El líder de la Federación de
Pescadores Ribereños del puerto de San Felipe, en Baja California, Sunshine
Antonio Rodríguez Peña, fue liberado este domingo tras una audiencia de
vinculación con un Juez de Garantía.
La Procuraduría General de la
República no informó cuáles eran los cargos contra el líder; sin embargo, los
abogados del líder de pescadores indicaron que había sido detenido junto con su
esposa e hijos a bordo de un automóvil sin placas, y autoridades afirmaban que
tenía consigo un kilo de droga.
Este domingo, el hermano de
Rodríguez Peña, llamado Antonio, aseguró en sus redes sociales que su familiar
estaba libre.
"Queremos dar las gracias a
toda la gente porque nos ayudaron. Quiero dar las gracias al Juez Federal que
realmente hizo su trabajo y a los licenciados. Además, al perito que dio la
información clave para la libertad de mi hermano y su esposa (Sara
Ahumada)", indicó el hermano del líder pesquero.
Sunshine Rodríguez está a favor
de abrir la pesca en el Mar de Cortés después de que el proyecto para mantener
en cautiverio a la vaquita marina, una especie en peligro de extinción, no
prosperó.
El director de Tránsito de Tampico, Jaime García Cárdenas aseguró que elementos viales prometieron cambiar las malas costumbres y mostrar otra actitud en quince días, además de advertirle a los ciudadanos que no intenten corromper a los tránsitos, ya que se procederá a su detención.
"Invito a la ciudadanía a que no intente corromper a los elementos de tránsito, ya que el agente tiene instrucciones de que aquel ciudadano que lo intente corromper se va a aplicar la ley y se va a proceder a su detención, se va a poner a disposición del Ministerio Público, declaró el mando naval a cargo.
Durante el gobierno de Peña Nieto se han registrado 3.708 disturbios, más del doble que en el mandato de Calderón. VICE News lanza una serie de reportajes que busca explicar la crisis que vive el sistema penitenciario.
En México los reos deciden morir entre las seis de la tarde y las doce de la noche. Prefieren partir en noviembre, antes de que entre el invierno o caiga la nieve que congela cada rincón de algunos penales del norte.
En las cárceles mexicanas los reos se pelean y se matan entre sí. Durante seis horas al día se concentra la tensión, el estrés y la depresión, que se intensifica en septiembre, justo cuando termina el verano. Y nunca antes tantos internos quisieron morir, pelear, escapar, como cuando llegó a la presidencia Enrique Peña Nieto, en diciembre del año 2012, un joven político que prometió durante su campaña “reordenar el sistema penitenciario”.
Hay pocas formas de quitarse la vida en prisión, y la más habitual para los convictos es amarrarse de una sábana hasta morir ahorcados. En cambio, hay muchas maneras de empezar un disturbio: con navajas, cinturones, palos, puntas, tablas, charolas, cuerdas, tijeras, clavos, latas, pedazos de vidrio, sartenes y platos.
En un esfuerzo por explicar cómo se ha deteriorado el sistema penitenciario en este sexenio, VICE News lanza una serie de textos dividida en cuatro entregas, en la que se abordarán los distintos problemas que se han agudizado en las 21 cárceles federales del país (CEFERESOS), las cuales albergan en promedio unos 21.000 internos, según datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
A través de la construcción de una base de datos creada a partir de solicitudes realizadas vía Transparencia, informes, y expedientes judiciales podemos explicar las razones por las que México se enfrenta a una crisis en el sistema penitenciario.
Desde diciembre del 2012 a la fecha, los disturbios que incluyen riñas, motines, suicidios y autoagresiones, entre otros, se han duplicado respecto al sexenio anterior. Esto a pesar de que la administración peñista destinó un presupuesto de más de 4.5 millones de pesos diarios para el funcionamiento de los penales, según un informe elaborado por académicos y congresistas
De acuerdo con la estadística oficial interna del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa se registraron 1.820 disturbios. Y hoy, a menos de un año de que termine la administración priísta ya se contabilizan 3.708, un incremento del 103 por ciento; es decir, la cifra se ha duplicado y aún no concluye el periodo presidencial. Esto quiere decir que en México se registran dos disturbios por día en los penales.
Durante los seis años de gobierno de Calderón los disturbios anuales oscilaron entre los 150 y los 550. En cambio, en la gestión de Peña Nieto fluctuaron entre los 700 y los 1.000. El 2013, su primer año de gobierno, ha sido el más violento con un total de 1.064 conflictos.
