A tres años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y a dos años y medio de su administración, hay temas, como el de la seguridad, donde su discurso ya parece más bien una declaratoria de rendición, aunque el fracaso evidente,tambiene s extensivo a Gobernadores y alcaldes, que bajo la sospecha de la complicidad y desde sus esferas de competencia,poco o nada han hecho, sino para acabar con el crimen,al menos para paliar sus efectos devastadores sobre la calidad de vida de la población,que mas que vivir, sobrevive.
La semanas recientes, mientras en su conferencia mañanera hablaba de porqué debía llevarse a cabo la consulta para juzgar o no a los ex presidentes, dijo, entre otras cosas, que ellos habían contribuido a la creación de grupos delictivos; que el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco, el de Guanajuato y el del Golfo habían surgido en el “periodo neoliberal”. Y lo mismo repitió el jueves 1 de julio en su discurso del tercer aniversario de la victoria que lo llevó a la presidencia, con el añadido de que “los estamos enfrentando, no declarándoles la guerra, porque la violencia no se puede enfrentar con la violencia, sino con otros métodos más humanos y más eficaces…”.
El presidente maneja sus datos, los suyos, y con ellos crea su realidad, la suya, porque los propios números del Sistema Nacional de Seguridad hablan de un crecimiento de la violencia. Es muy obvio, además, el fortalecimiento de las organizaciones criminales, que se refleja en actos de violencia que nos regresan a los años más cruentos de la guerra entre los cárteles por el control de las plazas.
Ayer fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato los escenarios, y ahora son Zacatecas y Tamaulipas.
¿A qué se refiere el presidente cuando afirma que ahora están enfrentando a los cárteles, no con violencia, sino con métodos más humanos y eficaces? ,pero estos no se ven tras los sucesos sangrientos y terribles de Tamaulipas y Zacatecas; ver las fotografías y los videos significa, por la crudeza de las imágenes, hacer un ejercicio de resistencia al vómito.
Es evidente que el gobierno no está enfrentando a los cárteles de la droga en ningún rincón del país. Y que cuando lo quiso hacer, como fue en octubre de 2019, con la detención de Ovidio Guzmán, simplemente terminó hincado y obligado a liberarlo. En este caso, el presidente puede exponer las razones que quiera, pero eso no justifica su derrota y la de todo el gabinete de seguridad ante las armas de Los Chapitos.
Los homicidios no han bajado, como afirma. Hay registro de casi 90 mil homicidios dolosos en lo que va de su mandato, casi el doble de los que se acumularon en el sexenio anterior durante el mismo periodo y 57 mil más que en el mismo periodo de Felipe Calderón, que tanto le gusta criticar por haber declarado la guerra al narco “sin una estrategia”. No puede el presidente estar evocando el pasado como una justificación de sus propios fracasos; es evidente que no pudo contra el narco, que no tenía una estrategia para combatirlo y que ya no tiene tiempo para elaborar una que, si no pone fin a la violencia, al menos signifique una disminución que la sociedad pueda tolerar.
Lo que pasa en estados como Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Veracruz… y en ciudades como Cancún, por ejemplo, es algo que ningún Estado puede permitir sin negarse a sí mismo. Los niveles de extorsión en esos lugares llegan a su límite cuando las víctimas son los propios trabajadores. Ya no solo las empresas constructoras, los comercios, los empresarios, sino también los empleados, los que acuden cada semana o cada quincena a cobrar sus salarios y tienen que entregar una “comisión” a los cárteles por el miedo de ser asesinados, como ha ocurrido en muchas ocasiones.
Con informacion de.-Ismael Bojorquez/
***publicado el 04 de julio de 2021 en la edición 962 del semanario Ríodoce.
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