El recién ratificado Procurador General de Justicia en el Estado de Baja California Norte, Antonio López Rodríguez, expuso que el responsable de colgar los últimos narcomensajes fue identificado gracias a cámaras de vigilancia. Se trata de Raúl N., director de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y lo hizo a bordo de unidades oficiales.
Resumen estructurado sobre el caso de narcomantas donde el gobierno es acusado y señalado en su colocación
Contexto y hechos clave
Funcionarios públicos y vehículos oficiales: La investigación oficial encabezada por el Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, identificó a Raúl N., director de Recursos Materiales de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como responsable de colocar narcomantas en La Paz usando vehículos oficiales del gobierno, específicamente de esa dependencia. Las cámaras de vigilancia captaron a Raúl N. y otras personas utilizando al menos tres vehículos estatales en varios episodios, con llaves y control exclusivo de esas unidades por el funcionario señalado.
Narcomantas y acusaciones: Las narcomantas aparecieron el 9 y 16 de julio en puntos estratégicos (puente al Aeropuerto Internacional y malecón) durante la madrugada. En sus mensajes, además de amenazas contra fuerzas de seguridad, se acusó directamente al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de recibir sobornos semanales de hasta 700,000 dólares por parte de la delincuencia organizada.
Profundización y repercusiones
Colusión e infiltración institucional: El caso evidencia infiltración del crimen organizado en dependencias estatales, pues los vehículos usados son tanto de particulares como del gobierno. A raíz del escándalo, se buscan filtros y controles más estrictos sobre el uso de los recursos públicos para evitar su aprovechamiento por delincuentes.
Reacciones y denuncia ciudadana: Activistas y ciudadanos también han denunciado presuntos vínculos y colusión de servidores públicos con el narco. Ejemplo: la activista Gemima Hernández recurrió a instancias federales tras amenazas del Cártel de Sinaloa, mientras líderes sociales señalan la infiltración de todos los niveles policiales y de procuración de justicia en Baja California Sur.
Detalles adicionales
Manipulación y mensaje de advertencia: El propio Procurador General reconoció que los autos oficiales han sido utilizados para generar miedo y que, al indagar sobre los vehículos, se detectaron maniobras para borrar evidencias, como el número económico de una unidad, y que los responsables dejaron de presentarse a laborar tras el escándalo.
Disputa criminal: Se destaca la presencia de dos facciones del Cártel de Sinaloa (Los Mayitos y Los Chapitos) disputando el control territorial e institucional en la región, lo que ha sido acompañado por una ola de mensajes y violencia.
Apología del delito en política: Una regidora de La Paz fue fotografiada portando playera con la leyenda “Super Chapo Bros”, lo que generó polémica y señalamientos de apología del delito por parte de la sociedad civil, aunque funcionarios minimizaron el hecho.
Frase clave
“Es muy fácil que el enemigo se meta a casa y que desde ahí empiece a generar daño hacia fuera… Esto ha sentado un precedente muy doloroso para las instituciones de seguridad en Baja California Sur” — Antonio López Rodríguez, Procurador General de Justicia.
En síntesis: El caso de las narcomantas en Baja California Sur no sólo expuso la utilización de recursos públicos y funcionarios para difundir amenazas y acusaciones graves contra el gobernador, sino que dejó al descubierto la profundidad de la infiltración criminal en instituciones estatales, el temor social para denunciar, y la lucha entre facciones del narco por el control institucional y territorial, con consecuencias directas sobre la seguridad y percepción ciudadana.
Lo malo es el origen del dinero con el que han sido adquiridos esos lujos.
Porque los ingresos legítimos y conocidos de sus dueños no dan para saldar esos lujos, y entonces el origen queda en duda.
O no.
Cualquier mexicano adivina su probable origen. Hemos crecido entre esas noticias. El origen son tratos donde se vendió el Bien de Todos como si fuera mercancía propia.
Te vendo los derechos de tus trabajadores. Te arreglo esta licitación. Te permito construir un rascacielos en tierras movedizas. Te dejo vaciar las pipas de petróleo tendidas en el desierto. Ese lago, cuadricúlalo y llévatelo a Nebraska. Los montes de Chihuahua rebánalos de arriba a abajo y llévate sus entrañas de metal a Canadá.
