Por lo menos como escalofriantes pueden calificarse las cifras oficiales de asesinatos perpetrados durante los últimos cuatro años en el país. La magnitud de la situación es tan grave que hay regiones donde el fenómeno ha crecido más de 3000% en un periodo corto, y a escala nacional la tasa de impunidad de homicidios dolosos alcanza alrededor de 70%, de acuerdo con las cifras más conservadoras.
Niños, adultos, ancianos y mujeres caen por igual en medio de éste que es, sin exageraciones, un auténtico estado de guerra.
De 2014 a la fecha, el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, perdió su tranquila rutina y cayó en una imparable espiral de violencia. Ese año se abrieron 14 averiguaciones previas por homicidio doloso; para noviembre de 2017 ya eran 286. Es decir, los asesinatos crecieron en 2000%.
El puerto turístico se convirtió en el séptimo municipio más peligroso del país, por encima de Ecatepec, Estado de México, y Chilpancingo, Guerrero. Hoy, su nivel de violencia es equiparable al de una zona de guerra, pues registra 93 asesinatos por cada 100 mil habitantes, apenas inferior al de Acapulco.
De acuerdo con las autoridades estatales, la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera a Estados Unidos desató la violencia entre organizaciones afiliadas a los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Baja California Sur, una entidad donde el número de asesinatos se multiplicó por ocho a partir de 2014.
De acuerdo con la organización Impunidad Cero, en 2014 más de 70% de esos ilícitos quedaron impunes.
La estrategia de combate al narcotráfico lanzada por Felipe Calderón al inicio de su gestión en Los Pinos –y seguida casi a la letra por Enrique Peña Nieto– cobró su mayor cuota en la historia reciente del país en 2017: hasta el pasado 30 de noviembre se reportaron 26 mil 573 homicidios dolosos, 80 por día en promedio.
El escenario de violencia se repite en otros 14 municipios, donde el terror se exacerbó en los últimos cuatro años. Según los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el más afectado es Acayucan, Veracruz, donde los homicidios crecieron en 3100%.
En algunas zonas del país la violencia es más aguda, pues son 16 los municipios donde las tasas de homicidios son equiparables a las de zonas de guerra: en ellos más de uno de cada mil habitantes fue asesinado en 2017, de acuerdo con las estadísticas del SESNSP.
La Procuraduría General de la República (PGR) sostiene que nueve cárteles del narcotráfico operan en 18 entidades por medio de al menos 36 células. A su vez, la organización Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia contabilizó más de 400 organizaciones criminales activas, dedicadas a la industria de las drogas, el secuestro, la extorsión y el robo de combustible.
Implosión generalizada
Una revisión exhaustiva de los datos del SESNSP realizada por Proceso determina que de 2014 a noviembre pasado el número de homicidios dolosos creció en más de 150% en 115 municipios, 23 de los cuales se encuentran en Veracruz, 18 en Puebla y siete en Guerrero y Colima.
En 2017 Tijuana se convirtió en la capital del asesinato en México. A raíz de la pelea que libran los cárteles de los Arellano Félix, de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación por el control de la ciudad fronteriza, las autoridades locales abrieron mil 434 carpetas de investigación por asesinato; más de cuatro por día.
Según los datos del SESNSP, la cifra de homicidios dolosos se disparó en 221% en los últimos cuatro años en esa ciudad. Hoy, la tasa de asesinatos es de 84 por cada 100 mil habitantes; en Acapulco se abrieron 747 carpetas; en Ciudad Juárez, 572; en Culiacán, 557; en León, 301; en Ecatepec, 278; en Chilpancingo, 240, y en Guadalajara, 232.
Y en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México se contabilizaron 212 homicidios dolosos hasta el 30 de noviembre último.
En Quintana Roo, sólo la Rivera Maya figura como excepción. Sin embargo, en Benito Juárez (Cancún) el número de asesinatos reportados por las autoridades de 2014 a noviembre pasado creció en 147% desde 2014. La procuraduría local abrió 220 carpetas de investigación sobre ejecuciones perpetradas en el municipio.
Kilómetros más hacia el sur, en los municipios de Solidaridad –que incluye a la ciudad costeña de Playa del Carmen– y Puerto Morelos hubo 61 asesinatos este año, el triple de los reportados en 2014.
