Tres de las seis víctimas que fueron atacadas ayer en taquería de Tlaquepaque,en Jalisco, se desempeñaban como instructores internacionales que colaboraban con la embajada de Estados Unidos y estaban en Jalisco impartiendo un curso en la Universidad Policial (Unipol).
Víctimas identificadas
César Gustavo Guzmán González: Ex policía, ex agente de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Interpol.
Carlos Amador Chavela: Originario de Hidalgo, perito especializado en delitos financieros y compliance.
Pablo Cajigal del Ángel: Analista de inteligencia originario de Chihuahua, quien resultó gravemente herido y hasta la noche del viernes continuaba hospitalizado con nueve heridas.
Detalles del ataque
Las víctimas habían terminado de impartir clases en la Unipol y se dirigieron a cenar a la taquería ubicada en Avenida Santa Rosalía, casi esquina con Calle Doroteo y Ramón Corona. Aproximadamente a las 21:30 horas, un grupo de sujetos armados irrumpió en el lugar y abrió fuego contra ellos.
En el sitio murieron César Guzmán González y Carlos Amador Chavela. Pablo Cajigal del Ángel fue trasladado en estado grave. La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó que, además de los fallecidos, resultaron heridos dos hombres y dos mujeres, quienes reciben atención médica.
Contexto y reacciones
Los instructores habían sido fotografiados días antes junto al Secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, en el marco de su colaboración con la Unipol.
La agencia consultora Chappela Investigaciones, dirigida por Amador Chavela, agradeció públicamente en redes sociales las atenciones recibidas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal y destacó la trayectoria de los instructores, señalando su experiencia tanto en México como en Estados Unidos.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con el ataque y las investigaciones continúan para esclarecer el móvil y dar con los responsables.
Moody’s rebajó ayer viernes la nota soberana de Estados Unidos a “AA1” desde “AAA”, citando el aumento de la deuda y los intereses, que son significativamente superiores a los de países con calificaciones similares.
“Las sucesivas administraciones y el Congreso de Estados Unidos no han logrado un acuerdo sobre medidas para revertir la tendencia de grandes déficits fiscales anuales y los crecientes costos de los intereses.
“Esta rebaja de un nivel en nuestra escala de calificación de 21 niveles refleja el aumento, durante más de una década, de la deuda pública y los ratios de pago de intereses a niveles significativamente superiores a los de países con calificaciones similares”….Moody’s
Pero que significa este brete en puro spanglish, como si lo platicaran dos chicanos echando el chal:
“So, al final del día, bro, el sueño americano anda medio crudo, y aunque el dólar todavía rifa, ya no es intocable. Moody’s basically dijo: “Hey, USA, ponte las pilas o te va a salir más caro todo el show.” Así que, raza, más vale que los políticos de alla se pongan de acuerdo, porque si no, todos vamos a sentir el bajón, aquí y allá.
Así es la movie, compa: más deuda, más drama y menos AAA. Stay tuned, porque esto apenas empieza.
-Ey, bro, ¿ya viste que Moody’s le bajó la calificación a los States? -¿Neta? ¿Cómo que ya no somos triple A? -Simón, la neta Moody’s ya nos tumbó de ese pedestal. Ahora somos AA1, igual que otros países que no están tan chidos en la lana. -¿Y eso por qué, güey? -Pues dicen que el Uncle Sam anda bien endeudado, y cada año el déficit se pone más grueso. O sea, gastan más de lo que entra y los intereses de la deuda se están yendo al cielo, mucho más que otros países que tienen la misma calificación. -Chale, ¿y qué, ya nadie confía en los bonos gringos o qué? -Pues la neta, los inversionistas ya están pidiendo más feria por prestar lana, por eso subieron los intereses de los Treasury Bonds, bro. El de 10 años ya anda en 4.48%. -¿Y el gobierno qué dice? -Pues nomás se tiran la bolita. Que si los republicanos, que si los demócratas, nadie se pone de acuerdo pa’ bajar el déficit. Moody’s dice que no ven que los políticos vayan a recortar el gasto ni a bajar el déficit en serio, así que la deuda va a seguir subiendo. -¿Y eso qué significa pa’ la raza de a pie? -Pues mira, si suben los intereses, todo sale más caro: desde los préstamos pa’ casa hasta los carros, y hasta el gobierno va a tener que pagar más por pedir prestado. Y si la banda de otros países ve que los gringos ya no son tan seguros, igual y dejan de meterle lana al dólar, aunque Moody’s dice que eso todavía no pasa porque el dólar sigue siendo el rey. -No, pues sí está heavy. Ya ni el dólar es lo que era, compa. -Así es, bro, puro déficit y la política bien crazy. Por eso Moody’s ya no les da el triple A. Welcome to la nueva realidad, man.
