Llegamos a una situación en la que es indispensable proteger a candidatos en diversas regiones del país. Lo ideal sería que no existieran riesgos y que el proceso electoral transcurriera sin sobresaltos, pero no es así, ya no fue así.
Entre julio de 2023 y marzo de 2024, en DataInt, un centro de análisis especializado en riesgos, detectó 92 asesinatos de personas potencialmente vinculadas al proceso electoral.
El 87% de los homicidios fueron relacionados a las competencias por cargos municipales, el 9% a los estatales y el 4% al ámbito federal.
Las entidades con mayores problemas son Guerrero, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Veracruz.
En DataInt compararon los datos con el 2021 y detectaron un aumento del 30 % en los asesinatos y a marzo como el mes más violento, hasta ahora, algo que coincide con los pronósticos que se hicieron en el seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México.
Aunado a ello, hay diversos elementos que muestran que los niveles de riesgo más elevados están en los municipios, porque es ahí donde las organizaciones del crimen organizado tratan de incidir con mayor fuerza en la conformación del poder político.
En términos estrictos, el actual proceso es el más violento del que se tenga registro. Negar la realidad, como suelen hacer en las áreas de seguridad del gobierno federal, es absurdo, por todo lo que está en juego.
El reporte de Integralia sobre violencia política, señala que en 2017-2018 las víctimas fueron 389, en 2020-2021 llegaron a los 299 casos y en la actualidad, en el rango del 2023-2024, ya estamos en 399.
Hay que precisar que los ataques no siempre llegan a la privación de la vida, sino que se expresan en una amplia gama de situaciones, como amenazas, secuestros y extorsiones. De ahí que, en el periodo de análisis de Integralia, de septiembre de 2023 a abril de este año, se registran 161 asesinatos, 100 amenazas y 85 atentados.
La situación, por dónde se la vea, es alarmante, pero las autoridades responsables de solicitar y las que tienen la tarea de dotar de protección, se suelen perder en una maraña burocrática que no permite actuar con la presteza debida.
En El Universal se reveló, por ejemplo, que los elementos de la Guardia Nacional asignados a la seguridad de candidatos no cuentan con viáticos y tienen que dormir en cuarteles, lo que deja sin protección, o con la mínima, a algunos aspirantes a cargos de elección popular por las noches.
Muchas veces los escoltas tienen que viajar, hasta dos horas, para llegar al lugar donde pueden descansar. Un disparate logístico y que abre la puerta a situaciones delicadas.
Los elementos de la Guardia Nacional son soldados, están arriesgando su vida y reciben órdenes, de ahí que sea indispensable el dotarlos a ellos también, de todas las herramientas que requieran para desempeñar su trabajo, como vehículos, armas y, sí, por supuesto, viáticos.
Lo que está ocurriendo tiene que ser solucionado, con el presupuesto que sea necesario para una tarea tan relevante para la democracia. La seguridad, ya debería estar claro a estas alturas, no es gasto, es inversión.
En este tema no se puede estar escatimando los recursos, ni implementando ahorros que sólo van a generar gastos mayores en el corto y mediano plazo.
Lo que está en la balanza es la vida misma de candidatos y también de quienes los cuidan. Ese es uno de los desafíos mayores en estos momentos.
Pero, además, como apuntó el senador Miguel Ángel Mancera, hay que actuar con profesionalismo, porque lo que está ocurriendo “es una planeación incompleta, es una planeación incorrecta, que se tiene que reajustar, hacer la cobertura completa, con relevos de vigilancia, es decir, debe haber el doble de elementos que cuidan a los candidatos para que cuando unos descansen, el mismo número siga cuidado a los candidatos por la noche”.
La descomposición, vale la pena recordarlo, nunca tiene fondo, de ahí que urja que se establezca una estrategia de protección a candidatos alejada de la burocracia y concertada en la eficacia.
Fuente.-@Jandradej/
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