Cuauhtémoc Blanco está
metido en un tsunami donde se mezcla la política con la delincuencia
organizada, que uno podría imaginar jamás pensó que viviría cuando el Partido
Social Demócrata le ofreció –según funcionarios de Morelos y federales- ocho
millones de pesos por aceptar la candidatura a la presidencia municipal de
Cuernavaca.
Blanco ganó la alcaldía de la capital de Morelos con una diferencia
de ocho puntos sobre la candidata del PRI, y aplastó al candidato del PRD,
quien desde la campaña lo había acusado de tener vínculos con la delincuencia
organizada. Nadie pensó tampoco que aquellas imputaciones se encontraran hoy en
el centro de su naciente administración.
Desde que asumió el cargo el
viernes pasado, Blanco y sus patrocinadores se confrontaron con el Gobernador
Graco Ramírez por el tema del Mando Único, un acuerdo de seguridad pública que
terminó su vigencia con el Ayuntamiento al entrar la nueva autoridad. Blanco,
que ha demostrado no saber nada de políticas públicas, comenzó a pagar por el
dinero que le dieron –ganara o perdiera, reveló el periodista Jesús Castillo García,
en una columna publicada en el portal Periodismo sin Censura, en marzo
pasado-, los hermanos Julio y Roberto Yáñez Moreno, que se quedaron la
franquicia del partido en 2012.
El Mando Único en Morelos, aseguran
funcionarios federales y organizaciones no gubernamentales, ha dado resultados
y disminuido los índices delictivos, pero Blanco lo rechazó porque, aseguró,
los ciudadanos de la capital dijeron que las cosas habían empeorado. El
conflicto escaló y Ramírez se reunió con Blanco el sábado pasado, donde el ex
futbolista lo amenazó y le dijo textualmente “te vamos a romper la madre”,
según narró el Gobernador el domingo en una reunión de coordinación con el
Gobierno Federal, donde estuvieron representantes de la Comisión Nacional de
Seguridad, la PGR, las Fuerzas Armadas y el CISEN.
En esa misma reunión, de
forma unilateral, anunció que impondría por decreto el Mando Único.
Funcionarios presentes en la reunión dijeron que Ramírez les presentó el mapa
delictivo en el Estado y aseguró que el Estado se lo habían repartido Los
Rojos y Guerreros Unidos, las bandas criminales que se empiezan a
formar cuando Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, jefe del Cártel de
Juárez y último criminal con dominancia nacional vivía en Cuernavaca en los
90s, y crecieron cuando residió ahí Arturo Beltrán Leyva, uno de los criminales
más sanguinarios de la última década, abatido por la Marina en diciembre de
2009 en esa capital.
El Gobernador, agregaron los funcionarios, les dijo
que si bien Los Rojos se ubicaban en los municipios del norte del
estado, pero Guerreros Unidos tenía un mayor número de ellos bajo su
control. Contrario a lo que ha dicho públicamente, Ramírez les aseguró que no
estaban enfrentados, sino que tenían un pacto donde se habían dividido territorios.
La información que utilizó Ramírez era de su área de inteligencia, que desde
hace más de dos años ha venido estableciendo los vínculos del crimen organizado
con la política.
El 30 de octubre de 2014, en este mismo espacio se publicó la
columna “Partidos, franquicia para criminales”, donde se exploraba el tema de
la narcopolítica en Morelos y se mencionaban los alcances de Guerreros
Unidos en el estado, a partir de su bastión estatal en Amacuzac.
En
este espacio se mencionaron las investigaciones sobre el empresario
Federico Figueroa, hermano del finado cantautor Joan Sebastian, señalado como
gestor y publirrelacionista de Guerreros Unidos ante las
élites de la región, y la penetración que habían tenido en la política. En ese
momento se refirió la indagatoria contra el ex Alcalde de Amacuzac, Noé
Reynoso, que gobernaba bajo la bandera del Partido Verde, vinculado a Figueroa,
y del ex Diputado local Alfonso Miranda del PT -tío de Santiago Mazari, El
Carrete, jefe de Los Rojos-, contra quien el Fiscal de Morelos pidió
infructuosamente al Congreso local un juicio de procedencia en su contra por
presuntos crímenes.
En el conflicto con Blanco, el Gobernador Ramírez
mencionó a Figueroa como una de las personas en el entorno del alcalde con
nexos al crimen organizado, junto con los patrocinadores del ex futbolista, los
hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno, actualmente Secretario General del
Ayuntamiento y Diputado local, quienes han negado las imputaciones. El
Presidente del PSD en el estado, empleado de los hermanos, Julio Bordonave, ha
pedido al Gobernador que si tiene pruebas, que las presente. La exigencia es
tan correcta, como grande el desafío que ese grupo político detrás de Blanco
están haciendo no sólo a Morelos, sino al Gobierno Federal.
La PGR está
analizando si hay indicios para iniciar una averiguación por delincuencia
organizada, ante “la gran preocupación –como admitió un alto funcionario del
Gobierno Federal- que existe es la penetración en campañas políticas y en los
municipios”. La columna de octubre de 2014, concluía: “El Estado Mexicano no
puede permitir que las organizaciones criminales sigan escalando hacia el poder
como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal, Carlos
Lehder, fundó un partido, financió guerrillas y abrió la puerta para que otros
barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el
mejor blindaje para su negocio”.
El contexto del conflicto en Morelos está
bañado de narcopolítica y Blanco, quien parece tener la menor de las
responsabilidades, está en el centro de él. Esos ocho millones para ser
candidato, están resultando muy costosos a Blanco y sus patrocinadores.
Fuente.- twitter: @rivapa
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