Durante los años siguientes se registraron pequeños decrementos, sin embargo, en general la tendencia se mantuvo.
De estos disturbios, el penal que concentró el 50 por ciento de los conflictos carcelarios fue el Centro Penitenciario Islas Marías, un complejo instalado en el Océano Pacífico hace casi un siglo.
Los penales donde las cifras son más altas son los CEFERESOS de Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Chiapas.
Cartas de los reos ofrecen otra mirada al motín ocurrido en el 'El Pueblito', una cárcel en Tijuana, que terminó en una masacre. Ilustración de Clementina León con imágenes de cuartoscuro.com/AFN.
El sistema penitenciario del país tiene focos rojos a todos los niveles: federal, estatal y municipal. Expertos consultados por este medio coinciden en señalar que a nivel federal el gran problema es que hay una presencia abusiva, excesiva y violatoria de derechos humanos de parte del Estado, mientras que en las prisiones estatales hay una ausencia total de éste; es decir están en manos del crimen organizado y fuera de toda legalidad.
En resumen, tenemos dos sistemas en los extremos opuestos. Aunado a ello, desde la visión de los especialistas, el gobierno del presidente Enrique Pena Nieto, ha desdeñado el tema.
Las cárceles, en muchos casos, son bombas de tiempo a punto de explotar, dice Orlando Camacho, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS): “Hay penales que son verdaderamente antihumanos y tienen una gran problemática, y a pesar de ello no hemos escuchado a Peña Nieto hablar de este tema a la profundidad que requiere. Es una duda que tenemos, no sabemos si no está bien informado, pero en su discurso se refiere muy poco a la problemática tan seria que implica el sistema penitenciario para el país”, agrega en entrevista.
Al mandatario le queda sólo un año en la presidencia y “tendría que mandar mensajes más claros”. Por ejemplo, poner orden y control en al menos cinco de los penales más peligrosos del país antes de acabar su gobierno, dice Camacho.
Elena Azaola, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) considera que el régimen de alta seguridad aunado a las malas condiciones penitenciarias, altera la conducta y el comportamiento de los reos. Este entorno es, en gran medida, un gran detonador de todo tipo de disturbios, que fácilmente se convierten en motines.
La doctora, experta en políticas de seguridad e instituciones carcelarias desde hace 30 años, indica que el régimen de seguridad extrema que se mantiene en los penales federales nunca ha sido sometido a una evaluación científica verdadera: “Todos los reos están sometidos a un régimen de alta seguridad, al que no necesitan estar sometidos, incluso algunos de manera más extrema, completamente aislados y con sólo media hora para salir”.
Con el pretexto de que “son delincuentes” el gobierno mexicano justifica los maltratos, la escasez y las pésimas condiciones en que se mantiene a los presos.
Estamos hablando de condiciones de vida indignas e inhumanas. “Estar recluido, efectivamente, no debería eximir a los presos de comida adecuada y sana, un uniforme limpio, control de plagas y servicios médicos” dice Camacho.
Maïsa Hubert, Coordinadora del Programa de Sistema Penitenciario de la organización Documenta, indica que en los CEFERESOS han encontrado alarmas en casi todos los aspectos: “hay falta de custodios, de acceso a servicios de salud y de capacitación para el trabajo; en resumen, no hay absolutamente nada. Estamos hablando de un modelo de política penitenciara enfocado en la seguridad, en el aislamiento de los presos, bajo la lógica de que el hecho de teneros aislados va a garantizar que no pase nada” y por el contrario, los números muestran que los conflictos internos han crecido exponencialmente.
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Apenas en abril de este año un informe sobre el estado de los centros penitenciarios en México —elaborado por la Cámara de Diputados en conjunto con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica— se presentó ante el Congreso.
Ahí se destaca que la calificación promedio de los CEFERESOS es de siete, en una escala de 10, y los problemas estructurales son: vida indigna y en ocasiones infrahumana; falta de profesionalización y condiciones de trabajo deplorables del personal penitenciario; indiferencia social y de autoridades hacia la problemática que enfrentan las prisiones.
La base de datos realizada por VICE News corrobora a través de cifras lo que los académicos y expertos prisiones aseguran: con Peña Nieto se incrementaron exponencialmente los disturbios.
Mientras en la administración pasada se registraron 1.356 riñas, con Peña hasta julio de este año ya alcanzan los 2.681.
