siguen pegando fotos en postes, rastreando terrenos y aprendiendo, a golpes, que el “optimismo” oficial no es política pública: es maquillaje estadístico sobre un feminicidio que no se ha ido, solo dejó de caber en el discurso triunfalista.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/DAVID MARCIAL PEREZ/
Ahora sí, qué belleza: Morena, esa organización política y criminalmente organizada, se viste de “decente” y se sale con ese numerito de “solo entrarán candidatos en 2027 que no tengan antecedentes penales”. Lo curioso es que el mismo aparato que se ha llenado la boca con procesos, juicios y querellas de corredores, aspirantes y exdiputados se atreve a venderse como vanguardia del rigor moral.
El presidente del Consejo Estatal de Morena, Rómulo Pérez Sánchez, confirmó que uno de los“candados” para los aspirantes del 2027, es que quienes deseen postularse para algún cargo, no debe enfrentar procesos por ningún delito.
Esa es una de las reglas que se prevé aprobar durante la reunión del Consejo Nacional de Morena a realizarse este sábado 7 de marzo.
La hipocresía decorada de “filtros”
Morena en Tamaulipas,que tiene en Americo Villarreal un gobernador multiacusado, lo mismo por traficar huachicol que por proteger al crimen organizado, le sube el volumen de la purificación moral: “no aceptaremos a quienes tengan investigaciones abiertas”, “se revisarán antecedentes legales”, “perfiles sin mancha”, etc.
Pero el simple hecho de tener un proceso penal no es, jurídicamente hablando, un antecedente penal, sino una mera actuación investigativa que nada dice del culpable o inocente hasta que exista una sentencia firme y ejecutoriada.
La jugada, entonces, es clara: convertir cualquier carpeta abierta en un sello de reproche político, porque el objetivo no es el juicio en juzgados, sino eliminar competidores sin el aval de la cúpula.
El juicio de Morena no es un juicio de derechos
Cuando el partido se pone medianamente “decente” y exige “sin antecedentes”, se está saltando el texto constitucional y electoral que exige pruebas de culpabilidad formal, no meros señalamientos mediáticos o procesos abiertos.
El derecho político electoral no se defiende endureciendo filtros partidistas, sino garantizando que nadie pierda derechos fundamentales por un expediente todavía en curso, sin condena definitiva. Morena, en el fondo, no está ejerciendo un juicio de derechos, sino un juicio de conveniencia: si el expediente le sirve para borrar a un incómodo, se le tacha; si el expediente le sirve para blindar a uno de su núcleo, se le tapa.
La moral del poder, nunca del derecho
La “decencia” que hoy exhibe Morena es, en realidad, la misma moral del que se siente tan fuerte que ya puede lavarse la cara para el pueblo, mientras guarda en el cuarto oscuro de los cuadros y de los mandones la lista de los que, por conveniencia, sí podrán pasar por la maquinaria.
La hipocresía crece cuando el partido que se ha construido a base de alianzas con casiqueos, expanistas o priistas con carpetas abiertas, ahora se viste de “garante de la ética” y exige una hoja de vida impecable. Si algo no aguanta este numerito de Morena es, precisamente, un juicio de derechos políticos y electorales: porque ahí el estándar no es la imagen de la cúpula, sino la presunción de inocencia y la existencia de sentencia firme.
En resumen: Morena, hoy “decente”, se erige en inquisidor moral, pero su juicio no es electoral, es caprichudo; no es constitucional, es de conveniencia. Y como el derecho político-electoral no se compra con slogans de moralina barata, esta nueva versión de “solo sin antecedentes” no es un filtro de calidad democrática, sino un filtro de lealtad para quienes ya se han ganado el sello de salvación en la estructura.
El «War Room» de Código Magenta nos pinta algo que deja ver lo que ya intuiamos,pues en tiempos de Genaro García Luna,este mantuvo una relación antagónica y de profunda desconfianza con las Fuerzas Armadas (especialmente el Ejército) durante su gestión como Secretario de Seguridad Pública (2006-2012),algo que nuevamente se esta repitiendo ,pues mientras el gobierno del segundo piso vende la narrativa de “operación quirúrgica» tras captura y abatimiento del Ruben Oseguera,alias el Mencho, por dentro el gabinete de seguridad está partido, y la grieta lleva nombre y apellido: Ricardo Trevilla vs. Omar García Harfuch.
El operativo Mencho, pretexto perfecto
El reporte Krame sostiene que Claudia Sheinbaum no fue informada de la operación sino hasta que prácticamente estaba en curso o terminando: comandante suprema… pero sólo en el membrete.
