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| Imagen.EjeCentral/ |
Javier
Duarte, ex Gobernador de Veracruz, exhibió debilidades en la acusación que hizo
la PGR en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Durante
la audiencia inicial del lunes y con sólo 12 preguntas de su parte, el ex
Mandatario priista -extraditado ese día de Guatemala- puso en duda más del 90
por ciento del desvío por 439.6 millones de pesos que se le imputa.
La PGR tuvo meses para preparar el caso contra el tricolor: Duarte se fugó desde octubre del 2016, tras dejar el Gobierno veracruzano, y fue detenido en Guatemala en abril pasado.
El lunes, tras evasivas, los fiscales federales sólo pudieron acreditar depósitos por 38.5 millones de pesos desviados en el 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz.
"Por el momento son los únicos recursos", reconoció el fiscal Pedro Guevara Pérez, que además es director general de Procesos y Amparos en Delitos Federales de la PGR.
La situación fue tal que hasta Gerardo Moreno, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, señaló la discrepancia a Marco Antonio del Toro, abogado de Duarte.
"Mire, señor defensor, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran", dijo.
Duarte mostró también que los fiscales no conocían el número de terrenos que fueron adquiridos en Campeche y advirtió una contradicción de la PGR relacionada con la supuesta compra de cuatro departamentos en Ixtapa.
Si bien los fiscales dijeron que los delitos que le imputaban ocurrieron del 2011 al 2016, el priista hizo notar que, según las constancias, las compras inmobiliarias ocurrieron en el 2010, antes de que fuera Gobernador.
El fiscal reconoció, incluso, que no contaba con información que acredite que Hacienda practicó a Duarte una auditoría fiscal, requisito previo para poder acusarlo de lavado de dinero.
El abogado Del Toro ha ganado dos juicios a favor de Elba Esther Gordillo por defraudación fiscal justamente con este argumento, es decir, que no proceden estas acusaciones si no existe una facultad de comprobación previa.
Aunque en el sistema oral una vinculación a proceso permitiría a la PGR ofrecer pruebas que inicialmente no aporte en sus imputaciones, desde hace nueve meses la dependencia sólo ha obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en contra de Duarte.
Acreditan sólo el 8.7 por ciento
Tranquilo, con un dejo de incredulidad y sorpresa ante las imputaciones, Duarte empezó a desenvolverse como si no necesitara abogado, aunque a su lado estaban Marco Antonio del Toro y otros 4 litigantes revisando el expediente.
Preguntó a los funcionarios de la PGR de qué dependencias salieron los recursos desviados, los montos, las fechas.
Tras evasivas y la intervención del juez, se vieron obligados a aceptar que sólo tenían documentado depósitos de la Secretaría de Educación veracruzana por 38.5 millones de pesos, el 23 de diciembre de 2015, en favor de Solaris Technologies.
"Afirma usted que de las cuentas se tomaron 38.5 millones de pesos, ¿eso es todo?", preguntó a la PGR.
"Por el momento son los únicos recursos", respondió el fiscal Pedro Guevara Pérez.
Es decir, por ahora la PGR sólo tiene datos de prueba del 8.7 por ciento de los recursos y éstos no pueden explicar las compras de la lancha italiana y las parcelas en Campeche, porque ocurrieron entre 2011 y 2013, ni de los departamentos en Ixtapa, cuyos contratos datan de 2010.
En una audiencia del pasado 23 de octubre, donde se vincularon a proceso a las hermanas Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate, administradoras del Consorcio Brades, los fiscales de la PGR -distintos a los del lunes pasado- revelaron que también había desvíos desde la Secretaría de Salud estatal.
Esa información ni la mencionaron los fiscales que estuvieron frente a Duarte.
Desconocen parcelas
Con el mismo tono en sus preguntas, Duarte exhibió que los fiscales tampoco conocían el número de terrenos adquiridos en Campeche y, en algunos casos, ni el precio unitario.