Otros disturbios que se dispararon fueron las autoagresiones (312) y las agresiones a terceros (199). Entre los conflictos que comenzaron a figurar en esta administración están las huelgas de hambre (35) y los intentos de suicidio (37).
Por eso, en cada reportaje exploraremos una problemática diferente: comenzamos hoy con este texto introductorio sobre las cifras que demuestran que el sistema penitenciario se enfrenta a la peor crisis en la última década y continuaremos abordando conflictos como los motines, las masacres, huelgas de hambre y el abuso de autoridad.
A través de expedientes y archivos judiciales que permanecieron ocultos para la ciudadanía por años, reconstruirnos la masacre en la que murieron 23 internos en ‘El Pueblito’, un centro de reinserción en Tijuana.
Hasta el día de hoy, según la narrativa oficial, en 2008 se registró una matanza entre grupos vendedores de drogas; sin embargo los testimonio de los reos, ofrecen una versión opuesta que apunta a que pudieron ser asesinados por tres corporaciones policiacas.
También se contará la historia detrás de una de las huelgas de hambre más grandes en prisión que logró que narcotraficantes de distintos cárteles y acusados por distintos delitos olvidaran su pertenencia a clanes contrarios y juntos ondearon la misma bandera. Eso sucedió en el Altiplano en 2015.
Y finalmente cerraremos nuestro especial Disturbios tras las Rejas, con la historia no contada detrás de la muerte de un grupo de reos en un penal estatal de Durango en 2011. En esta ocasión, los presos murieron por defender sus cadenas de oro, relojes, perfumes, televisiones y otras pertenencias.
*Con información de Ollin Velasco y Karla Casillas.
En 2017 desplegar al Ejército en el país en cada una de sus 12 regiones militares para las labores contra el crimen ha costado 32 mil millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El presupuesto de las regiones militares representa casi la mitad del total aprobado para la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional y ha venido en aumento desde que el Ejército respalda a los gobiernos locales en labores de seguridad ante el incremento en la criminalidad.
En 2006, el presupuesto de las 12 regiones militares ascendía a 14 mil 666 millones de pesos, de un total asignado a la Sedena de 26 mil 31 millones; mientras que este año, las 12 regiones militares disponen de 32 mil 723 millones de pesos y la Sedena tiene un presupuesto total de 69 mil 407 millones de pesos.
Para el próximo año, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda, planteó un gasto en las regiones militares por 33 mil 551 millones de pesos, y para la Secretaría de la Defensa Nacional, de 81 mil 21 millones de pesos.
La región militar cuya comandancia ejerce más recursos entre las 12 existentes es la I, correspondiente a la Ciudad de México, que este año dispuso de 14 mil millones de pesos.
Le sigue la sexta región militar, con sede en La Boticaria, Veracruz, que este año dispuso de 2 mil 545 millones de pesos; la decimosegunda, ubicada en Irapuato, Guanajuato, con 2 mil 193 millones, y la séptima región militar, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 2 mil 281 millones de pesos.
Cuando empezó el despliegue de los elementos militares en respaldo a las labores de seguridad, la Secretaría de la Defensa tenía un presupuesto de 26 mil millones y el año próximo tendrá 81 mil millones.
El presupuesto para las regiones militares en 2006 fue de 14 mil 666 millones, en este año subió a 32 mil 723 millones de pesos y en 2018 llegará a 33 mil 551 millones.
El incremento presupuestal de la Sedena con la nueva responsabilidad de enfrentar a la delincuencia organizada se ha sostenido, debido a que en 2007 el despliegue militar costó 17 mil 362 millones; en 2008, subió a 18 mil 874 millones; en 2009, a 20 mil 552 millones, y en 2010, a 22 mil 556 millones de pesos.
APOYO A GOBIERNOS LOCALES
Los gobiernos estatales y municipales han recibido recursos de la Federación para fortalecer a sus policías locales que ascienden a 176 mil millones de pesos y por lo menos desde hace 10 años iniciaron los controles de confianza para certificarlas, sin que ello haya derivado en la mejora en la seguridad ni en la salida de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
Los estados llevan 18 años recibiendo recursos para la seguridad y los municipios más violentos cuentan con financiamiento para sus policías desde hace nueve.
En 1999, con la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se creó el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), que desde entonces ha entregado a los estados 112 mil 234 millones de pesos para la profesionalización, equipamiento y modernización tecnológica y de infraestructura de seguridad pública en las entidades.