Y que se jodan los Otros.
Que no suban los salarios de tus trabajadores. Que se caiga el rascacielos al primer sismo y se mueran cuatrocientos. Que los pescadores se vuelvan mendigos. Que se jodan los montes. Que se jodan los pájaros y los peces y las ballenas y cuanto se movía en el lago.
Se le llama en buen español Robo al Bien de Todos.
Y lo malo no es solamente cada corrupto individual. El problema es que cada corrupto es un engranaje del Poder Político con el Crimen o con el Poder Económico.
Y en conjunto es un sistema de miles y miles de engranajes que articulan, detrás de la fachada del gobierno oficial, elegido en las urnas por ciudadanos conscientes, un segundo gobierno ilegal que opera a jalones anárquicos y que deshace lo que hace el gobierno legítimo.
Ya el PAN cuando gobernó generó a su aristocracia secreta de la corrupción. Ya el PRI generó la suya durante siglo. Y el problema es que la 4T prometió desarticular ese segundo sistema que en México existe desde siempre, y no lo hace.
No se atreve.
Y no se atreve.
Y de nuevo, ante un décimo escándalo, no se atreve.
Así los electores no estamos quedando sin opción. O corrupción azul o tricolor o guinda.
Y en tanto se escuchan las racionalizaciones que los pregoneros del pasado le ofrecen a la 4T:
—Es natural el saqueo, si estás hasta arriba de la pirámide del poder, donde el dinero corre en ríos.
—Dejen de presumir pureza, y roben sin contradicciones, muchachos. No sean Tolstoi, sean Shakespeare: pierdan la brújula moral y ya está.
Pero la corrupción no es natural. En la tribu de los chimpancés si un chimpancé roba plátanos y los esconde, luego de ser descubierto es descuartizado.
En el panal, si un avispón entra a robar la miel de todas las abejas, es rodeado por las abejas, envuelto, calcinado, vuelto cenizas.
Los animales gregarios saben que la cooperación no es posible condonando a los depredadores y no se les tolera.
En Alemania un secretario de Estado al que se le descubre un viaje de placer pagado por una petrolera mundial, debe renunciar al instante y se le lleva a juicio.
En Dinamarca una directora de escuela que se roba los dineros para cambiar los pupitres, debe resarcir el dinero y es encarcelada un año.
¿Cómo podemos prosperar Todos en un país ordeñado a diario miles por políticos-delincuentes?
¿Cómo puede funcionar un sistema trastornado por otro sistema oculto?
No podemos.
Y no podremos.
Por eso ese Rolex en rabia. Por eso el rancho del líder sindical es un monumento a la traición. Y los 4 mil dólares por noche del hotel de lujo decepciona tanto.
Qué barato vende la Izquierda la oportunidad de hacer Historia cuando no se atreve a ser impecable.
Los documentos y testimonios revelan un patrón constante: el uso de influencias políticas e institucionales por parte de Villarreal Jr. para impedir la convivencia de Brenda con sus hijos menores de edad.
Brenda tenía el derecho legal de convivir con sus hijos. Así lo establecía el acuerdo judicial después de su separación de Américo Villarreal Santiago, actual coordinador de los programas del Bienestar en Coahuila e hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.
Sin embargo, cada intento por verlos terminó en una batalla desigual: vigilancia, restricciones, mensajes filtrados, iPads confiscados, amenazas disfrazadas de procedimientos legales, fabricación de delitos e intimidación desde el poder.
Esta columnista tuvo acceso a expedientes judiciales y testimonios directos de personas vinculadas al caso. El material revela un patrón constante: el uso de influencias políticas e institucionales por parte de Villarreal Jr. para impedir la convivencia de Brenda con sus hijos menores de edad, bajo el argumento no declarado de control total.
El caso encaja con los elementos de violencia vicaria: uso de los hijos para castigar o controlar a la madre, instrumentación del aparato judicial y generación de denuncias como forma de intimidación. Lo que comenzó como un conflicto familiar escaló a una operación jurídica con rasgos de persecución.
