El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador está por terminar con lo que él mismo ha llamado una “mancha” en su Gobierno: los millonarios desvíos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la tienda de abasto social creada en su Administración para atender a la población en pobreza.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano que fiscaliza el correcto ejercicio del gasto público, ha presentado a la fecha al menos 18 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra exfuncionarios y empresarios por los malos manejos en la paraestatal. Un informe de la ASF al que ha tenido acceso EL PAÍS estima un quebranto financiero en Segalmex de al menos 2.577 millones de pesos. La Auditoría presentó las denuncias luego de que, durante el proceso de fiscalización, no halló los documentos, bienes o productos que comprobasen que las salidas de dinero fueron lícitas. Es presumible que esos recursos fueron objeto de desvío, y será en los tribunales donde el Gobierno intentará recuperarlos.
El reporte consultado por este periódico contiene solo las denuncias promovidas por la ASF, al margen de otras presentadas ante la FGR por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Procuraduría Fiscal y los propios apoderados legales de Segalmex. Esto significa que el boquete en las arcas de la paraestatal es aún mayor. El informe de la Auditoría alude a hechos de corrupción ocurridos en 2019 y 2020.
Los desfalcos se dieron en una variedad de negocios: pagos para garrafones de agua, tarimas, costales para granos, aceite vegetal y fertilizantes que no fueron entregados; pagos injustificados en la subcontratación de personal (outsourcing); salidas millonarias de dinero en efectivo de las cuentas de la institución; robos de toneladas de maíz y frijol en los almacenes; robos de productos de la canasta básica comprados por la paraestatal; pérdidas de dinero por no cobrar adeudos a proveedores, o por no multarlos por incumplimiento, o por haber pagado anticipos sin ninguna garantía. Una de las denuncias es por la compra de 100 millones de pesos en bonos basura con recursos de Segalmex, una estafa documentada por este periódico.
Los casos de corrupción documentados por la ASF ocurrieron bajo la administración de Ignacio Ovalle, un antiguo funcionario de la era de los gobiernos del PRI y que dio impulso a la carrera política de López Obrador en sus inicios como dirigente. El presidente ha defendido la honorabilidad de Ovalle ante los escándalos de corrupción en Segalmex. La Fiscalía ha tendido un cerco en torno a un puñado de excolaboradores de Ovalle y otros funcionarios de poca relevancia. La FGR presume que al interior de la paraestatal operaba una red de delincuencia organizada de la que, supuestamente, Ovalle no tuvo noticia. El exfuncionario de más alto perfil que ha sido llevado ante la justicia es René Gavira, que fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas, y en quien su defensa ve a un chivo expiatorio.
Las denuncias
Los desfalcos más cuantiosos que denunció la ASF están relacionados con contratos de outsourcing. La Auditoría presentó a la Fiscalía cuatro denuncias que en total suman un daño patrimonial de 1.385 millones de pesos. La cifra representa más de la mitad de los recursos que se presumen desviados. En la trama de corrupción figuran dos consorcios liderados por las empresas Team Business Management, S. de R.L. de C.V. y Esespa, S.A. de C.V. Durante la fiscalización conducida por la ASF, Segalmex no entregó a los auditores las pruebas de que las personas supuestamente subcontratadas por las proveedoras hayan laborado, efectivamente, para la institución. Los auditores echaron en falta documentos tan elementales como listas de asistencia de los trabajadores, reportes de actividades, recibos de nómina, constancias de afiliación al seguro social (IMSS), comprobantes de viáticos e incluso contratos laborales. La ASF documentó además que Team Business Management tiene un domicilio fiscal incompatible con el que reportó a Segalmex, además de que arrastra ante el SAT opiniones fiscales negativas, una señal de que podría tratarse de una empresa fachada que blanquea dinero y evade impuestos. De hecho, esta compañía, constituida en 2014, estuvo relativamente inactiva hasta el sexenio de López Obrador, cuando comenzó a beneficiarse de las millonarias contrataciones.
Otros fraudes refieren a pagos millonarios por productos que la Auditoría no halló en el inventario de Segalmex. Una de las denuncias penales es por un contrato para la adquisición de 65 millones de costales de polipropileno. La paraestatal cubrió el total del contrato, pero el proveedor no entregó 35 millones de unidades (más de la mitad de lo acordado). La ASF denunció ante la Fiscalía un daño patrimonial de 182,1 millones de pesos. Caso semejante el de otro contrato para la adquisición de 300.000 tarimas. Segalmex pagó la totalidad del embarque, pero no recibió 87.000 unidades, lo que implicó un daño al erario de 67,2 millones de pesos. Tercer caso similar denunciado por la Auditoría: el pago de 50 millones de pesos por un pedido de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes que no fue entregado por el proveedor.
Estos tres casos comparten algo en común: las empresas contratadas pertenecen a una red de compañías fachada, según lo documentó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Fruverloz, S.A. de C.V. era la proveedora de los costales; Profesional Bright XRW, S.A. de.C.V, de las tarimas, y Soluservicios Globales NXK, S.A. de C.V., de los fertilizantes. La red fue denunciada ante la Fiscalía por la UIF, que a su vez incluyó entre las factureras a la compañía Productora Agrimex, S.P.R. de R.L., a la que Segalmex pagó otros 36 millones de pesos por “servicios” no comprobados. La ASF no logró documentar a razón de qué servicios se le pagó a esta supuesta proveedora, un signo de la laxitud con que se gestionaban los recursos de la institución.
Una denuncia más es por el fraude de los garrafones revelado por EL PAÍS. Los auditores hallaron que Segalmex pagó indebidamente 99,9 millones de pesos a la empresa Productora Procesadora Agrícola de México, S.A. de C.V. por un pedido de 1,8 millones de envases PET para agua. El proveedor no solo no cumplió el contrato (entregó solo una tercera parte de unidades), sino que, además, presentó la oferta más cara frente a otros dos competidores, pese a lo cual ganó la adjudicación.
La ASF también denunció el caso del fraude de la leche por un monto de 328 millones de pesos. Se trata de una trama en la que cinco compañías se beneficiaron de contratos plurianuales para la producción de leche y derivados lácteos. Los proveedores subcontrataron a terceros para que efectuaran los servicios que les adjudicó Segalmex, una violación a la Ley de Adquisiciones. Una de las compañías de la trama fue Grupo Vicente Suárez 73 S.A. de C.V., constituida por Alejandro Puente, un empresario ligado a Movimiento Ciudadano (MC) fallecido recientemente, a los 60 años.
Las denuncias restantes documentan faltantes de maíz y frijol en almacenes con un valor de 212 millones de pesos; pagos en exceso a productores de trigo por 51 millones de pesos; salidas de dinero en efectivo de las cajas de la paraestatal por 9,2 millones de pesos, y una pérdida de 32 millones de pesos por no haber cobrado adeudos a un proveedor. Hay otras denuncias por cantidades menores, pero que completan el rompecabezas de la corrupción en Segalmex. López Obrador compartió en su conferencia del 25 de julio el pesar que le ha causado este desfalco. “Yo diría que esa es la mancha que me llevo”, dijo el mandatario. Es probable que no se la lleve del todo con él, pues la hereda a su sucesora en el poder, Claudia Sheinbaum.
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