A cuenta gotas, a veces con lapsos de 5 minutos de silencio, los fiscales informaban un dato tras rastrearlo en la carpeta de investigación. En la sala de audiencias sólo se escuchaba el cambio de página de la carpeta. Así ocurrió durante una hora.
Sobre dos de las 21 parcelas involucradas en este caso, los representantes de la PGR terminaron por reconocer que no tenían el precio.
Fue el momento en que el juez intervino para decirles que esa información se la había proporcionado el fiscal que solicitó la orden de aprehensión contra Duarte y que los montos eran de 250 mil y 100 mil pesos, respectivamente.
"Si les cuesta (conocer el expediente) por la carga de trabajo, eso no es atribuible al juzgado o defensa. Si no lo puede responder basta con que aquí lo diga y con eso resuelvo al final", les llamó la atención el juez.
...Y las joyas
Como la anterior, no todas las omisiones de los fiscales fueron propiamente consecuencia de la falta de datos de prueba. Muchas respuestas a las preguntas del ex Gobernador estaban en su expediente, pero nunca las encontraron por carecer de dominio sobre el tema.
Ocurrió lo mismo cuando Marco Antonio del Toro, abogado de Duarte, les cuestionó cuáles eran las joyas que atribuían haber ordenado su compra, cuánto costaron, dónde las compraron. Los agentes del Ministerio Público Federal no lo precisaron.
Y ello, no obstante que en la carpeta de investigación y en audiencias pasadas sobre el mismo caso, encabezadas por otros fiscales de la PGR, se reveló que el acusado ordenó comprarle a su esposa Karime Macías un anillo de 185 mil dólares y unos aretes de 40 mil dólares.
Las prendas se adquirieron en la joyería Berger de Masaryk, en Polanco, y los recibos de compra los ofreció a la PGR el testigo colaborador Alfonso Ortega.
Sin pruebas de compra
Javier Duarte advirtió ante el juez una contradicción de la PGR relacionada con la supuesta compra de 4 departamentos en Ixtapa.
Si bien los fiscales dijeron que los delitos que le imputaban ocurrieron de 2011 a 2016, el ex Mandatario hizo notar que, según las constancias, las compras inmobiliarias ocurrieron en 2010.
"Esa operación fue antes de que fuera Gobernador", dijo el acusado.
En este caso, Duarte volvió a aplicar su elemental interrogatorio a los funcionarios de la Procuraduría. Cómo, cuándo, cuánto.
Los representantes de la PGR tuvieron que aceptar que no tenían los cheques de pago de la compra de uno departamento y de los otros sólo tenían el contrato. No había documentos bancarios o de otra naturaleza que corroboraran las compras.
"Si no sabe si pagaron o no y menos si no sabe cómo se pagaron los departamentos, entonces ¿cómo asevera usted que esos recursos para pagarlos salieron del Estado de Veracruz?", cuestionó Duarte, casi ofendido.
El juez de control Gerardo Moreno en ese momento intervino y zanjó el debate, precisando que este tipo de cuestionamientos a la Fiscalía debían llevarse a cabo en la audiencia de vinculación a proceso y no en la etapa de imputación.
Sin auditoría de Hacienda
Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR, admitió ante el juez que no tiene ninguna información que acredite que la Secretaría de Hacienda practicó a Duarte una auditoría fiscal, requisito previo para poder acusarlo de lavado de dinero.
Marco Antonio del Toro, defensor de Duarte, ha ganado dos juicios contra Elba Esther Gordillo por defraudación fiscal, justamente con este argumento. Es decir, que no proceden estas acusaciones si no existe una facultad de comprobación previa.
Lo único que aparece en la carpeta de investigación contra el ex Mandatario es una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no tiene el mismo valor legal.
"Expresamente no lo manifiesta así la UIF, la respuesta es que no hemos recibido esa información", dijo el fiscal.
