Al alcalde de Soto la Marina, Antonio “Toñito” Medina Jasso, se le “perdieron” 24 millones de pesos que le habían mandado para la realización de 27 obras del programa FISMUN, en el ejercicio 2022.
Tal es el reporte de la Auditoría Superior de Tamaulipas, misma que le aplicó al alcalde y sus colaboradores multas por 578 mil pesos, que se niegan a pagar e incluso solicitaron recursos de reconsideración para evadirlas.
Enfrentan hasta una docena de juicios administrativos que pronto se podrían convertir en penales.
Inicialmente Medina recibió una multa de 129 mil 890 pesos; otra igual para la síndica Minerva Arellano Velázquez y 137 mil 200 para la Tesorera Claudia Isela Avalos de la Fuente.
Más tarde la gente de Jorge Espino Ascanio aplicó dos sanciones adicionales por 96 mil y 49 mil, que pagaron, pero no generaron los datos requeridos.
Con ello, el presidente marsoteño se convierte en el más cuestionado de la temporada 2023.
En el presente año le trataron de hacer una auditoría al desempeño a los dineros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, pero se negó a proporcionar información comprobatoria según dos oficios que le giraron, uno del 12 de enero y el otro del uno de junio.
Datos del Presupuesto de Egresos de Tamaulipas dicen que le asignaron a Soto la Marina una partida de 23 millones 924 mil pesos, de los cuales reportó haber pagado 22.1 millones en obra “terminadas”.
Inicialmente andan bailando un millón 815 mil de los que tampoco se sabe.
Pero tampoco justificaron la realización de las obras según el reporte de la ASE, pese a los ruegos de la dependencia.
Dice el resumen de Espino Ascanio enviado al titular de la Comisión de Auditoría del Congreso, Jesús Suárez Mata:
“En conclusión, no se tienen elementos para valorar el desempeño sobre los recursos asignados, debido a que la entidad fiscalizada no proporcionó información para realizar la auditoría programada”.
Agrega el informe:
“No dio cumplimiento a los dos requerimientos de solicitud de información realizados por este Organo de Fiscalización, por lo que deberán aplicarse las multas correspondientes por dicho incumplimiento”.
El próximo paso será turnar el caso a la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue y soliciten órdenes de aprehensión.
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