En las estadísticas del Ejército
ya no se habla de los civiles muertos. Han desaparecido del discurso oficial y
simplemente no hay manera de conocer con exactitud esas cifras.
Desde hace cuatro años, cuando
inició la administración de Enrique Peña Nieto, esta institución ha decidido no
informar sobre el número de muertes civiles, ya sean de personas ajenas a
grupos criminales o abatidos en enfrentamientos armados. Solicitudes de
información que Animal Político y otros ciudadanos realizaron a esta
institución lo confirman.
Por ejemplo, al revisar la
información se puede observar que en las cifras de civiles fallecidos a manos
del Ejército no aparecen las 22 personas que murieron el 30 de junio de
2014 en Tlatlaya, Estado de México. Todos los militares que fueron
encarcelados por ese tema están libres, aunque según la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos 15 de esos
civiles fueron ejecutados extrajudicialmente.
Tampoco aparece registrada la
muerte de un policía
comunitario en el poblado de Antúnez, Michoacán, ocurrido el 13
de enero de 2014, cuando un soldado disparó “por accidente” contra el
integrante de un grupo de autodefensa local que en esos momentos estaba
desarmado. Como estos dos ejemplos, hay varios más.
Al ser cuestionado sobre este
tema el Ejército ofrece las cifras de los decesos que ocurrieron en el sexenio
anterior —el de Felipe Calderón—, pero se niega a ofrecer las de este sexenio.
¿Cifras ocultas?
El 10 de octubre Animal Político
le preguntó al Ejército, a través de una solicitud de transparencia, el monto
pagado por concepto de indemnizaciones a familiares de víctimas fallecidas en
los 10 años de la guerra contra el narco, así como el número total de decesos.
En la respuesta institucional el
Ejército se limitó a informar sobre los recursos erogados por la muerte de 12
civiles entre 2008 y 2011, pero omitiendo los datos de la presente
administración.
La información oficial sobre ese
tema, sin embargo, no es del todo inexistente. El Ejército ha reconocido en
otras solicitudes de transparencia el pago a familiares de civiles muertos en
la presente administración, pero no informa el número de víctimas
letales.
Entre 2013 y 2014, por ejemplo,
la institución reconoció 32 pagos por reparación del daño por un monto total de
7.8 millones de pesos. 10 de esos pagos se realizaron por hechos ocurridos en
Tamaulipas; seis en Michoacán; cinco en Guerrero y el resto en los estados de
Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Sinaloa.
La última estadística oficial
pública sobre el número de personas muertas es de agosto de 2012, cuando el
Ejército informó de 56 víctimas ajenas a grupos del narco, así como el
abatimiento de 2,959 civiles en diferentes enfrentamientos armados.
La negativa del Ejército para
informar del número de civiles muertos se ha dado a pesar de que el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) le ha pedido a la institución, en por lo menos dos ocasiones,
informar públicamente sobre el tema.
El argumento del Ejército para no
informar de los decesos es que, a partir de 2012, con motivo de los criterios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la reforma al Código de
Justicia Militar de fecha 13 de junio de 2014, “el fuero militar no es
competente para conocer de casos en los que existan víctimas civiles por
violaciones a sus derechos humanos”, motivo por el cual no cuentan con
información estadística.
Las bajas del Ejército
De acuerdo con información del
Ejército solicitada por Animal Político vía transparencia, 489 militares han
muerto del 1de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2016 por diferentes
causas: los disparos con armas de fuego y las ejecuciones ocupan 57% de los
decesos.
La madrugada del pasado viernes
30 de septiembre, un convoy de militares que transportaba a un presunto miembro
del narcotráfico fue emboscado en Culiacán, Sinaloa.
Producto de este ataque murieron
un sargento segundo, tres cabos, un soldado y un civil.
Se trató de una nueva emboscada
contra miembros del Ejército en esa entidad, la segunda más letal para la
institución castrense, por debajo de Tamaulipas, que en un lapso de 10 años ha
visto como 60 de sus militares han muerto en el marco de la guerra contra el
narco.
En contraste con lo que ocurre
con la estadística de civiles asesinados, el Ejército cuenta con información
detallada de los recursos entregados a los familiares de militares caídos. En
ese lapso han pagado 121.8 millones de pesos por concepto de seguros de
vida.
En el caso de 217 soldados, los
militares de menor rango muertos en la guerra contra el narco, la suma asciende
a 50.7 millones de pesos, en contraste con los 2.1 millones de pesos pagados a
los familiares de tres coroneles, los fallecidos de mayor rango.
Lo anterior significa que
mientras la vida de un soldado vale 233 mil pesos, la de un coronel cuesta 725
mil pesos. Una diferencia de poco más del 300%.
Fuente.-Animalpolitico
