El 24 de julio de 2017, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del general Salvador Cienfuegos Zepeda, envió un expediente secreto a la oficina del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Aquel archivo contenía la narración oficial que la Sedena construyó la noche negra del 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, Puebla, cuando el Ejército se enfrentó a civiles que supuestamente se dedicaban a la extracción ilegal de combustible en el poliducto de Minatitlán-México de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ese expediente, del cual EMEEQUIS tiene copia, tenía la misión de informar a Gobernación y al Senado la decisión de otorgar el ascenso post mortem a los cuatro soldados caídos aquella noche, orden que había ejecutado el general Cienfuegos con autorización del presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Acuerdo para el ascenso post mortem de los cuatro militares caídos firmado por Salvador Cienfuegos.
Tras pasar por la oficina de Osorio Chong, el relato llegó a la Comisión de la Defensa Nacional, que era presidida por el panista Fernando Torres Graciano y de la que formaba parte, entre otros, el priísta Carlos Romero Deschamps, quien durante 26 años fue secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Todos validaron los cuatro ascensos sin importar que el informe de la Sedena desconociera a tres de los seis civiles muertos y las dos ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron a manos del Ejército, incluso aquella que quedó grabada en un video de seguridad de uno de los domicilios aledaños al enfrentamiento.
LA HISTORIA PASO A PASO
Esta historia se reconstruye a partir de documentos reservados, en poder de esta revista digital, que narran cronológicamente la visión propia de los militares que participaron en esa noche de mayo y que pertenecen al 59 Batallón de Infantería, con sede en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y del 17/o Batallón de Policía Militar, ubicado dentro del campo militar 25-A en Puebla, Puebla.
Esta mirada omite los hallazgos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló en 2018: seis civiles muertos, dos de ellos ejecutados arbitrariamente; trato cruel contra 10 personas, incluidos dos menores de edad; la retención ilegal de nueve adultos y cuatro niños.
Además, las alteraciones de la escena del crimen, entre ellas, la colocación de armas largas a las personas fallecidas y la manipulación de los cuerpos de todas las personas que perdieron la vida, incluyendo los cuatro militares asesinados durante los enfrentamientos.
Estos documentos forman parte de las narraciones sobre la muerte de 60 miembros del Ejército en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y a los que el General Cienfuegos otorgó ascensos post mortem, un beneficio que surgió con la reforma a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de junio de 2011.
Los cuatro soldados caídos en Palmarito aquel miércoles –sargento 2º Rolando Martínez Hernández, cabo policía militar Máximo May Hernández y cabos de infantería Miguel Vázquez Álvaro y José Manuel Larumbe Rayón– obtuvieron su ascenso a partir del 1 de julio de 2017, poco tiempo después de haber perdido la vida en Palmarito.
OPERACIÓN 2014-2018: COMBATE AL HUACHICOL
Todo empezó como un rumor que llegó hasta los oídos del capitán 2º de Infantería, Juan Martínez Meza. Un informante reportó que un grupo de personas se encontraba sustrayendo combustible en un lugar conocido como “Lavadero de Verduras”, en las orillas de Palmarito Tochapan, Puebla.
El capitán, junto con 17 de tropa y dos agentes, están cerca, en el kilómetro 372 del poliducto Minatitlán-México, esa red de inmensas tuberías que usa Pemex para transportar hidrocarburos desde Veracruz hasta la Ciudad de México. Esta célula del Batallón 59 de Infantería forma parte de la Operación 2014-2018 que busca combatir el robo de combustible que se hace por medio de tomas clandestinas en el sexenio de Peña Nieto.
A las 20 horas con 12 minutos llegan al lugar de la denuncia. El Sargento Mercado Hernández reporta 15 coches estacionados en el costado derecho de la carretera federal que conduce de San Bartolomé Coscomaya a Palmarito Tochapan. Luego ve salir dos camiones de 3.5 toneladas con contenedores que iban con dirección a Palmarito. Así lo informará a sus superiores y quedará asentado en la bitácora oficial.
El convoy militar, conformado por un vehículo Zibar –ese automóvil verde militar, todo terreno, característico del Ejército–, una camioneta Cheyenne identificada como policía militar y una pick-up de Pemex, es interceptado casi de inmediato por una camioneta pick-up blanca que le bloquea el paso.
Al tiempo, “un grupo de mujeres y niños los agreden con piedras y palos” a la altura del “lavadero de verduras”, donde la gente suele acudir a limpiar sus cosechas: coles, lechugas, zanahorias, cilantro, cebollín, tomates y jitomates.