Dos testimonios en 9 meses
A diferencia del sistema inquisitorial, en el oral acusatorio una vinculación a proceso implica una segunda etapa de investigación donde la PGR puede ofrecer, bajo supervisión judicial, las pruebas de las que inicialmente carecían sus imputaciones.
Sin embargo, desde el 14 de octubre pasado, fecha en que se libró la aprehensión contra Javier Duarte, la dependencia federal sólo parece haber obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en su contra.
Se trata de la entrevista a José Juan Janeiro, el "cerebro" financiero del ex Gobernador, a quien la PGR le concedió el criterio de oportunidad y le retiró la orden de aprehensión en su contra a cambio de colaborar en las investigaciones.
La otra declaración es la del ex Secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez, actualmente procesado.
Por lo exhibido en la audiencia del lunes, durante 9 meses la PGR no ha agregado documentos bancarios, notariales, fiscales o regístrales que soporten sus acusaciones. Sólo los dichos mencionados.
'Se desmorona'
Marco Antonio del Toro dijo en la audiencia de imputación que los fiscales de la PGR no estaban capacitados para presentar el caso y hasta se mofó diciendo que respondían a sus solicitudes de aclaración en forma "cantinflesca".
"Parece que se está desmoronando la imputación desde la segunda pregunta del señor Duarte", dijo.
El jefe de los fiscales de la PGR, Pedro Guevara Pérez, advirtió en más de una ocasión que Duarte y su abogado estaban adelantando etapas en el procedimiento, creyendo que ya estaban en el juicio y no en la audiencia inicial.
Quizá previendo el escenario, pese a los agujeros exhibidos sobre el caso, el funcionario dijo que mucha de la información por la que preguntó el acusado "es para aportarla en la investigación complementaria", esto es, después de la vinculación a proceso.
Lo cierto es que el sistema acusatorio no exige evidencias o indicios para iniciarle un proceso a un imputado, al juez sólo le bastan datos mínimos porque el estándar de prueba ahora es muy bajo.
La PGR tuvo meses para preparar el caso contra el tricolor: Duarte se fugó desde octubre del 2016, tras dejar el Gobierno veracruzano, y fue detenido en Guatemala en abril pasado.
El lunes, tras evasivas, los fiscales federales sólo pudieron acreditar depósitos por 38.5 millones de pesos desviados en el 2015 de la Secretaría de Educación de Veracruz.
"Por el momento son los únicos recursos", reconoció el fiscal Pedro Guevara Pérez, que además es director general de Procesos y Amparos en Delitos Federales de la PGR.
La situación fue tal que hasta Gerardo Moreno, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, señaló la discrepancia a Marco Antonio del Toro, abogado de Duarte.
"Mire, señor defensor, usted y yo tenemos claro en este momento que los números no cuadran", dijo.
Duarte mostró también que los fiscales no conocían el número de terrenos que fueron adquiridos en Campeche y advirtió una contradicción de la PGR relacionada con la supuesta compra de cuatro departamentos en Ixtapa.
Si bien los fiscales dijeron que los delitos que le imputaban ocurrieron del 2011 al 2016, el priista hizo notar que, según las constancias, las compras inmobiliarias ocurrieron en el 2010, antes de que fuera Gobernador.
El fiscal reconoció, incluso, que no contaba con información que acredite que Hacienda practicó a Duarte una auditoría fiscal, requisito previo para poder acusarlo de lavado de dinero.
El abogado Del Toro ha ganado dos juicios a favor de Elba Esther Gordillo por defraudación fiscal justamente con este argumento, es decir, que no proceden estas acusaciones si no existe una facultad de comprobación previa.
Aunque en el sistema oral una vinculación a proceso permitiría a la PGR ofrecer pruebas que inicialmente no aporte en sus imputaciones, desde hace nueve meses la dependencia sólo ha obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en contra de Duarte.
