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sábado, 30 de diciembre de 2017

"PETATLAN",el PUEBLO de la SEGURIDAD "PETATEADA" es DISPUTADO por 6 BANDAS CRIMINALES...6 nomas,mas las que se acumulen esta semana.

Petatlán, donde fue asesinado a balazos el presidente municipal perredista, Arturo Gómez Pérez, es uno de los municipios de la Costa Grande de Guerrero, región en disputa por al menos seis grupos de la delincuencia organizada.
Autoridades estatales comentaron que se trata de organizaciones como Los Viagras, de origen michoacano; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Guardia GuerrerenseSangre Nueva GuerrerenseLos Granados Los Rodríguez, esta última de reciente aparición.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública local, hasta 2006 la Costa Grande era dominada por La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que ante su debilitamiento se fragmentaron y dieron origen a diversas células.
Petatlán está cerca de Ixtapa-Zihuatanejo, el segundo centro turístico más importante de la entidad después del puerto de Acapulco; algunas de sus zonas son utilizadas para el cultivo de amapola.
Los Viagras, encabezados por Nicolás Sierra Santana, El Gordo, y sus hermanos, tienen su centro de operaciones en la localidad de Buenavista Tomatlán, Michoacán, pero han logrado expandirse en los municipios de Petatlán, San Miguel Totolapan, Zihuatanejo de Azueta y La Unión, en otros, a través de alianzas con otros grupos.
En conjunto con Los Granados, el CJNG intenta tomar el control de estos territorios para el trasiego de amapola y marihuana.
Todos los municipios de la Costa Grande tienen enfrente gran parte de la sierra, donde se cultiva el mayor porcentaje de opio en Guerrero y el país. En esta región en los años 70 se vivió una de las más grandes militarizaciones del país, cuando Lucio Cabañas encabezó la guerrilla.
En febrero de 2010, fuerzas federales capturaron en Guadalajara al ex alcalde priísta de Petatlán Rogaciano Alba Álvarez, El Señor del Sombrero, relacionado con La Familia Michoacana y después con el Cártel de Sinaloa. Es señalado como autor intelectual del asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa; era considerado el cacique de Petatlán, Guerrero.
En 2009 fue asesinado el dos veces edil de Petatlán —una por el PRI y otra por el PRD— Francisco Javier Rodríguez, frente a su esposa.
Algunas versiones señalaban que los hechos ocurrieron cuando el ex edil volvía del 56 Batallón de Infantería en Acapulco, donde se presentó a preguntar por su hijo, Ricardo Rodríguez Villanueva, quien estaba detenido junto con otras ocho personas en Zihuatanejo.
En el asesinato de este jueves, la Fiscalía General de Guerrero informó que un sujeto encapuchado disparó contra el edil Arturo Gómez cuando se encontraba en un restaurante. Señaló que después de practicarle la necropsia se le encontraron tres impactos de arma de fuego, uno de ellos mortal. La dependencia afirmó que un grupo especial encabezado por el coordinador de la Policía de Investigación Ministerial se encuentra en la zona enfocado en las investigaciones. 
Fuente.-

GOBERNADORES y EX-GOBERNADORES,"PLEYADE de CRIMINALES" DESGOBERNANDO al PAIS...sin distingo,corrupción es credo y dinero su religión.

Imagen.-"Si son todos los que estan y faltan muchos que lo son"/Internet
De los que estaban prófugos sólo falta César Duarte, exmandatario de Chihuahua, en ser detenido. Acusado de peculado, triangulaciones financieras inusuales y lavado de dinero, Duarte se fugó ante los ojos de todo el mundo, incluida la Procuraduría General de la República (PGR), atenazada por intereses criminales y políticos que la mantienen en la atrofia total.
Ahora que salieron a flote las triangulaciones de recursos de los estados, una maniobra que habría sugerido Manlio Fabio Beltrones cuando fue líder del PRI, la PGR sigue sin dar con el paradero de César Duarte, el multimillonario ex Gobernador de Chihuahua, quien al igual que Javier Duarte y Roberto Borge simularon la creación de empresas para usarlas como receptoras de dinero público para enviarlo a las arcas del PRI.

