Tres días después de la primera ejecución en lo que va del nuevo trienio del Alcalde Mauricio Fernández en San Pedro, ayer se anunció que dos policías fueron dados de baja por la sospecha de participar indirectamente en este hecho.
Fernández y su Secretario de Seguridad Pública municipal, José Luis David Kuri, señalaron que los policías Rogelio Augusto Remix Márquez y Rodolfo Valdez Salas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
El pasado lunes, un hombre de unos 35 años fue ejecutado en la zona de Los Callejones, a unos 600 metros de la Presidencia Municipal.
Según el Alcalde, los elementos policiacos abandonaron ese día la vigilancia del cuadrante donde están Los Callejones al momento de la ejecución.
Todos los días estuvieron ahí, afirmó, menos el lunes.
Fernández dijo que, al ser cuestionados, los policías señalaron que acudieron a un taller mecánico a revisar unas balatas, pero al investigar en el negocio detectaron que mintieron.
“Los policías que debían cuidar puntualmente ese lugar no estaban y otro día sí estaban, entonces hay una duda de si actuaron o no actuaron ayudando a las gentes que perpetraron el asesinato.
“Te resulta que te estaban echando mentiras que fueron al taller, y no, no fueron, ya checamos en el taller y no, no fueron, deben estar involucrados en el crimen”, aseguró. “No quiero hacer esto como una acusación, es trabajo de la Fiscalía (General de Justicia del Estado)”.
El Alcalde afirmó que un hombre y una mujer serían los responsables de la ejecución del lunes.
“De los presuntos responsables que cometieron el crimen, ya tenemos información de quiénes son -una hombre y una mujer- y también ya se turnó para la investigación en la Fiscalía que hagan el procedimiento que corresponda”.
El panista resaltó que los dos elementos dados de baja se graduaron recientemente del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Policial de San Pedro.
Valdez Salas se graduó el 1 de junio y Remix Márquez, el 1 de agosto, se dio a conocer.
Este último sería perteneciente a la última generación de cadetes que graduó el ex Alcalde Miguel Treviño.
“Curiosamente entraron uno en junio y otro en agosto.
“Son de los famosos cadetes de Miguel (Treviño). Siempre he insistido en que la policía está penetrada por gente o cárteles, lo que ustedes quieran”, dijo Fernández.
David Kuri puntualizó que ya se ha hecho una limpia de la policía, con el despido de alrededor de 35 elementos.
A principios de noviembre, el Alcalde presumió su “blindaje” en San Pedro y señaló que no se habían registrado delitos de alto impacto, como ejecuciones, lo que atribuyó a trabajos de inteligencia y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno.
Validez de las acusaciones
Las acusaciones del alcalde Mauricio Fernández contra los dos policías municipales de San Pedro presentan aspectos tanto válidos como cuestionables desde una perspectiva jurídica. Analicemos los puntos clave:
Sospecha de participación indirecta
La sospecha de que los policías participaron indirectamente en la ejecución podría tener fundamento legal si se demuestra que incurrieron en una omisión del deber de cuidado[3]. Los agentes de autoridad tienen una posición de garante y un deber especial de actuar para prevenir delitos[3]. Sin embargo, es crucial que se realice una investigación exhaustiva para determinar si hubo una verdadera omisión dolosa.
Ausencia en el lugar de los hechos
El hecho de que los policías no estuvieran en su cuadrante asignado el día de la ejecución podría constituir una falta administrativa o incluso un delito de abandono de servicio. No obstante, esto por sí solo no prueba su participación en el crimen.
Declaraciones falsas
Aunque de comprobarse ministerial y judicialmente que los policías mintieron sobre su paradero durante el incidente, esto podría considerarse como obstrucción a la justicia o falsedad de declaraciones y se constituyen em elementos que fortalecen la sospecha sobre su posible involucramiento.
Aspectos cuestionables
Presunción de inocencia
Las declaraciones públicas del alcalde podrían vulnerar el principio de presunción de inocencia de los policías. Es importante que las autoridades sean cautelosas al hacer acusaciones públicas antes de que se concluyan las investigaciones correspondientes.
Debido proceso
La baja inmediata de los policías podría ser prematura si no se siguió el debido proceso administrativo. Es necesario que se respeten los procedimientos establecidos para la separación del cargo de funcionarios públicos.
Generalización sobre la infiltración del crimen organizado
Las afirmaciones del alcalde sobre la infiltración de carteles en la policía, basándose en la fecha de ingreso de los oficiales, podrían considerarse especulativas y potencialmente difamatorias si no se respaldan con evidencias concreta.
Conclusión
Aunque existen elementos que justifican una investigación profunda sobre la posible participación de los policías en el crimen, las acusaciones públicas del alcalde podrían ser jurídicamente cuestionables y es fundamental que se siga un proceso legal riguroso, respetando los derechos de los acusados y permitiendo que las autoridades competentes, como la Fiscalía General, lleven a cabo la investigación correspondiente.
La responsabilidad penal de los policías debe determinarse mediante un proceso judicial formal, no a través de declaraciones mediáticas[6]. Asimismo, cualquier sanción administrativa debe seguir los procedimientos establecidos en la ley para garantizar la legalidad y el debido proceso.
En resumen, mientras que hay bases para investigar a fondo el caso, las acusaciones públicas del alcalde podrían no sostenerse jurídicamente en su totalidad sin un proceso legal adecuado y evidencias concluyentes.
Con informacion: ELNORTE/