Así, en corto, los gringos ya no son el ejemplo de solvencia mundial, y ahora sí, a todos nos toca bailar con la más fea si no le bajan al gasto y le suben a los ingresos.
“Estados Unidos registra un enorme déficit presupuestario, ya que los costos de los intereses de la deuda del Tesoro siguieron aumentando debido a una combinación de tasas de interés más altas y mayor deuda que financiar.
El déficit fiscal ascendió a 1.05 billones de dólares en lo que va de año, un 13 por ciento más que hace un año.
Sin embargo, la entrada de aranceles ayudó a reducir parte del desequilibrio el mes pasado.
Moody’s se había mantenido firme en su postura de mantener la deuda soberana estadounidense con la calificación crediticia más alta posible, lo que sitúa a la agencia, con 116 años de antigüedad, al nivel de sus rivales.
Standard & Poor’s rebajó la calificación de Estados Unidos de “AAA” a “AA+” en agosto de 2011, y Fitch Ratings también rebajó la calificación del país de “AAA” a “AA+” en agosto de 2023.
El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años se disparó 3 puntos básicos en las operaciones posteriores al cierre, cotizando al 4.48 por ciento.
“No creemos que las propuestas fiscales actuales que se están considerando resulten en reducciones significativas plurianuales del gasto obligatorio y los déficits”, concluyeron.
Para expresarlo de una manera rimbombante y contundente,aunque lo correcto sea decir que “les vale madre la ley,porque están armados”, vamos a decirlo de otra manera y que por igual subraya el contraste en la lucha desigual de dos imperios, el imperio de la ley y el imperio de la fuerza tras la gravedad institucional del desacato militar:
“En un abierto desafío al Estado de Derecho, la Secretaría de la Defensa Nacional actúa bajo la premisa de que el poder de las armas les otorga licencia para subordinar la ley a su voluntad, instaurando de facto el imperio de la fuerza sobre el imperio de la ley, y relegando la autoridad judicial a una mera formalidad sin consecuencias reales”.
Ya no se componen:
“La Defensa, amparada en su monopolio de la fuerza, ha decidido erigirse por encima de la legalidad, despreciando las órdenes judiciales y sustituyendo el gobierno de las leyes por el arbitrio de los hombres armados, como si la Constitución fuera papel mojado ante el estrépito de los uniformes”.
“Asistimos a la instauración de un contraderecho: un poder fáctico que, armado y arrogante, se coloca por encima del orden constitucional, bloqueando el acceso de la ciudadanía a la justicia y demostrando que, en México, la ley es letra muerta cuando quien la viola porta uniforme verde y armas”.
“El desacato militar evidencia que, en ciertos rincones del poder, la ley no es más que un obstáculo menor frente a la voluntad de quienes detentan las armas, instaurando así el reino de la fuerza sobre la dignidad institucional y el equilibrio democrático”.
Fundamentación conceptual
Estas formulaciones apoyan la idea de que el imperio de la ley es la única garantía de paz y dignidad para la sociedad, y que su sustitución por el imperio de la fuerza implica la destrucción del orden constitucional y la vulneración de los derechos fundamentales.
Además, el concepto de contraderecho ilustra cómo ciertos actores, al sentirse impunes y respaldados por el poder armado, bloquean el ejercicio legítimo de los derechos de terceros y erosionan el Estado de Derecho.
