En su lucha contra el crimen organizado y los cárteles
de la droga, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo un buen inicio, pero terminó
repitiendo los mismos esquemas que su antecesor y con resultados similares:
incremento de la violencia ligada al narco, miles de asesinatos y
desaparecidos, violación a los derechos humanos por parte de militares y
policías, así como opacidad en la rendición de cuentas, ausencia de un Estado
fuerte y crecimiento de focos rojos por expansión de grupos delincuenciales.
Aún
más; el gobierno de Peña Nieto se ha congratulado de la disminución de los
niveles de violencia delictiva ligada al narco en el norte y noreste del país.
Tales son los casos de Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey, además de los puntos
fronterizos de Tamaulipas con los Estados Unidos.
En
efecto, la violencia ha disminuido en estas ciudades y regiones, pero no por
una acción directa, definida y sostenida a largo plazo por parte del gobierno,
sino porque los cárteles de Sinaloa y del Golfo lograron imponerse a sus
rivales y pactaron una especie de pax armada, basada
en buena medida en acuerdos de no confrontación, respeto a zonas de producción,
control, paso y movimiento de drogas, armas, dinero, personas, químicos y toda
clase de productos, señala la especialista Vanda Felbab Brown, autora de uno de los capítulos
del informe After the Drug
Wars, en el que se analiza el caso de México.
El
documento de la London School, of Echonomics and Political Science (LSE), fue
elaborado por 21 investigadores del Expert Group on the Economics of Drug Policy de dicha institución, quienes abordan
temas como la legalización de ciertas drogas, sus efectos sociales y
económicos, las leyes para regular el consumo de enervantes, las estructuras de
combate policial y jurídico al narcotráfico y escenarios para mejorar el
combate al narco combinados con proyectos productivos alternos.
El
análisis de la doctora Felbab Brown (investigadora en el Centro de Inteligencia
y Seguridad Siglo XXI, en el Brookings Institution) reconoce que la intención
de Enrique Peña Nieto de reducir la confrontación contra los cárteles de la
droga para eliminar la violencia desbordada, funcionó el inicio de su
mandato.
Sin
embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer las constantes que caracterizaron
la lucha antinarco de Felipe Calderón en el sexenio pasado, y que incluyeron
decenas de miles de muertos, más de 200 mil desplazados, miles de
desaparecidos, miles de denuncias y quejas por abusos cometidos por militares,
marinos y policías federales (Sedena, Policía Federal, PGR y Marina fueron las
instituciones con más quejas y recomendaciones emitidas por la CNDH durante el
mandato de Calderón Hinojosa), expansión y diversificación de la actividad
criminal (secuestros, extorsiones a comerciantes y empresarios, extorsión a
alcaldes y ediles, plagios express, trata
de personas, control de prisiones).
¿A
qué se debió esto? A que ni Calderón ni Peña Nieto contaban con una verdadera
estrategia para combatir de manera integral y a fondo a la delincuencia en
todas sus formas, no solo la ligada al narcotráfico.
Vanda
Felba Brown señala que la estrategia peñista se apoya en estructuras e
instituciones desgastadas, sin reformas a fondo o inconclusas, con políticas
gubernamentales limitadas y confusas, además de que el Estado mexicano dejó de
tener presencia y peso en aquellas ciudades y regiones en donde el narco llegó
a acuerdos para disminuir la violencia y evitar masacres.
En
esos sitios, en esos escenarios, el Estado dejó de ser fuerte y tener presencia
ante la disminución de la violencia, indica la especialista.
Como
resultado del extravío y la insuficiencia en las estructuras para combatir a la
delincuencia, reducir el crimen y mantener el orden interno a partir de
esquemas coherentes, interconectados y supervisados por instancias distintas a
las oficiales, surgieron fenómenos como el de las autodefensas en Michoacán,
que acabó siendo resuelto con la creación de la Fuerza Rural y la aparente
disolución de las defensas.