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A pesar de los esfuerzos del Gobernador Javier Corral para que su antecesor sea detenido, la PGR parece que se olvidó del exmandatario priista, quien al término de su gestión resultó ser dueño de un banco, cuya creación seguramente también investigan las autoridades porque no se descarta que ahí se haya usado dinero público o del crimen organizado.
El que sí aceptó regresar a México, luego de su captura en Panamá, fue Roberto Borge, ex Gobernador de Quintana Roo. Adicto a la cocaína y al dinero, Borge también tronó las finanzas de Quintana Roo, igualito que lo hizo Javier Duarte en Veracruz: se compró varios barcos y le regaló a su papá una empresa naviera –Barcos Caribe –con una inversión multimillonaria en dólares para prestar servicios de transporte entre Cozumel, Isla Mujeres y Cancún.
De igual forma se mandó a construir, en Cozumel, un hotel de gran turismo –El Westin Cozumel –para lo cual utilizó a una lista de amigos y socios como prestanombres. Se trata de una cauda de pillos disfrazados de arquitectos, contadores y hombres de negocios. El puro maquillaje porque en realidad se trata de verdaderos delincuentes.
“El Westin” es el hotel más moderno de Cozumel, según se afirma, y él mismo colocó la primera piedra de la obra, el 10 de junio de 2014, acompañado de los testaferros que utilizó para crear la empresa Isla Cabañas S.A de C.V.
Ahí, en la explanada donde daría inicio la mega obra hotelera, Borge pronunció un discurso. Aquí algunas palabras: “Me congratulo. Hoy en la isla de Cozumel se está teniendo una inversión hotelera con esta colocación de la primera piedra del hotel Westin Cozumel. El proyecto cuenta con una inversión de 30 millones de dólares”, dijo.
Nadie sabe hasta ahora de dónde sacó Borge esa inversión –si fue del narcotráfico, del erario o de los negocios al amparo del poder –, pero su discurso desató un tronido de aplausos y ahí, muy cerca de él, estaban sus prestanombres, también investigados por la PGR por lavado de dinero y triangulaciones extrañas de recursos:
Luis Sierra Sauri, el hijo de la ex Gobernadora de Yucatán, Dulce María Sauri Riancho, y el arquitecto Juan González Angulo, quien representaba a los accionistas del proyecto hotelero.
Sólo faltó un personaje clave en el manejo del dinero: Manuel Méndez Montoya, un joven empresario tabasqueño de 35 años que en Quintana Roo fue señalado como operador político de Roberto Borge.
Detrás del proyecto del hotel Westin hay demasiadas maniobras sucias, pero lo que hasta ahora ha salido a la superficie es que González Angulo y Méndez Montoya pagaron por el terreno poco más de 109 millones de pesos, uno de los más elevados, tomando en cuenta que Roberto Borge vendió casi medio estado de Quintana Roo a precio de ganga y los principales beneficiarios fueron sus amigos y socios.
Según investigaciones de la Asociación Civil “Somos tus Ojos”, existe una lista enorme de terrenos de alta plusvalía, todos localizados frente al mar Caribe, que fueron vendidos en diez mil pesos, el más caro, y en cero pesos, es decir, fueron regalados a empresarios y exfuncionarios de su gobierno. Con esos terrenos, que en realidad cuestan  más de 150 millones, por citar una cifra, engancharon créditos millonarios con la banca privada o bien se los vendieron a las grandes cadenas hoteleras que ya proyectan la construcción de otros hoteles de lujo.
Por esos despojos al patrimonio del estado, Roberto Borge y cómplices están siendo investigados; también por las triangulaciones de dinero, a través de empresas fantasmas, por el gasto enorme en renta de aeronaves, las cuales se usaban para los viajes nacionales e internacionales de Borge y que no tenían, aparentemente, ninguna justificación: se trataba de viajes de placer a París, España y Estados Unidos.
Después de ser detenido en Panamá –se asegura que en ese país tiene cuantiosas inversiones en bienes raíces y en empresas de diversos giros –Borge terminó por aceptar su extradición a México. Quizá sepa, porque ya se lo garantizaron, que no pasará el resto de sus días en la cárcel y que quizá en dos o tres años, a lo mucho, podría estar en la calle gozando de su inmensa fortuna.