Lo que esta pasando en Bacalar, exhibe el peligro institucional de que una autoridad armada decida, por su cuenta, ignorar las resoluciones judiciales y actuar como si la ley fuera irrelevante frente a su poder de coacción.
Que paso ?
Con un proceso de suspensión de por medio por la demanda de amparo indirecto que iniciaron dos organizaciones de la sociedad civil en Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ‘desobedeció’ la orden de un juez de distrito y retomó las obras de una construcción irregular en la zona federal de la Laguna de Bacalar.
Ante el desacato de la Sedena, la asociación civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y ciudadanos responden a este incumplimiento de la secretaría y piden a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que “ponga orden” en este proceso legal.
“Más que hacer un llamado en este momento a Semarnat, Conanp o Profepa, el llamado es a la presidenta. Que ponga orden porque a la única persona que le deben obediencia es a ella. Que ponga orden para que empiecen a suceder las palabras que se tienen que convertir en hechos”, señaló en entrevista José Urbina, buzo de cuevas y miembro de las colectividades Sélvame del Tren y Cenotes Urbanos.
Por su parte, la abogada Irama Morales Cruz de la asociación civil Defendiendo un Medio Ambiente Sano (DMAS) y promovente del amparo indirecto por las obras irregulares de la Defensa Nacional con el expediente 275/2025, denunció que lo que ocurrió por parte de los ingenieros de la Sedena, al retomar las actividades fue una “total violación a la suspensión provisional”.
Animal Político escribió al área de prensa de la Secretaría de Defensa Nacional pero, al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.
Obras de la Sedena en la zona federal de la Laguna de Bacalar. Foto: Facebook de Derecho a un Medio Ambiente Sano, A.C. (DMAS)
El desacato del ejército a dos suspensiones
La suspensión provisional que la asociación civil DMAS interpuso corresponde a la demanda de amparo en la que denuncian que la obra del ejército es ilegal porque pone en riesgo inminente el equilibrio ecológico en Laguna de Bacalar.
Sin embargo, aunque un juez de distrito en el estado ordenó a la dirección de ingenieros de la Sedena paralizar las obras para que autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Dirección de Ecología del ayuntamiento de Bacalar, acudan y verifiquen si realmente hay un daño al medio ambiente; la secretaría no cumplió.
“Lo que acabamos de ver esta semana es que la Sedena, los ingenieros como tal, retoman las actividades en total violación a esa suspensión. No sólo de nuestro amparo sino también del amparo de los ciudadanos de Bacalar que es el 241/2025 donde hay una suspensión definitiva y quiere decir que, durante todo el juicio deben respetar esa suspensión” declaró la abogada Irma Morales Cruz en entrevista para Animal Político.
La abogada explicó que ante la desobediencia de la Sedena se debe interponer un “incidente” por incumplimiento dentro del juicio, es decir, que se establezca un procedimiento dentro del juicio principal por no cumplir con la orden del juez.
Sobre esto, añadió la abogada, debería ser a través de la ley que se establezcan las sanciones por la violación de una suspensión. Sin embargo, se requieren medidas contundentes para que se paralicen las obras y medidas penales, es decir, dar aviso al ministerio público adscrito al juzgado federal para que verifique realmente por qué no se está cumpliendo con lo dicho por el juez.
“No eres dueño de la selva ni del manglar”
José Urbina compartió a este medio que también es parte de la denuncia que se hizo en contra de la obra de Bacalar. El buzo de cuevas explicó que el estado de Quintana Roo tiene un largo historial de atropellos medioambientales y, aunque la ciudadanía levantaba la voz no contaban, en su momento, con las herramientas y procedimientos necesarios para enfrentar estas ilegalidades.
“Cada vez somos más, ya no sólo es cuidar el parque de tu calle o limpiar la playa que está cerca de tu casa, cada vez te das cuenta que hay gente que está metida en la selva, que está en Puerto Morelos o en Tulum, que nos empezamos a unir y alzar la voz porque, aunque estos atropellamientos parecieran ser aislados, son parte de de lo mismo”, declaró.