Acreditan sólo el 8.7 por ciento
Tranquilo, con un dejo de incredulidad y sorpresa ante las imputaciones, Duarte empezó a desenvolverse como si no necesitara abogado, aunque a su lado estaban Marco Antonio del Toro y otros 4 litigantes revisando el expediente.
Preguntó a los funcionarios de la PGR de qué dependencias salieron los recursos desviados, los montos, las fechas.
Tras evasivas y la intervención del juez, se vieron obligados a aceptar que sólo tenían documentado depósitos de la Secretaría de Educación veracruzana por 38.5 millones de pesos, el 23 de diciembre de 2015, en favor de Solaris Technologies.
"Afirma usted que de las cuentas se tomaron 38.5 millones de pesos, ¿eso es todo?", preguntó a la PGR.
"Por el momento son los únicos recursos", respondió el fiscal Pedro Guevara Pérez.
Es decir, por ahora la PGR sólo tiene datos de prueba del 8.7 por ciento de los recursos y éstos no pueden explicar las compras de la lancha italiana y las parcelas en Campeche, porque ocurrieron entre 2011 y 2013, ni de los departamentos en Ixtapa, cuyos contratos datan de 2010.
En una audiencia del pasado 23 de octubre, donde se vincularon a proceso a las hermanas Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate, administradoras del Consorcio Brades, los fiscales de la PGR -distintos a los del lunes pasado- revelaron que también había desvíos desde la Secretaría de Salud estatal.
Esa información ni la mencionaron los fiscales que estuvieron frente a Duarte.
Desconocen parcelas
Con el mismo tono en sus preguntas, Duarte exhibió que los fiscales tampoco conocían el número de terrenos adquiridos en Campeche y, en algunos casos, ni el precio unitario.
A cuenta gotas, a veces con lapsos de 5 minutos de silencio, los fiscales informaban un dato tras rastrearlo en la carpeta de investigación. En la sala de audiencias sólo se escuchaba el cambio de página de la carpeta. Así ocurrió durante una hora.
Sobre dos de las 21 parcelas involucradas en este caso, los representantes de la PGR terminaron por reconocer que no tenían el precio.
Fue el momento en que el juez intervino para decirles que esa información se la había proporcionado el fiscal que solicitó la orden de aprehensión contra Duarte y que los montos eran de 250 mil y 100 mil pesos, respectivamente.
"Si les cuesta (conocer el expediente) por la carga de trabajo, eso no es atribuible al juzgado o defensa. Si no lo puede responder basta con que aquí lo diga y con eso resuelvo al final", les llamó la atención el juez.
...Y las joyas
Como la anterior, no todas las omisiones de los fiscales fueron propiamente consecuencia de la falta de datos de prueba. Muchas respuestas a las preguntas del ex Gobernador estaban en su expediente, pero nunca las encontraron por carecer de dominio sobre el tema.
Ocurrió lo mismo cuando Marco Antonio del Toro, abogado de Duarte, les cuestionó cuáles eran las joyas que atribuían haber ordenado su compra, cuánto costaron, dónde las compraron. Los agentes del Ministerio Público Federal no lo precisaron.
Y ello, no obstante que en la carpeta de investigación y en audiencias pasadas sobre el mismo caso, encabezadas por otros fiscales de la PGR, se reveló que el acusado ordenó comprarle a su esposa Karime Macías un anillo de 185 mil dólares y unos aretes de 40 mil dólares.
Las prendas se adquirieron en la joyería Berger de Masaryk, en Polanco, y los recibos de compra los ofreció a la PGR el testigo colaborador Alfonso Ortega.
Sin pruebas de compra
Javier Duarte advirtió ante el juez una contradicción de la PGR relacionada con la supuesta compra de 4 departamentos en Ixtapa.
Si bien los fiscales dijeron que los delitos que le imputaban ocurrieron de 2011 a 2016, el ex Mandatario hizo notar que, según las constancias, las compras inmobiliarias ocurrieron en 2010.