El soldado de infantería, Alexander Ponciano, es quien conduce el Zibar; acelera y golpea a la pick-up para liberar el paso.
“Instantes después integrantes de la delincuencia organizada, que se ocultaban detrás del grupo de mujeres y niños, iniciaron una agresión con armas de fuego”.
Entonces, el personal militar realiza “disparos disuasivos al aire” para “hacer desistir a los agresores de su actitud”, según el informe. Logran avanzar, pero más adelante, dicen ser víctimas de una segunda agresión cerca del puesto militar “Álvarez”, pegado a una gasolinera de Pemex.
Los disparos vienen de la azotea de una vivienda, unos más de un montículo de tierra que hay en un terreno para cultivo. El personal militar responde. Hay un soldado herido, recibió un disparo en el hombro; no es grave.
Ante las detonaciones, los soldados de infantería Miguel Vázquez Álvaro y José Manuel Larumbe Rayón, “a viva voz”, alertan a sus compañeros de equipo para que se cubran y se defiendan. Tras el supuesto aviso, ambos son heridos de muerte por proyectiles de arma de fuego y, aunque se les intenta trasladar al Hospital Regional de Puebla, pierden la vida en el camino.
El soldado de infantería Vázquez Álvaro muere por un choque hipovolémico –una afección de emergencia en la cual la pérdida grave de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo– a causa de la herida de un disparo en la parte lateral izquierda del cuello.
Mientras que el soldado de infantería Larumbe Rayón fallece por traumatismo craneoencefálico producido por un proyectil que se incrustó en su frente.
Ante esta agresión, el 59 Batallón pide ayuda y, según los registros oficiales, es el Batallón 17º de policía militar el que responde.
A las 21:35 horas, llegan cuatro bases de operaciones móviles a Palmarito, son 4 oficiales, 65 miembros de tropa a bordo de un camion freightliner, una camioneta cheyenne, dos camiones mercedes benz y cinco agentes estatales en una patrulla. La noche apenas comienza.
TIERRA FÉRTIL: ZONA DE HUACHICOL
Palmarito Tochapan es un nombre derivado del náhuatl, podría traducirse como “tierra fértil”, “conejos en el agua” o “lugar de palmas”. Tiene poco más de 17 mil habitantes y, entre ellos, los hay quienes se dedican al comercio de verduras y hortalizas, al campo y al “huachicol”... esa palabra que se usa para definir la actividad de extraer combustible ilegalmente para después venderlo.
Está ubicado dentro del llamado “Triángulo Rojo”, que integran los municipios de Tepeaca, Palmar de Bravo, Quecholac, Acatzingo, Acajete y Tecamachalco, una zona conocida por la venta ilegal a domicilio, o en plena carretera, de litros de gasolina y diésel.
La tierra fértil de los ancestros se convirtió en terreno fértil, pero de combustible: a un paso cruza el kilométrico poliducto Minatitlán-México que, en la suma de sus cuatro intersecciones, tiene la capacidad de transportar casi 200 mil barriles de combustible cada día.
Los militares del 59 Batallón de Infantería y del 17/o Batallón de Policía Militar tenían como encargo la vigilancia de esta zona, una de las más afectadas por las tomas clandestinas usadas para extraer hidrocarburos.
LA NOCHE OSCURA DE PALMARITO
Tras la muerte de los dos primeros soldados y la llamada de auxilio del 59 Batallón, el 17/o Batallón ingresa a Palmarito por avenida Hidalgo: son cuatro oficiales y 65 miembros de tropa, así como cinco agentes de la policía estatal, del estado todavía gobernado por el panista José Antonio Gali Fayad.
De pronto, una camioneta negra Lincoln les bloquea el paso. El teniente Mondragón, a bordo de la camioneta Cheyenne, que va al inicio del convoy, ordena al cabo conductor evadir el bloqueo y continuar por el camino.
La camioneta, con civiles a bordo –reportarán los oficiales–, maniobra en reversa y golpea el costado izquierdo de la salpicadera de un vehículo oficial Mercedes Benz. Al instante, personal militar baja de los automóviles para revisar a los ocupantes de la Lincoln; creen que eran personas en estado de ebriedad. Se percatan, sin embargo, de que el copiloto porta chaleco antibalas y les piden descender.
