A siete
años de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la Procuraduría
General de la República (PGR) por fin ejecutó una orden de aprehensión por el
delito de homicidio contra el líder de Los Zetas al que consideran como el
autor intelectual de los crímenes.
Aunque
desde el 6 de octubre de 2012 está en la cárcel, apenas el mes pasado le fue
cumplimentado el mandato de captura a Salvador Alfonso Martínez Escobedo,
"La Ardilla", por estas muertes.
La orden de aprehensión fue librada por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, que preside Jorge Amado Wong Aceituno, según informes del Poder Judicial de la Federación.
Dicha autoridad judicial le dictó la formal prisión al acusado, al considerar que la Procuraduría le presentó los indicios suficientes para establecer que ordenó la masacre de los 72 migrantes hallados en agosto de 2010 en un predio de esta localidad.
Según documentos, en el mismo juzgado "La Ardilla" ya estaba sujeto a juicio por delincuencia organizada en la causa penal 56/2011, por sus operaciones en ese municipio tamaulipeco y por las centenas de cadáveres hallados en fosas clandestinas en San Fernando, pero en ese expediente no le imputaron los asesinatos.
La principal hipótesis que tiene la PGR sobre la matanza de 72 migrantes, así como de las otras víctimas, es que fueron ejecutados porque Los Zetas creían que eran sus enemigos.
La orden de aprehensión fue librada por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, que preside Jorge Amado Wong Aceituno, según informes del Poder Judicial de la Federación.
Dicha autoridad judicial le dictó la formal prisión al acusado, al considerar que la Procuraduría le presentó los indicios suficientes para establecer que ordenó la masacre de los 72 migrantes hallados en agosto de 2010 en un predio de esta localidad.
Según documentos, en el mismo juzgado "La Ardilla" ya estaba sujeto a juicio por delincuencia organizada en la causa penal 56/2011, por sus operaciones en ese municipio tamaulipeco y por las centenas de cadáveres hallados en fosas clandestinas en San Fernando, pero en ese expediente no le imputaron los asesinatos.
La principal hipótesis que tiene la PGR sobre la matanza de 72 migrantes, así como de las otras víctimas, es que fueron ejecutados porque Los Zetas creían que eran sus enemigos.
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