Hay documentos, hay carpetas de investigación, hay detenciones. Y también hay omisiones. Lo que aquí se narra no es una inferencia ni una historia contada al oído. Son hechos documentados que cuestionan no sólo la actuación de un funcionario con poder, sino la complicidad institucional que lo rodea.
Brenda teme por su integridad y la de su familia. Por eso esta historia se publica. Porque cuando los expedientes se alinean con los silencios, la denuncia se vuelve una forma de resguardo.
DOCE AÑOS DE ASEDIO
Brenda contrajo nupcias con Américo Villarreal Santiago en abril de 2011. Ella tenía 23 años, él 27. Procrearon dos hijos varones. El primero nació ese año, el segundo en 2013. El matrimonio entró en conflicto a los cuatro meses de nacido el primer bebé, cuando Brenda descubrió una supuesta infidelidad de Américo. Además, a pesar de que el hijo del gobernador ha presumido que desde los 18 años cuenta con prósperos negocios, la “pensión” que “a veces” le daba a Brenda era de ¡500 pesos por cada niño! No le alcanzaba ni para pañales. En 2013 sobrevino la separación. Ella entabló una demanda por alimentos.
En mayo de ese año ella se mudó a Monterrey con los niños. El acuerdo judicial del divorcio, que se concretó legalmente en 2015, le daba esa prerrogativa. Cinco meses después, el 4 de octubre, Américo Jr., con la participación de sus padres, fue señalado por sustraer a los niños del domicilio donde vivían con Brenda. La ley tamaulipeca impone de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siempre y cuando haya devolución espontánea del menor o los menores. Pero el delito se perpetró en Nuevo León, donde la pena es de 4 años de prisión e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.
El 13 de octubre, el juez dio a Brenda la custodia provisional de los niños. Pero estos seguían en el domicilio de los abuelos, y no se los dieron.
El 18 de octubre Américo Villarreal Santiago fue detenido en Tamaulipas y trasladado a Monterrey. Brenda aprovechó el momento para llevarse a sus hijos, en cumplimiento de la disposición del juez. Encargó a su madre y a su hermana que trasladaran a los niños en un vehículo, y ella los siguió en otro, minutos atrás.
Al salir del conjunto residencial, dos vehículos se le cerraron al que conducía la madre de Brenda, donde viajaban los niños, tratando de hacerle perder el control. Uno era un Jeep Liberty en el que iban dos primos de Américo Villarreal Santiago. El otro, era la camioneta ranger propiedad de Américo Villarreal Anaya, pero conducido por la esposa, María de la Luz Santiago, actual primera dama del estado de Tamaulipas. La madre de Brenda pudo sortear la presión y recuperar el control del vehículo.
Pero, todavía más adelante, sobre la carretera Victoria Monterrey, un despliegue de unas 20 unidades de la Policía Federal las aguardaban para detenerlas, ya que la fuerza pública había sido alertada sobre el secuestro de dos niños. Llegó Brenda con los abogados, y aclarados los hechos la policía se empezó a retirar.
Pero llegó el subsecretario de Salud del gobierno del estado, Américo Villarreal Anaya, en una camioneta con los logotipos del gobierno, se instaló como encabezando el operativo, de pie sobre el asfalto, hablando com el responsable, telefoneando a la vez a a guarnición de la Policía Federal de Victoria, y como resultado retuvieron de nuevo a Brenda, su madre, su hermana, los niños.
Tiempo después, cuando la agitación bajó un poco, Brenda se mudó a un lado de la casa de Américo hijo. Tenía los niños para ella los fines de semana o se pasaban a dormir a su casa. Fue una época en la que tenía pareja, pero la relación terminó. Brenda tuvo que mudarse a otra colonia. Américo la vio desprotegida y comenzó de nuevo a tratar de impedirle ver a los niños.
A principios de 2017 le permitieron volver a ver a sus hijos, después de 11 meses sin contacto. Les regaló a los niños teléfonos para que estuvieran en contacto con ella, los niños le enviaban mensajes, diciéndole que su papá no les permitía verla. Al final, la madre se resignó a verlos cinco minutos a la salida de sus clases de tenis o de muay thai, les daba un abrazo rápido, un beso. Eso es todo.
