El asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, confirmó la debilidad de las instituciones de Guerrero y ha sido visto como un desafío al Estado mexicano porque no pudo evitar que se cumplieran las amenazas públicas de una agrupación del crimen organizado contra la víctima, el presidente del principal municipio de la Tierra Caliente de Guerrero y de las demarcaciones colindantes de Michoacán.
Pungarabato forma parte de los municipios incluidos en el Operativo Tierra Caliente que puso en marcha el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tras los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Esos hechos demostraron la existencia de un narco Estado en el nivel municipal, cuya característica no es ya la infiltración del crimen organizado en las instancias de gobierno, sino la conducción del aparato delictivo desde el gobierno mismo.
La respuesta federal al perturbador fenómeno que emergió en Iguala fue superficial. Se quedó en considerar que el problema está en la infiltración de las policías municipales por el crimen, y lanzó en el plano nacional su iniciativa de Mando Único, y en el local desmanteló las corporaciones municipales para encargar la prevención del delito a los policías federales del Operativo Tierra Caliente.
Ni siquiera los acontecimientos de la noche trágica de Iguala, que dieron vuelta al mundo y desprestigiaron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, han logrado que se aplique un plan integral para contener la violencia en Guerrero, que mes con mes aparece en las estadísticas oficiales como el estado con más homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Tuvo 69 casos en 2015, muy por encima de la media nacional que fue de 17, según el más reciente reporte del Inegi..
Abigeato, extorsiones y secuestros
La situación de la Tierra Caliente tiene sus particularidades. Cuando hablamos de esta región nos referimos a municipios de Guerrero, Michoacán y Estado de México que en su mayoría se ubican en los márgenes de los ríos Balsas y Cutzamala. Son los primeros Arcelia, Tlapehuala, San Miguel Totolapan, Ajuchitlán, Tlalchapa, Cutzamala, Pungarabato, Coyuca de Catalán y Zirándaro. Entre los de Michoacán están San Lucas y Huetamo; y entre los del Estado de México están Tlatlaya, Tejupilco y Luvianos.
Todos son municipios que desde 2005 —año en que comenzó la guerra entre los cárteles— han sido escenario de frecuentes hechos de violencia, algunos de impacto nacional e incluso internacional. La disputa original en la región en este periodo la protagonizaron la rama Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, que entonces tenía una alianza con Los Zetas. Tras la fragmentación de los cárteles, la disputa actual se da entre La Familia Michoacana, su escisión Los Caballeros Templarios y la banda de El Tequilero, que es parte de Guerreros Unidos, los acusados de matar y desaparecer a los normalistas en Iguala.
Como en ninguna otra región con altos índices delictivos del estado, en Tierra Caliente las bandas están más concentradas ahora en el control de la población, que en el enfrentamiento entre ellas. Como que han establecido ya sus propios territorios. El Tequilero domina en San Miguel Totolapan y Ajuchitlán; La Familia Michoacana en Arcelia, Tlalchapa, Tlatlaya, Tejupilco y Luvianos; y Los Caballeros Templarios en Pungarabato, Coyuca de Catalán, Cutzamala, Zirándaro, San Lucas y Huetamo.
Se dedican al abigeato, al cobro de piso a profesionistas, comerciantes grandes y pequeños, y al secuestro. Intervienen en todos los aspectos de la vida cotidiana. En las muy populares ligas de futbol, en la organización de las ferias de los pueblos e incluso de las fiestas familiares; influyen en las elecciones de directores de las preparatorias y escuelas superiores de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Extorsionan muy particularmente a los gobiernos municipales. Al alcalde victimado de Pungarabato, Ambrosio Soto, le exigían una cuota de 3 millones de pesos mensuales, y quienes lo amenazaban le decían que eso era a cambio del dinero que le habían dado para su campaña. Acostumbran exigir el control de las policías municipales y de los contratos de las obras e incluso el manejo de los recursos de los programas del gobierno federal.
Los alcaldes se dividen en dos: los que son cooptados desde la campaña por la vía de aportaciones financieras a la misma; o los que son cooptados ya en el cargo por la vía de las amenazas..
La alternancia política no ha cambiado nada
Desde que apareció la alternancia en los cargos de gobierno, el PRI y el PRD se han intercambiado el ayuntamiento de Pungarabato, y lo mismo ha ocurrido en los nueve municipios de la región. Pero estos cambios no han modernizado las relaciones políticas en Tierra Caliente. La izquierda perredista y ahora la de Morena —tiene dos regidores en Pungarabato— vienen del priismo o del agrarismo cardenista, no de la izquierda comunista o ex guerrillera como es el caso en otras regiones del estado. Otros muchos que han sido alcaldes o diputados del PRD vienen del PRI, como es el caso del propio Ambrosio Soto, que ya había sido alcalde de Pungarabato bajo las siglas priistas y con el apoyo de Rubén Figueroa Alcocer, el último de los jefes del clan caciquil que con mano dura ha gobernado en diversas etapas el estado.
Se gobierna desde arriba y sin la inclusión de la población. Prácticamente no hay organizaciones sociales en la región, y la participación política de los ciudadanos se limita a la emisión del voto. El movimiento magisterial de la CNTE —en Guerrero se llama CETEG— es muy débil, y es una región en la cual no se ha creado ninguna policía comunitaria. (Los municipios de Michoacán donde surgieron los grupos de autodefensa, aunque formen parte también de la Tierra Caliente, están lejos de los que estamos tratando aquí).