"Esa operación fue antes de que fuera Gobernador", dijo el acusado.
En este caso, Duarte volvió a aplicar su elemental interrogatorio a los funcionarios de la Procuraduría. Cómo, cuándo, cuánto.
Los representantes de la PGR tuvieron que aceptar que no tenían los cheques de pago de la compra de uno departamento y de los otros sólo tenían el contrato. No había documentos bancarios o de otra naturaleza que corroboraran las compras.
"Si no sabe si pagaron o no y menos si no sabe cómo se pagaron los departamentos, entonces ¿cómo asevera usted que esos recursos para pagarlos salieron del Estado de Veracruz?", cuestionó Duarte, casi ofendido.
El juez de control Gerardo Moreno en ese momento intervino y zanjó el debate, precisando que este tipo de cuestionamientos a la Fiscalía debían llevarse a cabo en la audiencia de vinculación a proceso y no en la etapa de imputación.
Sin auditoría de Hacienda
Pedro Guevara Pérez, fiscal de la PGR, admitió ante el juez que no tiene ninguna información que acredite que la Secretaría de Hacienda practicó a Duarte una auditoría fiscal, requisito previo para poder acusarlo de lavado de dinero.
Marco Antonio del Toro, defensor de Duarte, ha ganado dos juicios contra Elba Esther Gordillo por defraudación fiscal, justamente con este argumento. Es decir, que no proceden estas acusaciones si no existe una facultad de comprobación previa.
Lo único que aparece en la carpeta de investigación contra el ex Mandatario es una querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que no tiene el mismo valor legal.
"Expresamente no lo manifiesta así la UIF, la respuesta es que no hemos recibido esa información", dijo el fiscal.
Dos testimonios en 9 meses
A diferencia del sistema inquisitorial, en el oral acusatorio una vinculación a proceso implica una segunda etapa de investigación donde la PGR puede ofrecer, bajo supervisión judicial, las pruebas de las que inicialmente carecían sus imputaciones.
Sin embargo, desde el 14 de octubre pasado, fecha en que se libró la aprehensión contra Javier Duarte, la dependencia federal sólo parece haber obtenido dos nuevos testimonios como pruebas adicionales en su contra.
Se trata de la entrevista a José Juan Janeiro, el "cerebro" financiero del ex Gobernador, a quien la PGR le concedió el criterio de oportunidad y le retiró la orden de aprehensión en su contra a cambio de colaborar en las investigaciones.
La otra declaración es la del ex Secretario de Seguridad de Veracruz, Arturo Bermúdez, actualmente procesado.
Por lo exhibido en la audiencia del lunes, durante 9 meses la PGR no ha agregado documentos bancarios, notariales, fiscales o regístrales que soporten sus acusaciones. Sólo los dichos mencionados.
'Se desmorona'
Marco Antonio del Toro dijo en la audiencia de imputación que los fiscales de la PGR no estaban capacitados para presentar el caso y hasta se mofó diciendo que respondían a sus solicitudes de aclaración en forma "cantinflesca".
"Parece que se está desmoronando la imputación desde la segunda pregunta del señor Duarte", dijo.
El jefe de los fiscales de la PGR, Pedro Guevara Pérez, advirtió en más de una ocasión que Duarte y su abogado estaban adelantando etapas en el procedimiento, creyendo que ya estaban en el juicio y no en la audiencia inicial.
Quizá previendo el escenario, pese a los agujeros exhibidos sobre el caso, el funcionario dijo que mucha de la información por la que preguntó el acusado "es para aportarla en la investigación complementaria", esto es, después de la vinculación a proceso.
Lo cierto es que el sistema acusatorio no exige evidencias o indicios para iniciarle un proceso a un imputado, al juez sólo le bastan datos mínimos porque el estándar de prueba ahora es muy bajo.
Fuente.-
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