Quienes defienden la recién aprobada reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía, que otorga poder a la presidencia de la República para otorgar amnistías directas, nos hablan del honor del presidente Andrés Manuel López Obrador y de que esta ley será útil para esclarecer la verdad en casos como “Ayotzinapa”.
Si en efecto esta reforma ayuda a que, antes de terminar su sexenio, Andrés Manuel López Obrador dé a conocer dónde están los estudiantes, el mandatario habrá saldado una de sus deudas más importantes con la sociedad mexicana; pero si no lo hace, si la verdad es menos que eso, si quienes hablen sólo aportan indicios o si el aporte radica en lavarle la cara a los militares, la reforma habrá servido únicamente para que el oficialismo nos cuente una nueva verdad histórica.
Pero más allá del caso Ayotzinapa, hay que recordar que el presidente se va y la ley se queda. ¿Con qué criterios de aquí en adelante se va a determinar qué es relevante para el Estado mexicano? Si la reforma nos habla de “El Estado mexicano”, ¿por qué no regula la participación que tendrían los otros poderes en esta determinación de “relevancia”?
La verdad es que la reforma permite que sean temas relevantes únicamente para una persona: para quien ocupe la presidencia. Eso puede significar por ejemplo: libertades en procesos que pueden ir desde la línea 12 del metro o el Tren Maya, hasta evasión fiscal y lavado de dinero, pasando por delitos de alto impacto como homicidios y desapariciones forzadas.
Para que las amnistías sean una herramienta de la justicia y no de la corrupción deben estar enfocadas en garantizar la transparencia con criterios preestablecidos, acordados principalmente con las víctimas. Como son herramientas excepcionales, deben ser temporales y los casos en los que se usen deben tener respaldo social y apegarse a los estándares internacionales en derechos humanos.
Estos estándares establecen, por ejemplo, que las amnistías no pueden otorgarse en cualquier delito: deben exceptuarse las violaciones graves a los derechos humanos. También establecen que estos mecanismos deben de tener los siguientes objetivos: verdad, justicia, reparación, no repetición y construcción de memoria.
Particularmente, el tema de la verdad implica tener claridad sobre hechos violentos y de relevancia histórica que nos afectan gravemente como sociedad, identificar a los principales perpetradores, dignificar a las víctimas, así como entender patrones, métodos y causas de tales hechos. En las experiencias internacionales, la búsqueda de la verdad está a cargo de comisiones independientes y plurales sujetas a estrictos mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
Nada de eso se contempla en la reforma. Lo que sí hace es otorgar un supra poder muy peligroso a quien ocupe la presidencia. Hoy es Andrés Manuel López Obrador y su apuesta es que la llave dorada de la corrupción quede permanentemente en manos de sus herederos políticos.
Con informacion: Paola Zvala/Diario Español/
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