Nueve años después, a esos recursos se sumaron los fondos para los municipios con mayor incidencia de criminalidad, que desde 2008 entregaron 64 mil 170 millones de pesos para crear un Nuevo Modelo Policial, que en el sexenio pasado era el Subsemun y actualmente es el Fortaseg, ya con los operativos del Ejército en labores de seguridad pública ante el alza en los delitos.
Estas cifras se desprenden de los decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual para el año próximo ya tiene aprobados otros 12 mil millones de pesos, 5 mil para repartir entre los 300 municipios con más delitos y 7 mil para los estados, lo que sumará 188 mil 404 millones de pesos para fortalecer a las instituciones locales de seguridad.
En 1999, cuando comenzaron a otorgarse recursos a los estados para sus policías, hubo 14 mil 619 homicidios dolosos, 590 secuestros, 3 mil 391 extorsiones y 156 mil robos de vehículos, cifras que para 2008 pasaron a 13 mil 155 homicidios, 907 secuestros, 4 mil 869 extorsiones y 193 mil robos de vehículos.
En ese año también se decidió otorgar fondos de seguridad a los gobiernos municipales con mayor incidencia delictiva, 300 localidades que suman 80 por ciento del total de ilícitos.
Hasta octubre pasado, 176 mil millones de pesos fueron invertidos en las policías locales y los delitos de alto impacto llegaron a 20 mil 878 homicidios dolosos, mil 230 secuestros, 4 mil 797 extorsiones y 155 mil robos de vehículos.
Además se contabilizaban 335 mil 902 elementos estatales y municipales de seguridad, de los cuales 87 por ciento aprobó sus exámenes de confianza, 9 por ciento no aprobaron y 2 por ciento están pendientes.
Andrés Manuel López Obrador dijo ayer en Guerrero que va a instaurar una Comisión de la Verdad, de llegar a la Presidencia en 2018, para aclarar el caso Ayotzinapa.
Y luego habló de una amnistía para aplacar el país por la violencia de la delincuencia organizada. Más tarde, en entrevista con periodistas, le preguntaron si esa amnistía incluiría a líderes de los cárteles de las drogas. “Vamos a plantearlo, lo estoy analizando, no va a quedar ningún tema sin ser analizado”, contestó.
Sorprende el planteamiento, pues en 2011 el ex presidente Vicente Fox dijo que propondría una “tregua” al narco con una “ley de amnistía”. Por supuesto, a sus primeras declaraciones se le fueron encima el entonces presidente Felipe Calderón y Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno capitalino, así como un alud de críticas. Ahora, el tabasqueño le entra al ruedo con una propuesta polémica, por decir lo menos. Así lo dijo....
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, no descartó la posibilidad de ofrecerle amnistía a los líderes de los cárteles con tal de que se termine la violencia y así garantizar la paz en el país.
Durante su tercer día de gira de trabajo por Guerrero, López Obrador estuvo en el municipio de Quechultenango, señalado por ser el bastión de "Los Ardillos", una de las bandas más violentas que operan en el estado.
Durante un mitin, informó que en ese municipio ninguno de los militantes de Morena quiere ser el candidato a la alcaldía por temor a la violencia.
El dirigente de Morena dijo que está convenciendo a los militantes para que participen. “Tenemos que participar, que cambie esto, estamos animando a la compañera y estoy seguro que vamos, sea hombre o mujer, vamos adelante, el que nada debe nada teme y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", dijo.
La noche del 23 de noviembre, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano en Quechultenango y aspirante a la alcaldía, Armando Arturo López Solano, fue asesinado a balazos en la cabecera de dicho municipio.
En entrevista, López Obrador criticó la estrategia de seguridad que está implementando el gobierno federal y adelantó, que si gana la presidencia de la República el próximo año, va a explorar todas las posibilidades para que se garantice la paz y la tranquilidad en el país.
Entre ellas, dijo, no descarta ofrecer amnistía, incluso a los líderes de las bandas criminales, así como exigir al gobierno de Estados Unidos que implemente programas para reducir el consumo de drogas de sus habitantes.
“Hay que hablar con los mexicanos, con todos, y hay que plantearles de que necesitamos la paz y que todos podemos ayudar a que haya paz en el país (…). Vamos a explorar todas las posibilidades, desde decretar una amnistía, escuchando también a las víctimas, hasta exigir al gobierno de Estados Unidos que lleve a cabo campañas para aminorar el consumo de drogas”, destacó.