Y es que ahora se ha ido conociendo que tanto César y Javier Duarte, así como Borge Angulo utilizaron buena parte de los recursos del erario para financiar la campaña de Enrique Peña Nieto en el año 2012 y, posteriormente, continuaron aportando dinero público al PRI para financiar otras campañas políticas.
Y también se sabe que fue Manlio Fabio Beltrones uno de los principales artífices de esa idea, el mismo que cuando fue presidente nacional del PRI condenó que muchos abanderados del partido tricolor tuvieran nexos con el narcotráfico, el mismo que se opuso a la corrupción y dijo públicamente que los excesos en los que habían incurrido los gobernadores era la principal causa de la derrota del PRI en la elección de junio de 2016.
Ahora aparece relacionado con algunas triangulaciones de recursos, a través de su hombre de confianza, Alejandro Gutiérrez, quien fue detenido por mover unos 250 millones de pesos para el PRI. Manlio Fabio se defendió y negó formar parte de esa maniobra mafiosa.
Tan perniciosa como el crimen organizado, la corrupción institucional es otro cáncer que sin duda tendrá un voto de castigo en las elecciones de julio de 2018, pues el saqueo de dinero público y la bancarrota en la que quedaron entidades como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no será un tema fácil de resolver.
En enero empieza la audiencia que enfrentará Javier Duarte por los delitos que pesan en su contra. Viene la extradición de Roberto Borge y sigue pendiente la captura de César Duarte, quien logró evadirse a pesar de que ya existían denuncias en su contra.
PRD y PAN oasis de corrupción
Sin embargo, existen otros ex Gobernadores que también tienen su negra historia: José Murat y Ulises Ruiz en Oaxaca; Roberto Sandoval Castañeda de Nayarit, presuntamente vinculado al narcotráfico y a la triangulación de dinero público y del narco. Y existen otros, de oposición, que no cantan mal las rancheras y que también han resultado ser un lastre para las entidades que gobiernan: Graco Ramírez de Morelos, Arturo Núñez de Tabasco y Miguel Ángel Yunes de Veracruz.
No pueden Faltar Rafael Moreno Valle y Ernesto Ruffo, ambos con largas historias de corrupción y presuntos vínculos criminales. Ambos quieren ser candidatos a la presidencia de la República y todo indica que están en la pelea contra Ricardo Anaya, otro filibustero de la política.
Con Moreno Valle como Gobernador de Puebla se mantuvo bajo el cobijo institucional el gran negocio de la ordeña de ductos de Pemex, la venta de gasolina robada por parte de las organizaciones de “guachicoleros” presuntamente también ligados al crimen organizado, particularmente a Los Zetas.
Tras dejar la gubernatura, salió a flote toda la red mafiosa que durante varios años Moreno Valle mantuvo protegida y que se dedicaban a saquear los ductos de la paraestatal. De esas millonarias ganancias también se pagaban campañas políticas a alcaldes y diputados y surgieron varias familias poderosas protegidas por el poder estatal.
Ernesto Ruffo ahora se siente reciclado y transparente. Fue el primer Gobernador de oposición al que Carlos Salinas le concedió la gubernatura de Baja California, en cuyo gobierno gozaron de impunidad los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, uno de los más poderosos de los últimos tiempos.
Quien no recuerda las correrías de Claudio Ruffo, hermano de Ernesto; sus borracheras y escándalos en bares de Tijuana; sus presuntas ligas con el cártel de Tijuana, el lavado de dinero y los escándalos que protagonizó, pistola en mano, en centros nocturnos de baja reputación. Todo esto fue parte de una historia criminal que quedó impune, pero que está grabada en la memoria social, pues todo el mundo recuerda las andanzas de Claudio Ruffo.
En Morelos Graco Ramírez se ha convertido en un lastre. Disfrazado de hombre de izquierda ha jugado a favor del PRI y de los intereses del sistema, siempre a su conveniencia. Ahora que está próximo a dejar el poder no queda la menor duda de que ha resultado ser un verdadero pillo en el poder. Pero se escuda en la legalidad y se pone el atuendo de hombre honorable.