Pero desde que el abuelo, Américo Villarreal Anaya, consiguió la segunda gubernatura para la familia, las cosas se complicaron para Brenda. No la dejan ver a los niños, la siguen, la vigilan, tienen todos sus dispositivos de comunicación intervenidos.
El año pasado, le pusieron un GPS en su camioneta, y cuando conducía en la misma carretera Cd. Victoria – Monterrey, la policía estatal la interceptó, le exigieron que bajara del vehículo, el cual comenzaron a golpear. Cuando pidió la razón, la bajaron, la esposaron, y la acusaron de narcotráfico. Fue incomunicada todo el día, la encerraron, cuatro días después la presentaron frente al juez. Pero los policías entraron en contradicción, además de que se presentaron discrepancias con las grabaciones.
Cuando iban a levantar los cargos, “apareció” un amparo, lo que permitió al juez aplicarle como medida cautelar la obligación de firmar cada semana en los juzgados de Ciudad Victoria.
Hace unos meses, Américo Villarreal Santiago emprendió un juicio para quitarle a Brenda definitivamente todo derecho sobre sus hijos, ante el Juzgado 3° de Primera Instancia de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, radicado en Ciudad Victoria, por el que exige “la declaración judicial de pérdida de la patria potestad y todos los derechos inherentes a la misma” que corresponden a Brenda, además de que también demanda de ella el pago de los costos legales del juicio.
El hijo del gobernador de Tamaulipas acusa a Brenda de “abandono de obligaciones alimenticias desde 2016”. Textualmente, el señor Delegado del Bienestar de la presidenta Sheinbaum instruye al juez para “desaplique” “porciones” de la ley adversas a sus propósitos, como la parte de la legislación que admite el alegato de abandono sólo cuando “compromete la salud, la seguridad o la moralidad”.
Dicta el hijo del gobernador, en su escrito de demanda: “En el caso actual debe desaplicar el artículo 414 fracción III en la porción normativa que se indica del Código Civil para el estado de Tamaulipas”. El argumento de la demanda es que los chicos están en riesgo de ser inducidos a consumir sustancias debido a que su madre fue detenida por narcotráfico, y que incluso está en riesgo su integridad física pues pueden ser atacados “por un bando contrario” del crimen organizado o ser víctimas de “un daño colateral”.
Y ahora, Brenda ha sido notificada de una nueva demanda, esta vez, por enriquecimiento ilícito, aunque vive solamente de la renta de una casa.
AMÉRICO III
El padre de los niños en litigio es el tercer Américo de la dinastía Villarreal. Nació en 1984, tres años antes de que su abuelo, Américo Villarreal Guerra, arrancara su gubernatura en Tamaulipas (1987-93). A sus tres años, el nieto ya corría por los pasillos de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.
Su padre, el segundo Américo, Américo Villarreal Anaya, hizo una carrera en el ámbito de la salud pública como director hospitalario, y llegó a subsecretario del sector en la administración estatal del panista Francisco Xavier García Cabeza de Vaca. Dejó el PRI en 2017 para sumarse a Morena, partido que lo hizo senador en 2018 y gobernador en 2021, esto último tras una campaña salpicada por los escándalos del traficante de combustible Sergio Carmona, presunto operador financiero de Morena, y perseguido por el FBI debido a presuntas actividades criminales.
Villarreal Anaya conocía a Carmona a quien consideraba “cordial y amable”, según dijo al diario El Mañana de Reynosa, pero negó saber “quién era el dueño” del avión en el que viajó alguna ocasión con Yeidkol Polevsnky, entonces lideresa de Morena.
Américo Villarreal Santiago tiene 41 años y es el primogénito del gobernador. Tiene dos hermanos, Humberto Francisco, y María. Lo mandaron a estudiar a (2004-07) a la Universidad de Monterrey (UDEM), una de las principales instituciones privadas de Nuevo León. Se tituló de administrador público en 2009, y entró directa y simultáneamente al sector privado y al público: ingresó a la dirección de ventas del consorcio Kin Energy y como secretario particular al Instituto de Cultura del estado.