La explicación de Krame es demoledora: no hay confianza, y sobre todo, su “insumo” no era relevante para la decisión; en términos llanos, la operación se concibió y ejecutó al margen del poder civil que se supone manda.
La pregunta que el propio análisis deja flotando es letal: si no es la presidenta, ¿quién controla realmente a las Fuerzas Armadas mexicanas y quién filtró el dato del 17? La hipótesis más fuerte: la fuga viene de dentro de Sedena.
Trevilla vs. Harfuch: poder de facto contra poder militar
Krame pone la línea sin anestesia: el poder factual en seguridad se llama Omar García Harfuch; el poder presente(el que sale en la foto, llora y da partes oficiales) se llama general Ricardo Trevilla.
En Washington no tragaban a Trevilla: en 2025 literalmente pidieron que no fuera a la reunión de alto nivel de seguridad; tuvo que salir la Marina a avalarlo y, desde entonces, él se lanzó a una campaña abierta para venderse como “el general de confianza de EU”.
El punto de quiebre: de acuerdo con el análisis, Trevilla llegó al extremo de pedirle al presidente que “eligiera” entre él y Harfuch, es decir, entre el poder militar y el operador civil de seguridad; el choque ya no es rumor, sino una pugna abierta por quién manda el aparato coercitivo del Estado.
El llanto del general y el mensaje a Washington
La escena de Trevilla rompiéndose en lágrimas no es anécdota: Krame afirma que en círculos militares y de inteligencia de EU se leyó como un mensaje contradictorio: “soy el gran poder de México… pero no puedo sostener un vaso de agua sin quebrarme”.
Ese quiebre emocional, en lugar de humanizarlo, para la comunidad de inteligencia subraya la disonancia entre el discurso de fuerza y la realidad de un mando cuestionado, que carga con el estigma de su pasado (Tlatlaya/2018) y de un ejército bajo sospecha de colusiones históricas.
Un gabinete balkanizado y un narco-ecosistema al borde
El informe habla de dos fracturas simultáneas: la del CJNG tras la caída de Mencho (con “El Jardinero”, el 03 y el R.R. disputando funciones armadas, territoriales y logísticas), y la del gabinete de seguridad, donde Sedena, SSC y Marina ya no jalan en la misma partitura.
La Marina, que antes era el socio preferencial de Washington, hoy está aislada, atrapada en el lodazal del “huachicol fiscal” y el costo de exhibir o no a su exsecretario; ni limpia la casa a fondo ni recupera la confianza internacional.
En paralelo, Krame subraya que la política mexicana ya no se entiende por colores de partido, sino por colores de cartel: Jalisco, Sinaloa, Chapitos; vestir la camisa equivocada rumbo a 2027 puede salir carísimo para más de un narcopolítico que hoy finge decoro.
En resumen: la operación contra Mencho no sólo descabezó al CJNG; exhibió que, detrás del decorado institucional, la verdadera batalla es quién se queda con el control del gatillo del Estado: el general Trevilla con su narrativa de músculo lloroso, u Omar García Harfuch como operador civil con el poder de facto que le otorga ser cercano a la presidenta.
En el mismo penal federal de disque máxima seguridad, tienes a Osiel Cardenas convertido por la gracia del penal de alta docilidad en un Santa Clos tirando billetes desde el trineo blindado y, a dos celdas, a otro fundador de cartel pidiendo posada… pero vía amparo.
El consentido del trineo blindado
Osiel llega al Altiplano, ve “máxima seguridad” y la convierte en máxima docilidad a billetazo limpio: segunda nómina, custodios apapachados y la reciente Navidad patrocinada.
Los mandos no lo vigilan, lo consienten; el jefe del Clan Cárdenas es “Don Osiel”, patrón de custodios y reos, porque cuando el dinero no compra la libertad, compra al que tiene la llave.
La supuesta política penitenciaria del “segundo piso” de Sheinbaum y su estrategia Omar Garcia Harfuch,que cambio a su ex-benefactor Luis Cardenas Palomino a un reclusorio mas cómodos, cabe en una frase: el que paga manda y, si se equivoca, vuelve a mandar.
El afligido del amparo
Mientras tanto, Héctor Luis “El Güero” Palma, también fundador pero del Cártel de Sinaloa, no reparte cenas, reparte escritos: promueve amparo por aislamiento, incomunicación, maltrato psicológico y tortura en el mismo Altiplano
Un juez federal tiene que ordenar al director del penal que, por favor, deje de jugar a Guantánamo y cese incomunicación y cualquier acto que pueda constituir tortura.
