Dos meses y medio después de que el priista Quirino Ordaz Copel asumiera la gubernatura de Sinaloa, la percepción es que ha mostrado una incompetencia absoluta para abordar el tema de seguridad.
La negligencia recae en los militares que nombró a cargo de esta labor, que encabezados por el general de brigada Genaro Robles Casillas, antiguo subjefe de Estado Mayor de la Defensa, protagonizaron la mayor pifia que se recuerde en los últimos años con la fuga de cinco reos vinculados a la cúpula del cartel del Pacifico. Miedo, zozobra, escuelas y negocios cerrados en la capital del estado y municipios vecinos por la violencia desatada, son los saldos de los primeros días de la naciente administración.
Tuvieron que pasar varias horas para que la certeza de la fuga, diera una idea al general Genaro Robles Casillas, secretario de seguridad pública del estado de Sinaloa, del tamaño y complejidad de lo que se avecinaba. Horas después de que cinco integrantes de la cúpula del cartel del Pacífico, dos operadores financieros y tres jefes de pistoleros, salieran por la puerta del penal de Culiacán al mediodía del jueves 16 de marzo, en día de visita familiar, el militar retirado reconoció que se enteró del escape por una llamada al servicio de emergencia 911.
Robles Casillas quedó exhibido no solo en su falta de pericia, según la prensa local, sino en su incapacidad para hacer uso de información de inteligencia que en otro momento a sus antecesores en el cargo, poco o mucho, les había funcionado. De nada sirvió que en su currículum se destacara que contaba con un curso de “grupos de intervención de la Gendarmería Nacional Francesa”, pues exhibió falta de prevención ante lo que es una característica histórica de la cárcel de Aguaruto: sobrepoblación, riñas, venta de drogas y fugas de reos.
El escape estuvo encabezada por Juan José Esparragoza Monzón, detenido en enero pasado en Culiacán, hijo de uno de los legendarios jefes del cartel, Juan José Esparragoza Moreno, conocido por sus pares en Colombia como “don Juan” y en México con el alias de “el Azul”, de quien se dice murió hace dos años pero sin que haya evidencia que lo confirme hasta el momento.
Esparragoza Monzón estaba considerado un reo de peso, no solo por ser parte de la lista del gobierno federal de los 122 “objetivos prioritarios”, sino también porque es visto como un factor “generador de violencia” en ciudades como Mexicali y Tijuana, donde la organización que ayudó a fundar su padre, pierde hegemonía ante grupos como el Cartel de Jalisco Nueva Generación aliado con organizaciones locales. Con un juicio de extradición en trámite, la Comisión Nacional de Seguridad Pública lo acusa de blanqueo de dinero en la compra de bienes inmuebles, y en la creación de empresas en la península de Baja California, Jalisco, Querétaro y Sinaloa. Además sus familiares están boletinados por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavado de activos.
Otro de los fugados fue Jesús Peña González, alias “el 20”, brazo derecho de Ismael “el Mayo Zambada”. Peña junto con Rodrigo Aréchiga Gamboa, preso en Estados Unidos, fundaron hace varios años los Antrax, pistoleros al servicio de los hijos de Zambada. También escapó Rafael Félix Núñez, “el Changuito Antrax”, miembro de la cúpula de éste grupo armado.
Junto a Esparragoza Monzón, un segundo operador financiero que huyó fue Alfonso Limón Sánchez, alias “el Limón”, considerado un “sagaz blanqueador de dinero” en el sur de California, quien es buscado por la DEA. La “cereza del pastel” fue Francisco Javier Zazueta Rosales, apodado “el Chimali”, jefe de los Chimali, pistoleros al servicio de Iván Archibaldo Guzmán Salazar y de su tío Aureliano Guzmán Loera.
“El Chimali”, está señalado como el cerebro de la emboscada en Culiacán contra el ejército ocurrida el 30 de septiembre del 2016, donde murieron cinco militares. En ese ataque los pistoleros rescataron a un individuo apodado “el Kevin”, detenido horas antes en Badiraguato, quien hace pocas semanas fue encontrado asesinado en la vía pública en el municipio de Navolato.
El fracaso de los militares en seguridad
De acuerdo a su hoja de servicios militares, el general Robles Casillas formó parte de la antigüedad 1969 del Colegio Militar, ingresó a la milicia cuando su paisano jalisciense el general Marcelino García Barragán era secretario de la Defensa Nacional. Se graduó como oficial de infantería en 1973, años después hizo el curso superior de Guerra, con lo que adquirió la denominación de Diplomado de Estado Mayor (DEM), posteriormente cursó la maestría para la seguridad y defensa nacional.
