Desde Vicente Fox, cuando era presidente de
la República, hasta funcionarios de menor nivel y lideres sindicales, han
estado en el ojo de la opinión pública por utilizar o ser propietarios de
vehículos de lujo
Mexico,D.F 02/Ene/2015 El origen de los autos ha sido puesto en
duda, asociados en algunos casos a actos de corrupción o al intercambio de
favores, aunque la sospechosa ostentación de estos personajes no siempre ha
derivado en una sanción penal o administrativa, y queda en el anecdotario
nacional.
En contraste, en Estados Unidos, en
septiembre pasado el exgobernador de Virginia Bob McDonell y su esposa fueron
sentenciados por usar su posición para obtener regalos a cambio de
favores, entre ellos un automóvil de lujo para su hijo. En México eso no
ocurre.
Ni funcionarios,
exservidores publicos, políticos, líderes sindicales o familiares que
actúan como prestanombres, para evitar el escrutinio, han sido procesados o sancionados.
Son contados los casos de funcionarios que
han renunciado a sus cargos tras darse a conocer la posible adquisición de un
vehículo de lujo, como ocurrió con Heliodoro Díaz Escárraga, excoordinador
regional del Infonavit, y su hijo Heliodoro Carlos Antonio Díaz Aguirre,
exsubdirector jurídico de Liconsa.
Otros, a pesar de los cuestionamientos,
optan por mantenerse en funciones. Es el caso de Jesús Valencia, delegado de
Iztapalapa, quien chocó una camioneta Jeep Cherokee que le prestó la empresa
Amexire, que ha sido beneficiada con contratos por 48 millones de pesos de la
delegación y además es propietaria de otra camioneta que usa el
funcionario.
Y mientras la Procuraduría capitalina
anunció que realiza una investigación al respecto, Valencia continúa como
delegado; además, nunca fue puesto a disposición del Ministerio Público tras el
accidente, ni se le aplicó la prueba para detectar si conducía en estado de
ebriedad.
“En México cualquier funcionario,
sindicalista o empresario con una red de contactos políticos puede abusar de su
discrecionalidad administrativa o judicial, malversar fondos o realizar
cualquier otro tipo de conducta socialmente dañina, y mientras exista un
padrino con poder de por medio, existirán pocos canales reales para que la
persona sea castigada”, dijo Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad
de Columbia.
Hasta ahora, explicó, en el País no hay
controles patrimoniales que permitan verificar las propiedades de funcionarios
o políticos, de su círculo familiar, amigos y socios.
LAS CIFRAS
4 mdd cuesta, en promedio, un Ferrari, unos
de los autos preferidos de funcionarios y políticos.
2 mdp es el valor del Audi modelo 2013 que
maneja Víctor Fuentes, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana.
5 Vehículos de lujo (Audi, Volkswagen, BMW,
Land Rover y Chevrolet) le fueron decomisados en 2012 a Javier García Ramírez,
secretario de Desarrollo Urbano de Puebla durante el mandato de Mario Marín.
fuente.-El Universal.
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