La violencia campea por todas partes y el Gobierno Federal está
paralizado ante la ola criminal que azota al país: en Sinaloa, por ejemplo, la
disputa entre los hijos y socios de Joaquín Guzmán Loera ha desatado matanzas y
secuestros. Las autoridades, coludidas en su mayoría con el negocio de las
drogas, parecen meros espectadores de esta carnicería humana en la que se ha
convertido esa entidad.
En Coahuila y Durango está igual o peor: los cárteles de Juárez,
Zetas y Sinaloa se disputan ese territorio, una de las llamadas joyas de la
corona del narcotráfico, enclave del Triángulo Dorado, donde el capo Arturo
González Hernández, El Chaky, regresó por sus fueros ahora bajo las
órdenes de Ismael Zambada García, El Mayo.
González Hernández fue gatillero de Vicente Carrillo
Fuentes, El Viceroy, hermano de Amado Carrillo, quien fue detenido
hace tres años en La Laguna. Pero no por ello su poder ha mermado. Ahora El
Chaky controla el negocio de la droga del lado de Durango y se asegura
que por ser un solo grupo el que manda en ese territorio la violencia se ha
reducido considerablemente. Lo cierto es que las autoridades son parte del
crimen organizado.
Del lado de Coahuila impera otra realidad, dolorosa hasta el
límite: ahí la guerra entre Los Zetas y el cártel de Sinaloa
protagonizan matanzas todos los días, ejecuciones abiertas y sin piedad se
suscitan a diario y las policías locales ni las manos meten, pues están
vinculadas con el narcotráfico o de plano no tienen capacidad de reacción y es
por ello prefieren no meterse. Huyen ante la violencia o bien son los que la
atizan como una forma de ejercer control entre la sociedad.
Guerrero es el estado que hoy enfrenta una mayor violencia
criminal. Hay muchas razones que lo explican. Primero se debe señalar que el
gobierno ha estado infiltrado por el crimen organizado desde hace muchas
décadas. La gota que derramó el vaso fue el secuestro y probable muerte de los
43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso sin aclararse hasta la fecha, ocurrido en
el gobierno de Ángel Aguirre, el exgobernador que durante su gestión permitió
la expansión del crimen organizado.
Organizaciones criminales como Los Rojos, Guerreros
Unidos, el cártel de Acapulco, Los Ardillos, entre otros, se extendieron a lo largo
y ancho del estado. El gobierno federal, a través de sus órganos de
inteligencia, tiene detectadas más de trescientas organizaciones criminales en
esa entidad y la mayoría están representadas por familias ligadas a la clase
política.
Lo que llama la atención de Guerrero –fenómeno que se repite en
todo el país –es que las operaciones de las células criminales están
relacionadas con alcaldes, exalcaldes, síndicos, regidores, agentes municipales
y policías de todos los pelajes, quienes han desarrollado un amplio portafolios
de actividades delictivas: tráfico de drogas de todo tipo, secuestros,
extorsiones, tráfico humano, trata de personas, cobros de piso a cárteles
foráneos, por citar solo algunos de sus negocios.
A esta red de cárteles se suma la policía, el brazo armado del
crimen organizado que los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos y que
debido a la corrupción no responden a la necesidades de seguridad que reclama
la sociedad.
Este fenómeno visto en guerrero como una película de terror
también se observa en Michoacán y Veracruz, dos estados donde el crimen
organizado ya controla a las estructuras políticas y policiacas.
En Veracruz, por ejemplo, se afincó un nuevo cártel tras el
arribo al poder de Miguel Ángel Yunes Linares. Antes operaban Los Zetas y eran
los dueños y señores en el estado, con vínculos muy evidentes con los distintos
gobiernos estatales. Hacia finales de los noventa y principios del nuevo siglo
fue el cártel de Sinaloa la organización que operó en Veracruz y recibía
protección del gobierno estatal a través de sus funcionarios públicos.
En los expedientes que se integraron en contra de Osiel Cárdenas
Guillén, otrora jefe del cártel del Golfo, se ponen en evidencia que Veracruz
fue un enclave importante para las operaciones de narcotráfico. Aunque
pertenecían a diversos bandos, entre Osiel y Albino Quintero había excelentes
líneas de entendimiento.
Ambos capos movían cuantiosos cargamentos de droga desde
Guatemala y vía Chiapas para cruzar por Tabasco y Veracruz antes de llegar a Tamaulipas
y los Estados Unidos.
En Veracruz gran parte de los movimientos de droga, armas y
dinero pasan por la zona portuaria, donde altos funcionarios de la llamada
Agencia Portuaria Integral –API –cobijan el trasiego de droga ya por amenazas o
por colusión voluntaria.
En Coatzacoalcos, por ejemplo, el cártel del Golfo tiene un
centro de operaciones muy importante que opera desde principios de los años
noventa al amparo de las autoridades federales, estatales y municipales. Esa
organización capturó a la policía local y la puso a su servicio en el secuestro
de rivales, custodia de casas de seguridad y también para controlar el tráfico
de estupefacientes. También ejercen el oficio de matar.