Robles Casillas tiene un rasgo que caracteriza a algunos oficiales de alta graduación, y que muchas veces no toman en cuenta la mayoría de los medios de comunicación cuando se trata de analizar la preparación de los militares en su conocimiento del terreno. De su expediente castrense resalta que no tiene experiencia operativa, salvo quizá cuando estuvo al frente como coronel del 78 batallón de infantería en la ciudad de México, y su etapa de oficial subalterno en el 46 de infantería en Chiapas. De ahí en fuera gran parte de su carrera la hizo en cargos administrativos. Fue jefe de la sección de recursos humanos, coordinador pedagógico, subjefe de estado mayor, jefe de las tiendas Sedena, jefe de estado mayor en la zona militar de Tlaxcala y Minatitlán, Veracruz; jefe de la plana mayor de la dirección de personal de la Sedena, jefe de la sección cuarta (logística) del Estado Mayor de la Defensa, comandante de la cuarta brigada de infantería, subjefe administrativo y logístico del Estado Mayor de la Defensa y comandante de la 36 zona militar en Tapachula.
Su cercanía con el anterior secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, y el visto bueno que le dio el actual titular del ramo, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, le valieron para que una vez que pasó a retiro, fuera recomendado con el gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Copel para asumir la secretaría de seguridad pública.
Ordaz es visto en Sinaloa y en el gobierno federal como un político y empresario muy cercano al general Cienfuegos. Se sabe que el suegro del gobernador, el fallecido general Luis Ángel Fuentes Álvarez, muerto en julio del 2015 en la ciudad de México a los 80 años de edad, era un militar cercano al actual secretario de la Defensa.
Pese al apoyo de uno de los funcionarios más influyentes y poderosos en el gabinete de Enrique Peña Nieto, la paciencia contra los militares y contra el gobierno de Ordaz en Sinaloa parece ser, se agotó antes de cumplir 100 días de su gestión.
En días pasados en la columna de Ismael Bojórquez, director del influyente semanario Río Doce, se señaló que los militares que llegaron a ocuparse de la seguridad pública estatal y municipal, de los penales y las policías, fueron presentados “como la panacea, frente a la gran corrupción” en los cuerpos de seguridad. “De pronto vimos soldaditos encaramados en patrullas de las policías municipales, pero en vez de despertar miedo despedían cierto candor. ¿Qué se pretendía? Nunca se dijo claramente. ¿Qué se ha logrado en casi tres meses? Absolutamente nada. Zonas de la entidad están secuestradas por la violencia. Primero Mazatlán, donde se vivió una de las etapas más violentas de su historia y solo aplacadas por acciones de la Marina en Nayarit, donde abatieron a un grupo de delincuentes a los que se atribuían ejecuciones en el puerto. Luego la violencia desatada en Culiacán y Navolato, producto de la guerra entre los Guzmán y los Dámaso”. Nada han hecho los militares frente a la ola de inseguridad y ajustes de cuentas a cualquier hora del día, concluye el periodista.
Lo único que ha quedado claro para la opinión pública en Sinaloa es que el general Robles Casillas ha exhibido una ignorancia absoluta sobre el terreno que pisa. Ni su segundo de abordo, el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, también diplomado de Estado Mayor nombrado subsecretario, y el coronel de la fuerza aérea Sergio Piñeiro Camacho, quien estuvo procesado en 2015 por diversos delitos en tribunales militares, han mostrado que su preparación castrense les sirva de algo.
El día de la conferencia de prensa después de la fuga de los cinco reos, Robles Casillas aseguró que de 300 custodios con que cuenta el penal, solo 60 han aprobado el examen de confianza, no especificó qué ha pasado con los demás.
Dijo que tiene el compromiso con el gobernador y con el secretario de la Defensa Nacional de buscar la paz y tranquilidad de los sinaloenses. Algo que dos meses y medio que lleva al frente de la seguridad en el estado, según la percepción general, no se ve que ocurra.
La fuga volvió a dejar mal parados a los funcionarios del gabinete de seguridad federal frente a sus pares estadounidenses. De los cinco reos, salvo “el Chimali”, cuatro eran reclamados por la justicia norteamericana y enfrentaban procesos de extradición. El escape de Francisco Javier Zazueta Rosales, fue considerado como un “golpe al orgullo de los militares”, pues apenas hace tres semanas lo habían detenido e identificado como responsable de la emboscada donde murieron cinco soldados el 30 de septiembre a las afueras de la capital sinaloense.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