Una lluvia de balas comienza. Son “delincuentes” que se encuentran en azoteas de casas aledañas, el Ejército repele la agresión, detallarán los mandos castrenses.
“Los disparos que provenían de varias direcciones ocasionaron que el personal militar buscara protección, permitiendo a uno de los civiles que viajaba en la camioneta accionar su arma hiriendo al soldado policía militar Máximo May Hernández, al momento de buscar protegerse del fuego”, escribirán los mandos.
Una bala del arma del civil ingresa por la parte trasera del cráneo del soldado y sale por su ojo izquierdo; un segundo proyectil impacta en su pierna, también izquierda.
Mientras tanto, desde la camioneta Lincoln, “tres delincuentes” agreden al personal militar, entre ellos, al cabo policía militar Rolando Martínez Hernández, que al momento de la agresión “alertó a sus compañeros para que se cubrieran y abandonaran el vehículo Mercedes Benz”. A él, una bala le impacta en el hombro izquierdo, un par más en los antebrazos izquierdo y derecho. Minutos después muere desangrado a causa de un choque hipovolémico.
–¡Ejército Mexicano, desciendan con las manos en la cabeza! –gritó el capitán 1/o de zapadores Jonás Adonis Gómez Cano.
Pero los tres civiles responden con balas y el Ejército repele “de forma proporcional”.
El saldo: la muerte de un civil, la detención de otro y uno más que se negó a descender.
Instantes después, una camioneta BMW color gris, con tres personas a bordo, se detiene detrás de la camioneta Lincoln, “agrediendo al personal militar”, mientras el último tripulante de la Lincoln intenta darse a la fuga sobre la calle 10 Norte. Una rafaga de balas inmoviliza a la BMW y el mismo capitán, “mediante indicaciones verbales, invita a los civiles a desistir de su conducta agresiva”.
Los civiles descienden y, según registran de forma oficial, son conducidos fuera de la zona de riesgo.
CONTRADICCIONES
La narrativa oficial de este segundo enfrentamiento tiene diversas contradicciones con lo observado en el video de la cámara de seguridad que registró el evento. Este reportaje reproduce el discurso oficial pues, aún con la recomendación de la CNDH por las violaciones a derechos humanos cometidas esa noche, la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional no se ha había hecho pública.
Lo único que había declarado la Sedena de Cienfuegos, a través de un comunicado, fue que a las 20:15 horas personal militar jurisdiccionado en la 25/a. Zona Militar (Puebla, Pue.), recibió un alertamiento de una toma clandestina de combustible en el poblado Palmarito y que al arribar al lugar fueron agredidos a distancia por un grupo de individuos que se ocultaban detrás de un grupo de mujeres y niños.
El 10 de mayo de 2017, tras darse a conocer los videos en donde se aprecia una de las ejecuciones extrajudiciales, emitió un segundo comunicado en el que dijo sobre el video que las autoridades correspondientes debían “determinar con precisión si corresponde al lugar y evento de referencia, así como si es auténtico o editado, y en su caso, deslindar las responsabilidades que correspondan”.
Homenaje a los militares caídos en Puebla. Foto: Hilda Ríos / Cuartoscuro.com.
La escena anterior, sin embargo, narra los hechos en pro de legitimar los fallecimientos militares, obviando que los choques de automóviles ocurren entre vehículos oficiales y que en esa zona no murió un civil, sino dos que fueron ejecutados extrajudicialmente, uno de ellos por medio de un disparo en la cabeza, según quedó asentado en dos cámaras privadas de la zona.
Estos videos muestran que, tras el bloqueo de la camioneta Lincoln al convoy militar, y un breve enfrentamiento, aseguran a un civil de camisa azul y chaleco antibalas, mientras dos grandes automóviles del Ejército siguen su curso por Av. Hidalgo, en la entrada a Palmarito.
El civil, sin embargo, logra liberarse y a las 20:25 horas, según marca el reloj de la cámara, dispara a quema ropa, por la espalda, a uno de los soldados que corren por la calle con la intención de avanzar hacia el poblado. Después se sabrá que es uno de los que perdió la vida aquella noche y, por las características de la autopsia, se sabrá que fue el soldado Máximo May Hernádez.
La camioneta pick-up blanca, conducida por un militar, se detiene de golpe al encontrarse en el camino con el cuerpo del militar caído. Sus compañeros lo arrastran a la orilla de la calle y le toman los signos vitales mientras el enfrentamiento continúa. Se observa a otro militar herido en el suelo.