¿La amnistía sería para los líderes de los cárteles?, preguntó un reportero.
"Vamos a plantearlo. Lo estoy analizando, lo que sí les puedo decir es que no va quedarse ningún tema sin ser abordado, si se trata de garantizar la paz y la tranquilidad", añadió.
Como “un mal chiste” o “un placebo” para curar la enfermedad es como califican los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC) las acciones del gobierno de México para combatir la corrupción y lo acusan de bloquearles cualquier intento de trabajo o investigación sobre la materia.
Un reporte de The New York Times señala que los integrantes del CPC manifestaron su enojo porque el gobierno les ha obstaculizado investigar temas como el uso de herramientas de espionaje contra civiles, el desvío de millones de pesos a través de universidades públicas (La Estafa Maestra) o la acusación de sobornos de Odebrecht, en los que está inmiscuido Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Cuando en 2016 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se instauró un mecanismo de participación ciudadana, que es el CPC, el cual no ha tenido oportunidad de efectuar investigaciones a profundidad.
“Es un mal chiste, fui ingenuo cuando arrancó el sistema, creía y tenía la esperanza que iba a funcionar. Ahora sé que quieren sabotear todo lo que hacemos”, expresó a Luis Pérez de Acha, quien forma parte del comité.
De acuerdo con Octavio López Presa, otro integrante del CPC, el gobierno tiene pánico de que puedan encontrar algo o hallar a los responsables de actos de de corrupción.
“Están acostumbrados a nombrar a alguien que pueden controlar”, dijo y resaltó que cuando el gobierno se dio cuenta que el CPC actuaría de manera imparcial eso no le gustó y comenzaron a bloquearlos.
Las piedras en el camino
Los miembros del CPC señalan que hay varios obstáculos para el combate a la corrupción, uno de ellos es que todavía no se designan a los magistrados en justicia administrativa, quienes tendrían que atender las acusaciones que surjan.
El CPC lamenta que los poderes que supuestamente les otorgaron sólo están en papel, mientras que el gobierno les ha respondido que ellos no deben investigar la corrupción sino ayudar a establecer políticas y coordinarse con las autoridades que tengan la competencia para indagar los delitos relacionados.
Los casos bloqueados
Jacqueline Peschard, presidenta del CPC, asegura que cuando intentaron discutir el espionaje contra civiles por parte del gobierno, les fue retenida información por parte de las seis agencias gubernamentales en el SNA. Una de las personas que votó contra la discusión de este tema fue Arely Gómez, quien era la titular de la Procuraduría General de la República cuando fue utilizado el programa espía; actualmente es la secretaria de la Función Pública.
El gobierno compró ese programa espía que se utiliza para buscar terroristas y redes criminales, pero fue empleado contra periodistas, académicos, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción.
Sin embargo, el gobierno indicó en un comunicado que la ley mexicana no establece que el espionaje sea un delito de corrupción, por lo que no era un tema para el SNA.
Otro caso es el de Odebrecht, la constructora brasileña que habría pagado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurarse contratos, de los cuales 6 millones presuntamente terminaron en manos de un solo servidor de alto nivel.
La investigación apunta a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, cercano al presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo a cargo de la coordinación internacional de la campaña presidencial de 2012.
Por ese señalamiento, la Fiscalía en Delitos Electorales (Fepade) investigaba a Lozoya, pero el fiscal encargado, Santiago Nieto, fue destituido tras señalar que el inculpado trató de presionarlo para eximirlo. A la fecha, no hay titular de esa dependencia.
Los integrantes del CPC dijeron que solicitaron varios informes sobre el caso, pero el gobierno negó que así haya ocurrido.
Cuando la investigación de La Estafa Maestra mostró que más de 3 mil millones de pesos fueron desviados por dependencias de gobierno mediante universidades públicas, el CPC pidió información a 99 agencias gubernamentales, de las cuales sólo les ha respondido una.
Así, la creación de este sistema anticorrupción solo ha quedado en una máscara que el mismo gobierno utiliza como truco.
“El gobierno mexicano nos da placebos y creen que nos van a curar”, dijo Juan Pardinas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad y uno de los arquitectos del SNA. “Me tomé lo que vendían y le pasé el frasco a mucha gente creyendo que era el camino al cambio”.