Ya en 2011 se quedó de lleno en la burocracia, como Jefe del Departamento de Promoción y Relaciones Públicas del gobierno de Tamaulipas, en los gobiernos del priísta Egidio Torre Cantú, Cabeza de Vaca y en el de su propio padre. Eso dice su perfil. Otras versiones los señalan como “aviador” en instancias del sector salud del gobierno estatal, donde ha trabajado su padre.
Hasta 2024, cuando fue candidato plurinominal a senador. No resultó electo, pero en octubre de 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum lo nombró delegado de Programas para el Desarrollo en Coahuila. Su gestión ha estado marcada por la polémica, con críticas y rechazos hasta de sus correligionarios.
En febrero pasado, legisladores y regidores morenistas de Coahuila ―entre ellos el senador Luis Fernando Zalazar, los diputados federales Cintia Cuevas y Antonio Castro, el diputado local Antonio Attolini, y la regidora de Saltillo, Alejandra Salazar― denunciaron que Américo Villarreal Santiago promovía su imagen y la de la senadora Cecilia Guadiana Mandujano, con quien públicamente mantiene una relación de pareja, con recursos de programas federales.
Entre los hechos que reclamaban estaba la atención médica de adultos mayores en las instalaciones de la delegación de Bienestar en Coahuila, con presencia de personal y camionetas rotuladas con propaganda de la senadora Guadiana y del diputado local Alberto Hurtado, que fue asistente del padre de la legisladora, Armando Guadiana. También, que el delegado entrega tarjetas de afiliación a beneficiarios en casas de gestión de la senadora.
Más tarde, en junio, la revista Proceso publicó una relación de 25 vuelos privados efectuados por Villarreal Santiago en menos de dos meses, del 31 de enero al 25 de marzo, con un costo de más de un millón de pesos, a pesar de que su salario mensual es de 104 mil pesos mensuales, según la plataforma Nómina Transparente.
El funcionario respondió que usaba el avión “por puras cuestiones de chamba” y que lo sufragaba con recursos propios, pues contaba desde los 18 años con ingresos de sus negocios, principalmente en la ganadería y la agricultura. La presidenta Sheinbaum respaldó la versión de Villarreal en una de sus conferencias: “Pueden tener la certeza de que (…) no son dinero público, y en caso de que ésto se hiciera, lo tiene que investigar la Secretaría Anticorrupción”. Pero nadie va a investigar contra la certeza presidencial.
Es con lo que Brenda se ha enfrentado los últimos 12 años, y aún lo enfrenta. Con todas las relaciones heredadas de la primera gubernatura de la familia, y las de la actual, en un contexto de derrumbe del estado de derecho, en una era donde no importa si las gubernaturas se obtienen con relaciones cuestionables, y se ejercen sin límites, donde un mandatario estatal puede mandar a un fiscal, a pesar de que formalmente este sea independiente, y a todos los ministerio públicos y policías.
La decisión del gobierno de Morena en Sinaloa,la de seguir contratando otros 80 vuelos mas para bombardeo de nubes con recursos públicos, estimados en hasta 12 millones de pesos para 2025, es un reflejo de una política pública en la que lo inverosímil y lo cuestionable conviven con la urgencia de resolver una crisis de sequía severa.
Argumentos serios (y su lado jocoso):
Fondos Públicos y Poca Transparencia: Se destinarán millones de pesos a una estrategia cuyos efectos, aunque reportados como “exitosos” por las propias autoridades (alardeando un incremento entre 35% y 60% en la lluvia captada), carecen de consenso científico y evidencia concluyente entre especialistas internacionales en ciencias atmosféricas.
Cambio de Esquema y “Contabilidad Creativa”: El pago por vuelo, que ronda los 100,000 pesos cada uno (según contratos públicos), facilita que se realicen innecesariamente más vuelos cada vez que aparecen nubes, pues la medición real de resultados queda a discreción de quien emite los reportes mensuales, ya que el éxito del “bombardeo” se da casi por hecho si llueve tras el vuelo.
