Un grupo de empresarios mexicanos ha denunciado por extorsión al funcionario del SAT, Erick Jiménez Reyes, a quien acusan de “liderar una red de corrupción que exige dádivas a importadores y exportadores del país”, a quienes les exige hacer pagos en efectivo a cambio de mantenerles las certificaciones, a pesar de que sus empresas están legalmente constituidas.
Los empresarios, que piden mantener anónima su identidad por temor a represalias, señalan a Jiménez Reyes, quien es Administrador General de Auditoría de Comercio, y a otros funcionarios del SAT de pedirles depósitos en sus cuentas personales, bajo la amenaza de cancelar sus certificaciones de IVA y IEPS o ser objeto de “sanciones arbitrarias”.
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Los dueños de empresas que hacen dicha denuncia recurrieron a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a quien le dirigieron un oficio fechado el pasado 1 de marzo, en el que le exponen las extorsiones y cobros de las que son objeto por el Administrador de Auditoria de Comercio del SAT, y le piden a la funcionaria del gabinete federal su intervención para que cesen esas extorsiones y se haga del conocimiento del director general del SAT la red de corrupción que opera dentro de su dependencia, y de la que forman parte varios funcionarios vinculados a Jiménez Reyes.
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Derivado de esa denuncia, la Secretaría de Gobernación le envió un oficio al director general del SAT, Antonio Martínez Dagnino, con fecha 14 de marzo y con el número UG/SAC/211/955/2024, en el que le informan de las denuncias y peticiones de los empresarios que, desde el anonimato, por miedo a sufrir represalias, acusan a Erick Jiménez Reyes y solicitan dar parte a la Fiscal Anticorrupción de la FGR, Luz María Mijangos, y al titular del Órgano Interno de Control del SAT, para que se investiguen sus acusaciones sobre corrupción del grupo de Jiménez Reyes, las cuales incluyen visitas domiciliarias, retenes de inspección de mercancía en transporte, y varias irregularidades más que llevan a cabo contra las empresas, para exigirles el pago de dádivas a cambio de no aplicarles dichas sanciones y medidas ilegales.
En ambos documentos oficiales, tanto los que le dirigieron a la titular de Segob, como el que le mandó al director del SAT, Martínez Dagnino, el subdirector de Atención Ciudadana de Gobernación, Gerardo Montaño Ramírez (de los cuales esta columna tiene copia) los funcionarios mencionan específicamente los números de cuentas bancarias a las que les han pedido hacer depósitos los funcionarios de Administración de Comercio del SAT. Mencionan, por ejemplo, la cuenta 4991357 13 de Banamex, a nombre de Erick Jiménez Reyes; la cuenta 493979327, también de Banamex y a nombre del mismo funcionario, y la cuenta Clabe 012180029554597026 de BBVA a nombre de Ana Cristina Herrera Váldez.
También denuncian los citados empresarios que hay varias direcciones a donde han entregado pagos en efectivo hasta por 250 mil pesos a la señorita Adriana Váldez Chiquito, a quien identifican como colaboradora del director de Auditoria de Comercio, y mencionan los siguientes domicilios donde realizaban dichas entregas de sobornos en efectivo: Calle Cahitas No. 123 Int 103, Unidad CTM Culhuacán, Zona V, Coyoacán; Plaza Mitla No. 11, U. CTM Culhuacán, Zona V, Coyoacán, y Calle Villa Allende No. 177, Col. Atlacomulco, Nezahualcóyotl, Edo. México.
“Lo más preocupante es que somos un grupo de empresas legales y certificadas, por lo que dicha certificación que la propia autoridad nos otorga nos da la confianza ante ellas. Sin embargo, pese a ser certificadas, nos están bajando la certificación sin previo aviso ni notificación, evadiendo todos los principios jurídicos, para después bajar los sellos fiscales y congelar cuentas bancarias, esto por instrucciones de otro funcionario dependiente del C. Erick Jiménez Reyes, de nombre Marco Antonio Campos Espinoza, otra persona de nombre Ana Cristina Herrera Váldez, así como una persona que solo sabemos le llaman “el licenciado”, sostienen en su primera carta dirigida a la secretaria Luisa María Alcalde.
Parece que en el último año de gobierno de López Obrador, al que coloquialmente llaman “el año de Hidalgo”, los funcionarios del SAT quieren aprovechar el final de sexenio para inflar sus cuentas bancarias con dinero proveniente de la corrupción y de las extorsiones que acusan los empresarios del ramo exportador e importador. Lamentablemente, a pesar de que sus denuncias fueron hechas desde marzo pasado, y de que la propia Secretaría de Gobernación le informó desde aquella fecha al director del SAT de las acusaciones de corrupción contra sus funcionarios, hasta el momento, según nos dicen los empresarios denunciantes, el señor Antonio Pérez Dagnino no ha hecho nada para investigar y sancionar a su Administrador de la Auditoria de Comercio, Erick Jiménez Reyes. ¿Será que en las agonías de esta administración ya se agotó la bandera de la lucha contra la corrupción que tanto pregonó el Presidente?
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