No obstante que su hijastro –Rodrigo Gayoso Cepeda — arrastra una acusación por fraude en el ayuntamiento de Cuernavaca del orden de los 400 millones de pesos ahora es el precandidato del PRD al gobierno de Morelos, impulsado por Graco. El expediente está guardado por órdenes de Graco Ramírez y el poder judicial de Morelos, sumiso y sumido, obedece sin vacilaciones las órdenes del Gobernador para mantener el documento en el archivo, silenciado.
Inculto y prepotente –esto le ha merecido el rechazo ciudadano en Morelos –el hijastro de Graco se apresta a relevar a su padrastro y de esa forma cubrirle las espaldas al representante de la llamada izquierda progresista, que no es otra cosa que la izquierda corrupta que representa Graco Ramírez.
Es claro que Graco Ramírez le tiene miedo a Cuauhtémoc Blanco, quien hoy libra un juicio por no ser inhabilitado como alcalde de Cuernavaca por un adeudo de su antecesor que no se ha cubierto. Y es aun más claro que Graco teme que Blanco aparezca en la boleta electoral como candidato a Gobernador, pues sabe que se ser así el exfutbolista del América ganaría la elección y él iría a la cárcel porque larga es la historia de saqueo, enriquecimiento y corrupción que carga a cuestas Graco Ramírez.
Y en Veracruz ni qué decir de Miguel Ángel Yunes, otro que se jacta de su nepotismo al imponer a su hijo como precandidato de la coalición PAN-PRD. Se asegura que Yunes prepara todo el operativo financiero con dinero público para ganar la gubernatura. Ya están listas las empresas que se utilizarán para el manejo de dinero, las instituciones que operarán en la elección y todo el aparato oficial –se asegura –está bien aceitado para ganar la contienda de julio de 2018.
Pero en medio de esta euforia de poder y de avaricia hay otro hecho insoslayable: que a pesar de su experiencia en materia de seguridad, Yunes no ha podido resolver el problema de la violencia en el estado. Todos los días hay secuestros, levantones y crímenes. Veracruz ya pasó a la historia como un fosario nacional y los casos de muertes y desapariciones siguen impunes. Y todos estos hechos no son del pasado. Muchos crímenes, cientos de asesinatos, son del gobierno de Yunes, incapaz hasta ahora de pacificar el estado.
Ante la evidencia de que no hay gobierno en Veracruz –ni empleo ni seguridad ni nada –Yunes trata de mantener la atención pública a su favor encarcelando a personajes del duartismo. Es una forma de decirle a la gente que está cumpliendo sus promesas de campaña. Hace justicia culpando, encarcelando, pero con fines políticos y electoreros. Por ahora el último en caer hace unos días fue Juan Antonio Nemi Dib, ex secretario particular de Javier Duarte y ex Secretario de Salud en ese mismo sexenio.
Se le acusa de peculado y desvío de recursos en obras de hospitales. Nemi Dib, quien fuera íntimo amigo de Yunes, hoy está en la cárcel. Quizá Nemi Dib hoy se arrepienta de no haber atendido el llamado de Miguel Ángel Yunes cuando lo invitaba a sumarse a su proyecto político y Nemi lo despreció. Una prueba más de que Yunes no tiene amigos ni recato para traicionar.
Yunes, iracundo y vengativo, no dudó en meterlo a la cárcel.
Se asegura que el objetivo de Yunes Linares ahora es Karime Macías, la esposa de Javier Duarte, refugiada en Inglaterra. Ella podría ir a prisión y quizá antes de las elecciones, de cumplirse ese objetivo, Yunes alcanzaría dos metas que seguramente saciarían su insondable egolatría: tener en la cárcel a la mayoría de los duartistas y ganar la gubernatura de seis años para su hijo.
Por el PRI ya fue destapado José Yunes Zorrilla, ex Senador de la República. Todo indica que Yunes Zorrilla cuenta con amplias simpatías en el estado, por encima de las que Yunes Linares le ha ido construyendo y comprando a su hijo. Será una contienda cerrada y, por ahora, en el escenario veracruzano resalta que Morena sigue creciendo. Se asegura que Yunes Linares habría pactado con la cúpula algo que parece lógico: que el PRI gane en Veracruz la elección presidencial y le dejen a su hijo la gubernatura. Pero existe el factor Morena. Mientras Yunes sigue empeñado en sepultar al PRI Morena crece a pasos agigantados. A ver si el partido de López Obrador no le da un susto al envalentonado Yunes Linares, quien tiene un enemigo oculto: su soberbia.
Fuente.-Ricardo Ravelo/

