Al menos desde el gobierno de Vicente Fox diversas corporaciones militares y de seguridad pública han tenido la misión de enfrentar al crimen organizado y derrotarlo, pero hasta ahora ha sido una batalla perdida.
HACIENDO LO MISMO NO SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS DISTINTOS:
Sexenio tras sexenio los cárteles y sus brazos armados han exhibido la nulidad de resultados de parte de soldados, marinos, policías federales y recientemente de efectivos de la Guardia Nacional. La actual estrategia federal de “abrazos, no balazos”, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha podido acabar con la estela de homicidios.
Desde Palacio Nacional, el presidente asegura que “no hay guerra” entre cárteles y afirma que “se puede hablar de paz y tranquilidad” en México. Sin embargo, la realidad exhibe a comandos que salen de cacería para asesinar a inocentes, como el sábado 19 en Reynosa, Tamaulipas, cuyos actos crueles dejaron un saldo de 14 civiles muertos.
La reciente matanza en la urbe fronteriza se suma a la enorme lista de hechos violentos que los habitantes de Reynosa han padecido desde al menos hace cuatro sexenios, sin que algún presidente haya logrado la paz.
Aunque algunos actos violentos de los cárteles se cometieron en los ochenta, la situación se recrudeció entre 1994 y 2004, periodo que incluye la gubernatura de Tomás Yarrington. En 2005, el presidente Vicente Fox inició el operativo policial “México Seguro”, que sería el primero que estaría enfocado a combatir la violencia generada por los grupos delictivos.
En su edición 1368, Proceso publicó un texto titulado “Tamaulipas: las narcodesapariciones”, en el cual se señala la desaparición de 51 personas entre 2002 y 2003, así como el homicidio de 59 durante 2002, la mayoría atribuidas a la disputa por el territorio del Cártel del Golfo, dirigido entonces por Osiel Cárdenas Guillén, convirtiendo a esa frontera en la región más violenta de México.
En 2003 el gobierno federal capturó a Cárdenas Guillén y en 2007 lo extraditó a Estados Unidos, dejando al cártel en manos de su hermano Antonio Cárdenas y de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, expolicía de Matamoros.
De acuerdo con la entonces Procuraduría General de la República, ante el supuesto debilitamiento del Cártel del Golfo, Los Zetas, brazo armado de Osiel Cárdenas, organizan secuestros, imponen impuestos de protección, cobran deudas y controlan extorsiones, secuestros y desapariciones; además, cooptan corporaciones policiacas y ejecutan con extrema violencia a sus enemigos.
La crueldad de Los Zetas –grupo criminal fundado por exmilitares– los llevó a controlar el suministro de cocaína y las rutas de tráfico conocidas como “plazas”.
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