Según una encuesta publicada por el diario Reforma en julio pasado, la explosión de la inseguridad es uno de los problemas de mayor preocupación para los mexicanos: 73% de los “ciudadanos” consultados, así como 86% de los “líderes”, reprobaron al gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro.
En su gira del miércoles 27 por Guadalajara, José Antonio Meade, precandidato del PRI-PVEM-Panal a la Presidencia de la República, insinuó que el PRI tiene un mejor desempeño que sus rivales en el combate a la violencia. Incluso declaró que cuatro de los cinco estados más violentos del país están gobernados por los partidos que hoy integran la coalición Por México al Frente.
Sin embargo, los datos del SESNSP contrastan con el oportunismo electoral de Meade: durante la administración de Peña Nieto –sobre todo en su quinto año de gestión–, los homicidios crecieron en 28 entidades, algunas de ellas gobernadas por el PRI, PAN, PRD y PVEM; en algunos casos incluso de manera exponencial.
Hoy, la situación está peor que en 2011, el año más letal del sexenio del panista Felipe Calderón; ahora ni las mujeres ni los niños se salvan de la violencia.
Según el SESNSP, siete estados concentran la mitad de los asesinatos perpetrados en el país en el año que termina: Guerrero, el Estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa y Jalisco.
En Colima, la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el CJNG causó 731 muertes este año. En seis municipios colimenses los homicidios se elevaron más de 150% de 2014 a la fecha. En Tecomán y el puerto de Manzanillo –con cerca de 200 homicidios dolosos en 2017 en cada uno– el incremento alcanzó 800%.
La oleada criminal desbordó también al estado de Zacatecas, incluida su capital: También en 2017 las autoridades estatales reportaron 646 asesinatos, cinco veces más que en 2014. De las víctimas, 125 eran mujeres. La procuraduría estatal reportó también 82 secuestros en 2017, 21 de ellos en la capital.
En 24 estados, por lo menos en un municipio de más de 100 mil habitantes el índice de homicidios se duplicó a partir de 2014, como Matamoros, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; Tehuacán, Puebla; Tepic, Nayarit; La Paz, Estado de México; Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa; Tlajomulco, en Jalisco, y Querétaro.
Zonas de muerte
De los 14 municipios con tasas de homicidios superiores a 100 por cada 100 mil habitantes, cinco se encuentran en la sierra Tarahumara de Chihuahua, donde impera la colusión entre políticos locales y sicarios, como lo documentó la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el 23 de marzo pasado.
En un reportaje publicado en La Jornada días antes de su ejecución, Breach señaló que Juan Miguel Salazar Ochoa, entonces candidato del PRI a la presidencia municipal de Chínipas, era jefe del grupo criminal de Los Salazar.
Tres de los municipios más sofocados por los asesinatos están en Colima: Armería, Tecomán y Manzanillo, donde las tasas de homicidios dolosos se elevan a 185, 161 y 102, respectivamente, por cada 100 mil habitantes.
Otros dos –Concordia y San Ignacio– se ubican en Sinaloa; otros tantos –Aguililla y Mújica– en Michoacán, mientras que Durango, Veracruz, Zacatecas y Guerrero tienen uno cada uno.
A su vez Chilapa de Álvarez, en Guerrero –el estado más letal del país–, ubicado en un lugar estratégico para el trasiego de heroína, pues se encuentra en la carretera que conecta La Montaña con la región Centro, se convirtió en los últimos cuatro años en escenario de la guerra entre los grupos criminales de Los Rojos y Los Ardillos, a quienes los gobiernos federal y estatal no han logrado controlar.
En esa zona, entre el 9 y el 14 de mayo de 2015 presuntos integrantes de Los Ardillos tomaron el control del municipio; allanaron casas y desaparecieron a una treintena de personas, ante la indiferencia de los policías militares.
En Chilapa, ocho de cada 10 habitantes viven en la pobreza, y la mitad de los habitantes tiene un ingreso laboral que no le alcanza para comprar la canasta alimentaria.
A esta marginación histórica se sumaron los estragos de la guerra: según el SESNSP las autoridades abrieron 169 carpetas de investigación por homicidio doloso en 2017 –el doble del año pasado–, equivalente a 149 casos por cada 100 mil habitantes.
Durante el año, por lo menos siete de cada 10 asesinatos fueron con armas de fuego; 78% más que en 2014. En promedio, 46 mexicanos mueren acribillados y otros 24 son heridos de bala cada día.