En el puerto de Veracruz la rivalidad ahora está centrada entre
los cárteles del Golfo, Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, éste
último encabezado por Nemesio Oceguera, El Mencho, quien es uno de
los capos que más ha crecido en los últimos siete años, pues controla una
decena entidades federativas las cuales ha conquistado con base en su capacidad
de fuego y de corrupción.
El resto de las organizaciones criminales, siguen en Jauja a
pesar de sus bajas. Es el caso del cártel de Juárez, ahora operado por los
hijos de Amado Carrillo; el cártel de Tijuana no ha muerto y es operado por
Enedina Arellano Félix, hermana de Ramón y Benjamín Arellano, de infausta
memoria, quienes edificaron a ese cártel en los años ochenta.
Enedina Arellano es la única mujer que encabeza un cártel.
Cuando sus hermanos eran los jefes de la organización ella se dedicaba al
blanqueo de capitales a través de sus empresas. Ahora es la cabeza de esa
empresa criminal, la cual cobró fama en los años noventa por la saña que desató
en Baja California al ejercer la violencia, por sus vínculos con los cárteles
de Cali y Medellín, así como por corromper a toda las policías para ponerlas a
su servicio.
Ahí siguen intocados los cárteles del Golfo, Zetas, La Familia
Michoacana, Los Valencia, la familia Díaz Parada (operan el tráfico de
mariguana en Oaxaca), así como la célula Beltrán Leyva, ahora ligada con grupos
criminales de Guerrero, entre otros. Todos se mantienen gracias a la
corrupción.
Ese cáncer –la corrupción policiaca –es uno de los problemas más
graves y profundos que enfrenta el país. De acuerdo con datos oficiales, el 85
por ciento de las corporaciones policiacas operan para el crimen organizado. De
igual forma los presidentes municipales, en su mayoría financiados por el
crimen, están relacionados con actividades de lavado de dinero. En muchos casos
las autoridades no tiene otra alternativa para sobrevivir políticamente más que
ligándose a la criminalidad. Y hasta pareciera que hacen efectiva aquella
máxima de que “si no puedes con el enemigo, únete”.
Cuando un candidato a un puesto de elección popular pacta con el
crimen, la sociedad está condenada a padecer violencia de alto impacto.
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El narcotráfico paga las campañas y la compra de votos para que su aliado gane la
elección. Ya en el poder, le exigen la obra pública para planearla con base en
sus intereses criminales. También piden que la policía esté a su servicio para
operar el tráfico de drogas y de igual forma exigen cuotas mensuales a las
autoridades. En resumen, se adueñan del poder político y de la sociedad en su
conjunto. Esto es muy claro en Morelos, donde la mitad de los Ayuntamientos
están penetrados por el crimen organizado.
Pero así está el escenario en todo el país, por desgracia.
Es por ello que se afirma que México es un verdadero paraíso
para la delincuencia organizada: gana mucho y arriesga casi nada. Tiene el
control del Estado a través de la penetración de sus instituciones. Opera con
el respaldo de las policías y en muchos casos hasta marinos y soldados están en
sus nóminas.
Son dueños del territorio, de las decisiones políticas en
grandes e importantes regiones. Tienen amplia capacidad para corromper y
también poder para ejercer la violencia si es necesario. Este es el llamado
narcopoder, un Estado dentro del Estado que se sigue adueñando de la riqueza
del país, pues ya controla actividades como la minería, el turismo y en el
norte y sur del país están metidos en las actividades petroleras.
Negocios como el robo de combustibles también es operado por el
crimen organizado que se infiltró a Petróleos Mexicanos desde hace dos décadas
y estos grupos criminales son propietarios de municipios completos donde la
autoridad municipal no significa nada, ya que están bajo las órdenes de los
amos del crimen.
Sin duda México es un Estado fallido como muchos otros países de
África, donde la ley del crimen organizado es la que se impone y lo controla
todo.
Ante esta realidad tan apabullante, el gobierno de Enrique Peña
Nieto se muestra débil, casi paralizado y atrofiado. Esta parálisis es el más
claro ejemplo de cómo los presidentes de los países controlados por el crimen
pasan a ser verdaderas figuras decorativas y, al mismo tiempo, son utilizados
como empleados, cual gerente de grupos criminales.
Esto explica también el nivel de violencia que vive el país, el
asesinato de periodistas y de activistas sociales. Cuando un Estado está
penetrado por el crimen, o mejor dicho: cuando el crimen gobierna un país se
acaba con todo intento de alcanzar la democracia. Se roban las elecciones y se
acallan las voces críticas con balas porque el narcopoder no sabe responder de
otra manera más que con violencia e impunidad.
Pobre México y pobre de nosotros como sociedad.
Fuente.-Ricardo Ravelo/
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