Tres minutos después, un segundo automóvil particular, un BMW color gris, llega a la zona, intenta echarse en reversa, pero es baleado. Detiene la marcha. La Cámara #4 deja registro de cómo durante al menos 10 minutos el auto recibe constantes disparos. No se alcanza a percibir si, como lo narrado en la versión oficial, desde dentro del auto se efectuaron disparos contra el Ejército.
Al término, tras un momento de calma, los militares se acercan y hacen que desciendan los tres tripulantes. El primero es llevado a un área detrás del auto, los otros dos bajan a pie y son alejados de la zona.
Segundos después, personal militar atrae al primer tripulante, lo sostiene mientras sus piernas van arrastrándose por el suelo; lo dejan a un costado del vehículo particular, sometido, boca abajo y desarmado, a las 20:44, hora de la cámara de vigilancia, un militar le dispara en la cabeza.
Esta acción no está asentada en el documento donde la Sedena, bajo la firma del general Salvador Cienfuegos, solicitó el visto bueno a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y al Senado de la República para validar el ascenso post mortem que el Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Cienfuegos había otorgado el 1 de julio de 2017 a los cuatro militares caídos aquella noche en Palmarito Tochapan.
LOS SALDOS
En el expediente enviado a la Segob y al Senado, los mandos castrenses narran que, tras el enfrentamiento con la camioneta Lincoln y el auto BMV, solicitaron apoyo para evacuar a los heridos y que al tomar los signos vitales de los soldados Máximo y Rolando estos ya habían perdido la vida.
También narran otros tres enfrentamientos en diversas zonas de Palmarito, de los cuales no reportaron bajas ni heridos. A lo largo de la narración, siempre se refieren como “delincuentes” o “integrantes de la delincuencia organizada” a las personas que por algún motivo no identificado se encuentran en la zona, sin importar que porten o no armas.
El personal militar declaró haber evacuado a nueve lesionados al puesto militar del 59/o Batallón de Infantería y tres más al Hospital Móvil “S.U.M.A” en el kilómetro 179 de la autopista Puebla-Orizaba a la medianoche del 4 de mayo del año 2017.
A las 00:45 horas el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Armando Gómez Mendoza, llegó a la zona para coordinar el apoyo a los heridos y 25 más tarde llegaron 35 agentes de la Procuraduría General del Estado de Puebla y tres peritos criminalistas.
Pese a los hechos, la Sedena sólo reportó la muerte de 3 civiles y la detención de 13.
En contraste, la investigación de la CNDH encontró seis civiles muertos, dos de ellos ejecutados arbitrariamente, además de tratos crueles contra 10 personas, incluidos dos menores de edad y la detención ilegal de cuatro niños.
Los cuerpos de los soldados ascendidos post mortem, apenas 58 días después del enfrentamiento, fueron manipulados, según determinó la CNDH, para sostener la versión de la Sedena.
Aunque el dictamen de la CNDH tardó más de un año en conocerse, tanto la Secretaría de Gobernación, a cargo de Osorio Chong, como el Senado de la República, tuvieron el expediente sobre los ascensos post mortem del caso el 24 y el 25 de julio de 2017, según los oficios de recibido, mientras que el expediente como tal se conoció dentro de la Cámara Alta el 2 de agosto de aquel año.
Tanto la Secretaría de Gobernación, a cargo de Osorio Chong, como el Senado de la República, tuvieron el expediente sobre los ascensos post mortem (Samayoa pertenece a otro caso).
Días después del enfrentamiento, el entonces senador David Monreal Ávila –hermano del actual coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal– emitió un punto de acuerdo instando a la Sedena y a la Procuraduría General de la República (hoy FGR) a investigar “de manera pronta, completa e imparcial” los hechos del 3 de mayo. Asimismo, el grupo parlamentario del PRI emitió otro punto de acuerdo el 9 de mayo para condenar lo ocurrido en la localidad poblana, el PRD emitió un pronunciamiento el 17 de mayo.
Pese a haber conocido de propia mano la versión del Ejército, que contrasta con los videos difundidos en medios de comunicación, ninguna autoridad federal volvió a pronunciarse al respecto.
El 15 de noviembre de 2018 se liberó al único militar acusado de una de las ejecuciones arbitrarias de la noche del 3 de mayo de 2017: un juez federal estimó que no había evidencias necesarias para decretar que cometió homicidio calificado.
Fuente.-@AleCrail/
