Un video destrozó la vida política del
ex Diputado René Bejarano, un video acabó con las aspiraciones políticas de la
Diputada Eva Morena, otros videos han modificado el rumbo de las historias de
funcionarios públicos, líderes partidistas, empresarios y periodistas. El video
en el que un civil es ejecutado, supuestamente por un militar, ¿qué tanto
afectará a una institución como el Ejército?
El video, como tecnología de grabación,
se ha convertido en un instrumento fundamental para documentar hechos. Las
imágenes parecen irrefutables frente a los testimonios escritos o verbales que
describen otras situaciones. Aunque estas grabaciones pueden ser tan
manipulables como en un programa de ficción, hay “datos duros” que corroboran
la veracidad de lo que se puede ver y escuchar en aquellas.
Las grabaciones que se hacen de otros,
sin que éstos lo sepan, son documentos con valor histórico. Y cuando se difunden
públicamente, las repercusiones legales, políticas, éticas y comunicacionales
parecen inevitables. Es el caso del video grabado por cámaras de seguridad la
noche del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla.
Si ese video no se hubiese conocido, la sociedad
se habría quedado con una sola versión de lo ocurrido en ese lugar. Tampoco se
habría conocido que ahí alguien fue ejecutado con una frialdad que estremece y
que normas básicas de actuación de los militares se violaron, como afirmó José
Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Por lo tanto, el video daría la razón a quienes reiteran que en sus operativos
el Ejército ha violado los derechos humanos a través de tortura, desapariciones
forzadas y, como habría sucedido también en Tlatlaya, con ejecuciones
extrajudiciales.
El video contribuyó a que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) actuara. También la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) ha solicitado que se investigue lo ocurrido y se
deslinden responsabilidades. Hasta ahí -por ahora- lo legal.
En lo político y en lo comunicacional,
el video ha sido demoledor.
Ante una imagen deteriorada por su
actuación en Tlatlaya, en los operativos de Iguala, Guerrero, que terminó con
la desaparición de estudiantes normalistas, y en Aquila, Santa María Ostula,
Michoacán, donde un niño murió y fueron lesionadas al menos 10 personas, la
Sedena desarrolla desde hace tiempo una intensa y costosa campaña publicitaria
en medios de comunicación, que busca revertir la percepción de que los
militares han actuado o actúan sin respetar la ley.
El medio digital Al Margen, que dirige el periodista José Pérez Espino, informa que tan sólo en el primer bimestre de este año, la Sedena gastó casi 36 millones de pesos en publicidad gubernamental. Esto representó el 41.5 por ciento del total del gasto del gobierno federal en este rubro, el cual superó los 86.3 millones de pesos.
El portal afirma que estos recursos se
ejercieron mientras se incrementaban las críticas por los abusos cometidos por
el Ejército en tareas de seguridad y combate al crimen organizado, y cuando en
el país se discute una ley de seguridad interior que como lo han dicho
organizaciones defensoras de los derechos humanos permite abusos de los
militares bajo el concepto de “uso legítimo de la fuerza”.
Un solo video, el de Palmarito,
aparentemente tiró a la basura toda esta inversión y polarizó aún más el debate
sobre el quehacer del Ejército en sus acciones contra la delincuencia.
En las redes sociales y en los medios de
comunicación tradicionales hay rechazo por la ejecución, pero también
expresiones de apoyo. La justificación para actuar sin respetar la vida de un
ser humano indefenso, se nutre de otro segmento del video, en el que un militar
es abatido por la espalda. Es, efectivamente, otra dolorosa parte de la
historia, pero que de ninguna manera justifica la ejecución.
ESTRATEGIA POLÍTICA ¿Y DE GUERRA?
La grabación y difusión de videos, como
el de Bejarano o el de Palma, no son decisiones ingenuas o siempre basadas en
la ética y el bien común. Es una obviedad decirlo, pero quien monta cámaras
para videograbar, por ejemplo, un acto de corrupción, lo hace sabiendo que
puede utilizar el video para destrozar trayectorias de contrincantes políticos
o como instrumento de negociación o chantaje.
Por supuesto, siempre será preferible
que la sociedad se entere de un ilícito y que quien lo cometió sea castigado,
pero no debemos perder de vista que en muchas ocasiones se graban y se difunden
videos con cálculo político. En la videoteca de ciertos personajes deben estar
muchos otros videos que quizás nunca conozcamos, aunque sean mucho más
reveladores que el de un político recibiendo dinero.
En Palmarito no fue igual… en
apariencia. Las grabaciones se hicieron desde una casa que contaba con cámaras
de seguridad. Sin embargo, medios locales han informado que la vivienda estaba
vacía. ¿Por qué estaban activas las cámaras de una construcción que nadie
ocupaba? ¿quién instaló ahí el sistema de videograbación y con qué fines? Otra
pregunta necesaria es ¿quién filtró a medios locales y nacionales los videos?
¿con el objetivo sólo de denunciar los abusos del Ejército en este operativo?
Si los videos fueron grabados y
distribuidos por la misma delincuencia organizada, hubo una acción
comunicacional clara: evidenciar los excesos del Ejército y, como carambola,
incentivar la presión política para que los militares salgan de los territorios
que dominan. Hay grupos de la sociedad civil, así como ciudadanos y ciudadanas,
que piden lo mismo: no más militarización de las calles. Lo que millones vimos
en el video lo justifica y obligaría, como se ha insistido, a un cambio de la
estrategia gubernamental para combatir los delitos, pero sin perder de vista
que una decisión así podría ser también similar a la que desean los
delincuentes y desviar el debate nacional en otros temas.
No me gusta la militarización del país.
Lo ocurrido en Palmarito no debe repetirse porque independientemente de la
violación de derechos humanos y la urgente redefinición de la política de
seguridad interna, polariza a nuestra sociedad, nos confronta, nos divide,
mientras la confusión y la desazón social son alimentadas por las fake
news, algunas como producto de los mismos videos, y por la aguda
lucha político-electoral que estamos viviendo.
fuente.-Gabriel Sosa
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