Además, predomina en la región una cultura de la violencia. Durante décadas ha sido escenario de pleitos sangrientos entre grupos caciquiles, de éstos con los ejidatarios para arrebatarles sus tierras, y también de venganzas familiares por asuntos de honor (la hermana robada por su novio, que luego es asesinado por los cuñados y éstos asesinados por los hermanos del novio…). Es una región donde la gente está familiarizada con las armas, ya sea porque las tenga en su casa y eventualmente las use, o porque es vecino, amigo o familiar de quien las posee.
Se ha impuesto así una especie de pax narca que es funcional a los intereses del Estado. Guerrero es una entidad muy conflictiva, con una población proclive a organizarse para defenderse de los poderosos y dispuesta a actuar con formas radicales. Ejemplos anteriores y recientes hay muchos, y son muy conocidos en el país. Si en una región de Guerrero no se presenta este fenómeno de rebeldía e ingobernabilidad, pues qué mejor para la autoridad, cuya prioridad en el estado es que no vuelvan a surgir movimientos guerrilleros..
Nunca se investigaron las amenazas
La denuncia pública que hizo Ambrosio Soto de que recibía amenazas de un grupo del crimen organizado parecía un desafío a esta pax narca. Su asesinato demostró la fortaleza de sus enemigos y el entramado de intereses en el que se basan. No los intimidó ni la presencia en Ciudad Altamirano del coordinador nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien presentó en el zócalo de esta población el despligue de cientos de policías federales y anunció que 500 de éstos se distribuirían en toda la región. En un video, los que pueden ser los asesinos del alcalde calificaron este acto como “un teatro”.
De noviembre de 2015 en que hizo su primera denuncia, hasta el pasado sábado 23 de julio en que fue asesinado, pasaron ocho meses de inacción gubernamental en la investigación de las amenazas. Sí enviaron cuatro policías federales y cuatro estatales (Ambrosio Soto dispuso que dos se quedaran con él, dos en su casa con su familia, dos en su negocio de venta de refacciones para automóviles y dos más en el negocio de su hermano). Pero no se supo de ninguna operación policial de búsqueda de los autores de las amenazas. De algún detenido, de alguna inspección o cateo. No hubo ningún informe de la Procuraduría General de la República o de la Fiscalía del Estado del avance de las investigaciones.
Y, por su cultura política, Ambrosio Soto se movió en el plano institucional. Se dirigió siempre a las autoridades, ya fuesen las del gobierno estatal o federal, o las de su partido, el PRD, a cuyos dirigentes nacionales acudió en la Ciudad de México. Apenas el 8 de julio, 15 días antes de que lo mataran y tres días después de que asesinaran a su chofer, escribió en redes sociales el siguiente mensaje dirigido al presidente de la República: “Mataron a mi primo, estoy amenazado por la delincuencia organizada. Ya es hora de actuar señor EPN. Tierra Caliente lo necesita”.
No involucró a los ciudadanos en su defensa, y cuando lo hizo su llamado no tuvo eco en una población atemorizada por el poder de la delincuencia. Apenas el 7 de julio, un día antes de su llamado al presidente, dijo en conferencia de prensa que había recibido un mensaje anunciando que lo matarían en esa época de fiestas por las clausuras del ciclo escolar y subrayó que “es urgente” el regreso a la región de la Policía Federal “porque la población está harta de la ola de violencia”. Afirmó entonces que él estaría dispuesto a encabezar un movimiento de autodefensa con los ganaderos que, dijo, ya se están armando para detener el abigeato. Pero los ganaderos replicaron que ellos no se estaban armando para nada.
“Nosotros lo escuchamos, pero como asociación ganadera no estamos organizando nada, tampoco estamos armando nada, y yo me deslindo de ese llamado que está haciendo el presidente municipal”, dijo el presidente de ese gremio en Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario el 18 de julio, cinco días antes del asesinato del alcalde.
* * *
Ambrosio Soto murió solo. Una autoridad elegida en las urnas que fue dejada a su (mala) suerte por los gobiernos federal y estatal. Tenía compromisos con un grupo del crimen y no los cumplió, se ha difundido ahora en un documento de supuestas fuentes de inteligencia que, según columnistas, fue distribuido por el gobierno estatal. El documento ha motivado el enojo en las redes sociales contra los portales que lo han publicado y contra el gobierno. Si el malogrado alcalde tenía pacto con el narco, ¿por qué entonces no lo acusaron y lo detuvieron? ¿Por qué dejaron que lo mataran?
De nuevo la estrategia de revictimizar a la víctima para eludir las responsabilidades que conlleva el ejercicio de gobierno.
Después del asesinato del alcalde ninguno de sus colegas de la región quiere hablar. En Altamirano está la sede de una de las cuatro diócesis de la Iglesia católica, y el obispo tampoco habla. ¿Es tanto el miedo a grupos delincuenciales de influencia local? ¿No será más bien el miedo a un poder más grande que protege a estos grupos locales?.
Fuente.-* Director general de El Sur, periódico de Guerrero.
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