¿Hasta dónde están verdaderamente
interesados los partidos políticos y los legisladores en combatir la corrupción
como lo demanda la sociedad mexicana, como nunca antes lo había hecho?. El
rechazo es tal que ha puesto al país en una profunda crisis política en la que
los partidos políticos han perdido lo poco que tenían de credibilidad.
Mexico,D.F 02/Ene/2015 Basta abrir el diario en internet o
en el papel para ser testigo de la interminable corrupción e impunidad. En
paralelo a los grandes escándalos, están los cotidianos: el Alcalde
priista de Naucalpan celebra su cumpleaños 40 en Parque Naucalli con tres mil
invitados que llegaron al sitio con la promesa de recibir un pavo; el delegado
perredista de Iztapalapa chocó en la madrugada del 17 de diciembre a bordo de
una camioneta con valor de 877 mil pesos, la camioneta es propiedad de una
empresa contratista que ha trabajado para la delegación – el delegado de
Iztapalapa chocó en el pedregal de San Ángel porque vive ahí no en Iztapalapa-;
un funcionario de INFONAVIT regala un Porsche a su hijo. Uso de espacios y
recursos públicos, contubernio con contratistas e enriquecimiento inexplicable.
El país se pudre entre la corrupción y la impunidad.
Existe una propuesta concreta presentada públicamente
por una treintena de organizaciones civiles para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Entre ellas
destacan el Instituto mexicano para la Competitividad, Fundar y Alianza Cívica.
Si se trata de combatir la corrupción, el diseño de las instituciones y
herramientas para hacerlo no puede venir de un sistema corrupto, no puede venir
ni del PRI, ni del PAN, ni de ningún otro partido político. La corrupción se
combate con la transparencia y la vigilancia ciudadana. A la propuesta de estas
organizaciones civiles se suma la de Transparencia Mexicana que presentó un
listado de 5 acciones para combatir la corrupción.
De acuerdo al ranking de percepción
de la corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México alcanzó una
puntuación de 35, donde cero es total corrupción y 100 total transparencia. En
el ranking por países México ocupó la posición 103, 82 lugares por debajo de
Chile, 30 por debajo de Brasil y 18 por debajo de Perú. Entre los países de la
OCDE, México es el más corrupto.
Como parte de la propuesta de
Transparencia Mexicana y que se refuerza con la propuesta civil del SNA , se
plantea algo que no le gusta a un buen número de legisladores y, por lo tanto,
al aparato de los partidos políticos. Se plantea la obligación de hacer pública
la declaración patrimonial de los aspirantes a cargo de elección popular que
incluya la declaración de impuestos de los últimos 5 años y una declaración
pública de potencial conflicto de interés.
Si se tratara de una propuesta que
incomodara a los intereses de unos cuantos legisladores, la propuesta podría
pasar con el aval del aparato de los partidos. Sin embargo, no es así, existe
un buen grupo de legisladores, posiblemente la mayoría, que no estarían
dispuestos a dar a conocer la información requerida: su declaración patrimonial
junto con las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años y su declaración
de potencial conflicto de interés.
Imagínese usted cuántos
legisladores, gobernadores, presidentes municipales y seguramente presidentes
de la República no hubieran estado impedidos a ejercer sus cargos por no poder
demostrar una relación legal entre sus declaraciones de impuestos y sus
propiedades. Cuántos otros no podrían ejercer sus cargos por profundos
conflictos de interés.
En la propuesta ciudadana para el
SNA no se trata de crear solamente una Fiscalía Anticorrupción, se trata de
establecer un sistema nacional integral para combatir la corrupción en uno de
los países que más la sufre. Se incluye la creación de un Tribunal de Cuentas
autónomo que imponga sanciones y corrija problemas estructurales de corrupción.
Demanda la reforma de la Secretaría de la Función Pública dándole mayor
autonomía, más recursos humanos y materiales y estableciendo una mayor
profesionalización; la reforma de la Auditoría Superior de la Federación con
total autonomía y mayor poder, facultada para auditar el ejercicio en curso y
los ejercicios anteriores. La propuesta ciudadana incluye la creación de una
Ley Anticorrupción y una Ley Nacional de Fiscalización para dar poder a estas
instituciones. Propone también reformar la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
Las propuestas ciudadanas rechazan
la imposición de órganos anticorrupción formados por integrantes de la clase
política. EL SNA debe estar en manos de organismos constituidos por ciudadanos
libres de conflicto de interés con la clase política y los poderes económicos.
Se trata de un SNA que no tiene nada que ver con el propuesto por el PAN
o la iniciativa del PRI que continúan protegiendo sus intereses.
La corrupción está ahogando al país
y no podemos esperar más que una agudización profunda de la crisis que vivimos
si no encontramos, como sociedad, una forma de combatirla. No puede existir
ninguna política efectiva en materia de ningún tipo si la corrupción sigue
permeando los actos y operación del gobierno.
La indignación social plasmada en muy diversas
manifestaciones debe llevar a propuestas y empujarlas para hacerlas realidad.
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