Pero
la violencia nunca cesó en Guerrero, otro estado azotado por la
ingobernabilidad, la efervescencia social y la delincuencia en todas sus
formas. En esta entidad, dice la especialista, el gobierno no pudo pactar
ni controlar a los grupos de autodefensa (que llevaban varios de existencia) y
no tuvo otra salida que la de militarizar la región, impulsar la figura del
mando policiaco único y buscar caminos de conciliación política en una tierra
polarizada y violenta.
Es
decir, una vez más el esquema de seguridad terminó reduciéndose a una respuesta
de saturación de fuerzas militares y policiales, a la reconfiguración de
fuerzas de reacción y a nuevos intentos para coordinar acciones conjuntas entre
gobiernos de los tres niveles.
Lo
grave de todo esto, añade, es que en muchos casos ha sido la respuesta del
gobierno la que ha desatado episodios de violencia en donde no la había.
Felbab
Brown no pasa por alto los sucesos de Ayotzniapa, Tanhuato y Tlatlaya para
recordar episodios de violación a los derechos humanos que alcanzaron
notoriedad a nivel internacional. Así, los resultados de una estrategia
anticrimen diseñada a partir de lo hecho y alcanzado en la anterior
administración son irrefutables, añade.
En
contraparte, dice, ha sido la sociedad civil la que ha logrado más avances y ha
presionado al gobierno para lograr espacios importantes hacia la legalización y
control de drogas como la mariguana. El debate desatado en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) que terminó con el aval de los ministros para que
los integrantes de la Sociedad por un Consumo Responsable y Tolerante
puedan consumir cannabis de manera recreativa.
Este
hecho, que parece aislado y limitado -porque se han recibido más de 200
promociones para juicio de amparo por parte de civiles, pero han sido negados
sistemáticamente-, es importante porque sienta un precedente y abrirá canino a
otras iniciativas y obligará al gobierno a replantear paradigmas tendentes a modificar
sus políticas de lucha antidrogas, asegura.
En
el largo plazo una política de combate al narcotráfico y a la delincuencia
relacionada con éste sólo complicará más el panorama ya que al utilizar a las
fuerzas armadas para enfrentar a los cárteles de la droga se dejan varios
flancos abiertos que terminan por alimentar el poder de estas organizaciones,
señala Vanda Felbab al advertir que con Felipe Calderón se descuidó sin
precedentes la erradicación de enervantes y opiáceos, labor que siempre le había
correspondido al Ejército y Fuerza Aérea.
No
obstante, al empeñar prácticamente a toda la fuerza militar en una guerra no
declarada, las tropas que estaban dedicadas a la localización y destrucción de
plantíos en Guerrero, Michoacán, Nayarit, Chihuahua, Durango, Sinaloa y otras
entidades productoras dejaron de hacerlo, los plantíos y la cosecha de drogas
se elevaron mientras los gobiernos en turno siguen privilegiando la dinámica de
capturar a los líderes máximos de cada cártel, suponiendo que con esto van a
desmoronar sus estructuras. La realidad ha demostrado otra cosa, agrega la
experta.
Vanda
Felbab hace nueve recomendaciones finales que podrían reencausar, darle
coherencia y claridad a la fallida estrategia antidrogas de Enrique Peña Nieto.
La
investigadora propone:
1.-
Hacer más selectiva y estratégica la persecución de grupos delictivos.
2.-
No ir necesariamente por los líderes sino buscar también a los mandos
intermedios en operaciones de detención múltiple. Esto evitaría reacciones
violentas de los carteles en lo inmediato.
3.-
Mantener el mismo nivel de presencia y operaciones en los lugares en los que la
violencia ha disminuido.
4.-
Restructurar y lanzar de nuevo una reforma policial a fondo.
5.-
Desarmar y desmantelar a los grupos de autodefensas.
6.-
Reforzar y sostener políticas de aplicación de la ley respeto a los derechos
humanos.
7.-
Reforzar la estrategia de los Polígonos Anti Crimen e integrarlos más a la
sociedad.
8.-
Crear políticas y dinámicas de desarrollo alternas en los estados y regiones
azotados por el crimen organizado.
9.-
Despenalizar el uso y abuso de drogas, enfocándose en política de prevención y
reducción de consumo.
fuente.-
Jorge Medellín
@JorgeMedellin95