Urbina supo del caso en Bacalar cuando conocidos en ese municipio lo alertaron. Como respuesta a esta denuncia y por el respeto que tiene por los estromatolitos y la belleza del lugar; él junto con otros ciudadanos recolectaron información suficiente del sitio para presentar una denuncia ante las autoridades.
“Tú puedes ser dueño de un lote pero no eres dueño de la selva. No eres dueño del agua. No eres dueño del manglar. No eres dueño del ecosistema. Al contrario, esa pequeña propiedad que tienes te hace responsable de cuidarla no de venderla al mejor postor, que es lo que se ha hecho con Quintana Roo, empezando desde el gobierno estatal con el gobernador que quieras”, denunció.
La vulnerabilidad de un desacato por parte del Ejército
Aunque ciudadanos en Bacalar y las organizaciones DMAS y PROJUC tienen un proceso de suspensión pendiente a resolverse en una audiencia que se celebrará el próximo 22 de mayo de 2025 a las 9:00 horas tiempo de Quintana Roo, expresaron sentirse vulnerados ante el desacato de la Sedena.
“Lo primero que te causa es una sensación de vulnerabilidad tremenda. Te sientes débil. Te sientes impotente (…) lo mismo nos sucedió con la construcción del Tren Maya en la selva que, legalmente, la ciudadanía ganó. Los conocimientos que pusimos a disposición de la ley funcionaron, la ley dijo ‘esto es una agresión al medioambiente y no puede continuar, no tiene las garantías para que continúe y se impuso de todas formas”, dijo Urbina.
Por su parte, Irma Morales Cruz, abogada de la asociación ambiental DMAS, expresó que aunque la Sedena no obedeció a la orden de un juez, desde su posición no renunciarán. También insistió en que, pese a lo sucedido, es importante tener a la mano los recursos legales con los que cuenta la ciudadanía para hacerlos efectivos.
La abogada resaltó la importancia de la voz de la ciudadanía para denunciar y presenciar todos estos hechos al tomar evidencia porque sirve demasiado para recursos legales.
“Esto, a la par, es muy bueno para poder generar también conciencia en la demás ciudadanía y en que no pueden brincarse la ley así nada más porque, al final, ellos son autoridad y son el ejemplo para los demás ciudadanos que, lamentablemente, en Quintana Roo estamos plagados de eso”, recomendó.
Laguna de Bacalar. Foto: Cuartoscuro
Hoteles del ejército una réplica latente
DMAS advirtió que la creación de hoteles turísticos a cargo de la Sedena es un fenómeno que ya se está replicando como ocurre con el hotel de Calakmul en la Reserva de la Biósfera de Calakmul y que es parte de la ruta del megaproyecto Tren Maya, pese a que originalmente estas construcciones no se encontraban en los planes de construcción pues no incluían hoteles.
Animal Político publicó recientemente la investigación Impactos del Tren Maya 25 años después de su operación. Con la revisión de las periciales a las que este medio tuvo acceso se observa una aceleración en la pérdida de servicios ecosistémicos que la península de Yucatán experimentará como consecuencia del cambio de uso de suelo.
“Esto ya se está replicando y va a seguir haciendo porque es la misma autoridad la que da el ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. Hoy en día, en la asociación tenemos casos que nos llegan sobre construcciones en ecosistemas costeros y manglares. (…) Esto es lo que sucede en Quintana Roo”, denunció la abogada.
La obra de la Sedena en Bacalar se inició de manera irregular sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y sin un proceso de consulta pública para la comunidad.
“Tenemos que mantenernos fuertes y fieles a lo que tenemos para defender nuestro hogar y ojalá suceda”, añadió José Urbina.
La Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la FGR realizó una diligencia final en el caso de abuso sexualpresuntamente cometido por militares, tras la denuncia presentada por María “O” en agosto de 2023.
Con fuerte presencia de la Policía Federal Ministerial y la Guardia Nacional, peritos y agentes investigadores acudieron al sitio de los hechos, llamando la atención por el amplio despliegue de seguridad.
