Por si le faltara algo al enrarecido final de sexenio que estamos viviendo, entre imposiciones de reformas constitucionales, paros en el Poder Judicial, marchas estudiantiles, tensión con Estados Unidos y amenazas de turbulencia financiera, en el último mes que le queda a la administración del presidente López Obrador tendrán lugar las declaraciones y audiencias judiciales de tres capos del Cártel de Sinaloa ante la justicia estadounidense, y lo que digan y declaren esos tres personajes del mundo criminal, sacudirá sin duda al agitado ambiente político mexicano.
Porque a la confirmación de que Ovidio Guzmán López “El Ratón” y líder de la facción de Los Chapitos abandonó la prisión y se volvió “testigo protegido” para la DEA y el Departamento de Justicia, se sumarán las primeras audiencias judiciales que tendrán en este mes de septiembre Ismael “El Mayo” Zambada, el 9 en Nueva York, y Joaquín Guzmán López, el día 30 ante un Juez federal de Chicago.
De esos tres procesos judiciales que tendrán lugar en el vecino país, saldrá mucha información sobre las redes políticas de protección y complicidad que auspician el tráfico de drogas que se producen en México y se trafican a los Estados Unidos, incluido el letal fentanilo que hoy es considerado una emergencia de salud para la población estadunidense.
Y no es casualidad ni coincidencia que, justo en el último mes del sexenio lopezobradorista, se hayan programado y alineado a los que serán tres testigos clave y fuentes de información de primera mano para el gobierno estadunidense sobre cómo opera y actúa el principal Cártel de drogas mexicano, y cómo es que sus capos y líderes han gozado de protección e impunidad durante décadas, cobijados por autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno.
Detrás de esa estrategia política y extraterritorial, que logró juntar a los dos hijos del Chapo Guzmán y al Mayo Zambada en territorio de los Estados Unidos y presentarlos ante la justicia de su país, está la mano de la DEA, que expulsada y maltratada de México por el gobierno de López Obrador, fue preparando el terreno para obtener, capturar y extraer a los capos a los que no detenía el gobierno mexicano, valiéndose de la colaboración encubierta de políticos morenistas de Sinaloa, a los que les ofreció tratos y protección para ellos y sus hijos, a cambio de que colaboraran con ellos para lograr reunir a tres testigos estrellas para documentar la narcopolítica en México.
Todo eso se hizo a espaldas del gobierno mexicano y sin que el aparato de inteligencia nacional detectara las sigilosas negociaciones y operaciones de la DEA que fue armando, paciente y fríamente, la que parece ser también su venganza por el desaire y la expulsión de sus agentes que ordenó apenas llegando el gobierno López Obrador.
Por eso, lo que vendrá en las próximas semanas, desde los tribunales y agencias estadunidenses, cimbrará fuerte a la política mexicana de todos los tiempos, pero especialmente al actual gobierno y a su partido, cuyas conexiones con el Cártel de Sinaloa y con empresarios huachicoleros como Sergio Carmona, han sido minuciosamente investigadas por el gobierno estadunidense, y van desde el financiamiento de candidatos y campañas con dinero ilegal, hasta la protección e impunidad de la que gozaban los líderes de esas organizaciones criminales.
Tan solo el caso de Ovidio Guzmán y su nuevo estatus de “testigo protegido” es algo que, a querer o no, impactará directamente a la administración lopezobradorista, no sólo porque el poder del “Ratón” y sus hermanos nació y creció en este sexenio, a raíz de la extradición, enjuiciamiento y condena a cadena perpetua de su padre, Joaquín Guzmán Loera, sino porque fue precisamente a Ovidio al que, tras un operativo militar fallido para capturarlo en Culiacán, aquel 17 de octubre de 2019, fue a quién ordenó liberar, cuando ya había sido detenido por el Ejército y ejecutada la orden de aprehensión, el mismísimo presidente López Obrador, quien ha reconocido públicamente y en varias ocasiones, que él ordenó la liberación de Guzmán López, que a la postre se convertiría, junto con sus hermanos, en los principales introductores de fentanilo al territorio de los Estados Unidos.
Si a eso se le suma lo que puede revelar Ismael Zambada García, de todas las relaciones de complicidad que tuvo en casi 50 años con autoridades mexicanas de todos los niveles, y particularmente de sus amigos y protectores en el actual sexenio, más lo que diga el chapito menor, está claro, pues, que vienen tiempos turbulentos y que los tres capos del Cártel de Sinaloa, que cantarán en do mayor y sostenido ante los jueces y agencias estadounidenses, van a cimbrar y a sacudir al mundo político mexicano y a la narcopolítica y narcogobiernos que por muchas décadas los auspiciaron y protegieron.
Fuente.-Salvador García Soto/ELUNIVERSAL
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