La información publicada por Latinus y Carlos Loret,revela la reciente aprobación de reformas legales en México que permiten al gobierno el acceso en tiempo real a datos privados de los ciudadanos a través de las llamadas app en plataformas digitales, sin orden judicial, justificando la medida como parte de la lucha contra la evasión fiscal y otras formas de fraude. Este enfoque plantea serias preocupaciones legales y constitucionales, y exhibe tintes autoritarios al compararse con otros regímenes.
Violaciones a la Constitución y leyes
- El acceso directo y sin orden judicial a datos como ubicación, comunicaciones, datos biométricos y financieros, vulnera el derecho a la privacidad consagrado en el Artículo 16 de la Constitución Mexicana, que exige “mandamiento escrito de autoridad competente”.
- La obligación de que plataformas permitan acceso permanente a bases de datos fiscales y personales va en contra de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la cual establece que el tratamiento de datos debe ser legítimo y limitado, requiriendo consentimiento expreso del titular, salvo mandato legal con garantías de debido proceso.
- Al eliminar el requisito de una orden judicial, se quebranta el principio de legalidad y el debido proceso, es decir, la “tutela judicial efectiva” prevista por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado (como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Recriminalización y contundencia
Las reformas no sólo vulneran derechos, sino que abren la puerta a una criminalización excesiva:
- La “prisión preventiva oficiosa” para delitos fiscales elimina la presunción de inocencia y el derecho al debido proceso, promoviendo la detención arbitraria por errores administrativos o por simples sospechas sin pruebas robustas.
- El uso de herramientas fiscales para perseguir opiniones o medios de comunicación privados, especialmente cuando se involucra la censura indirecta por acceso a sus datos y actividades, constituye una violación flagrante a la libertad de expresión, protegido por el Artículo 6 constitucional y normas internacionales.
Analogías internacionales y autoritarismo
La instrumentación de vigilancia masiva sin control judicial y el acceso irrestricto de autoridades a la vida digital de las personas son sellos clásicos de regímenes autoritarios:
- Medidas similares se observan en países como China y Rusia, donde el Estado implementa sistemas de monitoreo ciudadano con el pretexto de combatir la criminalidad o proteger la seguridad nacional, pero en la práctica usa esos poderes para censurar, reprimir disidencias y controlar la sociedad.
- La formación de plataformas centralizadas de datos—inteligencia y registros de identidad—son referentes del “Estado panóptico”, presentes en modelos como el “Gran Cortafuegos” chino y el control informático estatal ruso, donde autoridades acceden a enormes volúmenes de información personal sin salvaguardas independientes.
Referencia a carácter autoritario
La jurisprudencia internacional considera que cualquier gobierno que elimina el control judicial para el acceso a datos privados, y utiliza la información personal para fiscalizar, censurar o intimidar, transita peligrosamente hacia un modelo autoritario, desdibujando la distinción entre democracia y Estado policiaco.
En conclusión, las reformas descritas exhiben claras violaciones legales y constitucionales en México, además de replicar dinámicas propias de modelos autoritarios mundiales.
Con informacion: CARLOS LORET/LATINUS
