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| Pretender que un militar actuará como policía solo por estar adscrito a una institución distinta es, cuando menos, una ingenuidad. |
La semana pasada distintas voces expertas en seguridad y derechos humanos fueron escuchadas en la Cámara de Diputados en el marco de las Audiencias sobre la Guardia Nacional —en las que, por cierto, se omitió la participación de víctimas—, iniciativa del grupo parlamentario de MORENA que busca modificar la constitución para eliminar los controles que impiden que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad pública, colocándolas al frente del mando operativo de la Guardia Nacional e integrándola a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Como era de esperarse, los expertos, expertas y organismos nacionales e internacionales coincidieron en que el dictamen ignoraba los datos acumulados sobre el incremento de violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas en los últimos 12 años, así como las obligaciones del Estado mexicano a raíz de tratados internacionales y sentencias en su contra, como la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso Alvarado y otros vs. México.
Más aún, como bien señalaron los expertos y expertas, el dictamen vulnera el carácter civil de nuestra constitución al otorgar facultades de prevención, investigación y persuasión del delito a las fuerzas castrenses.
En los Estados democráticos los encargados de la seguridad ciudadana son exclusivamente las policías, no los militares, tal como nuestra Constitución actualmente lo especifica.
Tras las audiencias, tanto el presidente López Obrador como el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, y el diputado de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, se han pronunciado por modificar el dictamen para garantizar el mando civil de la Guardia Nacional y su adscripción a la SSPC. Sin embargo, también han reiterado que la disciplina, la capacitación y la doctrina serán de corte militar, y que estará integrada por elementos de la policía naval y militar, además de la federal.
Entonces la pregunta que nos hacemos todas y todos es: ¿el nuevo dictamen continúa o no la militarización de la seguridad pública?
Sin duda, la respuesta es sí.
Existen diferencias sustanciales entre un militar y un policía, entre el régimen castrense y el civil, entre la fuerza bélica y la ciudadana. La principal es la razón de ser de cada fuerza de seguridad; mientras los militares son entrenados para abatir enemigos que ataquen la soberanía nacional, los policías existen para garantizar la seguridad ciudadana a partir de la acciones de prevención e investigación del delito, detención de presuntos responsables y su presentación ante las autoridades judiciales. Es precisamente por ello que en los Estados democráticos los encargados de la seguridad ciudadana son exclusivamente las policías, no los militares, tal como nuestra Constitución actualmente lo especifica.
Pretender que un militar actuará como policía solo por estar adscrito a una institución distinta es, cuando menos, una ingenuidad. Pretender que capacitar a los elementos de la policía militar y marina en derechos humanos —que se han hecho desde el sexenio de Calderón— modificará la lógica de combate y del uso de la fuerza, también.
Por ello, resulta contradictorio que la estrategia de seguridad del gobierno federal, con la que se justifica la creación de la Guardia Nacional, mezcle dos conceptos que son incompatibles en la práctica: la paz y el uso de la fuerza militar; apostando por continuar la guerra impulsada por los antecesores del presidente López Obrador a costa de alcanzar la paz por la que votaron más de 30 millones de personas.
No existe evidencia alguna en el mundo de que la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública detenga o disminuya la violencia. De hecho, la experiencia acumulada durante los últimos 12 años en nuestro país indica lo opuesto, el despliegue de las fuerzas castrenses para ejercer tareas de seguridad pública está directamente relacionado con el incremento de la violencia criminal, así como de las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas.
Más aún, los enfrentamientos armados del Ejército y la Marina contra las organizaciones criminales no las ha sometido al imperio del derecho, y tampoco se han reducido los delitos que buscan prevenir. La estrategia ha sido, a todas luces, un fracaso.
En ese sentido, continuar con la apuesta a las Fuerzas Armadas, sea con mando civil o no, sea adscritas a la SEDENA o a la SSPC, es una apuesta al olvido, a ignorar las consecuencias de la militarización que hemos vivido los últimos dos sexenios, a dar la espalda a miles de víctimas que exigieron la desmilitarización en los Foros Escucha, a no escuchar a expertos y organismos nacionales e internacionales que han recomendado el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y el fortalecimiento de las policías.
El despliegue de las fuerzas castrenses para ejercer tareas de seguridad pública está directamente relacionado con el incremento de la violencia criminal.
Esto de ninguna forma debe interpretarse como una exigencia del retiro inmediato de las fuerzas armadas de las zonas asoladas por la violencia del crimen organizado, sino como la necesidad de aplicar controles que existen en el texto constitucional, específicamente su artículo 29. A la par del fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, de las policías, y de un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas al lugar donde pertenecen: los cuarteles.
La creación de la Guardia Nacional representa una traición a los compromisos de pacificación, verdad, justicia y respeto por los derechos humanos por el que votaron los y las mexicanas el 1 de julio, minando el sentimiento de esperanza y la propia credibilidad de un gobierno que prometió "no apostar a la guerra".
Nos han querido hacer creer, desde hace dos sexenios, que la única vía para alcanzar la paz y la seguridad es con la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en las calles y que para ello es necesario crear una ley o una institución especial, como la Guardia Nacional. No es así, es posible una garantizar condiciones de seguridad en nuestro país sin recurrir a la guerra.
José Antonio Guevara es Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
fuente.-
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