Al sistema le falta una pieza clave, el fiscal anticorrupción, el cual no ha sido nombrado por el enredo que se generó tras la renuncia de Raúl Cervantes a la PGR y a que no se han designado tampoco al Fiscal General de la República.
Además, varios estados del país no han implementado sistemas locales anticorrupción, que debían estar desde el pasado 19 de julio; sin embargo, no han cumplido con su obligación.
No obstante, los integrantes del CPC coinciden en que a pesar de las dificultades que han encontrado y que enfrentarán en el futuro no se van a rendir y seguirán dando la pelea por combatir la corrupción en México.
Los resultados de un estudio de seguridad por una organización no gubernamental apuntan a un panorama obscuro para este estado fronterizo. Basado en las estadísticas que presenta el grupo, el estado ha visto un incremento en crímenes de alto impacto lo que según ellos ocasionó que comerciantes y empresarios dejen la zona.
Un reporte presentado por integrantes del ONG Observatorio Ciudadano de Tamaulipas, dieron a conocer sobre el numero de crímenes que se han registrado desde el periodo de octubre del 2016 a septiembre del 2017. Los activistas aclararon no haber incluido el mes de octubre de este año debido a que el fenómeno continuo una tendencia a la alza hasta esa fecha.
Los crímenes de mayor repunte son: el homicidio doloso (ejecuciones y otros asesinatos), le sigue el homicidio culposo o no intencional, en tercero se encuentra el secuestro, posteriormente la extorsión, quinto el robo a casa habitación, finalizando con el de abuso sexual.
Juan Antonio Centeno Quevedo director de investigación del organismo aseguró que en estos últimos seis meses en Ciudad Victoria hubo 212 asesinatos contra 731 que se registraron en el estado. Según Centeno, el numero rebasa 2.96 veces a la estándar nacional que es de un 19.97%.
En cuanto al secuestro, el observatorio registró 25 casos contra 165 que hubo en Tamaulipas pero comparada con la cifra que hay en todo país el numero rebasa con un 0.96 de veces crímenes ocurridos de esa índole. Las extorsiones fueron 34 y a nivel estatal se tuvo la cantidad de 170 por lo que la cifra también es alarmante en comparación con el conteo a nivel nacional.
En lo que fue el robo domiciliario las autoridades tuvieron 473 denuncias de 2 mil 881 que hubo en todo Tamaulipas, lo que quiere decir que representa a nivel estado un 16.42 %. Los casos de abuso sexual fueron 51 y representa el 10% de los 489 hechos ocurridos en todo el estado y comparada con todo el país queda muy por arriba pues se tiene la cifra de 10.50 frente a un 14.21 de abusos sexuales.
Jorge Pensado Robles, coordinador del observatorio ciudadano consideró que aunque las autoridades estatales han estado aplicando nuevas estrategias de seguridad, aun no se ha visto avances en el tema de la seguridad. La falta de condiciones de seguridad ha traído un éxodo de empresarios y comerciantes ante el temor de ser víctimas por la delincuencia organizada.
“Han aplicado algunas estrategias que nosotros les recomendamos pero necesitamos, mas, necesitamos que todas las autoridades coadyuven y así podamos aminorar este problema” finalizó.
Un NARCOMENSAJE localizado presuntamente en la escena de la ejecución de un "halcon" en Reynosa, exhibe el presunto contubernio y parcialidad con que actuan las policías de Tamaulipas bajo gestión del gobierno de Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca,acusa textual una amenaza de muerte a "Ministeriales y estatales" que podrían estar dando protección a una de las dos facciones en pugna.
"Retador y Maledicente" el narcotexto hace un llamado a los policías del estado advirtiéndoles de tener ubicadas a sus familias y que de no "abrirse",termino usado en la jerga delincuencial para hacerse a un lado,las empezaran a matar pues buscan apoderarse de la plaza de Reynosa a como de lugar al tiempo que les otorgan 24 horas para "aliniarse",otro termino utilizado para referirse a la posibilidad de sumar a los policías al orden delincuencial, nada nuevo, pues señalamientos de Ministeriales y estatales del gobierno de Garcia Cabeza de Vaca han sido expuestos en franca colusión con criminales de uno y otro bando en disputa.
El mensaje ES presuntamente firmado por la faccion liderada por petronilo moreno flores alias "el panilo",identificado tambien como primo del diputado jesus maria moreno ibarra alias "el chuma",hombre de reconocida cercania al mandatario de la entidad francisco javier garcia cabeza de vaca .