La NARCOPOLITICA PANISTA ENTREGO a PERIODISTA y la EJECUTARON...la expusieron y la "pusieron".

La narcopolítica irrumpió en la investigación del homicidio de la periodista Miroslava Breach, quien fue asesinada en la ciudad de Chihuahua el 23 de marzo pasado.
Los testimonios leídos en el primer día de vinculación a proceso a Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, a quien se le imputa ser uno de los operadores del asesinato de la colaboradora de La Jornada y coordinadora editorial del diario Norte de Ciudad Juárezseñalan dos hechos contundentes:
  • Ex funcionarios estatales del PAN, incluido el ex alcalde de Chínipas, municipio de la sierra de Chihuahua, prácticamente “entregaron” a la periodista al narcotráfico,pues hicieron llamadas telefónicas a Miroslava para que ésta aceptara deslindarlos como la fuente de información de los reportajes en que ella denunció la vinculación de candidatos del PRI y el PAN al narcotráfico y de cómo el crimen organizado controlaba las policías de muchos municipios de la zona.
  • Los funcionarios del PAN grabaron las llamadas telefónicas con Miroslava y, posteriormente, se las entregaron a personas vinculadas al crimen organizado,entre ellas Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry. Los políticos panistas buscaban evitar que atentaran contra ellos, pues los líderes del crimen organizado ya los habían amenazado puesto que creían que ellos proporcionaban la información a Miroslava Breach.