Los abogados de la víctima, Roberto Puente Martínez y Édgar Netro Acuña, acusaron a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de obstaculizar el casoal impedir la comparecencia de los cinco soldados señalados.
“La investigación está cerca de concluir, pero falta la cooperación de la Sedena. Están entorpeciendo la investigación al evitar que sus elementos se presenten, aduciendo que realizan labores especiales“, señaló Netro.
Impunidad militar en México: un patrón histórico y actual
El caso de María “O”, víctima de abuso sexual presuntamente cometido por militares en Nuevo Laredo en 2023, no es un hecho aislado, sino parte de una conducta repetitiva y profundamente arraigada en la historia institucional de México.
La dificultad para someter a los soldados al imperio de la ley, la obstrucción de investigaciones y la protección corporativa son elementos que han caracterizado la relación entre las Fuerzas Armadas y la justicia civil en el país, simple y llanamente, mas que respeto,les tienen miedo y es valido,es fundado,estan armados.
Obstáculos actuales en el acceso a la justicia
En el caso de María “O”, la Fiscalía Especializada en Materia de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) está por concluir la investigación y podría solicitar órdenes de aprehensión contra los militares señalados.
Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha obstaculizado el proceso al impedir la comparecencia de los soldados bajo el argumento de que realizan “labores especiales”.
Un truco que ya han utilizado muchas veces y que nos remite al caso sin resolver de la ejecución del candidato priista Rodolfo Torre Cantu en 2010,donde Marinos nunca quisieron comparecer ,protegidos por igual por la Marina,hasta que de plano dijeron,”ya desertaron”.
Los abogados de la víctima denuncian que la Sedena protege a sus elementos y entorpece la investigación, lo que retrasa la justicia y perpetúa la impunidad.
Un patrón histórico de impunidad
Desde hace décadas, los abusos cometidos por militares -incluyendo tortura, desapariciones y violencia sexual- rara vez se investigan y sancionan adecuadamente. En muchos casos, los responsables son juzgados por tribunales militares que carecen de independencia, lo que favorece la impunidad.
Organizaciones internacionales y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han documentado que la jurisdicción militar ha sido utilizada para encubrir violaciones graves de derechos humanos, impidiendo el acceso efectivo a la justicia para las víctimas.
Los datos muestran que menos del 16% de las investigaciones penales en México se resuelven, y la impunidad es aún mayor cuando se trata de delitos cometidos por militares o policías.
Excepciones y avances aislados
Existen contados casos en los que militares han sido condenados por delitos graves, como la sentencia de 20 años de prisión contra un soldado por la tortura sexual de una mujer indígena en Guerrero, 21 años después de los hechos. Sin embargo, estos casos son excepcionales y suelen requerir presión internacional y años de litigio.
El costo social y político de la impunidad militar
La persistencia de la impunidad militar debilita la confianza en las instituciones y perpetúa la violencia contra la población civil, en particular contra mujeres y comunidades vulnerables.
El despliegue militar en tareas de seguridad pública, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas, ha incrementado las denuncias por abusos y ha relegado la reforma policial y el fortalecimiento de la justicia civil, ademas de que son un repetitivo fracaso.
Llamado urgente a romper el ciclo
La postura de la Sedena y la protección sistemática a sus elementos no solo obstaculizan la justicia en casos individuales como el de María “O”, sino que perpetúan un ciclo de violencia e impunidad que ha marcado la historia reciente de México. Romper este patrón exige voluntad política real, cooperación institucional y la aplicación irrestricta del principio de igualdad ante la ley, sin excepciones para el fuero militar..
“La ley es pareja para todos, independientemente de que sean militares”, enfatizan los defensores de María “O”.
Solo una respuesta sin miedo y contundente del Estado, que incluya la sanción efectiva de los responsables y la eliminación de privilegios jurisdiccionales para las Fuerzas Armadas, permitirá despertar conciencias y avanzar hacia una justicia genuina para las víctimas, porque si esto no ocurre,un dia de estos van a amanecer con ganas de tomar el poder por la fuerza,traicionando la democracia como ya lo han hecho historicamente,pues el pais esta documentado,en gran parte ha sido una sucesión de traiciones de militares.
