La estrategia era ambiciosa y pretendía ser mucho más que un operativo de contención de la violencia. ¿Qué falló?
Y no es que Michoacán esté igual, porque no lo está. No hay un grupo delincuencial dominante que imponga su ley a los presidentes municipales ni que cobre una cuota fija a productores y comerciantes. Son grupitos los que tratan de adueñarse de las plazas y de imponer nuevos cobros a la ciudadanía, pero aún no han logrado afianzar su poder. La Tuta sigue libre, lo que revela que todavía cuenta con apoyos dentro de algunas poblaciones, y probablemente con algunas autoridades, pero Los Caballeros Templarios no son ni la sombra de lo que eran. Y tampoco se produjo la guerra civil que se temió cuando las autodefensas se enfrentaron en enero pasado con Los Templarios.
Sin embargo, la situación está lejos de ser lo que se esperaba luego de un año de intervención federal. La estrategia para Tierra Caliente era ambiciosa y pretendía ser, según se anunció, mucho más que un operativo de contención de la violencia. Se buscaba recuperar la gobernabilidad de la zona e instaurar el Estado de derecho. Volver a Tierra Caliente un ejemplo de que este gobierno sí podía recuperar zonas donde el Estado había sido sustituido por grupos del crimen organizado.
Parecía que las condiciones estaban dadas: la intervención se dio luego de que los grupos de ciudadanos armados que llevaban casi un año enfrentando a los criminales pedían a gritos la ayuda federal, había de entrada una voluntad de colaboración con las autoridades federales de amplios grupos de la ciudadanía. La figura del comisionado fue dotada legalmente de amplios poderes y se suponía que contaba con el respaldo completo del presidente Peña Nieto y su gobierno. Entonces, ¿qué falló?
Parece haber dos explicaciones posibles. La primera es la política de alianzas que siguió Castillo. Necesitado de hombres armados conocedores de la zona, el comisionado optó por aliarse con los más combatientes de entre las autodefensas, a los que se señalaba como Templarios arrepentidos, los que junto con Mireles se dedicaron desde diciembre de 2014 a “liberar” municipios, entre ellos Simón El Americano y sus H3 y los hermanos Sierra Santana conocidos como Los Viagra. Sus métodos eran inquietantemente similares a los de delincuentes. Durante meses recorrieron Tierra Caliente usando uniformes de policía rural en camionetas con logotipo, pero sin placas y ostentándose como miembros del grupo especial G250 que ayudaba, supuestamente, a las autoridades en la búsqueda de La Tuta. Hoy se confirma que parte de estos grupos participaron en la toma de la alcaldía de Apatzingán y en el posterior enfrentamiento con la Policía Federal que dejó siete muertos.
La otra explicación, compatible con la primera, es que el dinero prometido por el gobierno nunca llegó. Cuando Castillo fue a La Ruana y a Tepalcatepec se sorprendió porque la mayoría de las demandas eran pendientes muy básicos no resueltos: una computadora en la escuela, la ayuda para construir una empacadora de limón en una zona productora, la intermediación de alguna autoridad en conflictos menores, un canal de riego. Se hicieron las promesas, pero el dinero no bajó (si es que alguna vez llegó a las arcas del estado). A duras penas les alcanzó para dotar de un uniforme a la tan presumida Policía Rural cuando se presentó.
Había la posibilidad de iniciar un nuevo contrato social: legitimar el monopolio de la violencia del Estado gracias a una política que generara trabajo y bienestar. No se hizo, o no se ha hecho.
Hoy sobran los hombres armados que no tienen trabajo. Llevan años dedicándose a pelear: con y contra las autoridades, y entre ellos. Son un auténtico ejército desempleado.
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