El Futbol y la Ciencia: La estrategia tiene un aire a “esperemos que ahora sí llueva” o que “con fe y tecnología internacional”, como se ha declarado oficialmente, “mejorarán los niveles de las presas”. Suena más a discurso motivacional —o a la promesa de un milagro en la cancha— que a rigor técnico o planeación hídrica responsable.
Nos ven la cara de tontos
Es legítimo, y casi obligado, como periodistas y como ciudadanos, demandar una supervisión independiente, acceso a los datos técnicos y transparencia completa en la justificación de este gasto. ¿Dónde están los estudios previos, los resultados auditados externamente y los reportes públicos de eficiencia? El gobierno debe responder por qué insiste año tras año en una política de alto costo y resultado dudoso, sobre todo considerando que en experiencias pasadas la “estimulación” ni siquiera logró recuperar niveles mínimos en las presas.
Si la crisis de agua es real, también debe serlo el escrutinio: ningún funcionario—ni avión—debe volar encima de la ciencia ni de la rendición de cuentas. Lo serio aquí es que, entre lo risible de bombardear nubes con bengalas y esperar un aguacero de millones, quien termina mojado es el ciudadano… ¡pero de dinero!.
En la Camara de Diputados,donde la patria deberia ser primero,quedo evidenciada otra conducta rapaz, muestra flagrante de desprecio por el dinero del público y una burla a los principios de austeridad que, en teoría, deberían regir a toda institución del Estado mexicano en momentos en que el pais esta lleno de deudas.
La decisión de gastar casi 5.8 millones de pesos en la compra de butacas para auditorios y galerías, a un precio por unidad de 6,687 pesos—cifra más del doble del valor promedio del mercado, que ronda los 2,500 pesos por butaca—es indefendible y muestra una actitud depredadora hacia los fondos que pertenecen a todos los mexicanos.
Esto no solo demuestra falta de sensibilidad ante la realidad económica del país y de millones de personas que enfrentan carencias, sino que retrata una cultura de saqueo, privilegio y absoluta desconexión con las demandas ciudadanas de transparencia y buen gobierno.
La diferencia de más de 4,000 pesos entre el valor comercial de las butacas y lo pagado por la Cámara solo puede explicarse por prácticas opacas y corruptas que han lacerado históricamente la credibilidad de las instituciones públicas.
Más alarmante aún es que los responsables de estas decisiones confíen en la impunidad y en la apatía de la opinión pública, renovando además mobiliario y baños como si fuera una prioridad legítima en un país con profundas necesidades sociales. Es cínica y vil la forma en que se pretexta el desgaste para justificar nuevos gastos millonarios —apenas cuatro años después de una renovación previa— y se desprecia el cuidado responsable y eficiente de los recursos de la nación.
Esta conducta, lejos de ser un simple error administrativo, debe ser condenada con severidad: es una traición al mandato de servir al pueblo, una simulación en la aplicación de políticas de austeridad y un insulto a la inteligencia pública. No hay eufemismos que puedan suavizar la gravedad de este acto rapaz. Se requiere investigación, rendición de cuentas y, sobre todo, un cambio real en la forma en que se manejan y vigilan los dineros públicos, para erradicar estos abusos de raíz.
Como los podriamos conceptuar sin equivocarnos
A esta pléyade de especímenes execrables cabe conceptuarla, sin aspavientos ni metáforas, con todo el rigor del léxico sobrio y preciso de la Real Academia Española, como sigue:
Ignominiosos: Porque su conducta merece el más profundo deshonor público, al incurrir en prácticas que degradan la función pública y rebajan la institucionalidad a mero instrumento de lucro y simulación.
Dolosos: En tanto que su proceder entraña deliberación maliciosa en el manejo del erario, favoreciendo intereses privados mediante decisiones arbitrarias y marcadamente desproporcionadas respecto a los estándares del mercado.
Expoliadores: Porque despojan al pueblo de recursos con fines espurios, disfrazados de actos administrativos, amparados en procedimientos opacos y complacencias burocráticas.
Nepóticos o clientelares: Ya que suele observarse en estos casos una relación indebida entre el ejercicio del poder y la asignación de contratos a entidades posiblemente afines, sin priorizar el interés general.
