En Chiapas los Gobiernos no han podido contener las disputas territoriales de los cárteles del narco, advirtió el Gobernador electo, Eduardo Ramírez Aguilar.
En una coyuntura marcada por la permanencia en territorio guatemalteco de unos 600 chiapanecos que se vieron forzados a huir de la violencia del crimen organizado, el próximo Mandatario conocido entre la clase política como El Jaguar preparó un Plan Chiapas Transformador 2024 en el que se reconoce la gravedad de los desplazamientos forzados que resienten miles de indígenas.
#cdmx,#reynosafollow,#mtyfollow,#slp,#guadalajara,#chiapas,#verfollow,#tijuana "MORENA y MILITARES DESMADRARON CHIAPAS": "DIALOGOS del PRESIDENTE con CRIMINALES ha DESTROZADO la SEGURIDAD de GRAN PARTE del PAIS"...el ejercito ha secundado su estrategia.https://t.co/ozhOJ4bcXk pic.twitter.com/mRpvbRJNeE
— Valor Tamaulipeco (@VaxTamaulipas) July 2, 2024
"Organizaciones campesinas, de derechos humanos y grupos religiosos alertan sobre el grave problema de inseguridad y violencia que se vive en el estado de Chiapas, de cara a un contexto complejo donde el crimen organizado y los grupos armados vinculados al cacicazgo político, agrario y económico, actúan contra la población civil", se lee en el documento.
"Lo anterior es un reflejo de las limitaciones de la política pública en materia de seguridad, la cual no ha podido contener las crecientes disputas territoriales entre cárteles, sobre todo en municipios de Los Altos y en las regiones fronterizas, a los cuales se suman, para el caso de estas últimas, otros grupos delictivos".
El documento cita indicadores de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) para referir que, entre 2016 y 2020, Chiapas fue la segunda entidad a nivel nacional con el mayor número de desplazamientos internos forzados.
"Desafortunadamente, esta situación solamente ha empeorado. De acuerdo con la misma CMDPDH, durante 2021 comunidades indígenas de Chiapas sufrieron nueve episodios de desplazamiento forzado interno, resultando en un total de 7 mil 117 personas indígenas desplazadas, lo que representa casi el 25 por ciento de toda la población desplazada a nivel nacional y 87 por ciento del total de la población indígena desplazada en el país".
El Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR, según el documento, registró que de 1994 a 2020 en Chiapas se habían contabilizado 37 eventos de desplazamiento forzado interno, afectando la vida de alrededor de 115 mil personas.
"A esta cifra se suma el desplazamiento de 3 mil 205 indígenas tsotsiles que en 2021 abandonaron sus hogares para buscar refugio ante la violencia de la región, sin soslayar que existen 120 personas desplazadas integrantes de la organización civil pacifista Las Abejas de Acteal, que aún se encuentran refugiadas ante el riesgo de un ataque armado".
Según el documento, "el desplazamiento forzado interno es una violación a los derechos humanos que genera múltiples violaciones a otros derechos como la vida, la dignidad, la igualdad, la propiedad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la libre circulación, el nivel de vida, la seguridad, la integridad personal y el acceso a un recurso efectivo."
Con base en indicadores del último Censo de Población y Vivienda que cita el Plan Chiapas, se tiene el registro de conflictos sociales en más de 2 mil 500 comunidades, "afectando de forma directa a las casi 900 mil personas que habitan en ellas".
En el apartado de propuestas para combatir el crimen, El Jaguar anuncia la creación de "un grupo táctico especial integrado por profesionales en la seguridad con destreza y habilidad para el uso responsable de las armas de fuego y con una buena preparación en defensa personal y protocolos de uso de fuerza y derechos humanos.
"Este grupo lo coordinará el Secretario de Seguridad Pública con suficientes elementos y sin escatimar recursos para dotarlos de equipamiento y protección de primera calidad", promete el próximo Gobernador.
Ramírez Aguilar aseguró también su Gobierno "avalará y respaldará las iniciativas de seguridad ciudadana de carácter colectivo (policía y justicia comunitarias e indígenas) que, garantizando el respeto a los derechos humanos, busquen resolver los conflictos de la tierra y defender sus territorios ante la amenaza del crimen organizado".
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