Palma ya había sido absuelto de delincuencia organizada, pero lo amarran de nuevo con un viejo homicidio calificado; el sistema no sabe si quiere castigarlo o usarlo de ejemplo, así que lo deja pudriéndose mientras firma oficios.
El contraste: dos Altiplanos
En la misma dirección, un capo compra el espíritu navideño a sobres cerrados y otro tiene que mendigar que le abran la reja del aislamiento vía juzgado de distrito.
El Altiplano funciona como catálogo: si llegas con capital circulante, hay posada en Toluca y “máxima docilidad”; si llegas con puras causas penales, hay estrés, incomunicación y tortura hasta nuevo aviso judicial.
Resultado: no es un penal de alta seguridad, es un showroom de cómo el Estado mexicano se deja gobernar por la chequera de un “mata amigos” mientras presume que defiende derechos humanos firmando suspensiones de plano para el que no alcanzó Navidad.
En un auténtico Estado de derecho, con un gobierno de mínima decencia, un gobernador multiseñalado debería comparecer, aclarar y responder acusaciones, por cierto graves, que los colocan jurídicamente y políticamente en la ruta de: 1) pérdida de fuero, 2) investigación penal reforzada, 3) juicio político y/o destitución, y 4) eventual responsabilidad por encubrimiento u obstrucción si usa su cargo para bloquear las indagatorias.
1. Punto de partida: fuero y acusaciones
En sistemas presidenciales como el mexicano, el gobernador tiene fuero, pero solo frente al ejercicio penal directo, no frente a la investigación ni al escrutinio político. El fuero se levanta vía declaración de procedencia (desafuero) o juicio político, según el diseño constitucional local y la Ley Federal de Responsabilidades. La clave es que bajo criterios de cálculos politicos “no quiere,ni quieren llevarlo ante la FGR”, lo que se vuelve un insumo para abrirle procedimientos políticos y penales adicionales.
La denuncias por sus vínculos con crimen organizado y el exacerbado trafico de huachicol en sociedad con Carteles,ya son suficientes para indagarlo, mas alla del punible desvío de recursos.
2. ¿Qué pasa,por qué no comparece?
En un escenario de Estado de derecho (no de simulación), el no llamarlo a comparecer tiene efectos inmediatos:
La autoridad investigadora debe continúar sin él, practicando indagaciones a este y sus entorno,cateos, aseguramientos, análisis financieros, testimonios y cooperación internacional; la investigación no depende de su voluntad.
Las denuncias desatendidas se acumulan y deberian traducirse en requerimientos formales (oficios, emplazamientos); la negativa reiterada de no hacerlos,se documenta como resistencia u obstrucción.
Normativamente, cualquier denuncia contra cualquier mortal suelen ser atendida, algunas hasta de manera rápida y expedita,pero cuando esta toca al poder y aunque todos somos iguales ante la ley, no asi ante aquellos que la imparten.
3. Congreso, juicio político y desafuero
El Congreso debería ser el pivote cuando el inculpado es gobernador con fuero en un Estado de derecho real donde los poderes son autónomos,no cómplices:
Se debería abrir una investigación política con base en las denuncias ciudadanas o de autoridades, que pueden presentarse por cualquier ciudadano bajo su responsabilidad.
Se emplaza al gobernador: se le pide contestar por escrito o acudir a exponer su defensa; si no lo hace, la ley presume una respuesta negativa y sigue el trámite.
Si se acredita que hay delitos graves o violaciones sistemáticas a la Constitución (colusión con crimen, contrabando de combustibles,desvíos, encubrimiento), se vota el juicio político o la declaración de procedencia.
Un fallo condenatorio en juicio político puede inhabilitarlo y, si se aprueba la declaración de procedencia, se levanta el fuero para que la fiscalía ejecute órdenes de aprehensión o lo procese como a cualquier particular.
Mecanismo institucional (esquema breve)
Investigación penal debe iniciarse y documentarse.
Fiscalía en su casona vez concretada debe solicitar intervención del órgano político (Congreso).
Congreso emplaza; si no comparece, continúa con base en pruebas.
Se vota desafuero/juicio político; si prospera, fiscalía procede penalmente.
4. Informe al Congreso vs. rendición de cuentas real
El escenario que se plantea es que mas que rendir “cuentas” con un Cuarto Informe de mas de lo mismo ante el Congreso, tambien debe rendir cuentas ante la FGR ,pues de no hacerlo, ilustra la fractura entre liturgia republicana y control de legalidad.
