El dirigente estatal del PRD en Guerrero, Demetrio Saldívar Gómez, fue ejecutado con un arma oficial de fabricación alemana que tiene registro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), indican reportes oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se trata de una pistola tipo escuadra calibre .9 milímetros, marca Walther, modelo P99, de manufactura Germany, con matricula FB 58782 y capacidad para alojar 16 cartuchos, utilizadas por corporaciones policiacas estatales, refieren los documentos a los que Apro tuvo acceso.
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Mediante dictámenes periciales, las autoridades ministeriales afirman que esta es el arma que se utilizó en el crimen de Saldívar Gómez, registrado la noche del 19 de abril al oriente de Chilpancingo.
El dictamen de balística forense
El informe de la FGE, el expediente de la causa penal 0417 consultado por este reportero, refiere que la pistola oficial fue decomisada nueve días después, tras la detención de un joven de 25 años identificado como José Ángel PP, la madrugada del viernes 28 de abril, al norte de esta capital.
El dictamen de balística forense elaborado por el perito de la FGE Salvador Montero Castañón, concluyó el mismo 28 de abril que dos cartuchos embalados en la escena de la ejecución de Saldívar Gómez, "sí fueron percutidos" por la pistola oficial calibre .9 milímetros que presuntamente portaba José Ángel, señala el expediente.
Por ello, el titular de la FGE, Xavier Olea Peláez, acusó públicamente a José Ángel de ser el autor material del homicidio del exsecretario general del PRD en Guerrero. Actualmente, el inculpado se encuentra vinculado a proceso y encerrado en la cárcel de esta capital.
No obstante, el presunto responsable argumentó en su declaración ante un juez de primera instancia que fue privado de su libertad por un grupo armado que irrumpió en su domicilio ubicado en la parte serrana del municipio de Eduardo Neri, luego lo trasladaron a un lugar desconocido donde lo torturaron para que se declarara culpable y posteriormente entregado a agentes ministeriales, que finalmente lo consignaron por el delito de homicidio.
Lo que el fiscal Xavier Olea no ha explicado a la fecha es por qué el presunto responsable del crimen del dirigente perredista portaba un arma oficial con registro de la Sedena.
Este caso exhibe un hecho grave ante la falta de control de las armas oficiales que se supone que solo pueden portar miembros de las Fuerzas Armadas y corporaciones policiacas en el país.
También, advierte que el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Sedena, sigue comprando armas de fabricación alemana, a pesar de la polémica registrada en 2014 por la adquisición ilegal de armas alemanas de la marca Heckler and Koch.
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Reportes periodísticos refieren que en esa fecha, la empresa HK exportó a México al menos 10 mil fusiles modelo G-36, los cuales fueron vendidos por la Sedena a los gobiernos de Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Jalisco, entidades restringidas por el gobierno alemán por considerar como sitios de conflicto y de violación a los derechos humanos.
La compra irregular de armas en Guerrero
A finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de "un probable daño" al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, Héctor Astudillo.
La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, así como la compra irregular de armamento que involucra al Ejército.
Los presuntos actos de corrupción, así como el manejo deficiente y sin transparencia de los recursos públicos del fondo federal, provocaron "el incumplimiento de las metas" de la estrategia para combatir a la delincuencia en Guerrero.
El informe de la ASF refiere que las partidas "Materiales de seguridad" y "Equipo de defensa y seguridad", la ASF constató que el gobierno de Guerrero le pagó 11 millones 689 mil 300 pesos a la Sedena por "armas, municiones y cargadores", mediante dos entregas: una por 1 millón 868 mil 400 pesos y otra por 9 millones 820 mil 900.
En ese entonces, la ASF aseguró que el gobierno de Guerrero recibió menos de la tercera parte del armamento y las autoridades estatales "no cuentan con documentación comprobatoria" del gasto de 8 millones 911 mil pesos, lo que "impacta de manera negativa en el equipamiento del personal de seguridad pública".
Hasta el momento, el gobierno de Astudillo y la Sedena se han negado de manera sistemática a transparentar el caso de la compra irregular de armamento con recursos para el fondo seguridad, violentando la norma vigente.
Incluso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha sido omiso a los requerimientos legales para obligar a las autoridades involucradas en este caso a dar a conocer el contrato para determinar el tipo de armamento, clasificación y la causa por la que llegó incompleto.
Con información de proceso/LaSillaRota
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