Impunemente insolentes: Pues su actuar prescinde del más mínimo recato institucional, con desfachatez y arrogancia, como si el patrimonio público les perteneciera y no debiesen rendir cuentas a nadie.
Lesivos al interés público: Finalmente, porque su conducta contradice los principios de eficiencia, legalidad, honradez y lealtad institucional que exige la función pública conforme al marco normativo mexicano.
A este conjunto, la sociedad no debe referirse con eufemismos ni permisividad moral: son representantes de una patología endémica en la administración pública, cuyo tratamiento exige vigilancia cívica, sanción ejemplar y una ética indeclinable en el ejercicio de lo común.
Sin animo de faltarle el respeto a ninguno de estos ilustres del gabinete federal de seguridad ,los que si le faltan el respeto al conglomerado con su falta de resultados, hoy nuevamente se reúnen como misa del medio día y tan solo para descubrir que siempre se puede estar peor en Sinaloa,donde el parte de guerra siempre supera al anterior y eso no puede ser el objetivo de ningun plan que se digne en llamarse estrategia.
Solemne Concilio de la Resiliencia Permanente: Crónica de un Gabinete en Modo Replay
Como ustedes ya saben,este domingo, como el pasado, aunque deberian de contarse todos los domingos de “home office” desde hace casi 11 meses de guerra en Sinaloa ,donde violencia no descansa pues el descanso dominical es solo para los godínez,se volvio a convocar el santo y muy discutido gabinete de seguridad, mejor conocido como el “Club de los que Juran que Esta Vez Sí“, claro esta,desde algun lugar fuertemente pertrechado lleno de soldados,donde la esperanza agoniza pero la junta persiste.
Es admirable, en serio, cómo se sientan con rostro adusto y libreta en mano, tal vez una tablet,para revisar los eventos del pasado domingo…que casualmente se parecen sospechosamente a los del antepasado… y el anterior… y los de todos aquellos cruentos meses que han sido de noticia nacional. Lo que parece un ejercicio de gestión, se ha convertido en una terapia grupal de frustraciones compartidas con cargo al erario.
Repiten el protocolo, las comparecencias, y nunca falta al final la épica frase del “Batman Azteca” de “ya los tenemos mermados,estan bien debilitados”. La prensa toma nota y la mayoría lo replica integro sin cuestionarlo, pues para eso se les paga y bien,los ciudadanos bostezan con miedo y los malandros andan planeando el próximo golpe en la otra cuadra y sin importarles si ya se fueron los turistas dominicales.
Irónicamente, en el sector privado por mucho menos, te dan las gracias. Si después de casi un año de reuniones semanales no mejoras números, eficiencia ni resultados, lo menos que te espera es una amable caja de cartón para llevarte tu taza favorita, la foto de tus chilpayates y tu señito,ademas el viejo diploma de “Empleado del Mes”.
Pero aquí, amigos y amigas, los incentivos se manejan distinto, son Militares. Cada domingo bien pertrechados pero sin miedo,se reúne algo que parece un gabinete pero que actúa como grupo de WhatsApp sin administrador, donde claramente hay una charola mañosa que actúa como “don chingon” por encargo presidencial, aunque sea de plastico,donde todos opinan y nadie resuelve.
Y aún así, ¡aguas!, porque nadie los detiene. Van a seguir sesionando y poniendo en práctica estrategias de ensayo y error hasta que le atinen a alguna que al menos pueda paliar la crisis y reducirla a terminos que permitan sobrellevarla, como en el resto del pais.
Aunque claramente esto lo definirá la agenda de enconos dentro del Cartel de Sinaloa como el dijo el general que indignados corrieron.
Quizá no la resuelven, pero no les falta nunca que decir, aunque vuelvan a decir lo que ya habian dicho, pero calendario ni sala de juntas les va faltar en medio de protección militar.
Así que este domingo no es uno más; es uno menos… para que algún día —ojalá no en otro sexenio— la seguridad deje de ser solo un tema dominical, y se vuelva, aunque sea por accidente, una realidad de lunes a sábado,tal y como lo prometieron,quedarse hasta resolverlo y no cumplieron.