En un Estado de derecho genuino:
El informe no sustituye la obligación de comparecer ante el Ministerio Público; son planos distintos: político-administrativo vs. penal.
Los legisladores responsables no “reciben el informe y aplauden” a un mandatario bajo graves señalamientos que no ha aclarado; al contrario, usan el informe para cuestionarlo y empujan la vía de responsabilidades.
Si el Congreso está cooptado y no activa sus atribuciones, también incurre en responsabilidad política por omisión, pues su función de control se vacía de contenido.
La paradoja: el gobernador “rinde cuentas” en la ceremonia, pero el verdadero examen de cuentas –penal y patrimonial– se da ante fiscalías y órganos de control en teoría independientes, no en el Polyforum.
5. Escenario hipotético completo: antes, durante y después
Si llevamos al extremo la hipótesis, en un Estado de derecho funcional, el arco sería:
Antes de asumir:
Si ya existían denuncias por vínculos con crimen organizado, incluso indagado por militares o financiamiento ilícito de campañas, la autoridad electoral y la fiscalía debieron investigarlas, congelar cuentas y, en casos graves, buscar la anulación de elección o iniciar proceso penal, con intervención del fuero cuando tomara posesión.
Durante el mandato:
Cada nuevo hecho (trafico de combustibles y protección a grupos criminales, desvíos de recursos) se integra a carpetas y se pide colaboración al gobernador; si se niega, se asienta.
Se investiga simultáneamente su entorno: operadores financieros, familiares, secretarios, jefes de seguridad, para evidenciar redes de protección o lavado.
Con masa crítica de indicios, la fiscalía solicita el desafuero; si el Congreso actúa conforme a derecho, se aprueba la procedencia y se le procesa.
Después de dejar el cargo:
Se extingue el fuero ordinario de gobernador y cualquier amparo o blindaje artificial se revisa por la Corte, como ha ocurrido en casos de otros exgobernadores.
La fiscalía ejecuta órdenes de aprehensión ya libradas y lo lleva a juicio, con posibilidad de prisión preventiva si el catálogo de delitos lo amerita (delincuencia organizada, lavado, homicidio, etc.).
En ese ideal, un mandatario multiseñalado que “no comparece, no aclara y no responde” no se vuelve intocable: se vuelve jurídicamente más vulnerable, porque la omisión y la resistencia engrosan los expedientes que irremediablemente lo llevaran a la carcel,como el resto.
La diferencia entre ese modelo y la realidad cotidiana es precisamente donde cabe la crónica: mostrar cómo el informe anual puede ser un acto de autocelebración mientras la rendición de cuentas penal se mantiene en pausa por cálculo político.
Durante el último trimestre del 2025, los inversionistas extranjeros decidieron que ya habían visto suficiente de México y emprendieron la graciosa huida con 5 mil 26 millones de dólares bajo el brazo, según las cifras nada alegres del Banco de México.
No fue una salida discreta: las empresas que antes reinvertían sus utilidades optaron por empacar y repatriar. Solo en ese rubro, se fueron 4 mil 103 millones de dólares, una especie de “¡vámonos antes de que empeore!”. Por si fuera poco, las cuentas entre compañías también se tiñeron de rojo con mil 60 millones de dólares menos, mientras la nueva inversión extranjera apenas asomó la cabeza con un tímido saldo positivo de 138 millones. O sea, una gota de agua en medio del incendio.
La economista Gabriela Siller lo dijo sin metáforas: fue la primera vez que la inversión extranjera directa se convirtió en una estampida financiera. Y no es que nunca se hubieran registrado reinversiones negativas, pero este trimestre rompió récord: ni reinvirtieron, ni se quedaron. Básicamente se llevaron su dinero y su confianza.
Mientras tanto, la Secretaría de Economía presumía sonriente un crecimiento anual de más del 10% en la IED, como si la foto de diciembre no existiera. Pero Banxico, en su frialdad técnica, muestra lo que había detrás del discurso: empresas con ganancias que eligieron sacar su dinero del país antes que volverlo a meter en el juego.
Nuevo León, emblema del entusiasmo inversionista, también resintió el golpe: su saldo bajó de más de 4 mil millones a 3 mil 600. El “hub” industrial estrella del norte se quedó viendo cómo las transferencias internacionales se evaporaban, mientras los funcionarios locales siguen cortando listones de parques industriales vacíos.
En resumen: el dinero extranjero hizo lo que muchos mexicanos sueñan hacer —tomar el próximo vuelo y no mirar atrás.