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Las declaraciones leídas por el Ministerio Público durante el primer día de la audiencia señalan que los reportajes publicados por la periodista sobre la vinculación del candidato del PRI a presidente municipal de Chínipas con el narcotráfico y cómo un narcotraficante de Ciudad Cuauhtémoc había colocado a su suegra como alcaldesa, además del texto que revelaba el control de los narcotraficantes sobre las policías municipales, podrían haber detonado su asesinato.

En el primer día de la audiencia de vinculación a proceso a El Larry, el Ministerio Público leyó declaraciones de testigos protegidos.
En ellas se devela una trama en la que están involucrados el ex alcalde panista de Chínipas, Hugo Schultz Alcaraz, quien le hizo llegar a la periodista una amenaza del capo El 80 para que no volviera a la sierra, y quien pasó a Larry la grabación de una conversación que ella tuvo con el vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera, quien le preguntó por sus fuentes de información.
En la audiencia, llevada a cabo en la Ciudad Judicial sin la presencia del acusado, quien se encuentra en el hospital del Cereso porque se lesionó al intentar escapar, los funcionarios panistas justificaron su papel con el argumento de la presión y las amenazas que ejerce el crimen organizado.
En su declaración, Shultz Alcaraz mencionó que durante las campañas electorales del año pasado fue cuestionado por hombres encapuchados sobre el origen de la información publicada en La Jornada, a quienes les aclaró que él no proporcionó ningún dato a la periodista.
“Pasó el tiempo y seguían apareciendo notas en relación a las cuestiones políticas de los grupos crimínales en la sierra, entre ellos Los Salazar de Chínipas y de El 80, pero eso decía la nota. Ya en el proceso de la campaña, andaba en la calle, por la iglesia y me encuentro a unas gentes que andaban dando la vuelta ahí y me comentaron: ‘Profe, esas notas que están saliendo dicen que usted es el qué pasa la información’. Estas personas estaban encapuchadas, eran del grupo criminal de los Salazar. Yo me empecé a preocupar porque esa gente es peligrosa”, declaró.
Reconoció que después habló de la situación con Juan Carlos Moreno –a quien identificó como el encargado de Los Salazar–, quien le recomendó que aclarara la situación.
Luego, se trasladó a la capital de Chihuahua y fue ahí cuando aprovechó para platicar con los directivos del partido. Un funcionario panista le ofreció hablar con Miroslava y grabar el audio para deslindar a Shultz de los reportajes. “Antes de la llamada, yo le dije: ‘¿Qué ganó con eso?’. Él me dijo que su teléfono tiene una aplicación que graba la llamada y la grabó”, explicó.
Narró que al regresar a Chínipas coincidió con sujetos armados del mismo grupo criminal, a quienes les entregó un USB con la conversación entre el funcionario panista y Miroslava Breach para que se lo hicieran llegar a sus jefes, e hizo hincapié en que en la grabación se aclaraba que ellos no tenía nada qué ver.
La investigación realizada por la Fiscalía estatal apunta a la hipótesis de que Miroslava fue asesinada por sicarios de Los Salazar, grupo del Cártel de Sinaloa que opera en Chínipas, tierra de la corresponsal de La Jornada, por haber denunciado que el candidato del PRI a la alcaldía era familiar de Adán Salazar, el líder del grupo, además del control que ejerce sobre la policía, y la violencia que generan y ha obligado a cientos de familias a abandonar la zona.
Otro de los grupos afectados por las publicaciones de Miroslava Breach es el encabezado por El 80, Carlos Arturo Quintana, también vinculado al Cártel de Sinaloa, y quien había colocado a su suegra como candidata del PRI en el municipio serrano de Bachíniva.
Un testigo protegido declaró que la información publicada por la periodista obligó a cambiar a los narcocandidatos de la sierra de Chihuahua y mencionó que El 80 le hizo llegar un mensaje, a través de alcalde (panista) de Chínipas, de que no volviera a la sierra.
Mencionó también que la periodista recibió una llamada telefónica donde le exigían no publicar una nota, pero ella cortó la comunicación.
Aunque la cartulina que dejó el sicario después de asesinar a Miroslava afuera de su casa adjudicaba el crimen a El 80, la Fiscalía presentó pruebas que apuntan a Chínipas y al clan de Los Salazar.
Diversos testigos mencionaron que El Larry es narcotraficante, usualmente anda armado, viaja en avionetas, tiene el control del municipio de Chínipas, usa o vende cocaína y que la gente le tenía miedo. Se mencionó también que es protagonista de un narcocorrido.
Él se hospedó en hoteles como el Marryott o el Quality Inn de la ciudad de Chihuahua, semanas antes del asesinato. Estuvo prófugo durante nueve meses hasta que fue capturado esta semana en Sonora en un operativo en el que participó el Cisen y la Policía Federal, según anunció el gobernador panista Javier Corral.
Después del asesinato estuvo escondido en una de sus casas –que renta a una mujer policía sobrina de su esposa, quien declaró como testigo protegido–, junto con sus cómplices: su medio hermano Jasiel Vega Villa, estudiante universitario, y el sicario sonorense Ramón Andrés Zavala Corral (asesinado la semana pasada). Se fugaron a Chínipas en un taxiavioneta.
En diversas ocasiones durante la audiencia se leyeron declaraciones de familiares y colegas de la periodista según las cuales Miroslava Breach recibió amenazas por sus notas sobre candidatos a presidentes municipales del PRI y uno del PAN en la sierra Tarahumara, vinculados al narcotráfico.
También describían así a la periodista: “Hacía periodismo de investigación sobre contaminación, tala, pozos, narcotráfico, viajaba a sierra para investigar (…) Era consciente de que podía ser incómoda o afectar intereses, y podía tener represalias (…). Era firme de carácter, mujer de ideales, entregada a su profesión (…). Estuvo documentando actividades ilícitas ocurridas en la administración pasada y nexos del narco; ilícitos de gobernador y sus allegados”.
Al desahogar pruebas, el Ministerio Público mencionó que en la casa donde vivía Jaciel Vega, y donde se localizó el automóvil en el que se fugó el asesino, se encontró una laptop que contenía la llamada donde el funcionario panista le pregunta a Breach quién le pasó la información de que el precandidato del PRI de Chínipas era narco y le dice que “la gente de allá” los estaban presionando para conocer ese dato.