El comentario de Jorge Reza Holguín, publicado en EL NORTE, tras el fracaso en Tribunales Federales de la primera condena del caso conocido como “La estafa Maestra”, mandó un mensaje a los abogados postulantes auténticos con casta y garra,al cuestionar con ironía y preocupación la situación del Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señala que, si así están las cosas actualmente, es preocupante imaginar cómo serán los próximos jueces, magistrados y ministros.
La resolución judicial que detonó el comentario,es la revocación de manera definitiva la primera sentencia condenatoria relevante del caso: la de Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros de la extinta Sedesol, por un pago ilegal de 7.8 millones de pesos a la UNACH.
La realidad judicial: absoluciones y tecnicismos
El tribunal colegiado absolvió a Montoya porque el juez de primera instancia modificó la acusación original: la FGR la acusó de “pagar ilegalmente” una factura, pero el juez la condenó por “otorgar autorización para pagar”, lo que constituyen hechos diferentes según la ley. Esta modificación atentó contra los principios de imparcialidad y defensa, según el tribunal.
Montoya ya había librado otro proceso por pagos irregulares a la Universidad Politécnica de Chiapas y sólo tiene pendiente uno más, por 20 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
Ningún exfuncionario procesado por la Estafa Maestra, salvo Rosario Robles, ha pisado la cárcel, y los delitos imputados no son considerados graves. Las penas han sido mínimas, conmutadas por multas o servicio comunitario, y no hay acusaciones por enriquecimiento ilícito, peculado o lavado de dinero, pese a que el desvío documentado supera los 5 mil millones de pesos.
El trasfondo: impunidad y desgaste institucional
El comentario de Holguín refleja la frustración de una sociedad que observa cómo los grandes casos de corrupción terminan en absoluciones o sanciones menores, muchas veces por tecnicismos legales o por la debilidad de las acusaciones.
La Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República han documentado el desvío de recursos a través de convenios con universidades, pero el destino de los fondos sigue sin esclarecerse y los responsables directos no son sancionados con rigor.
La inhabilitación administrativa de algunos funcionarios es la excepción, no la regla, y en los casos penales el avance es mínimo o nulo.
La advertencia sobre el futuro judicial
El comentario de Holguín cobra fuerza ante este escenario: si el sistema judicial actual permite que casos emblemáticos de corrupción se diluyan entre tecnicismos y resoluciones favorables a los acusados, ¿qué puede esperarse de las próximas generaciones de jueces y magistrados? La falta de consecuencias reales y ejemplares fomenta la percepción de impunidad y debilita la confianza en las instituciones.
“Si así está el actual Poder Judicial Federal o Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿tienen una leve idea cómo vendrán los próximos jueces de distrito, unitarios, magistrados y ministros?”.
Este cuestionamiento se convierte en una advertencia: mientras no haya una transformación profunda en la procuración e impartición de justicia, los nuevos integrantes del Poder Judicial podrían reproducir -o incluso agravar- los vicios y deficiencias actuales.
En resumen: El comentario de Jorge Reza Holguín es un retrato fiel y crítico de la lastimosa realidad judicial en México, donde los grandes casos de corrupción como la Estafa Maestra terminan en absoluciones, sanciones menores o en la nada, y donde el futuro del sistema judicial parece condenado a repetir los mismos errores si no hay un cambio estructural de fondo.
Las tensiones entre el General Ricardo Trevilla y Omar García Harfuch se han intensificado a tal grado que la presidenta Claudia Sheinbaum estaría en la posición de elegir entre ambos, lo que pone de manifiesto una inminente crisis al interior del aparato de seguridad mexicano.
La narrativa de Codigo Magenta es acusadora,pone a relieve dos visiones distintas, pero remarca la tensión entre el ejercito de los hombres de uniforme verde olivo,que lo cambiaron por las billeteras verde olivo.