Los datos del SESNSP muestran que algunos municipios viven literalmente bajo la ley del plomo: en Tijuana, Culiacán, Acapulco, Ciudad Juárez, León y las delegaciones capitalinas Gustavo A. Madero e Iztapalapa, las autoridades investigaron a diario más de un delito vinculado con armas de fuego en el año que concluye.
En localidades más pequeñas, como Tamazula, en Durango; Guadalupe y Calvo, en Chihuahua, o Concordia, en Sinaloa, las tasas de delitos perpetrados con armas de fuego rebasan los 200 por cada 100 mil habitantes. Dicho de otro modo: en estos municipios, por lo menos dos de cada mil habitantes recibieron un impacto de bala este año.
A raíz de la extrema violencia que impera en Tamazula –ubicado en la zona de producción de amapola conocida como el Triángulo Dorado–, 20 mil de sus 30 mil habitantes huyeron entre 2010 y 2015. Aun así, la muerte no se detuvo y en los últimos cuatro años se registraron homicidios superiores a 240 por cada 100 mil habitantes.
Desde 2010, en seis municipios de Veracruz la violencia creció a la par que el empobrecimiento de la población. En Poza Rica, por ejemplo, la pobreza se elevó de 29.8% en 2010 a 41.4% en 2015; en ese periodo el número de homicidios pasó de 14 en 2014 a 73 en 2017; es decir, se elevó en 420%.
Lo mismo ocurrió en Cosoleacaque, Coatzintla, Orizaba, Cosamaloapan, Tuxpan, Córdova, e incluso en la capital, Xalapa, donde la pobreza subió 13% entre 2010 y 2015, mientras que el número de homicidios dolosos creció 208% entre 2014 y 2017; este último año se abrieron 71 carpetas de investigación.
Nadie se salva
La creciente oleada criminal que ahoga al país también se ve reflejada en el cada vez mayor número de feminicidios y de delitos relacionados con la violencia de género.
En el año que termina fueron asesinadas por lo menos 2 mil 588 mujeres en el país –más de siete por día–, cifra 56% superior a la de 2015. Las procuradurías locales abrieron 33 mil 832 carpetas de investigación por delitos sexuales.
El Estado de México permanece como la entidad más peligrosa del país para las mujeres: en los primeros 11 meses de este año, las autoridades registraron 292 feminicidios –prácticamente uno por día–, así como mil 797 violaciones.
Asimismo, en Baja California, Chihuahua y Guanajuato se registraron 148 casos en cada entidad, más de uno cada tres días. Y en Zacatecas, donde aún no se declara la alerta de género, la situación se agravó de manera vertiginosa en los últimos dos años. En el estado minero los feminicidios se dispararon en 861% al pasar de 13 en 2015 a 125 en 2017.
En Veracruz y Colima, la cifra se cuadruplicó: en el primer caso, pasó de 43 a 139 crímenes de género; en el segundo, de 15 a 68.
Pese a los obstáculos sociales y burocráticos que desalientan a las mujeres para interponer denuncias por violación –70% de estos delitos quedan callados, según la organización Semáforo Delictivo–, las autoridades estatales registraron cerca de 12 mil víctimas durante el año, un promedio de 35 cada día.
Ciudad Juárez, conocido a nivel internacional por las “muertas de Juárez”, resultó el municipio más hostil hacia ellas. Según las cifras oficiales, 444 fueron violadas en esta ciudad fronteriza durante 2017. Tijuana, Puebla, Ecatepec y Chihuahua, por su parte, reportaron más de 200 víctimas de violación.
El lunes 18, dos hombres armados asesinaron a Juan Luis Laguna Rosales, El Pirata de Culiacán, de 17 años, famoso por sus videos en las redes sociales. Según una versión, fue ultimado por un video en el que se burló o desafió a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.
En Sinaloa, el estado de origen de Laguna Rosales, las autoridades reportaron el asesinato, en 2017, de 49 menores, 75% más que en 2015.
En septiembre último, una fotografía tomada por Bernardino Hernández en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, horrorizó al país. Exhibía los cadáveres de tres menores, uno de los cuales vestía la playera de la Selección Nacional de futbol. La imagen fue considerada como un símbolo de la situación dramática de un país en el que ni los niños se salvan.
Y es que, a escala nacional, durante los primeros 11 meses de 2017 se registraron mil 71 homicidios de menores de edad, tres por día en promedio.
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