Ella le respondió que ella conocía a la gente de Los Salazar, puesto que ella era de Chínipas y que nadie le había proporcionado esa información.
El funcionario mencionó que le entregó la grabación de la llamada a Schultz, quien hasta hace tres meses era funcionario del gobierno de Javier Corral, para que escuchara la conversación. Schultz, a su vez, declaró que le pasó la grabación de la llamada a El Larry para deslindarse de la nota, ya que lo estaban acusando de ser la fuente de información.
Hasta el momento no se ha leído la declaración en la que el funcionario explique si él llamó a Miroslava Breach para pasarle un recado de El 80.
Tras siete horas de lectura de medios de pruebas –se presentaron videos de la escena del crimen, grabaciones, declaraciones, cateos, rastreo de llamadas, búsquedas de Facebook y notas de la periodista contenidas en el expediente–, el juez Napoleón Raya suspendió la audiencia de vinculación a proceso, que continuó ayer jueves en sus aspectos procesales.
* * *
La revelación de las grabaciones ha llevado a que se comience a señalar la participación de los funcionarios panistas en el asesinato de Miroslava Breach. Dice el editorial de este viernes del Diario de Juárez:
“Las primeras audiencias judiciales de Moreno Ochoa, desarrolladas en la ciudad de Chihuahua,han corroborado datos sueltos publicados en distintos medios informativos semanas después que fuera acribillada Miroslava sobre la participación directa de altos personajes del PAN chihuahuense entre la periodistas y sus ejecutores…
“Entre ayer y antier aparecieron las grabaciones correspondientes. Imposible para la Fiscalía General del Estado y los propios juzgadores evitar la detención y comparecencia pública de los panistas como coadyuvantes del crimen organizado en el caso de la periodista. Otros personajes faltan aún de ser apresados.
“Las grabaciones no fueron hechas por la Fiscalía, fueron hechas por los panistas y transferidas a los presuntos asesinos que, también ha quedado comprobado, las tenían en su poder el 23 de marzo, día del crimen. No tienen escapatoria lógica”.
Con información de Omnia, agencia Apro y Diario de Juárez

EL "PELOCHAS" ESTA VIVO,DICE NARCOMENSAJE CRIMINAL y AMENAZA a MANDOS de la MARINA por TRAIDORES...balconea relacion "Chuma-Gober".

Un narcomensaje en redes sociales, cuyo contenido no debería ser desestimado a la luz de otras acusaciones semejantes,afirma LUIS ALBERTO BLANCO FLORES "EL PELOCHAS" CAPO del CARTEL del GOLFO en Reynosa esta "VIVO y solo sufrió heridas en un brazo tras ser traicionado por su "gente", ademas ACUSA con "NOMBRES y APELLIDOS" a presuntos MANDOS de la MARINA de quienes llama TRAIDORES y dice han recibido millones de pesos del llamado "Metro 28".

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En el mensaje difundido en tono malediciente y amenazador también ventila al Diputado Jesus Maria Moreno Ibarra a quien se refiere como "El Chuma" y a quien vincula dolosamente con el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en relación "sentimental".

NOTA RELACIONADA:

En los hechos ambos resultan autores de la estrategia mafiosa que busca derrocar al capo, privilegiando el ungimiento de su rival Petronilo Moreno Flores "EL PANILO" identificado como primo del "Chuma",hombre ya señalado como cercano a Cabeza de Vaca,aunque no en el tono que afirma el Narcomensaje.

Aquí el 'TEXTO INTEGRO:


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ESTRATEGIA ANTICRIMEN AGOTO 2017,el MAS SANGRIENTO en 20 AÑOS de HISTORIA CRIMINAL del PAIS...saldo de fallidos ensayos,errores y horrores.

La violencia de los cárteles que se extiende por todo el país ha marcado 2017 como el año más sangriento desde 1997, cuando el gobierno comenzó a documentar tales asesinatos. Las cifras oficiales, sin embargo, palidecen en comparación con la realidad, ya que no representan el número de víctimas "desaparecidas" por los pistoleros de cárteles, incluidos los que fueron incinerados o enterrados en fosas clandestinas.

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Las nuevas estadísticas publicadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública deMéxico (SESNSP) revelaron que, durante el año, el país sufrió un total de 26,573 asesinatos; 1.275 secuestros; y 5,357 casos de extorsión. El total de homicidios de 2017 superó todos los años registrados anteriormente desde la grabación inicial en 1997.

