De manera poco seria,contrariando el estado de derecho, pues el gobierno solo tiene permitido hacer lo que la ley expresamente señala, contrario a los ciudadanos que puden hacer todo aquello que "no prohiba", y como si se tratara de jueces que protegen a delincuentes con sus fallos, el Gobierno federal le antro al "chisme y el arguende" en voz del General Luis Rodríguez Bucio,mando castrense en la Sub-Secretaria de Seguridad Federal que exhibio incorrectamente, sin facultades legales para ello,dos juzgadores que frenaron la extinción de fideicomisos del Poder Judicial (PJF) aprobada en el Congreso ,que actuando como contrapeso del Presidente,exhibiernon que no es "tan poderoso,lastimando el ego del mandatario populista, autoritario y violador sistemático de las leyes.
Aunque el reporte fue diseñado para exhibir a jueces que emiten resoluciones vinculadas a la comisión de crímenes, en esta ocasión fueron mostrados los nombres de los jueces Juan Fernando Luévano Ovalle y Elizabeth Trejo Galán, quienes suspendieron la transferencia de recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
El Subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, expuso las resoluciones que impiden tocar los 15 mil 800 millones de pesos de los fideicomisos, mismos que se ha solicitado, sean para reparaciones por la devastación del huracán "Otis".
"Ahora tenemos algunos casos de jueces que con sus decisiones protegen a algunos delincuentes", señaló desde Culiacán, donde se realizó la mañanera presidencial, al referirse a decisiones judiciales que han permitido la liberación de acusados.
Enseguida exhibió al juez Luévano Ovalle y a la jueza Trejo Galán, quienes han resuelto para evitar cancelar 13 fideicomisos del PJF.
"Tenemos el caso de dos jueces que suspenden la entrada en vigor de reformas, se trata del decreto por el que se extinguen 13, fideicomisos del poder judicial de la Federación, que fue publicado el 27 de octubre de 2023", explicó ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
"El juez Luévano Ovalle concluyó que atendiendo a la apariencia de buen derecho, de no otorgarse esta suspensión, la reforma puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para las promoventes y esto puede trascender al interés social, ya que la sociedad está interesada en que se mantenga el sistema democrático, la división de poderes, la independencia judicial y autonomía presupuestaria.
"El otro caso es la jueza Elizabeth Trejo Galán; el 7 de noviembre otorgó una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), para que las cosas se mantengan en el estado que guardan", indicó.
Con ello, agregó, se suspendían consecuencias de la reforma encabezada por la Cámara de Diputados para extinguir los fideicomisos en el marco de la aprobación del Presupuesto Federal para el próximo año.
"De acuerdo con la jueza Trejo Galán, de no otorgarse esta medida, se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo que podría mermar la función jurisdiccional que implicaría una enorme afectación a la sociedad.
El pasado 8 de noviembre, la jueza prohibió tocar los recursos del PJF y sostuvo que no está impedida para llevar este amparo, porque no forma parte de la JUFED. Agregó que la suspensión otorgada no afecta el interés público porque la reforma legal aprobada por Morena y sus aliados no aclara para qué se usará el dinero.
Esta mañana, Bucio Rodríguez sugirió un conflicto de interés, pues dijo que la jueza Trejo Galán sí pertenece a la Asociación de juzgadores a la que favoreció.
Se tiene programado que Trejo Galán resuelva hoy si concede la suspensión definitiva, lo que es casi un hecho y así podría congelar el dinero de los fideicomisos por tiempo indefinido.
Sin embargo, esa posibilidad ya se concretó el 10 de noviembre en la resolución de Luévano Ovalle, Juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, quie falló a favor del recurso presentado por un grupo de 9 magistrados de circuito y 3 jueces de distrito en esa entidad.
Según informes judiciales, el impartidor de justicia reiteró los términos de la suspensión provisional del pasado 31 de octubre, en la que prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Tesorería de la Federación.
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