Las cifras récord llegan al final de la administración del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, quien ganó su oferta de 2012 sobre la promesa de reducir la violencia de los carteles. Poco después de su elección, Peña Nieto impulsó la creación de una nueva fuerza de policía federal y modernizó el sistema judicial de México. La administración estuvo plagada de escándalos de corrupción pública y el descubrimiento de que Peña Nieto tomó fondos del cártel durante las elecciones . El artículo 19 del grupo de libertad de prensa publicó recientemente un informe sobre los miles de millones de fondos públicos que EPN utilizó para controlar los medios de comunicación.
La creciente violencia en 2017 probablemente tendrá un gran peso contra los aliados políticos de EPN en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya que los puntos de acceso turístico y las áreas que alguna vez no fueron afectadas por la violencia de los carteles ahora están sufriendo sangrientas ejecuciones y enfrentamientos armados.
Si bien es alarmante, las estadísticas compiladas por el SESNSP solo toman en cuenta los crímenes registrados por las fiscalías generales en los 32 estados de México. Las cifras no incluyen a las víctimas encontradas en campos de asesinatos de cárteles y operaciones de incineración masiva como las encontradas en Coahuila. Como informó Breitbart Texas, los activistas descubrieron miles de fragmentos de huesos humanos en uno de los campos de asesinatos .
Uno de los problemas al registrar los casos de secuestro y extorsión es la desconfianza general entre los residentes por la aplicación de la ley estatal y local. 
En Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Guerrero, los funcionarios del estado tienen una historia de infiltración de los mismos carteles contra los que se espera que luchen. A pesar de las modestas mejoras contra la corrupción, aún falta la confianza del público.
Fuente.-Breitbart/Tx

LEY de SEGURIDAD "INSEGURA" NACIO MUERTA,NACIO ILEGAL: CATEDRATICO...ella muerta y el estado en coma.

El jueves pasado el Presidente promulgó la Ley de Seguridad Interior (LSI). Sin embargo, dijo que no la aplicaría (no haría ninguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior), hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es decir, el Presidente, con razón, asume que la LSI será impugnada. 


La LSI nace muerta, pues si no será aplicada hasta que la SCJN decida si es inconstitucional o no, nunca se aplicará, pues la SCJN con toda seguridad la declarará inconstitucional en varios de sus aspectos; a continuación, solamente algunos ejemplos:  
Art. 2. La definición de seguridad interior, además de ambigua, invade al artículo 21 constitucional que se refiere a la función de seguridad pública y excede los límites del concepto de seguridad interior contenido en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución, interpretado armónicamente con otros artículos constitucionales: 21, 29, 119 y 129, entre otros. Las acciones de “seguridad interior”, a pesar de la resolución de la SCJN en la acción de inconstitucional 1/96, en donde confundió los conceptos de seguridad pública y seguridad interior, después de la reforma al artículo 21 constitucional del 29 de enero de 2016, no debe incluir acciones que constituyan la función de seguridad pública, pues ésta corresponde a instituciones de carácter civil (y no militar). 
Art. 9. “La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”. Viola el principio de progresividad previsto en el artículo 1º constitucional, al ser una medida regresiva. 
Art. 11 (en relación con el Art. 20). El artículo 119 constitucional dice que en caso de sublevación o trastorno interior (es decir, ausencia de paz interior, por lo tanto, atentado a la seguridad interior), los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas “siempre que sean excitadas por la legislatura de la entidad federativa o por su ejecutivo, si aquella no estuviera reunida”. Es decir, como la SCJN lo dijo desde su resolución en la acción de constitucionalidad 1/96, las Fuerzas Armadas no pueden actuar por sí y ante sí. Este precepto usa las palabras “por sí” al referirse a la actuación de las Fuerzas Armadas y a las autoridades federales, lo que claramente viola al artículo 119 constitucional y al pacto federal. 
Art. 15. Pretende cumplir con la exigencia de que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional y limitarse a cierto tiempo, pero al establecer la posibilidad de prorrogar la duración de un año de la Declaratoria a la que el artículo se refiere, promueve la posibilidad de la prolongación indefinida de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, mal llamada seguridad interior. Viola, entre otros al artículo 29 constitucional. 
Art. 18, último párrafo: “En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública.” Es decir, ficticiamente, la LSI nos dice que “no se considerará que algo es lo que es”. La LSI, directa o indirectamente, hace referencia a acciones que, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, coinciden con la función de seguridad pública, que debe estar encomendada a instituciones de carácter civil. Esta es una de las más claras violaciones a la Constitución de la LSI, y que va al corazón de la misma; la Suprema Corte seguramente la declarará inconstitucional, con lo cual toda la LSI se volverá inoperante. 
Nace la Ley de Seguridad Interior en estado de coma. Esperemos que no le apliquen tratamientos invasivos, desproporcionados o extraordinarios que prolonguen su vida artificialmente y que la Suprema Corte de Justicia la “desconecte”. 
Autor.-Profesor de derechos humanos en la Universidad Iberoamericana.

@CORCUERAS

(Imagen/Internet)